Estado de excepción en Ecuador: crisis de seguridad interna y amenaza regional

El aumento de los actuales niveles de violencia e inseguridad en Ecuador ha provocado la respuesta clásica de muchos gobiernos latinoamericanos: el despliegue del Ejército. Sin embargo, repetir medidas que se han demostrado ineficientes no resolverá la actual crisis de seguridad. Afrontar la amenaza que el crimen organizado y otros grupos violentos suponen para Ecuador implica necesariamente la participación de otras políticas más allá de las securitizadoras. 

El Gobierno de Ecuador ha dado un salto cualitativo importante para hacer frente al creciente aumento de la inseguridad en el país al anunciar el estado de excepción durante 60 días, y el despliegue del Ejército en las provincias con las tasas de inseguridad más altas, en patrullaje conjunto con la policía. Esta decisión no es ajena a la realidad latinoamericana de las últimas décadas, ya que otros países de su entorno han utilizado y utilizan al ejército para funciones de seguridad interior. La actual legislación permite la participación de las fuerzas armadas en situaciones de excepcionalidad, pero ello no significa que estas tengan las competencias necesarias para hacer frente a las amenazas que supone el crimen transnacional, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. Normalizar la presencia del Ejército en tareas de seguridad ciudadana y en el espacio público, aunque pueda mejorar la percepción de inseguridad de una parte de la ciudadanía ecuatoriana, es una estrategia a evitar porque, por si sola, no resuelve el problema si no se acompaña con el despliegue de políticas públicas integrales. De momento, este despliegue brilla por su ausencia. 

Los índices de inseguridad y violencia en Ecuador han subido en los últimos años, llegando a un punto peligroso desde un análisis de seguridad pública (y ciudadana). Con los datos actuales, 2021 acabará con una tasa superior a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras que no se registraban desde hace casi una década. En relación a los robos violentos, también se ha visto un aumento exponencial. Estamos todavía lejos de otros entornos latinoamericanos con niveles de violencia mucho más elevados y cronificados, pero no por ello deja de ser menos preocupante. Esta creciente inseguridad se debe a varios factores a tener en cuenta para entender cuáles son los retos de la actual administración, de la sociedad civil y del propio Estado. 

La decisión del presidente Guillermo Lasso de anunciar el estado de excepción en todo el país llega solo unas semanas después del que ya se había decretado en el sistema carcelario ecuatoriano, a principios de octubre, para intentar recuperar el control en las prisiones. Los enfrentamientos mortales que se sucedieron en algunas cárceles ecuatorianas, principalmente en la cárcel de Guayas, en las afueras de Guayaquil, la segunda ciudad del país, fueron un claro aviso de la situación crítica que se vive en el sistema penitenciario. Esta violencia no es nueva (durante el mandato de Lenin Moreno ya se produjo una situación similar), y responde a una lucha de poder dentro de las cárceles entre diferentes grupos criminales, entre los que destacan Los Choneros y Los Lagartos, dos de los mayores grupos criminales en Ecuador, que han convertido los penales en auténticos centros de poder del crimen organizado, como ya ocurre en otros países latinoamericanos. Brasil, Honduras, México o El Salvador han sido una buena muestra de ello. 

Pero esta tensión en las cárceles ecuatorianas no explica, por si solo, el aumento de los niveles de violencia en el país. El narcotráfico, el contrabando de armas y una presencia cada vez más activa de crimen organizado transnacional acaban de conformar el cóctel perfecto de la situación actual. Ecuador ha sido históricamente un país de tránsito, tanto en la compra-venta de armas entre Estados Unidos y Sudamérica, como en el narcotráfico regional e internacional. Su vecindad con Colombia no ayuda mucho. Tampoco que Ecuador tenga una economía dolarizada. Si durante muchos años pandillas locales y organizaciones criminales transnacionales habían optado por un cierto perfil bajo, que se veía reflejado en niveles de violencia e inseguridad también relativamente bajos, en los últimos tiempos estos grupos han adoptado mayor visibilidad, junto con la aparición de nuevas estructuras criminales. La lucha por el control de los mercados, y de los territorios, se ha generalizado en algunas provincias. De la cooperación a la rivalidad. También ha sido clave el papel más proactivo y eficiente de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, en colaboración con otros servicios de inteligencia y seguridad de terceros país (por ejemplo, de Estados Unidos), en la lucha contra el crimen organizado, grupos de narcotráfico y pandillas. El puerto de Guayaquil, uno de los más importantes en toda América Latina, ha sido el centro de muchos de los operativos policiales en los últimos años. 

Ante este panorama, el Gobierno ha optado por la solución fácil, que además es ineficiente. El despliegue del Ejército en las calles ecuatorianas no acabará con el problema real de violencia. La declaración del estado de excepción en todo el país coincide, también, con una situación política y social interna muy inestable, y la llegada al poder del presidente Lasso el pasado mes de mayo, no ha rebajado la tensión acumulada con las últimas presidencias. Además, el enfrentamiento público entre el ejecutivo y la oposición ha subido muchos enteros en los últimos días, hasta el punto que el presidente Lasso ha acusado a parte de la oposición de golpismo. Los ecos de las protestas de 2019 todavía resuenan en el país porque las demandas de una parte de la sociedad civil ecuatoriana no fueron atendidas, ni mucho menos resueltas. 

El Gobierno de Lasso debe afrontar los desafíos actuales en materia de inseguridad sin limitarse únicamente a las respuestas securitizadoras. No funcionan. El reto actual es de orden público, pero también de salud pública, y exige un amplio despliegue de políticas en materia educativa, productiva, fronteriza o judicial. Es necesario reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad e inteligencia para hacer frente la criminalidad transnacional. También, actualizar las estrategias nacionales de seguridad. Y, sobre todo, no abordar la crisis actual con medidas únicamente cortoplacistas. Es un reto del Estado ecuatoriano, no solo para el Gobierno. 

Palabras clave: Ecuador, violencia, estado de excepción, Ejército, América Latina, seguridad, criminalidad, Lasso

E-ISSN: 2014-0843