Dilma Rousseff, equilibrios en la cuerda floja
Anna Ayuso, Investigadora sénior, CIDOB
A la presidenta de Brasil Dilma Rousseff le mueven la silla desde muchos frentes. La ajustada victoria que obtuvo en las urnas hace menos de un año le ha deparado un escenario de fuegos cruzados que pone a prueba la gobernabilidad del país. Se enfrenta a una oposición crecida que pide su retirada, unos aliados inestables que exigen más poder, una parte de la opinión pública hostil a causa de la corrupción y los malos resultados económicos, otra parte de la población, la que le dio el triunfo, desafecta por lo que considera una claudicación de la presidenta a las exigencias de la élite económica y sus medidas de austeridad y, por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas ha dictaminado, el pasado 7 de octubre, su recomendación al Congreso de rechazar las cuentas fiscales del 2014 por irregularidades. Según este Tribunal, el gobierno habría violado la ley de Responsabilidad Fiscal al aprobar gastos no obligatorios con fines electoralistas a sabiendas de que se estaba generando déficit público. En Brasil se ha conjugado el agotamiento de un ciclo político que ha mantenido al PT (Partido de los Trabajadores) al frente del gobierno por más de 12 años, y un cambio de ciclo económico que ha conducido al país de la euforia de la expansión a la resaca de la recesión, que hoy se calcula en al menos -2%, combinada con una inflación del 9,4%. La caída de la demanda de China, su principal socio importador, y la bajada de los precios de las materias primeas como el petróleo y la soja han reducido el motor exterior del crecimiento y con ello han provocado la caída de los ingresos fiscales.
Este escenario ha conllevado una debacle en la aprobación de Dilma por parte de la opinión pública, por debajo del 10%. Pero también ha influido en la imagen externa del país, reflejada en una drástica reducción de la inversión externa y en la rebaja de la calificación inversora de la agencia de calificación Standard & Poor’s. La primera señal de que las cosas no iban tan bien como se hizo creer en la campaña electoral fue el nombramiento como Ministro de Economía de Joaquin Levy, un economista de la Escuela de Chicago encargado de regresar las finanzas a la ortodoxia y acabar con el déficit público primario en que se incurrió durante los meses de campaña electoral, aunque se intentara maquillar en las cuentas. Llegaron los recortes, y en contra de lo que Dilma prometió en su carrera a la re-elección, éstos también han afectado a las políticas sociales. El final de la política expansionista empieza a tener reflejo también en el desempleo que, aunque aún se mantiene alrededor del 7,5%, es la espada de Damocles que pende sobre el gobierno.
A ello se suma el cerco de corrupción que se ha destapado en Petrobras y otras grandes empresas y pone al descubierto una red de complicidades y tráfico de influencias que afecta a toda la clase política. El expresidente Lula da Silva, la propia Rousseff y el Vicepresidente Temer (del primer partido de la coalición gubernamental el Partido del Movimiento democrático brasileño, PMDB) son investigados por donaciones de empresas realizadas durante la campaña electoral. Aunque no se ha logrado vincular directamente a Rousseff con los escándalos de corrupción, los críticos señalan que estos casos son lo suficientemente próximos a la presidenta como para estar totalmente ciega a lo que estaba ocurriendo y piden responsabilidades políticas. De todo ello, y de las movilizaciones sociales que agitó la oposición, surgió el fantasma del impeachment por parte del Congreso a la Presidenta con el que se amenaza desde distintos frentes.
El gobierno confía en una recuperación económica que hoy parece muy incierta. Ante la desaceleración de la demanda china, Dilma se ha acercado a Estados Unidos y ha buscado el apoyo de otras potencias como Alemania, como demuestra la visita de la canciller, Angela Merkel, en agosto de 2015 en plenas movilizaciones pro-impeachment. Rousseff trata de transmitir el mensaje de que con la recuperación de la ortodoxia económica los capitales volverán a Brasil. Ese fue su discurso en la alocución del pasado 28 de septiembre con el que Brasil inició las intervenciones de los Jefes de Estado ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Frente a las proclamas revisionistas de potencia emergente que habían dominado sus intervenciones en otras ediciones, la presidencia brasileña lanzó esta vez un mensaje de responsabilidad y confianza en la recuperación. Pero con una economía poco abierta al exterior, un mercado interno con demanda mermada, recortes de gasto público y altos tipos de interés para contener la inflación no parece que pueda darse un vuelco rápido que de oxígeno al gobierno.
Por su parte, el PMDB, que garantizó la estabilidad tanto de los tres anteriores gobiernos del PT con Lula y Dilma, como anteriormente los del PSDB de Fernando Henrique Cardoso, está obligando a Rousseff a un equilibrio funambulesco en el que la presidenta ha vuelto a recurrir a la habilidad pactista de Lula, a quien se ha visto en primera fila durante las negociaciones de remodelación del gobierno presentada el 5 de octubre, apenas nueve meses después de iniciar el mandato. El PMDB consigue dos carteras más, a pesar de que estas se han disminuido, sumando la de Sanidad y la de Ciencia y Tecnología a las 5 que tenían, incluyendo la Vicepresidencia de Michel Temer. El PT en cambio pasa de 13 a 9 ministerios. El PMDB ostenta además la presidencia de ambas cámaras parlamentarias desde donde Eduardo Cunha, al frente de la Cámara de Diputados, ejerce una dura oposición que crece a medida que se aproxima a él la implicación en el escándalo de Petrobras.
Rousseff ha incorporado también hombres de confianza de Lula como Jaques Wagner (ex-gobernador de Bahía) en la Casa de Presidencia y ha desplazando a su propio hombre de confianza, Aloizio Mercadante. Esto se da en un contexto de crecientes críticas por parte de los movimientos sociales hasta hace muy poco aliados del PT y la huida de algunos petistas de pedigrí a otras formaciones emergentes como la Red de Sustentabilidad capitaneada por Marina Silva o el Partido Socialista de Brasil. El cambio de correlación de fuerzas en el gobierno trata de conseguir una estabilidad política suficiente para aprobar los presupuestos de la austeridad y evitar el juicio político. Pero se albergan serias dudas sobre unos pactos que parecen meramente tácticos y, dado que el PMDB ha expresado la voluntad de presentar su propio candidato a la presidencia en las próximas elecciones, solo tiene que esperar el mejor momento para dejar caer al gobierno. Lula está de nuevo jugando en primera fila y Rousseff sigue en su silla pero hoy es difícil saber quién mueve los hilos en Planalto y hasta cuándo. Mientras tanto, las reformas estructurales, incluida la política, siguen aplazándose.
D.L.: B-8439-2012