Geopolítica y criptomonedas en la República Centroafricana
La República Centroafricana (RCA) ha adoptado el bitcoin como moneda propia. La viabilidad técnica y económica del proyecto es harto dudosa, y puede acentuar la corrupción y el desgobierno en el país. Puede también debilitar el papel de Francia y por extensión de la UE, frente a una Rusia cada vez más involucrada en la región.
El 22 de abril de 2022 el parlamento de la RCA adoptó, por aclamación, el uso del bitcoin como moneda de curso legal. Se añade así al Franco CFA, usado por las antiguas colonias francesas de África. La decisión sorprendió a propios y extraños. Es el primer país africano en dar este paso y el segundo en el mundo, después de El Salvador de Bukele, que lo hizo el pasado año. El presidente centroafricano, Touadéra, saludó la decisión como “una gran oportunidad para la recuperación económica, la consolidación de la paz y la apertura de nuevas oportunidades para los ciudadanos, que sitúa el país entre los más innovadores y visionarios del mundo”. Recordemos que la RCA es el segundo país más pobre del planeta y se encuentra sometido a una endémica violencia e inestabilidad política, más acentuada desde 2013.
Los defensores del proyecto lo justifican por el potencial salto tecnológico que ofrece el Blockchain para superar las debilidades de un sistema bancario embrionario en un ambiente hostil. Solo uno de cada 20 habitantes posee una cuenta bancaria, en un vasto país enclavado, subpoblado e inseguro, cuya mayor parte escapa al control de toda autoridad. Sumido, además, a luchas intestinas entre grupos armados y fuerzas exteriores por el control de sus abundantes recursos naturales. Pero el funcionamiento de una criptodivisa requiere, en primer lugar, acceso a internet y en la RCA solo lo posee 1 de cada 10 habitantes, y solo el 15% tiene electricidad. En tales condiciones, considerar el bitcoin como la poción mágica para sacar la población de la pobreza es, cuanto menos, ilusorio. No existen tampoco recursos energéticos para el “minado” de bitcoins, ni financieros para adquirirlos. Además, la gran volatilidad de las criptomonedas puede acrecentar la inestabilidad crónica del país.
Hay que señalar otros factores, más importantes, que cuestionan la posibilidad de su uso correcto e incluso las razones últimas de su adopción. Las criptomonedas ofrecen, por el hecho de escapar a toda supervisión y control, la posibilidad de desarrollar actividades ilegales: cripto crimen, lavado de dinero, evasión fiscal, financiación del terrorismo y otros tráficos. Esta facilitación de la “ley de la selva” es especialmente peligrosa en un estado fallido. Más aún, en un país con una debilidad estructural de sus finanzas públicas y de su balanza de pagos, y donde una parte importante de sus recursos naturales - diamantes y oro - se exporta ilegalmente, dada su gran facilidad de transporte. Las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo) han reaccionado ya críticamente a la iniciativa, retrasando sus programas de ayuda, de los que el país depende financieramente.
Para Francia, cuyo Tesoro garantiza la convertibilidad del FCFA y conserva en depósito una parte importante de sus reservas, la decisión centroafricana representa una amenaza a su histórico papel tutelar. Para la RCA, al contrario, ofrece una posibilidad de debilitar la supervisión, o de escapar a ella en el caso, improbable pero no excluible, de abandonar su histórica zona monetaria. Francia, que lleva años tratando de reducir su influencia directa en la zona, ejercida históricamente desde el Elíseo, mediante el obscuro entramado de la llamada “Françafrique”, prefiere dejar la respuesta en manos de los órganos de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), en concreto su Banco Central (BEAC) y su Comisión Bancaria (COBAC), donde juega un papel importante. Esta última ya ha tomado cartas en el asunto, prohibiendo el uso de monedas digitales tanto para operaciones como para valoración de activos o pasivos. Habrá que ver como responden las autoridades centroafricanas.
El contexto político-militar expone otro importante ángulo del problema. La RCA se encuentra sometida a una situación de lucha armada, con masas de población desplazada, desde 2013. Naciones Unidas movilizó una fuerza de pacificación “MINURCA” con participación de la UE. Rusia, que había estado prácticamente ausente de la región desde la caída de la URSS – mientras China reforzaba su propia “Chinafrique” – empezó a jugar un papel activo desde el encuentro de Touadéra con el ministro Lavrov en 2017 y con Putin en 2018, que resultaron en un poco transparente acuerdo de cooperación militar. Ello abrió las puertas al grupo paramilitar Wagner, que se considera propiedad de Yevgeny Prigozhin, oligarca del entorno más próximo al presidente Putin. Los mercenarios de Wagner son conocidos desde su presencia en el Donbass ucraniano en 2014, y posteriormente en Siria y diversos puntos de África, como Libia, Mali, Sudán, Mozambique, Yemen y Madagascar.
El grupo Wagner actúa como agente oficioso del Kremlin, y brazo militar y económico de la penetración rusa. Asegura la protección del presidente centroafricano y juega un papel destacado en la formación y control del ejército. Tuvo un papel decisivo en sofocar el último intento de golpe de estado en enero de 2021. Pero fuentes fidedignas indican que actúa a menudo al margen de los acuerdos de paz existentes y confirman casos de ejecuciones sumarias, saqueos, exacciones y violaciones de derechos humanos a manos de sus efectivos. Las fuentes de su financiación son obscuras, por cuanto el presupuesto del estado no recoge pagos oficiales al grupo. Se autofinancia, al parecer, a través de concesiones mineras y servicios de seguridad prestados. Además, la última revisión del programa del FMI detectó opacidad en los gastos de defensa. Se han dado varios casos de asesinatos de periodistas que investigaban las actividades del grupo, en 2018 y recientemente. Ninguno ha sido aclarado hasta hoy. La UE decidió, desde finales de 2021, congelar los activos de Wagner, imponer sanciones a sus responsables e interrumpir el importante programa europeo de formación de las fuerzas armadas (EUTM).
Si a este contexto se añaden las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, en particular su exclusión del sistema internacional de pagos SWIFT -significativamente coincidente en el tiempo con la introducción del bitcoin en la RCA- resulta fácil comprender la facilidad para eludirlas. El caso adquiere así una dimensión geopolítica más amplia y refleja la pugna entre Francia y por extensión la UE y Rusia, por ganar influencia en el país y en la región.
Con la reciente caída abrupta de la cotización de las criptomonedas, El Salvador ha experimentado pérdidas millonarias. Este riesgo parece reducido en la RCA, dada su incapacidad de invertir reservas que no posee. La pregunta principal que plantea la introducción del bitcoin no es su posible impacto en la precaria situación financiera del país. Se trata de comprender su potencial para consolidar las debilidades inherentes a un estado fallido y corrupto. También de examinar su posible impacto en el resto de la región. La cuestión no es dilucidar si el bitcoin puede florecer en la RCA, sino si el país puede ahogarse, aún más, en la selva del bitcoin.
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