¿Por qué Nicolás Maduro sigue en el poder pese al colapso de Venezuela?

Tras 20 años en el gobierno de Venezuela, el chavismo logró un grado de cohesión interna suficiente para concentrar fuerzas en torno al liderazgo que Hugo Chávez legó a Nicolás Maduro. Asimismo, se granjeó la lealtad de las Fuerzas Armadas, a través de su incorporación a la gestión gubernamental, y perfeccionó los métodos de control sociopolítico de la población, neutralizando la independencia de las instituciones del Estado. Estos factores contribuyeron a que el chavismo inaugurase 2019 con un nuevo y controvertido mandato, pese a haber conducido a Venezuela a una de las crisis económicas y humanitarias más graves de la historia reciente de Latinoamérica. 

Un país colapsado

El 30 de julio de 2018 fue clausurado el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A punto de producirse la votación que confirmaría a Maduro como presidente plenipotenciario del partido fundado por Hugo Chávez, una interrupción del suministro eléctrico dejó la sala a oscuras. El apagón duró 20 minutos, una nimiedad en un país en el que los apagones, que se contaron por miles en 2018, a veces duran más de 48 horas. El Ministerio para la energía eléctrica achaca estas fallas a ataques de animales y a sabotajes. Sin embargo, gremios, sindicatos y prácticamente toda institución no controlada por el PSUV denuncian que la causa es la falta de mantenimiento. 

El episodio descrito evidencia el grave deterioro de la infraestructura del Estado venezolano. El caso de la sanidad pública es uno de los más dramáticos. La drástica reducción de las campañas de prevención ha provocado epidemias de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años Venezuela ha experimentado el mayor incremento de casos de malaria en el mundo. Naciones Unidas ha advertido que los hospitales, afectados por la escasez crónica de insumos y medicamentos, son lugares peligrosos para los enfermos debido a la precariedad de las medidas sanitarias. 

La hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional prevé de diez millones por ciento al cierre de 2018, hace imposible el mantenimiento del transporte urbano. Como resultado, alrededor del 80% de la flota de transporte urbano, que es mayoritariamente privado, está paralizada. Los ciudadanos esperan horas en las paradas o viajan hacinados en camiones de carga, de pie y sin medidas mínimas de seguridad. También es prohibitiva la compra de insumos y la reparación de maquinaria agropecuaria, por lo que la producción nacional de alimentos se ha reducido al punto de cubrir solo el 25% de la demanda, provocando así una escasez de productos básicos que supera el 70%. 

En un intento por contrarrestar los estragos de la hiperinflación y facilitar las transacciones económicas, a mediados de 2018 el gobierno anunció dos medidas: la reconversión del cono monetario (la segunda en una década) y el aumento del salario mínimo (el quinto en menos de un año). Pero el impacto de estas medidas en el poder adquisitivo ha sido negativo y son necesarios 25 salarios mínimos para cubrir los gastos mensuales de alimentación básica de una familia. Evidencia de que la población está al límite de la supervivencia es el éxodo de venezolanos. Según ACNUR, más de tres millones abandonaron el país entre 2015 y 2018. 

La recesión económica ha sido el catalizador de la pérdida de apoyo popular del chavismo, agrupado en la coalición Gran Polo Patriótico, de la que el PSUV es partido mayoritario. En las elecciones presidenciales de 2013, precipitadas por la muerte de Chávez, Maduro apenas consiguió ganar por un margen de 1,49% a Henrique Capriles, candidato de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Dos años más tarde, la MUD ganó con un 65,27% de los votos la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), el Congreso venezolano al que la constitución chavista cambió el nombre en 1999. 

Con un escenario como el descrito, la permanencia del chavismo en el poder puede causar perplejidad. Sin embargo, el caso de Venezuela no es sui generis. Muchos países han soportado décadas de autoritarismos competitivos impopulares, corruptos e incompetentes en la administración del Estado. De los numerosos factores que contribuyen al mantenimiento de estos regímenes, destacaremos los que más han contribuido a la supervivencia del chavismo en Venezuela. 

Control de las instituciones del poder

El triunfo de la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015 supuso la primera vez que el chavismo perdió la mayoría en la Asamblea, pese al sistema de control sociopolítico puesto en marcha por Chávez y afianzado por Maduro. Sin embargo, con los restantes poderes públicos significativamente infiltrados por el poder ejecutivo, pronto se hizo evidente que la cámara tendría las manos atadas. 

El poder judicial ha sido un instrumento clave del Gobierno para anular a la Asamblea. Antes de dejar paso a los nuevos parlamentarios, la mayoría chavista saliente designó, en sesiones extraordinarias, a 13 de los 32 magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una vez instalada, la nueva asamblea de mayoría opositora conformó una comisión para investigar supuestas irregularidades en esos nombramientos. Además, procedió a juramentar a tres diputados a los que el TSJ acusaba de fraude electoral. A partir de entonces, el TSJ obstaculizó o anuló repetidamente las decisiones de la Asamblea. 

En marzo de 2017 el Tribunal declaró “en desacato” a la Asamblea legítimamente electa y se atribuyó el ejercicio de sus funciones, dinamitando definitivamente la ya mermada separación de poderes. La estocada final a la institucionalidad democrática se produjo con el nombramiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), promovida por Maduro. Este poder plenipotenciario, tal y como fue calificado por su presidente, fue convocado en mayo de 2017 sin seguir los procedimientos previstos por la Constitución, y sus miembros fueron elegidos en un proceso señalado como fraudulento incluso por Smartmatic, empresa encargada de su organización. 

Actualmente, la Asamblea Nacional carece de poder real. Se ha consolidado la ausencia de independencia de las instituciones que, de acuerdo con la Constitución vigente, deben ser vigilantes del poder ejecutivo. La ANC ha designado de facto como Fiscal general de la República a Tarek William Saab, quien fuera diputado del PSUV y uno de los colaboradores más antiguos de Chávez. También de facto fueron designados el presidente del Banco Central y el Contralor General. El TSJ ha sido instrumental para la influencia del presidente incluso en el Consejo Nacional Electoral, garante de la transparencia de los procesos electorales. Dos de sus cinco rectores fueron designados por el Tribunal, usurpando las responsabilidades de la Asamblea. 

Cohesión interna de la coalición en el poder

Pese a las condiciones adversas, tanto en el plano económico como en el terreno político, la coalición chavista ha podido unificarse en torno al propósito vital de controlar el poder y Maduro ha mostrado el liderazgo necesario para dicho propósito. Este liderazgo no debe ser menospreciado, dada la complejidad de la composición de dicha coalición, integrada por varios partidos políticos, movimientos sociales de diversa índole y en la que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante. 

En el PSUV, Maduro ha logrado incluso imponerse al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, uno de los compañeros más cercanos y antiguos de Chávez. Además, Maduro ha sido eficaz en adelantar un proceso de “purgas” en el partido, dando cuenta de figuras que tuvieron un peso significativo desde los inicios del proceso revolucionario. La cohesión interna ha posibilitado la ejecución de una dirección estratégica exitosa, en la que han sido utilizados diversos recursos políticos, tanto propios del juego democrático (la legitimación electoral), como al margen de éste, pero que han recibido una cobertura pseudolegal gracias al control del poder judicial. 

Alineación de las Fuerzas Armadas

Un aspecto clave de la cohesión interna del chavismo lo constituye el apoyo del sector militar a la Revolución Bolivariana. Este fenómeno se explica por las raíces mismas del proceso revolucionario, que se encuentran en los dos intentos de golpes militares liderados por Chávez y un grupo de oficiales en 1992. El mismo Chávez, desde su primer mandato en 1999, justificó el protagonismo del sector castrense subrayando el carácter cívico-militar de la revolución socialista. En el caso venezolano, el chavismo ha logrado convertir al ejército en el brazo armado del proceso revolucionario, contraviniendo las disposiciones constitucionales que establecen taxativamente el carácter apolítico de la institución militar. 

En este campo es evidente la asesoría del régimen cubano, modelo paradigmático en Latinoamérica en la utilización de la institución militar para fines partidarios. Dicho modelo tiene como rasgo particular la incorporación del segmento militar en la gestión estatal, particularmente en áreas estratégicas y de elevada rentabilidad, donde gozan de autonomía administrativa, sin ningún tipo de control o supervisión por las instancias competentes en cualquier democracia moderna. En la administración de Maduro, esta tendencia se ha profundizado hasta el punto de incorporar a los militares en la gestión de áreas de negocios emergentes, como es el caso de la minería de oro y diamantes en los estados del sur del país, y en áreas estratégicas de la gestión estatal. De esta manera, la presidencia de la empresa estatal de petróleo (PDVSA) y los ministerios del Interior, Agricultura, Vivienda y Alimentación, están dirigidos por militares. 

Esta política de incentivos para comprar lealtades se complementa con otra de carácter represivo, orientada a controlar la disidencia interna. Según la organización Justicia Venezolana, en 2018 han sido detenidos 60 funcionarios militares sin que exista investigación previa en su contra y sin seguir los procedimientos legales. 

Control sociopolítico

A partir de su derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, los estrategas del chavismo fueron conscientes de que habían perdido su hegemonía política y eran necesarios cambios en su estrategia de control social para conservar su base de apoyo. Esta nueva estrategia se basó en el perfeccionamiento de los mecanismos de clientelismo político, tales como los programas sociales de subsidio al consumo y el Carnet de la Patria, un documento de identidad paralelo creado en 2017, indispensable para acceder a ciertas ayudas económicas. 

La estrategia utiliza un entramado organizacional, con diversos niveles de institucionalización y conexión con el aparato estatal, en el que el PSUV constituye el eje articulador: Círculos Bolivarianos; “colectivos chavistas”, sindicatos, Consejos Comunales, Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Frente Francisco de Miranda, Frente de Juventudes Bolivarianas, Clase Media Revolucionaria y Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), entre otros. En la gestión de Maduro, el eje central de la estrategia se focaliza en la distribución de alimentos subsidiados casa por casa a través de los CLAP, que se ha convertido en el principal programa social del Gobierno. Es así como la severa crisis socioeconómica de Venezuela, que es consecuencia de las políticas de los gobiernos chavistas, parece contribuir a la eficacia de los CLAP como mecanismo de control social. Como explicó Jesús Torrealba, uno de los más destacados dirigentes de la MUD: “a más hambre, más desesperación, y quien controla los alimentos controla el hambre y controla a los hambrientos. A eso hay que añadirle una cierta tecnología que demostró su eficacia (…)  ahí está el Carnet de la Patria operando como mecanismo de control del hambre (…) una operación ciertamente sofisticada de  manipulación por hambre y coerción tecnológica (…) Maduro logró convertir el hambre no en una desventaja del Gobierno, sino en una fortaleza electoral”. 

En efecto, en el contexto de la crisis de legitimidad del Gobierno, este andamiaje organizacional ha mantenido una relativa eficacia, puesta en evidencia cada vez que se requería de movilizaciones de respaldo al gobierno y, sobre todo, en los eventos electorales. Explica, por ejemplo, como el Gobierno logró movilizar a su favor a cerca de 6.300.000 electores (alrededor del 30% del padrón electoral) en las últimas elecciones presidenciales, donde Maduro fue reelegido con el 67% de los votos emitidos. Michael Penfold califica este control social como “el nuevo Leviatán venezolano”: la instauración del clientelismo más desarrollado tecnológicamente de toda América Latina, y uno de los más autoritarios, que ha sido efectivo en el condicionamiento del voto y que es inmune a la adversidad económica. 

Consolidación de la hegemonía comunicacional

En 2007, el Gobierno decidió no renovar la concesión de transmisión a RCTV, una de las principales cadenas privadas de televisión de Venezuela. Andrés Izarra, quien fuera ministro de Comunicaciones de los gobiernos de Chávez en tres ocasiones, desligó la medida del anunciado plan del Estado de establecer una “hegemonía comunicacional e informativa en el sentido gramcsiano”, para lograr que los valores y el pensamiento socialista fueran predominantes. Según Izarra, la hegemonía se lograría expandiendo y fortaleciendo los medios estatales, no a través del cierre de medios críticos con el Gobierno. La realidad, no obstante, se ha inclinado más por esto último. A través del monopolio del papel, el ejecutivo ha restringido la producción de medios impresos hasta forzar al cierre de 41 de ellos entre 2013 y 2018. De la misma forma, se ha revocado o denegado la renovación de la concesión a decenas de emisoras de radio y canales de televisión presuntamente críticos con el Gobierno, que incluso logró eliminar de las parrillas de la televisión por subscripción a varias cadenas extranjeras –entre ellas, CNN y la colombiana Caracol- a las que acusaba de sesgo antigubernamental.  

Paralelamente, a partir de Chávez el Gobierno se procuró otras formas de influir en la información que reciben los venezolanos. Por una parte, algunos de los medios de comunicación privados más importantes de Venezuela han sido adquiridos por grupos empresariales afines al poder; la autocensura, cuando no el sesgo flagrante, es frecuente en fuentes de información populares. Por otra parte, Chávez institucionalizó el uso arbitrario de las llamadas “cadenas nacionales”, emisiones conjuntas y obligatorias para todos los medios audiovisuales reservadas para anuncios excepcionales, pero que él utilizó indiscriminadamente para discursos irrelevantes, de horas de duración, en ocasiones varias veces a la semana. La tradición fue continuada por Maduro, que en 2017 acumuló 250 horas de discursos de transmisión obligatoria. Los venezolanos que no tienen acceso a la televisión por suscripción no pueden escapar de la constante propaganda gubernamental. 

Contención y manipulación del adversario político

El movimiento opositor es un conglomerado diverso y disperso de partidos políticos, fuerzas sociales y organizaciones de la sociedad civil, articulado coyunturalmente para propósitos electorales en la MUD. Su triunfo en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015 planteó una nueva correlación de fuerzas que abría la posibilidad de desalojar a Maduro del poder utilizando el procedimiento constitucional del referendo revocatorio de su mandato para finales del año 2016. Pero el chavismo marcó los tiempos de la lucha política con una hábil estrategia desplegada en varios escenarios: cuando constató su debilidad electoral, anuló totalmente este escenario nodal de la vida democrática mediante disposiciones legales arbitrarias obtenidas gracias al control del poder judicial. Fue así como se paralizó el referendo revocatorio y se postergaron injustificadamente las elecciones regionales. 

Con estas decisiones, el Gobierno evidenció su control sobre el órgano electoral y el sustrato de su estrategia política: no permitiría elecciones realmente competitivas donde estuvieran en juego dimensiones clave del poder político. Mientras ganaba tiempo, Maduro perfeccionó sus mecanismos de cooptación clientelar mediante programas sociales y desplegó iniciativas políticas en otros escenarios. Con la AN declarada en desacato y al margen de la legalidad, importantes dirigentes opositores apresados sin cumplimiento del debido proceso y el arbitrario establecimiento de la ANC, el ejecutivo consiguió desgastar al movimiento opositor, que se quedó sin estrategia cuando se le clausuró la vía electoral. De este modo, Maduro sacó a su adversario del terreno donde es más fuerte y prácticamente lo empujó al campo de la protesta callejera, donde logró controlarlo mediante el uso de la fuerza represiva del Estado. 

En 2015 la disposición del Gobierno a incrementar la represión se puso de manifiesto con una resolución del Ministerio de la Defensa en la que se autorizó a los componentes de las Fuerzas Armadas a participar en el mantenimiento del orden en reuniones públicas y manifestaciones, y a usar armas de fuego con este fin. En las manifestaciones de 2017 la Guardia Nacional Bolivariana hizo pleno uso de esta autorización, disparando contra los manifestantes a quemarropa bombas lacrimógenas, perdigones y esferas de vidrio. Hay numerosos testimonios gráficos, así como informes de Amnistía Internacional y la ONU, sobre el uso de armas de fuego directamente contra los manifestantes, entre otras violaciones de los derechos humanos. 

Las debilidades de la estrategia opositora

Al optar por la protesta y la movilización de calle para obligar al Gobierno a rectificar, la oposición perdió de vista los otros escenarios de acción. Esta ausencia de visión estratégica condujo a la desconexión con importantes sectores de la población. Una vez que le fueron bloqueadas las vías constitucionales, la MUD no articuló una estrategia coherente para construir una sólida mayoría social capaz de desalojar a Maduro del poder. 

Esta debilidad condujo a la oposición a dos errores clave en la lucha política: por un lado, sobreestimó su fortaleza, dando por supuesto que la mayoría electoral alcanzada a finales de 2015 era sólida y consistente, y se traduciría en un quiebre definitivo de la base social de apoyo del chavismo. Por otro lado, no comprendió la deriva autoritaria del adversario, ignorando que la dirigencia chavista había decidido hacer uso de todos los recursos, incluyendo los extraconstitucionales, para mantenerse en el poder. 

Hasta el ascenso de Juan Guaidó, la oposición venezolana vivía sumida en una crisis de representatividad. Las principales organizaciones políticas han tenido poca influencia en el electorado, sus principales líderes lucían agotados y sin la capacidad para encauzar el evidente rechazo de la población hacia el Gobierno. Asimismo, el chavismo había logrado neutralizar casi por completo a la Asamblea Nacional, la única esfera de poder institucional donde la oposición aún tenía mayoría. Como señaló el analista John Magdaleno, quien ha realizado estudios sobre procesos de transición de regímenes autoritarios hacia la democracia, la oposición cometió un error de cálculo en 2017, cuando priorizó exclusivamente la protesta y descuidó otros escenarios de la lucha política, de modo que no alcanzó a resquebrajar sensiblemente la coalición dominante. 

La desesperanza aprendida en la población venezolana

La población venezolana está, de una forma u otra, controlada por el Gobierno. Una forma de ejercer este control ha sido maniatando la participación política. Para ello se han servido de las instituciones y órganos de seguridad del Estado, que actúan con total arbitrariedad. Recientemente, una autopista de Caracas fue escenario de un hecho que evidenció, una vez más, esta ausencia de Estado de Derecho. Juan Guaidó, presidente de la AN y poseedor de inmunidad parlamentaria, fue sacado a empujones de su vehículo y detenido durante una hora por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. 

Otra forma de control es el clientelismo, ya no solo dentro del aparato público, sino del Estado como proveedor del que dependen los ciudadanos para algo tan primario como la subsistencia. La necesidad ha condicionado las decisiones políticas de los venezolanos, que se rinden a votar siguiendo las directrices del Gobierno a cambio de bienes y servicios que hace años que ya no están disponibles de otras fuentes. Pero, incluso las ayudas gubernamentales son actualmente escasas e insuficientes. Alrededor del 87% de la población venezolana vive en la pobreza, según un informe de la organización Codevida. Así, la mayoría de los venezolanos tiene como objetivo diario la supervivencia. 

Extrapolando un concepto de la psicología clínica, podría decirse que en Venezuela impera la desesperanza aprendida. A grandes rasgos, el concepto desarrollado por Martin Seligman plantea que cuando las acciones realizadas para cambiar una situación aversiva han sido infructuosas, el sujeto adopta la inacción. Es cierto que el Gobierno de Maduro está cada vez más aislado en el ámbito internacional, carente del reconocimiento de la mayoría de los países de la OEA y de la UE. Sin embargo, las protestas de 2017 también generaron presión internacional sobre el régimen, así como una cohesión de la oposición y una movilización ciudadana como no se habían dado en mucho tiempo, sin que en aquel momento se produjera el cambio que muchos daban por sentado. El fracaso de ese movimiento pareció haber instalado en la conciencia colectiva de una gran parte de la población la sensación de que el cambio político es casi imposible. Ahora, la movilización ha vuelto.

Palabras clave: Venezuela, Maduro, Guaidó, chavismo, Latinoamérica, PSUV, MUD

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012