Referéndum en Ecuador: una victoria con riesgo de división
Anna Ayuso,
Investigadora principal de CIDOB
26 de Mayo de 2011 / Opinión CIDOB, n.º 117
En una semana el Presidente de Ecuador Rafael Correa pasó del triunfalismo desbordado a la incertidumbre, para acabar con la confirmación de una victoria ajustada y desigual. El referéndum de 10 preguntas que plebiscitó una reforma de la justicia y el control de los medios de comunicación se saldó con un balance global solo ligeramente favorable al SI. Pero con grandes diferencias según las preguntas que van: desde un holgado 50,2% favorable al SI frente al 39% del NO en la primera pregunta, a apenas los dos 2 puntos porcentuales de ventaja del SI (44%) frente al NO (42%) en la pregunta 9. Pero las diferencias más notables se dan entre las diversas provincias donde, en al menos 12, se impuso el NO (“por desinformación” según la Ministra Doris Soliz). De este modo, el referéndum del 7 de mayo de 2011 ha polarizado de nuevo a la población entre afines y contrarios a un proyecto de reforma gubernamental en un país que, tras sufrir el derroque de tres presidentes elegidos y celebrar un proceso constituyente no acaba de consolidar la institucionalidad. Los ciudadanos ecuatorianos fueron por sexta vez en 5 años convocados a las urnas por su Presidente, alimentando la tendencia hacia una democracia plebiscitaria de liderazgos fuertes apoyados por mayorías amplias que han adoptado varios dirigentes afines a la revolución bolivariana.
Diversos analistas han hecho hincapié en la falta de justificación para recurrir a la consulta popular para llevar a término las reformas propuestas y ello ha alentado las especulaciones sobre una agenda oculta del presidente. En su discurso Correa justificó la consulta en la necesidad de lograr el apoyo del pueblo para emprender reformas estructurales y confrontar a contrapoderes que se oponen o lastran la “revolución ciudadana”. El recurso de apelar a la soberanía popular en cuestiones de ámbito legislativo se ha convertido en un instrumento de validación permanente del programa presidencial en un país donde los partidos políticos han pasado a ser simples coaliciones electorales.
Dejando al margen la pregunta 8, que hace referencia a la prohibición de los espectáculos sangrientos de animales con resultado de muerte (que es de carácter local y que ha sido rechazada en la mitad del país), las restantes 9 preguntas apuntan directamente a dos poderes de contrapeso al gobierno: la Justicia y los Medios de Comunicación, con amplia inclinación hacia la primera. Cinco de las preguntas se sometieron a referéndum porque suponen la modificación de la Constitución de 444 artículos aprobada por el 64% de la población en 2008. Las otras tratan de modificaciones legislativas y fueron objeto de consulta popular.
De las 7 preguntas relacionadas con la Justicia 3 tienen como objeto tipificar como delito penal: el enriquecimiento no justificado (no precisa si injusto o ilícito); los juegos de azar con fines de lucro (como loterías y casinos, no menciona las tómbolas) y el incumplimiento por los empresarios del deber de afiliación a la Seguridad Social (en un país donde según la OIT el empleo informal llega al 43%). Las otras cuatro van dirigidas a reducir el margen de discrecionalidad de los jueces y controlar sus órganos de gobierno. La 1 y 2, que respectivamente endurecen la prisión preventiva y limitan las medidas sustitutivas de la privación de libertad, son las que mayor apoyo popular han recibido como respuesta al incremento de la inseguridad. En cambio la 4 y 5 dirigidas a la reforma del poder judicial son más discutidas y han recibido menor respaldo (con diferencias de 3-4 puntos sobre el NO).
Las dos cuestiones más polémicas, donde el gobierno ha enfrentado mayor rechazo, son las relacionadas con los medios de comunicación. La pregunta 3 modifica la Constitución para incorporar la prohibición de que dueños o accionistas de las instituciones financieras y los medios de comunicación puedan participar en cualquier otro ámbito económico. La 9, la más discutida y la que menor aprobación ha recibido, pretende la creación de un Consejo de Regulación de los contenidos de televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que incorpore criterios de sanción. Como era predecible esto ha provocado la fuerte oposición de los sectores no oficialistas, pero también de algunos sectores de la izquierda que anteriormente apoyaron a Correa, incluido buena parte del movimiento indigenista.
Se alega que no es lo mismo hacer una reforma del poder judicial para mejorar el acceso a la Justicia con garantías manteniendo su independencia, que controlar a los jueces. Ni tampoco es igual garantizar el acceso equitativo a una información veraz y plural que controlar a los medios. El reto de la democracia, sea representativa o sea directa (ambas recogidas en la Constitución), es conseguir que el efectivo ejercicio del poder depositado por la ciudadanía en sus instituciones se ejerza bajo supervisión y control de las diversas instituciones al servicio del bien común. El argumento de que es imprescindible la concentración del poder en el ejecutivo (o la Presidencia) para hacer los cambios estructurales que la revolución ciudadana, bolivariana o popular requiere para acabar con la desigualdad es falaz. La transformación de una sociedad requiere efectivamente de cambios en el contrapeso de poderes para reequilibrarlos, pero no para concentrarlos o pasarlos de unos a otros. Además, en una democracia real y necesariamente plural, como lo es la sociedad misma, el poder ha de repartirse y alternarse periódicamente.
El desigual triunfo gubernamental en la consulta en Ecuador hacen cuestionar la pertinencia de persistir con una dinámica plebiscitaria que polariza, divide al país y genera conflictos en lugar que consolidar el papel de las instituciones de representación y mejorar las vías de diálogo ordinario con la ciudadanía y de rendición de cuentas. De momento, la única señal fue hacer rodar la cabeza del Ministro del Interior.
Antes de la era digital, para averiguar si una operación de división era correcta se usaba la prueba del nueve. En la división si el resultado de la prueba del nueve es incorrecto la división esta mal hecha, aunque un buen resultado no asegura que sea correcta al 100%. El presidente Correa mostró su satisfacción por la muestra de confianza de la ciudadanía según el resultado de la consulta nacional, falta ver como interpreta y lleva a la práctica los efectos que se derivan de la operación con el horizonte puesto en su cercano intento de reelección.
Anna Ayuso,
Investigadora principal de CIDOB