¿Vuelve América Central a asomarse al abismo?

La situación política y social en América Central vuelve a ser extremadamente crítica, con retrocesos democráticos, connivencia con el narco y episodios de violencia preocupantes. Los esfuerzos y compromisos para democratizar la región en la década de 1990, tras las guerras civiles de la década anterior, se han ido diluyendo con el nuevo milenio hasta producirse crisis múltiples. 

A la deriva autoritaria del clan Ortega en Nicaragua, se suma la más reciente en El Salvador de Bukele. En Honduras y Guatemala, la política transcurre por frágiles equilibrios con desenlaces inciertos, mientras que Costa Rica ha experimentado la llegada de un ousider al poder y Panamá se enfrenta a movilizaciones masivas que impugnan un modelo de desarrollo ecocida.

La región de América Central vuelve a abrir esporádicamente los informativos y a ocupar las primeras páginas de periódicos, con temas que, generalmente, no inducen al optimismo: corrupción, elecciones fraudulentas, violación de los derechos humanos, violencia, presencia del crimen organizado, desplazamientos forzados, crisis ecológica, erosión democrática o la reaparición de liderazgos caudillistas, entre otros. Más de cuatro décadas después del inicio de los conflictos bélicos que galvanizaron al mundo, y de las esperanzas que despertaron los procesos de paz y la democratización durante la década de los noventa del siglo pasado, América Central vuelve a asomarse al abismo. En base a esta tesitura, este artículo examina la deriva política de cada uno de los países que la conforman (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá) para, a continuación, señalar cómo la degradación económica y social ha agudizado la sensación de falta de perspectivas y la erosión de la gobernanza democrática.

La perpetuación en el poder de Ortega en Nicaragua

De los seis países analizados, el caso más preocupante desde el punto de vista político es, sin duda, el de Nicaragua. Desde la vuelta al poder de Daniel Ortega en 2007, se ha ido instaurando en el país un régimen personalista que, si al inicio podía calificarse de híbrido (Schedler 2006), a partir de abril de 2018, cuando fue contestado en las calles en la llamada «primavera nicaragüense», ha ido derivando en un sistema autoritario cerrado y represor. Esta lógica de perpetuación en el poder del clan familiar de los Ortega tuvo su último episodio en enero de 2022, cuando este simuló una plácida victoria electoral con la que iniciar un cuarto período presidencial consecutivo. Sin ningún tipo de legitimidad interna ni externa, esta victoria se produjo tanto como resultado de un incremento en el control de la gobernanza electoral como de una intensa y sistematizada actividad represora desplegada desde mediados de 2018 hasta la actualidad. Sobre lo primero, destaca la elección discrecional en mayo de 2021 de los miembros del Consejo Supremo Electoral –encargado de organizar y supervisar las elecciones–, la retirada de la personería jurídica a partidos opositores, así como la persecución de sus candidatos. Respecto a lo segundo, la represión ejercida por el régimen, cabe subrayar la redacción de la «Ley 1040 de regulación de agentes extranjeros», del 15 de octubre de 2020, la «Ley especial 1042 de ciberdelitos», del 27 de octubre de 2020 y la «Ley 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», de diciembre de 2020, con las que se impedía cualquier atisbo de oposición efectiva en el país, ya fuera en el plano social, electoral o de las redes sociales. El cierre de 3.000 ONGD y las universidades privadas es una muestra de ello. Como consecuencia, a principios del 2022, Estados Unidos, Canadá y la UE impulsaron nuevas sanciones contra el Gobierno nicaragüense, mientras este abandonaba la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es más, el 15 de febrero de 2023, un juez del Tribunal de Apelaciones de Managua despojó a 317 opositores –222 de los cuales habían estado encarcelados durante dos años– de su nacionalidad y de sus propiedades y bienes. Esta acción supuso una flagrante violación de los derechos humanos por parte del régimen de Ortega. Los 222 opositores que habían estado presos –un grupo diverso formado por políticos, empresarios, periodistas, activistas medioambientales, campesinos, religiosos, feministas y estudiantes– fueron trasladados en avión al aeropuerto internacional de Washington-Dulles. Entre los liberados también había personajes emblemáticos de la revolución sandinista, como Dora María Téllez, y familiares de la expresidenta Violeta Barrios, como su hija Cristiana Chamorrro, quien había sido la candidata preferida por la oposición para las elecciones generales de 2021 contra Ortega. El último eslabón de la deriva autoritaria del régimen –hasta ahora– ha sido la creciente tensión con la Iglesia católica, lo que ha supuesto la persecución, el destierro o el encarcelamiento de más de 200 sacerdotes y religiosos.

Así, desde la llamada «primavera nicaragüense» de 2018, el Gobierno del país ha desatado una represión desproporcionada que ha resquebrajado el edificio de los consensos y complicidades que anteriormente se había conseguido entre una parte de la empresa privada y el régimen de Ortega. Ello constata el agotamiento del modelo político que ha derivado en un sistema autoritario cerrado de carácter familiar y patrimonial, donde el rol del Ejército será clave si se produce una crisis de sucesión.

El populismo cool y punitivo de Bukele en El Salvador

Según el informe «El estado de la democracia en el mundo 2022» del think-tank IDEA, El Salvador se sumaba a los países en los que se había degradado notablemente la democracia. El informe señalaba inquietantes retrocesos en indicadores como los de los derechos civiles o la independencia de los poderes judicial y legislativo, exponiendo que, si seguía esa tendencia, el país se deslizaría hacia un régimen autoritario. Pasados dos años de dicho informe, se puede concluir que sí, que el régimen político salvadoreño ha ido mutando hasta transformarse en un sistema autoritario; y no sólo por la forma en la que se han desarrollado las últimas elecciones del 4 de febrero de 2024, por ejemplo, sino por las decisiones gubernamentales ejecutadas desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia en 2019.

El mandato de Bukele está dominado por un estilo personalista, muy apegado al uso de las redes sociales, y por su entente con los sectores del Ejército más suspicaces con los Acuerdos de Paz de 1992¹. Además, su Administración destaca por actuaciones muy polémicas: la primera fue la crisis política de febrero de 2020, cuando el presidente ingresó en la Asamblea Legislativa acompañado por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad para tratar de imponer su criterio sobre la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas²; la segunda sería la decisión de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general en mayo de 2021, semanas después de las elecciones legislativas y municipales de febrero, donde la formación de Bukele, Nuevas Ideas, conseguiría hacerse con el control de la Asamblea Legislativa; y la tercera fue el impulso de medidas contra el crimen organizado de las maras, en marzo de 2022, lo cual supuso el encarcelamiento de menores, restricciones a la libertad de expresión y la declaración del estado de excepción (promulgada en marzo por primera vez dentro del plan contra el crimen organizado). Como consecuencia, entre enero y abril de 2022, se detuvieron y encarcelaron a 30.000 jóvenes acusados de pertenecer a pandillas.

Más allá de las políticas de carácter «populista punitivo», cabe destacar que Bukele empezó a consolidarse en el poder a través de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021, en las que Nuevas Ideas consiguió imponerse con claridad frente a los partidos tradicionales como la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derechas, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierdas. Las elecciones dieron a la formación de Bukele el control absoluto de la Asamblea Legislativa, con 56 escaños de los 84 a repartir, así como la mayoría de los miembros de los Consejos Municipales. Con esta base de poder institucional, Bukele consiguió que la Sala de lo Constitucional, contraviniendo lo dictado por la Constitución salvadoreña que prohíbe la reelección inmediata, le permitiera concurrir a la reelección. Esta maniobra se ejecutó mientras se modificaba el sistema electoral (tanto la fórmula como las circunscripciones y su tamaño)³ para elegir a los diputados y a los representantes locales con el fin de erosionar la presencia –ya disminuida– de la oposición. En este contexto, su encumbramiento absoluto se dio el 4 de febrero de este año 2024, con la celebración de unos comicios faltos de integridad que han dejado bajo el control presidencial la totalidad de los poderes.

Ciertamente, estas últimas elecciones no se pueden caracterizar como limpias, justas e imparciales, ya que la campaña electoral careció de la igualdad de condiciones entre formaciones y candidatos. Los partidos de la oposición, cuyos representantes más importantes son el FMLN y ARENA, no tuvieron el financiamiento público que les correspondía legalmente, ni tampoco hubo imparcialidad por parte de la autoridad electoral ni un conteo transparente. En esa dirección, fue particularmente relevante que el candidato oficial realizara una conferencia de prensa llamando a votar por su partido mientras aún transcurría la jornada electoral, y que se autoproclamara presidente anunciando que había ganado con el 85% de los sufragios sin aún haberse hecho públicos los datos oficiales. De esta forma, más allá de la abrumadora victoria electoral de Bukele (que según datos oficiales fue con el 82,66% de los votos), todo indica que su segunda administración va a seguir la misma política, caracterizada por un ejercicio hegemónico del poder y un liderazgo personalista.  

La mayor baza electoral de Bukele ha sido, sin lugar a dudas, su política de lucha contra las maras, que ha supuesto una drástica disminución de homicidios en el país. Con ello ha obtenido un apoyo popular que le ha permitido mantener un estado de excepción permanente, el despliegue del ejército en las calles, el encarcelamiento de 75.000 supuestos mareros –que no cuentan con ningún tipo de presunción de inocencia–, la expulsión de opositores y el silenciamiento de la prensa crítica. Queda abierta la pregunta de qué pasará cuando termine la luna de miel entre el presidente y la población que le apoya, o si hay una crisis económica o un nuevo ciclo de inseguridad, pues difícilmente esta podrá impugnar ninguna de sus políticas y, aún menos, echarlo del poder a través de las urnas, ya que las instituciones están bajo su control.

Securitización y polarización en Honduras

Honduras también ha estado sometida a una degradación política desde el golpe de Estado orquestado contra José Manuel (Mel) Zelaya en 2009, quien fue depuesto del poder por su propio partido, el Partido Liberal, para poner en su lugar a Roberto Micheletti. Poco después, el nuevo presidente llamó a las urnas y, en las elecciones de finales de 2009, alcanzó el poder Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional. En dichos comicios, así como en los siguientes de 2013 y 2017, ganaron los candidatos del tradicional Partido Nacional. Tras Porfirio Lobo Sosa llegó Juan Orlando Hernández, quien ganó los de 2013 y fue reelegido en los de 2017, previa reforma constitucional tolerada por el establishment. Durante los dos períodos presidenciales de Hernández, entre 2014 y enero de 2022, el país estuvo sometido a una fuerte polarización política y a casos de corrupción y connivencia con el narcotráfico⁴. En este período también se produjo la expulsión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA, que estuvo operativa entre enero de 2016 y enero de 2020.

El 28 de noviembre de 2021, en las elecciones presidenciales, legislativas y locales, y al Parlamento Centroamericano, ganó el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) con la candidatura a la Presidencia de Iris Xiomara Castro, esposa del depuesto Mel Zelaya, con el 51,12% de los votos. Con ello, por primera vez en la historia de Honduras, una mujer se situaba al frente del poder Ejecutivo y como jefe del Estado; se rompió, además, el bipartidismo que había dominado el país durante décadas entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. En el Congreso Nacional, la formación LIBRE ocupó 50 de los 128 escaños y los dos partidos tradicionales los 66 restantes. En el único ámbito en disputa en el que el partido LIBRE no se impuso con claridad fue en el municipal, debido a la implantación que en esa esfera aún mantienen los partidos tradicionales.

Sin embargo, a pesar de la llegada de una nueva titular a la Presidencia de la República, los primeros pasos del nuevo Gobierno se vieron perjudicados por escándalos de transfuguismo en el Congreso Nacional, así como por la permanencia de la violencia y la polarización en el país. En este contexto, uno de los partidos que apoyaba a Xiomara Castro, el Partido Salvador de Honduras (PSH), dirigido por Salvador Nasralla, se separó a finales de 2022 de LIBRE, produciéndose una parálisis política tal que no se ha podido materializar una de las principales promesas electorales del Gobierno: las reformas constitucionales para que se constituya en Honduras la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de la ONU.

Respecto de la violencia, es preciso señalar que el país sufre ataques de violencia crónica, como el del 20 de junio de 2023, en la cárcel Centro Femenino de Adaptación –donde se encuentran un millar de mujeres recluidas–, que sufrió un asalto por parte de miembros de las maras Barrio 18 y la Salvatrucha que se saldó con 46 reclusas muertas en una situación de absoluta indefensión. Esta acción supuso la destitución del ministro de Seguridad y el impulso de una nueva política de seguridad que sigue los pasos de la administración salvadoreña; esto es, decretar un estado de sitio permanente y sacar a la calle a los militares.  

La frágil excepcionalidad de Costa Rica

De este marco de fragilidad e inseguridad regional, Costa Rica se mantiene relativamente al margen, aunque cabe destacar que lleva dos años inmersa en cierta inestabilidad e incertidumbre política. No es por casualidad que la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2022 estuviera protagonizada por temas como la corrupción, el nepotismo, la crisis económica y las denuncias personales entre los candidatos.

Fabricio Alvarado, antiguo candidato del partido derechista Restauración Nacional, que había sido derrotado en segunda vuelta en los anteriores comicios de febrero de 2018, volvía a presentarse como candidato en estas elecciones de 2022, y lo hizo con un nuevo partido de marcado carácter evangélico: Nueva República. Los evangélicos trataban de capitalizar la fragmentación del voto en un país que, desde inicios del siglo xxi, había dejado atrás el sistema bipartidista que le había dado estabilidad durante medio siglo (Kourliandsky, 2019). Sin embargo, la propuesta de Carlos Alvarado no consiguió su propósito, ya que los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta del 3 de abril fueron el expresidente José María Figueres, por el tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), y Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda y antiguo funcionario del Banco Mundial, a través de la joven formación Progreso Social Democrático (PSD). Este último fue el ganador con el 52,84% del voto emitido. Hoy Rodrigo Chaves es un presidente que, a pesar de contar con solo 9 escaños de los 57 de la Asamblea Legislativa, gobierna a través de decretos.  

En este sentido, Costa Rica atraviesa en un período de «gobierno divido», con un líder outsider que debe afrontar una economía y un contexto social en el que un 23% de la población se encuentra sumida en la pobreza, con una deuda pública que equivale el 70% del PIB del país y con altas cotas de desconfianza en la clase política. Y, aunque esta desconfianza ayudó a Chaves a llegar a la Presidencia, ello también le está dificultando su ejercicio, tal como se vio durante su primer año de gobierno, donde la inestabilidad y rotación de funcionarios en el equipo ministerial fueron la norma. A esto se suma la alarma social en el país debido al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado, así como la agitación política previa a las próximas elecciones municipales del 4 de octubre de 2024. En este contexto, dos formaciones afines al presidente –los partidos Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano– no han obtenido el registro por parte de los magistrados del Tribunal.

¿La esperanza se abre paso en Guatemala?

La única república centroamericana donde los cambios recientes han generado indicios de esperanza es Guatemala, después de haber estado sumida durante años en un marco de injusticia y corrupción. La expulsión, en 2019, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas se interpretó como la consagración de un «pacto de corruptos» (Sáenz de Tejada, 2021), una maniobra que suponía la cooptación definitiva por parte de la clase política de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta expulsión significó un retroceso en materia de transparencia, justicia y de lucha contra el crimen organizado. Por lo demás, este «pacto de corruptos» se ha visto personalizado por el anterior presidente de la República, del partido derechista Vamos, Alejandro Giammattei, en el poder entre enero 2020 y enero 2024.

En este contexto, el panorama en las elecciones generales de junio de 2023 era desalentador; unas elecciones que se desarrollaron en una lógica de competición partidaria desarticulada y con un sistema de partidos políticos profundamente fragmentado. Es más, poco antes de la celebración electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad apartaron de la contienda a los tres candidatos a la Presidencia que encabezaban entonces las encuestas⁵. Así pues, la competición por la Presidencia de la República, en primera vuelta, el 25 de junio, quedó en manos de 23 candidatos, de los cuales los más conocidos fueron: Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que era la tercera vez que se presentaba y fue esposa del expresidente Álvaro Colom; Zury Ríos, de la alianza VALOR-Unionista, quien también había sido candidata y es hija del militar golpista y expresidente genocida Efraín Ríos Mont; y Bernardo Arévalo,  hijo del expresidente del Gobierno democrático de la Revolución de 1944, Juan José Arévalo Bermejo, que se presentó por el partido de orientación socialdemócrata Movimiento Semilla, nacido de las protestas de los años 2015 y 2016⁶.

Los resultados en primera vuelta indicaron que la opción más votada había sido el voto nulo, con un 17,3% del sufragio, al que siguieron los dos candidatos más votados: Sandra Torres y Bernardo Arévalo, con un 15,7% y un 11,8% de las papeletas, respectivamente, que pasaron a una segunda vuelta celebrada el 20 de agosto de 2023. La gran sorpresa fue la victoria, con el 60% de los sufragios, de Bernardo Arévalo; una victoria que, según el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra, es el evento progresista más relevante en el país desde la contrarrevolución de 1954. De hecho, pocos meses antes, nadie esperaba una confrontación electoral entre Arévalo y Torres, ni que el candidato de la izquierda pudiera ganar. Ello sucedió, en gran medida, porque, una vez pasado a segunda vuelta el candidato del Movimiento Semilla, la competición no sólo era entre opciones de la derecha y la izquierda, sino que supuso un plebiscito entre la oligarquía de toda la vida y una alternativa política más respetuosa, transparente y justa.  

En esta coyuntura, es preciso anotar la emergencia de las enormes movilizaciones populares ocurridas entre la primera y la segunda vuelta, donde el movimiento indígena jugó un rol clave en la defensa de la democracia. Por ello, tanto la segunda vuelta electoral como la toma de posesión Presidencial de Arévalo fueron un pulso entre la maquinaria electoral del Gobierno y las instituciones del Estado y una ola de ilusión que, desde hacía décadas, no tenía precedente en el país. Sin embargo, la incertidumbre se alargó más allá de los comicios, ya que diversos sectores del poder (incluidos el Ministerio Público, el Ejecutivo, el Congreso y, en menor medida, la Corte de Constitucionalidad) hicieron múltiples maniobras para que Arévalo no tomara posesión de su cargo el día 14 de enero 2024. Al respecto, cabe señalar, por un lado, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA declaró que el candidato electo necesitaba un cuerpo de seguridad que le diera protección frente a las amenazas que recibía; y, por el otro, que Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la OEA jugaron un papel destacado en resguardar el proceso democrático guatemalteco. Washington, por ejemplo, retiró el visado a más de 100 diputados del Congreso y otros tantos altos funcionarios del llamado «pacto de corruptos».

Ante esta situación, es precipitado hablar del inicio de una etapa luminosa en la política guatemalteca, ya que el nuevo Gobierno deberá hacer frente a un entorno extremadamente hostil: un sistema judicial en contra, moldeado por los gobiernos precedentes, poderosas fuerzas armadas que controlan bancos y negocios, gobiernos locales adversos, un cuerpo funcionarial penetrado por el narco y un poder legislativo en el que la oposición tiene la mayoría absoluta.

Protestas y malestar en Panamá

Por su parte, la República de Panamá –que, desde la década de 1990, tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989, la detención en Estados Unidos del general Noriega y la superación de las consecuencias políticas, económicas y sociales inmediatas, se había caracterizado por su estabilidad–, durante los últimos años ha entrado en un período convulso debido a la crisis económica y a los conflictos socioambientales derivados de las prospecciones mineras. Por este último motivo, en 2023, el país enfrentó su mayor crisis política vivida desde la transición a la democracia, con manifestaciones, concentraciones y bloqueos en las principales carreteras, así como piquetes sindicales frente a las minas. Fueron unas movilizaciones que tuvieron como detonante la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 sobre un contrato de concesión minera con la Sociedad Minera Panamá, filial de otra de origen canadiense First Quantum Minerals. Su aprobación se produjo de una forma extremadamente rápida (en dos días), ignorando muchas demandas que habían expuesto amplios sectores de la ciudadanía. Este episodio supuso problemas de desabastecimiento en comercios y gasolineras, cierres de colegios y universidades, así como pérdidas económicas importantes durante los meses de septiembre y octubre de 2023.

Las denuncias de las protestas iban dirigidas al impacto ambiental provocado por la actividad minera a cielo abierto, señalando que el contrato con la empresa canadiense era totalmente ventajoso para esta, al darle la posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, exenciones fiscales, gestión de puertos y aeropuertos, y sin estar sometida a casi ninguna fiscalización ni control por parte del Estado panameño. Para buena parte de la ciudadanía, ello significaba la prolongación de una lógica neocolonial que, en Panamá, ha estado presente desde la construcción del Canal en 1904, es decir, desde el origen de la propia República.

Sin embargo, este malestar social es también legado de las consecuencias de la crisis de la pandemia de la COVID-19 que, habiendo provocado una pérdida del 12% del PIB, ha traído la ausencia de expectativas de un crecimiento y recuperación inclusivos. Panamá tuvo hasta hace una década un modelo económico exitoso relacionado con el comercio mundial y con las obras de la ampliación del Canal, pero estas obras ya terminaron y el comercio se ha estancado. Fue en este contexto que el Gobierno en curso presidido por Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por Omar Torrijos, pensó que el nuevo yacimiento de riqueza podría encontrarse en las actividades extractivas, como es el caso la minería. No obstante, una parte de la población, principalmente la más joven, no quiere este modelo de crecimiento basado en el expolio ecológico.

En esta coyuntura, el 5 de mayo de 2024 se celebrarán elecciones generales para escoger al presidente y vicepresidente de la República, así como a los miembros de la Asamblea Nacional y a los representantes del poder local. Son unas elecciones que, además de que se prevén inciertas y sin un sistema de competencia articulado, han trascendido por el hecho de que el candidato con mayores opciones de ganar, según las encuestas, es el expresidente populista Ricardo Martinelli, que se refugió en la Embajada de Nicaragua tras el rechazo, por parte de la Corte Suprema, de su apelación a una condena por lavado de dinero que incluía una sentencia de 10 años de prisión. En su lugar se ha colocado a un nuevo candidato, José Raúl Mulino, quien anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidente y también se ha posicionado como el mejor valorado en las encuestas. En los medios de comunicación, Mulino está siendo caracterizado como el hombre a través del cual Martinelli pretendería gobernar, y ya pende sobre él la amenaza de la inhabilitación.

¿Se puede evitar caer en el abismo?

El resultado de la concatenación de las crisis expuestas en las seis repúblicas centroamericanas muestra el proceso de erosión democrática que sufre la región (democratic backsliding). La presencia de liderazgos fuertes –a través de formaciones tradicionales o de plataformas personales– dan cuenta de la raigambre que tiene aún la cultura política caudillista en América Central. También es preocupante señalar cómo las administraciones han sido penetradas por redes corruptas que pretenden entorpecer elecciones, tal como se ha visto en Guatemala, o introducir el narco en la administración estatal, como ha ocurrido en Honduras en los dos mandatos de Juan Orlando Hernández. Sorprende, por otro lado, la fuerte activación ciudadana que reivindica derechos en Panamá, si bien los movimientos sociales que han llevado a la gente a las calles no tienen un correlato partidario que pueda ofrecer una opción política para las próximas elecciones del 5 de mayo de 2024 en este país. También está por ver si la presencia de un outsider en la Presidencia de Costa Rica puede o no suponer una degradación en la calidad democrática de uno de los países bandera del continente.

Es arriesgado predecir cuáles pueden ser los desenlaces en la política de las repúblicas de la región a medio plazo, sin embargo, la actual coyuntura internacional –marcada por el ascenso de los populismos, la extrema derecha y los liderazgos personalistas– no facilita la regeneración democrática. Tampoco ayuda el hecho de que Estados Unidos y la UE –que en los años noventa del siglo pasado estuvieron atentos a la desmilitarización, la construcción democrática y el respeto a los derechos humanos en la región– se encuentren absortos en peleas políticas domésticas o pendientes de amenazas geopolíticas cerca de sus fronteras.

Referencias bibliográficas

Kourliandsky, Jean-Jacques. «Democracia, evangelismo y reacción». Nueva Sociedad, n.º 280 (marzo-abril 2019).

Sáenz de Tejada, Ricardo. «Guatemala contra el pacto de corruptos». Nueva Sociedad, agosto 2021. https://nuso.org/articulo/paro-corrupcion-derecha-giammattei-fiscal-investigacion/ (último acceso: 23 de enero de 2022).

Schedler, Andreas (2006). Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Notas:

1- En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, cuyos firmantes fueron el Gobierno del El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que cerraron el período de Guerra Civil salvadoreña, un conflicto armado que se había extendido desde finales de la década de los setenta a principios de la década de los noventa del siglo pasado.

2- Irrumpió escoltado por militares y policías armados para dar un ultimátum a los diputados para que aprobaran el préstamo. El presidente del Congreso, Mario Ponce, criticando esta acción, tuvo que suspender la sesión.

3- En junio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas que disminuían de 84 a 60 el número de diputados, distribuidos en las mismas 14 circunscripciones que ya existían y quedando en dos el mínimo de diputaciones por circunscripción. De los 60 diputados, Nuevas Ideas controla 54, con lo cual tiene a su disposición el 90% de la Asamblea Legislativa.

4- Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico. De hecho, durante su desempeño como presidente, las estructuras del Estado se pusieron al servicio del crimen organizado, lo que llevó al país a lo que los fiscales estadounidenses definieron como narcoestado. Hernández es el segundo exjefe de Estado condenado por narcotráfico en Estados Unidos, tras Manuel Noriega en 1992. En la actualidad, aguarda la sentencia de la justicia estadounidense, que podría sentenciarle a la cadena perpetua. 

5- En el Informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Guatemala de 2023 se señala cómo se produjo la inhabilitación de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana (PC) a menos de un mes de las elecciones del 25 de junio, cuando lideraba las encuestas; de Roberto Arzú, de Podemos, y de Jordán Rodas, candidato a la vicepresidencia del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

6- Véase los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de los años 2015 y 2016.

^{Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.}

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2024/304/es

E-ISSN: 2013-4428