Inseguridad jurídica y xenofobia en Kirguizstán
Nicolás de Pedro
Investigador principal, CIDOB
10 de Abril de 2013 / Opinión CIDOB, n.º 186 / E-ISSN 2014-0843
Kamchybek Tashíev, líder del partido nacionalista xenófobo Ata Jurt de Kirguizstán, y dos de sus aliados, han sido condenados por una fallida intentona golpista el 3 de octubre de 2012. Esta vez, no ha habido componendas políticas ni ha cedido el tribunal a la presión de los cientos de simpatizantes de Tashíev que rodeaban el edificio, controlados por las fuerzas policiales. Tashíev y sus cómplices pasarán poco tiempo en la cárcel, pero han sido condenados tras unos juicios con garantías procesales, lo que no es poco en el contexto kirguiz donde la seguridad jurídica es aún muy débil.
No hace tanto, esta presión en la calle, unida a las concentraciones de las últimas semanas de marzo en la sureña Jalalabad y a los rumores que han circulado sobre el inminente retorno del ex presidente Kurmanbek Bakíyev de su exilio en Bielarús para encabezar una toma violenta del poder, habrían bastado para que el tribunal, siguiendo el criterio del Gobierno, absolviera a los acusados con la esperanza de calmar los ánimos. Las condenas son muy leves e, incluso, incongruentes con el artículo del Código Penal aplicado, pero razonables si consideramos lo torpe del intento. La imagen de Tashíev saltando la valla de un recinto parlamentario, al que como miembro del Parlamento tenía libre acceso, resume gráficamente lo grotesco (aunque no por ello menos peligroso) de lo sucedido aquel día.
También ha sido condenado recientemente Maksim Bakíyev, primogénito del ex presidente, que trató, literalmente, de saquear los principales activos económicos del país y los flujos de inversión extranjera durante el régimen de su padre (2005-2010). En este caso, con 25 años, se trata de una condena severa, aunque in absentia ya que Maksim Bakíyev se encuentra en el Reino Unido, donde se le ha concedido asilo político. Está, no obstante, pendiente de lo que decida un tribunal británico sobre la solicitud de extradición presentada por EEUU por sospechas de fraude y corrupción en relación con los suministros de la base norteamericana de Manás en el aeropuerto de Bishkek, capital de Kirguizstán.
Ésta y otras condenas pueden interpretarse como un ajuste de cuentas de los actuales dirigentes con el anterior régimen de Kurmanbek Bakíyev derrocado violentamente con la revuelta de abril de 2010 en Bishkek. Sin embargo, el Gobierno del clan Bakíyev fue tan nefasto y tan corrupto que estas condenas tienen un valor ejemplarizante que dignifica la nueva realidad institucional y la respetable labor de la ex presidenta interina Roza Otunbáyeva, durante el periodo de transición (abril 2010-octubre 2011).
Hasta aquí la cara buena del “país más democrático de Asia Central” como suele decir sarcásticamente un periodista de Osh, principal ciudad del sur del país. Y es que en los últimos tiempos, el país ha sido capaz de los desarrollos más esperanzadores –un Parlamento y elecciones mínimamente presentables–, pero también de las dinámicas más preocupantes –depauperación económica, violencia étnica y auge de un nacionalismo kirguiz xenófobo–. Entre las malas noticias recientes, sobresalen la precaria situación económica, con una contracción de la economía del 4,6% en los nueve primeros meses de 2012 (FMI) y un aumento del número de personas bajo el umbral de la pobreza, hasta alcanzar a más de un tercio de la población del país. El tándem formado por el presidente Atambáyev y el primer ministro Satybaldiev concentra su atención en mejorar la situación económica y atraer inversiones extranjeras. De momento, con escaso éxito. Según ha declarado el presidente kirguiz, los frecuentes altercados callejeros y los rumores sobre una ‘revolución inminente’ desincentivan la llegada de capital extranjero. Y si bien es cierto, no lo es menos la falta de voluntad gubernamental para afrontar seriamente el problema de la corrupción y la inseguridad jurídica.
Las noticias también hablan del auge de un nacionalismo xenófobo que inunda transversalmente toda la realidad política y socioeconómica de Kirguizstán. Poco tiempo atrás, en esos mismos tribunales que virtuosamente han condenado a golpistas y ex dirigentes corruptos, una turba ha agredido a los abogados y familiares de un acusado uzbeko ante la indiferencia de las fuerzas del orden. Y es que lo virtuoso en Kirguizstán se reserva para la resolución de cuestiones intra-kirguises. Cuando se trata de otras comunidades y particularmente, la uzbeka, todo vale y los abusos se multiplican.
En las últimas semanas han sucedido los juicios con escasas garantías y frecuentes agresiones, dentro y fuera del juzgado, contra imputados de etnia uzbeka con relación a la violencia étnica que sacudió el sur del país en junio de 2010. El Gobierno de Bishkek fue incapaz de contener la violencia en su día y no ha sabido afrontar las consecuencias. Por una mezcla de connivencia ideológica con los nacionalistas del sur y de incapacidad para imponer su voluntad, Bishkek no ha implementado ninguna medida de reconciliación y el sur de Kirguizstán sigue a merced de personajes como el controvertido alcalde de Osh, Melisbek Myrzakmátov.
Resulta significativo, por ejemplo, que el grueso de los condenados por los sucesos de junio de 2010 hayan sido uzbekos, precisamente la comunidad entre la cual se cuenta mayor número de víctimas. Y esta desproporción no es el mayor de los problemas. La arbitrariedad, la falta de garantías y el uso judicial con fines espurios resultan aún peores. Uno de los casos más lacerantes es el de Azimzhán Askárov, un conocido y veterano activista de derechos humanos. Fundador de una pequeña, pero activa ONG en el sur de Kirguizstán dedicada a denunciar y combatir la tortura y frecuentes abusos policiales, Askárov ha sido condenado a cadena perpetua por haber, supuestamente, asesinado a un policía durante aquellos días.
De igual forma, se ha acelerado el cierre de escuelas uzbekas y se ha eliminado la posibilidad de realizar exámenes de acceso a la universidad en esta lengua. Los nacionalistas kirguises pueden soñar con ello, pero negar administrativamente a una comunidad no hará desaparecer a los aproximadamente 800.000 uzbekos concentrados en el sur del país y que representan alrededor de un 15% de los 5 millones y medio de habitantes de Kirguizstán. Su situación es precaria, pero el tiempo no corre necesariamente en contra de la comunidad uzbeka de Kirguizstán. Pese a lo que parecen creer los nacionalistas kirguises más radicales, las condiciones actuales no son inamovibles y, por ejemplo, la política de contención del vecino Uzbekistán puede cambiar. Y los kirguises (nacionalistas o no) son más fuertes en el contexto del “sur de Kirguizstán”, pero claramente débiles y minoritarios si consideramos el conjunto del valle de Ferganá, más allá de la actual frontera, resultado de la decisión arbitraria de Stalin en su día y que no responde a un criterio étnico o geográfico. El riesgo de un potencial desbordamiento transfronterizo del conflicto es, pues, real.
Y un nuevo estallido de violencia interétnica en el sur del país no resultaría sorprendente. Como indica el informe de marzo de 2013 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, las causas y raíces del conflicto permanecen. Las autoridades kirguises deben impulsar medidas que garanticen la seguridad jurídica y acaben con prácticas discriminatorias o directamente xenófobas en la administración de justicia. Un paso imprescindible para promover la reconciliación interétnica en Kirguizstán y evitar nuevos enfrentamientos.
Nicolás de Pedro
Investigador principal, CIDOB