El verdadero “empujón” hacia la paz
El pasado 3 de febrero, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo referencia a la supuesta firma del fin del conflicto en La Habana, programada para el pasado 23 de marzo, en una conferencia dictada en el Wilson Center de Washington. Durante la conferencia y utilizando la analogía del paracaidismo, el presidente confesó que, a pesar de las advertencias de sus consejeros, él había decidido establecer un día “D” con el objetivo de darle un “empujón” al proceso de paz. El presidente mencionó que, como un paracaidista a punto de lanzarse al vació, la guerrilla tiene miedo a dar el salto definitivo. A día de hoy sabemos que lo que era una verdad a voces se ha cumplido. Es decir, que una firma prematura de las cuestiones claves que quedaban por acordar en La Habana era inviable y que nuevos desacuerdos han ido creciendo en la mesa de negociación. Sin embargo, lo que sí supone un “empujón” hacia el posible fin del conflicto en Colombia es el anunció del inicio del proceso de paz con la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional.
Los inconvenientes que imposibilitaron la firma de un acuerdo final el pasado 23 de marzo en La Habana no son nada desdeñables. En primer lugar, los líderes de las FARC-EP, Joaquín Gómez, José Santrich e Iván Márquez, viajaron a Colombia en la últimas semanas de febrero con el objetivo de hacer pedagogía para la paz, o lo que la guerrilla llamó “la socialización de los acuerdos”, entre las bases de la guerrilla. Aunque este viaje contaba con la aprobación del gobierno, nadie se esperaba que los líderes de la guerrilla aparecieran en el corregimiento del Conejo, en el Departamento de La Guajira, junto grupos armados de las FARC-EP, para hacer ese ejercicio de socialización ante la población de la zona. Así pues, lo que debía ser un ejercicio de cohesión de la filas de las FARC-EP, terminó siendo un “empujón en falso”, un “ejercicio de proselitismo armado” según el gobierno.
Mientras esto sucedía en la Guajira, en Bogotá los partidos políticos discutían si apoyar o no la reforma de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997) que regula el establecimiento de zonas de ubicación de la guerrilla para el proceso de dejación de armas. Un paso nada desdeñable dada la memoria que el país tiene del nefasto resultado que tuvo la zona de distensión de San Vicente del Caguándefendida por el ex presidente Andrés Pastrana (1998). Finalmente, tras varias discusiones entre los partidos políticos, el Congreso decidió darle un “empujón” al proceso aprobando la reforma bajo los preceptos de que estas zonas sean temporales, alejadas de áreas urbanas, de cultivos ilícitos, minería ilegal y áreas fronterizas y que cuenten con la verificación de una instancia internacional, entre otras instancias. El inconveniente es que, a ojos de las FARC-EP, esta reforma supone fijar los cimientos de “una cárcel al aire libre”. Al gobierno se le sigue presentando el gran reto de conciliar dos mesas distintas de negociación: la de La Habana y la del Congreso.
Otro motivo de discordia entre las partes es el método de refrendación de los acuerdos. Para los líderes de las FARC-EP el mejor método deber ser una asamblea constituyente. Para el presidente Santos, la refrendación de estos acuerdos la debe hacer la sociedad colombiana a través de un plebiscito. Detrás de estas dos preferencias se esconden dos cuestiones de fondo. Por un lado, la necesidad de hacer de estos acuerdos una política de estado y no sólo de gobierno - sobre todo teniendo en cuenta el año preelectoral que se avecina en 2017- y, por otro lado, la falta de confianza que tienen ambas partes de que la sociedad colombiana refrende lo acordado en La Habana. Según la última encuesta de Colombia Opina, encargada por los medios de comunicación colombianos, el 83% de los consultados (67% de la población urbana adulta) opina que la firma del proceso de paz debe ser refrendada por voto popular y añade que, en caso de convocarse un plebiscito, el 33% de los consultados manifestó votar por el sí, el 25% por el no, mientras que el 37% respondió que abstendría de salir a votar.
Además de estas turbulencias experimentadas durante la primera parte del año, se debe recordar que los capítulos que quedan por acordar en la mesa de negociación son extremadamente relevantes para asegurar el futuro del post-conflicto. En concreto, aún quedan pendientes por acordar el punto tres sobre el “Fin del Conflicto” (alto al fuego bilateral, dejación de las armas por parte de las FARC-EP, la reincorporación de los combatientes y el esclarecimiento del paramilitarismo), y el punto seis sobre los mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos. Un punto que hubiese sido oportuno tener a mano para evitar una situación como la de la Guajira el pasado mes de febrero. Dada la importancia de los puntos que quedaban para llegar a un acuerdo final, era de esperar cualquier retraso en la agenda que pudiera implicar un menoscabo en los acuerdos.
Ahora bien, lo que sí ha supuesto un verdadero avance para la paz en Colombia es el anuncio sobre el inicio del proceso de paz entre el gobierno y el ELN anunciado el pasado 30 de marzo. Este anuncio y el hecho de que su agenda negociadora se valga de los acuerdos alcanzados en La Habana –sobre todo en materia de víctimas e implementación de los acuerdos- suponen una garantía para aquellos que temían un futuro proceso de desmovilización de las FARC-EP que dejase al margen al ELN. Este nuevo paso supone un avance más para conseguir el fin del conflicto en Colombia.
Por lo tanto, en un contexto de desaceleración económica (devaluación del peso colombiano con respecto al dólar, caída de los precios del petróleo y aumento del déficit) y escepticismo social hacia el presidente como el que se está viviendo en el país (según la encuesta realizada por Gallup Colombia en febrero del 2016, el 69% de los colombianos desaprueba la gestión de Santos), las turbulencias del primer cuatrimestre del 2016 hacen imperativo que las partes en el conflicto hagan un ejercicio de conciencia. El gobierno debe entender que un “empujón” a destiempo puede ser una caída al vació, de gran coste social y político. Las FARC-EP y el ELN, por su parte, deben comprender que ha llegado el momento de dar el salto definitivo a la paz con hechos, de lo contrario nunca empezarán a recuperar la legitimidad social perdida en estos 60 años de conflicto. En definitiva, todas las partes deberían ser conscientes que esta dinámica de desdenes les puede llevar a perder el apoyo de aquellos que hoy por hoy tienen la última palabra sobre lo acordado: la sociedad colombiana.
D.L.: B-8439-2012