Segunda campaña de la fruta en tiempos de coronavirus: ¿qué hay de diferente?

Estamos en junio y nos adentramos en la segunda campaña de la fruta dulce de Lleida marcada por los efectos del Covid-19. Tras una primera campaña, en verano de 2020, altamente polémica y problemática por los brotes surgidos en plena fase de desescalada, nos preguntamos: ¿qué hay de diferente este año? ¿Qué se ha hecho para intentar evitar que se repita el mismo escenario de extrema precariedad?   

La campaña de fruta ilerdense de 2020 estuvo marcada por uno de los brotes importantes del verano después de la primera gran ola pandémica. Las condiciones de extrema precariedad habitacional y laboral de los temporeros agrícolas resultaron un caldo de cultivo para la propagación del virus; y es que mantener protocolos de higiene y distancia social en una situación de sobreocupación de pisos, infravivienda y sinhogarismo resultaba especialmente complicado. Si bien las imágenes de personas durmiendo en la calle no eran nuevas, el año pasado fueron más preocupantes, puesto que el número de temporeros fue mayor, atraídos por un efecto llamada de la patronal anunciando 35.000 puestos de trabajo. Además, ante la ausencia de alternativas laborales, la llegada de jornaleros (asiduos o esporádicos) se realizó un mes antes del inicio de la campaña, con lo que los recursos públicos desplegados en años anteriores (como los pabellones feriales) no estaban preparados. Esta situación causó mucho malestar no sólo en el sector agrícola, sino también en el conjunto de la sociedad que volvió a sufrir las consecuencias de cierres perimetrales y confinamientos en plena fase de desescalada a nivel nacional. 

Ante el temor de que se repitiera el mismo escenario en la campaña de 2021, las administraciones -en diálogo con sindicatos agrícolas, sindicatos de trabajadores y entidades- han impulsado una serie de medidas en materia de salud, trabajo y vivienda. Como veremos, son medidas de carácter paliativo que pretenden aliviar algunos de los síntomas de un modelo agrícola que reproduce desigualdades a escala global. Empezando por salud, no cabe duda que la mejor situación pandémica de esta campaña marca un punto de partida mucho más favorable. La presión ejercida por el sector para incluir a personas temporeras en la estrategia de vacunación en tanto que trabajadores esenciales finalmente ha dado sus frutos y se han empezado a vacunar centenares de temporeros con la monodosis de Janssen. Más allá de los adheridos al programa de clivaje del Departamento de Salud catalán, se ha puesto en marcha un formulario para recoger registros nominales de los trabajadores y poder planificar su inmunización. Además, se cuenta con la colaboración de servicios sociales del Consejo Comarcal del Segrià y Cruz Roja para confeccionar un censo nominal y llegar a los trabajadores sin contrato y a los que viven en asentamientos informales, ofreciendo una tarjeta sanitaria provisional, en caso de que no dispongan de ninguna. 

Por otro lado, durante el mes de mayo se hizo un clivaje masivo a 162 empresas agrícolas del Segrià con pruebas PCR voluntarias para detectar posibles casos asintomáticos y obtener una primera radiografía de la situación al inicio de la campaña. Otra medida celebrada por el sector (empleadores y sindicatos) es la contratación de doce mediadores y mediadoras que trabajan estrechamente con los servicios de salud de la provincia para facilitar la comunicación intercultural con los temporeros. Finalmente, la Paeria (Ayuntamiento de Lleida) también ha repartido centenares de carteles y miles de adhesivos para recordar las medidas de prevención de contagio en comercios y restauración de la capital. 

En materia de trabajo, las medidas son más tímidas. Aun así, cabe destacar que el gobierno catalán subvencionará a los payeses que ofrezcan alojamiento gratuito o que contraten temporeros que vivan a menos de 40km para incentivar la contratación de proximidad con un máximo de 200€ por trabajador. 

Por último, en relación a la vivienda, si bien ya se han atendido a un centenar de personas durmiendo en la calle, este año se han activado algunas (nuevas) medidas mientras se avanza en la construcción de un albergue municipal para 2022. Por un lado, se prevé la habilitación de pabellones feriales como el año pasado (esta vez con camas en lugar de hamacas, y comidas más adaptadas a los países de origen) y se han cerrado acuerdos con el gremio de hostelería para aquellas personas que puedan asumir su coste. Por otro lado, se han activado 104 plazas en 18 viviendas amuebladas de alquiler social, 122 plazas de alojamiento de emergencia, así como 10 plazas más gestionadas por tres entidades de la capital. Una oficina única de atención en un pabellón ferial con servicios jurídicos, laborales y de mediación se encargará de la derivación a estas viviendas por todo el territorio. Finalmente, se han preparado dos equipamientos y un hotel para casos positivos que no tengan donde hacer la cuarentena (como ocurrió el año pasado), así como algunos módulos prefabricados extra.  

Este conjunto de medidas ha sido posible gracias a un incremento considerable de presupuesto y a una voluntad política, presionada por una sociedad civil organizada, y un sector empresarial empeñado en que no se repita la misma situación de 2020. Si bien son medidas paliativas y de carácter local, hay que celebrarlas: suponen un paso adelante en la mejora de las condiciones de los temporeros y se han reforzado mecanismos de cooperación entre los actores implicados. No obstante, a medio y largo plazo, queda pendiente avanzar con acciones más estructurales que contribuyan a construir un modelo agrícola más respetuoso con los derechos laborales y que a su vez dignifiquen el trabajo en el campo. Esto implica replantear el modelo de agricultura intensiva y estacional de enclaves agrícolas como el ilerdense, altamente dependiente de mano de obra barata y flexible para cubrir necesidades productivas just-in-time. Sin duda, una tarea difícil si no cuestionamos ciertos postulados de la acumulación capitalista a nivel global y superamos lo que Abdelmayek Sayad llama “utilitarismo migratorio”; es decir, el uso de las migraciones con fines puramente económicos.

Palabras clave: campaña agrícola, Covid-19, temporeros, precariedad habitacional, trabajadores migrantes, Lleida

Este artículo ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, proyecto con contrato 822625 - ADMIGOV 

E-ISSN: 2014-0843