Medias respuestas: la Comisión Europea y la Unión por el Mediterráneo
29 de mayo de 2008 / Opinión CIDOB, n.º 5
El día 20 de mayo la Comisión Europea presentó una esperada Comunicación que debía dar respuesta a muchos interrogantes sobre la articulación de la Unión por el Mediterráneo con las políticas europeas ya existentes en este ámbito. La actuación de la Comisión debía corregir el rumbo unilateral con el que Francia ha estado actuando en este campo.
Antes de ser elegido Presidente, Nicolas Sarkozy había afirmado que el Proceso de Barcelona había fracasado en su empeño de conseguir hacer del Mediterráneo un área de paz, prosperidad e intercambio humano. Es por ello que propuso la creación de una Unión Mediterránea, luego bautizada Unión por el Mediterráneo (UpM), en la que sólo participarían los estados ribereños del Mediterráneo, excluyendo así a los países del centro, norte y este de Europa. Esta Unión debía llevar a cabo proyectos concretos en ámbitos como el energético, el medioambiental o las infraestructuras pero también aspiraba a convertirse en el principal foro de diálogo político del Mediterráneo.
Sarkozy no pudo llevar a cabo su proyecto tal como había previsto, en buena medida debido a la oposición de Alemania. Berlín estaba molesto por haber quedado excluido de la propuesta y temeroso de la crisis de credibilidad que esta deriva unilteral podía tener para la política exterior europea. Tras una dura reunión, la Canciller Angela Merkel consiguió arrancar del Presidente francés el compromiso de que todos los estados miembros de la UE participasen en la UpM y así se planteó al Consejo Europeo del 13 de marzo. Fue entonces cuando, en el empeño por europeizar definitivamente la propuesta francesa, los estados miembros solicitaron a la Comisión Europea que hiciera propuestas de cara a la renovación de las relaciones euromediterráneas.
El documento presentado el día 20 de mayo supone una prueba manifiesta de la europeización de la UpM. Además, proporciona ideas interesantes respecto a algunos aspectos de su dimensión institucional. Concretamente respecto a las funciones y método de elección de la futura co-presidencia y del secretariado, dos instancias cuya creación debería significar una mayor implicación de los países del sur y del este del Mediterráneo en la dirección política y la gestión diaria de las relaciones euromediterráneas.
No obstante, la Comunicación de la Comisión deja aspectos importantes en el aire, aborda algunas cuestiones con una sorprendente ambigüedad y hace afirmaciones que carecen de fundamento. El documento de la Comisión es manifiestamente mejorable en tres puntos muy concretos.
En primer lugar, es especialmente grave la falta de concreción en cuanto a la articulación de la UpM con las estructuras preexistentes del Proceso de Barcelona. En otras palabras, no queda suficientemente claro si la co-presidencia y el secretariado lo son de la UpM o del Partenariado euromediterráneo y si las decisiones que se tomarán en la cumbre de París del 13 de julio conciernen sólo al lanzamiento de la UpM o al conjunto del Proceso de Barcelona.
Esta cuestión es especialmente importante si se tiene en cuenta que los miembros del Partenariado no coinciden con los invitados a participar en la UpM. A la cumbre de Paris se ha invitado a Mónaco, Libia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Croacia, países ribereños del Mediterráneo pero que no son miembros del Partenariado. Si, tal como dice la Comisión, en esa cumbre se deben tomar decisiones por consenso, podría darse el caso que estos países pudieran condicionar el futuro de un marco, el Proceso de Barcelona, del cual todavía no son miembros.
Para solucionar esta ambigüedad, lo que la Comisión debería haber propuesto es que la primera decisión de la cumbre de París fuera la incorporación de estos países al Partenariado euromediterráneo. Asimismo, se les debería integrar en estructuras ya existentes como la Fundación Anna Lindh o la Asamblea Parlamentaria y sumarlos a los esfuerzos por construir un área de libre comercio euromediterránea.
En segundo lugar, sorprende que la Comunicación de la Comisión transmita la idea de que la dimensión bilateral de las relaciones con los países socios sólo se lleva a cabo bajo el paraguas de la Política Europea de Vecindad. La Comisión parece ignorar en esta Comunicación - y quizás lo haga intencionadamente - que el Proceso de Barcelona tiene tanto una dimensión mulitlateral como una bilateral. Ello se explica porque así parece más fácil la fusión entre el Proceso de Barcelona y la UpM a la vez que se refuerza la Política Europea de Vecindad.
En tercer y último lugar está una cuestión central de la UpM: la selección de proyectos de cooperación que se llevarán a cabo bajo esta nueva modalidad de cooperación. Como puntos positivos debe reconocerse que por primera vez hallamos una lista de los criterios que deberían seguirse para priorizar uno u otro proyecto y que, además, se detalla cómo conseguir nuevos canales de financiación. Además, la Comisión presenta en un anexo cuatro ejemplos de proyectos que considera relevantes.
No obstante, algunos interrogantes permanecen abiertos. ¿En caso de querer lanzar un proyecto, a quién debe presentarse, a la Comisión o bien a al Presidencia francesa? ¿Y si se quiere presentar este tipo de proyectos, cómo debe hacerse la solicitud? Puesto que es evidente que la aprobación de proyectos en la cumbre será una mera formalidad, es imposible saber cuando, cómo y quién tomará las decisiones. Además, sorprende que entre los “nuevos proyectos” que la Comisión pone como ejemplos, al menos dos (la descontaminación marítima y la cooperación en protección civil) estén ya en funcionamiento en el marco del Proceso de Barcelona. ¿Quiere eso decir que los proyectios de la UpM se construirán sobre proyectos ya existentes, buscando financiación suplementaria? ¿No hay riesgo de duplicación de esfuerzos?
En contraste con la rigurosidad – a veces desproporcionada - a la que la Comisión nos tenía acostumbrados tras la crisis de la Comisión Santer, esta Comunicación es especialmente ambigua en cuanto a procedimientos, requisitos y medidas de control y evaluación. Aunque el calendario aprieta, la Comisión aún está a tiempo de negociar con la Presidencia francesa algún tipo de procedimiento, un appelle d’offres transparente para la presentación y selección de proyectos. Sólo así podrán desvanecerse las dudas razonables que unos y otros tendrán acerca de cómo se ha priorizado unos proyectos por encima de las demás propuestas.
En suma, estamos a poco más de dos meses de la cumbre de París y muchos esperaban esta Comunicación como ‘agua de mayo’. La Comisión debía resolver muchas de las dudas que ha generado una propuesta tan cambiante como esta Unión por el Mediterráneo. A pesar de que empieza a clarificarse la estructura institucional de esta nueva faceta de las relaciones euromediterráneas, en otras muchas cuestiones – y algunas de ellas son muy sensibles - la Comisión sólo ha aportado medias respuestas. Esto da un amplio margen de maniobra al ejecutivo de Nicolas Sarkozy de cara a la preparación de la cumbre que sólo la implicación de otros países como España y Alemania puede corregir.
Eduard Soler i Lecha
Coordinador del Programa Mediterráneo de la Fundación CIDOB