¿Una década ganada? Rafael Correa a examen
En 2006 Rafael Correa recibió un país repleto de opciones abiertas para refundar el Estado. Durante su década de gobierno consiguió lo que no se había podido consolidar en los últimos treinta años de vida democrática. Pero, ¿la Revolución Ciudadana liderada por Correa realmente le dio un giro al país? Es la pregunta que la ciudadanía trata de responder a pocos días de unos comicios en los cuales Rafael Correa ya no será candidato.
Ecuador hoy no es el mismo país convulso que tuvo siete presidentes en un periodo de diez años (1996 – 2006). Correa en 2013 obtuvo la primera mayoría legislativa desde 1979. Fue reelegido tres veces: 2006, 2009, 2013, y ganó tres referéndums: en 2007 para establecer la Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna; en 2008 para la aprobación del proyecto constitucional elaborado por la Constituyente el año anterior; y en 2011 sobre asuntos concernientes al sistema judicial, seguridad, medio ambiente, banca y medios de comunicación. Rafael Correa se convirtió en el presidente que más tiempo ha ocupado el cargo de manera ininterrumpida.
En cifras de 2015, Ecuador se ubica en el puesto 88 en el índice de desarrollo humano de los 188 países, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El país creció de promedio 3,9% entre 2007 y 2015, mientras que la región lo hizo un 2,9%. Rafael Correa potenció la inversión pública, apostó por la economía real y no la especulativa. El Banco Central del Ecuador apunta que la tasa de pobreza urbana se ubicó en 16.6% en marzo de 2016, 8.6% por debajo de la tasa en el mismo mes de 2008. La tasa de extrema pobreza urbana decreció de 8.2% a 5.6% en el mismo periodo. Respecto a la redistribución del ingreso, en marzo de 2016 el 60% de la población urbana recibió el 32% de los ingresos totales, mientras que en 2010 la cifra fue del 27%. Se avanzó hacia una mejor equidad aunque, en el último año, el coeficiente de Gini en el primer trimestre de 2016 fue de 0.46 frente al 0.43 de 2015.
En diez años no se pueden resolver problemas estructurales heredados desde la época colonial, pero en la última década el país avanzó gracias a la buena coyuntura económica y a que el Gobierno priorizó la inversión pública. Correa fomentó el desarrollo endógeno para satisfacer necesidades básicas y transformar sectores estratégicos de producción como telecomunicaciones, hidroeléctricas, hospitales, escuelas, carreteras. En 2011, el 73% de las carreteras nacionales se encontraban en óptimas condiciones. Aunque el país sigue dependiente del petróleo y se endeudó con China, a quien Ecuador debía 8.143 millones de dólares al finalizar el 2016 en contratos y créditos en contrapartida a una venta de crudo por 2.970 millones. China detenta el 31.7% de la deuda externa de Ecuador, que cerró 2016 en 38 mil millones de dólares, el 39,6% del PIB. Aunque Correa quiso cambiar la matriz productiva del país, una de las principales críticas a su gestión en este terreno es la concentración del capital en sectores de la economía extractivista, que mantiene en una matriz primaria exportadora.
En el plano político destaca la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. También impulsó el Plan Nacional del Buen Vivir, que pretende construir un Estado plurinacional. Correa abanderó el Estado plurinacional e intercultural, unitario y descentralizado. Potenció la autoestima nacional a través de la salvaguarda patrimonial. En 2007, a raíz del robo de la Custodia de Riobamba mandó elaborar el primer inventario arqueológico, que marcó un punto y aparte en la salvaguardia del patrimonio cultural. Correa incorporó en sus discursos la versión en quichua. Se avanzó también en los derechos para las personas con discapacidad, y el reconocimiento a la aportación social de las amas de casa.
Pero también es cierto que, tras los primeros años de reconciliación con el Estado, se abrió una segunda etapa en la que se enfrenta a viejos demonios, como los casos de corrupción que han empañado a altos funcionarios del Gobierno. Si al inicio la Revolución Ciudadana captó las demandas de los movimientos indígenas y populares, en el momento en el que se evidenciaron significativas discrepancias programáticas, se produjo la separación. Rafael Correa empezó a mostrar encono hacia los movimientos indígenas cuando estos discrepaban con sus políticas en temas como la oposición indígena al extractivismo, el rechazo a la política agraria que no cumplió con el reparto de las tierras prometido, y un fuerte desacuerdo al concepto de desectorización. La CONAIE apuesta por la desconcentración de la toma de decisiones y el Gobierno por la centralización de las mismas. Los principales conflictos se evidenciaron durante el segundo mandato respecto a la Ley de Recursos Hídricos y la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, actuación calificada como intento de golpe de estado, según el presidente.
La discusión política se tornó maniquea, la crítica se transformó en ofensa y el país polarizado, entre acérrimos defensores de la Revolución Ciudadana y firmes detractores de Rafael Correa. La Revolución Ciudadana deja una brecha con los movimientos ambientalistas, la criminalización de la protesta popular y la militarización de territorios. A la década "ganada" le faltó una relación entre pares con los movimientos sociales, empeorada por la falta de independencia del poder judicial. La legislación ecuatoriana definía los delitos de "terrorismo" y "sabotaje" de manera muy amplia lo que permitió condenar a opositores al Ejecutivo a penas de prisión por protestas como las de agosto de 2015, durante las cuales 142 personas fueron detenidas, 77 alegan haber sufrido abusos, y varios domicilios fueron allanados ilegalmente. Los afectados denuncian que solo se iniciaron procesos penales contra los manifestantes que agredieron a la policía con palos y piedras, pero no se abrió ningún proceso contra los policías o militares acusados de cometer abusos.
Los desaciertos de Correa también han contrariado a sectores feministas al pronunciar comentarios respecto a la capacidad intelectual de una candidata presidencial o al referirse al aspecto físico de una periodista, por citar algunos episodios. También faltó implementar políticas realmente progresistas respecto al derecho al aborto; y establecer una relación de no agresión con los medios de comunicación. Después de esta década, Ecuador no puede permitirse ignorar los avances conseguidos, pero tampoco puede conformarse. Un regreso al pasado no es una opción y eso incluye exigir a los defensores de la Revolución Ciudadana aquello que plantearon y no se cumplió. El nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones presidenciales de 2017 se encontrará con un Ecuador dividido. Según el Latinobarómetro de 2015, un 80% de la población se siente entre satisfecha (46,9%) y no muy satisfecha (34%) con el funcionamiento de la democracia en el país. El próximo presidente del Ecuador tendrá la dura tarea de construir un discurso crítico, que no deseche las políticas positivas de esta década y que rectifique las equivocaciones de la Revolución Ciudadana. El próximo gobierno deberá acabar con la confrontación y ser una opción de consensos amplios.
D.L.: B-8439-2012