El nuevo Parlamento venezolano: El reto del consenso

Valentina Oropeza,
periodista y asistente de Investigación de CIDOB

21 de octubre / Opinión CIDOB, n.º 88

El domingo 26 de septiembre los venezolanos madrugaron al toque de la diana, señal de alerta que el presidente Hugo Chávez trasladó desde los cuarteles hasta las calles de ciudades y pueblos para anunciar el inicio, siempre a las 4:30am, de las jornadas electorales.

Chávez apostó de nuevo por la retórica del plebiscito para movilizar a los fieles, espantar a los detractores y despertar a los indiferentes frente a la elección de 165 diputados para la Asamblea Nacional y 13 representantes al Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Paradójicamente, esa estrategia hizo aún más elocuente la contradicción de los resultados: la coalición opositora obtuvo más votos, pero la bancada oficialista consiguió más escaños. Ambos ganaron, pero ambos perdieron.

La suma de fuerzas opositoras acumuló 5,7 millones de sufragios, equivalentes al 52% del universo nacional de votos correspondientes a la elección del Parlatino. Sin embargo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente Hugo Chávez, consolidó su supremacía en 16 de los 24 estados del país y alcanzó la mayoría de los escaños en disputa.

Tres elementos fundamentales condicionaron estos comicios. En primer término, la recomposición de los circuitos electorales, aprobada por el Consejo Nacional Electoral en enero de este año, permitió maximizar el voto chavista y reducir la eficacia del voto opositor, especialmente en las grandes ciudades donde el Gobierno ha perdido apoyo popular. En segundo término, la reforma general de la Ley de Procesos Electorales, aprobada el año pasado por el Parlamento actual, transformó el sistema mixto que priorizaba la representación proporcional en uno casi totalmente mayoritario. El último factor es la sobrerrepresentación de los estados menos poblados establecida en la Constitución de 1999, que garantiza a la plataforma oficial más diputados en las zonas donde cuenta con sólidas mayorías desde hace más de una década. Esta combinación de viejas disposiciones y recientes modificaciones violenta el principio de representación proporcional consagrado en la Carta Magna (artículo 63).

A pesar de las contradicciones legales, el 5 de enero de 2011, con la nueva configuración de la Asamblea Nacional, se acabarán 5 años de absoluta hegemonía oficialista en el Parlamento venezolano. El Poder Legislativo estará conformado por 98 diputados del PSUV, 65 de los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y otros 2 representantes del partido disidente del chavismo Patria Para Todos (PPT). Esta repartición rescata el principio democrático de representación que se perdió en 2005 tras la retirada de la oposición de las elecciones. Sin embargo, impone a los actores políticos el reto de encontrar consensos en un país peligrosamente acostumbrado a etiquetar a las instituciones con colores, y a discriminar a las personas con motes ideológicos.

Chávez se enfrenta al desafío de lidiar con un Parlamento que ya no le garantiza la mayoría calificada (110 diputados) para aprobar leyes orgánicas o designar a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, o el Poder Ciudadano. Tampoco cuenta con las tres quintas partes (99 escaños) necesarias para sancionar leyes habilitantes que le permitirían legislar por decretos ejecutivos, sin embargo, el oficialismo sí suma más de la mitad de los escaños imprescindibles para promover iniciativas legales ordinarias, dominar la directiva del Parlamento y definir la composición de las comisiones permanentes de trabajo en la próxima legislatura.

La oposición, por su parte, no sólo intentará frenar la locomotora legislativa roja; también, deberá sortear las luchas entre los partidos para diseñar estrategias comunes que les permitan enfrentarse al Gobierno socialista tanto dentro como fuera del Parlamento. Un Nuevo Tiempo (UNT) es el partido opositor más votado (1.018.102 de sufragios) y será la segunda fracción después del PSUV, con 15 representantes principales. Fundado por Manuel Rosales (el candidato que perdió los comicios presidenciales contra Chávez en 2006), UNT pierde capital electoral con cada votación y ahora se concentra casi totalmente en el estado Zulia. Primero Justicia (PJ) es la segunda fuerza opositora al sumar 960.681 votos, aunque sólo tendrá 6 diputados; mientras Acción Democrática (AD), icono socialdemócrata de la vieja política apestada por el discurso revolucionario, resucitó para ser la tercera fuerza más numerosa en el Parlamento, tras obtener 823.390 votos y una fracción de 14 parlamentarios.

Otros partidos de oposición más pequeños (los demócrata cristianos Copei, Proyecto Venezuela y Convergencia; los socialdemócratas Alianza Bravo Pueblo y Podemos; y el partido de izquierda Causa R) consolidaron sus respectivas hegemonías regionales. El bloque disidente se completa con 8 parlamentarios no partidistas que provienen de medios de comunicación, grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué puede lograr la bancada opositora con 67 diputados? Esencialmente estimular el debate sobre los asuntos que han quedado rezagados en el repertorio de discusiones de la Asamblea Nacional, como por ejemplo la inseguridad ciudadana, que no figura en el historial de debates del Parlamento desde 2001 a pesar de que cifras extraoficiales indican que al menos 19.113 personas fallecieron en ataques del hampa común en 2009.

Los diputados opositores pueden bloquear la aprobación y reforma de leyes orgánicas, romper el quórum de las sesiones ordinarias y obligar al chavismo a negociar la designación o destitución de miembros de los poderes públicos. Sin embargo, no podrán por sí solos sancionar, proponer, o impulsar proyectos de ley, ni siquiera la interpelación de funcionarios públicos. De hecho, la influencia institucional de la oposición puede disminuir aún más si el Parlamento actual aprueba una reforma al Reglamento de Debates antes del 15 de diciembre, cuando culminarán sus funciones. Portavoces del gobierno de Chávez ya han señalado que aprobarán “todas las leyes que hagan falta” antes de que termine el período de sesiones de este año, para limitar la incidencia del bloqueo opositor a partir de enero.

Chavismo y oposición mantienen la guerra declarada. Sin embargo, las elecciones del 26 de septiembre regalaron al país la posibilidad de que los actores políticos se reencuentren cada día en debates formales en la plenaria y en negociaciones informales en los pasillos de un Parlamento que está llamado a tocar la diana en contra de la polarización política y alentar la búsqueda de consensos.