Migraciones: ¿reformar o retroceder?

En septiembre de 2020 la Comisión Europea hizo pública su propuesta de un nuevo Pacto de Migraciones y Asilo para la Unión Europea (UE). Dicho plan buscaba corregir improvisaciones y omisiones en la gestión que Europa había hecho frente a la llegada de un número inusualmente alto de desplazados forzosos procedentes de Oriente Próximo y África. El objetivo declarado era triple: fortalecer las fronteras exteriores de la Unión, ordenar la llegada y acogida de solicitantes de asilo, y alinear los flujos de movilidad laboral con las necesidades presentes y futuras de los estados miembros. 

Casi dos años después, y en medio de un ambiente político cada vez más enrarecido, Europa solo ha alcanzado el primero de sus tres objetivos. El acuerdo para la impermeabilización selectiva del perímetro exterior de la Unión expresa los intereses de una parte –los estados del Sur y Este de la UE– y la voluntad política del resto. Las instituciones comunitarias financian e impulsan la construcción de vallas físicas y virtuales, despliegan una activa política de soborno o chantaje institucional con los países de origen y tránsito, y repiten a quienes quieran escuchar que la llegada sin invitación solo tendrá como respuesta el hostigamiento y la deportación. La manifestación más tangible de esta deriva es la metamorfosis de Frontex, una agencia que en tan solo una década y media de vida ha multiplicado por 77 su presupuesto y que hoy está embarcada en el reclutamiento, despliegue y equipamiento (armas incluidas) de 10.000 guardias fronterizos. Su colaboración simbiótica con la industria de la tecnología y el armamento representa lo que Europa entiende por una Gestión Integrada de Fronteras; una actitud en la que no es infrecuente la vulneración de las normas nacionales e internacionales ya sea a través de devoluciones en caliente, la desatención de los derechos de la infancia o las detenciones prolongadas y arbitrarias de migrantes. 

En materia de protección y asilo, las desavenencias son solo parciales. Todos los estados coinciden en que no quieren muchos refugiados en Europa, si bien existen divergencias respecto a cómo lograrlo. Unos –los estados miembros del Mediterráneo y Alemania– se postulan por lograr el apoyo de Turquía, Libia y otros terceros países, tras fracasar el Pacto de Dublín y un reparto solidario de la responsabilidad de protección. Otros –el llamado Grupo de Visegrado– prefieren blindar las fronteras a toda costa. Todos los demás –empezando por unos países nórdicos cuya solidaridad vivió tiempos mejores– prefieren mirar hacia otro lado. El resultado es un mínimo común denominador, que ha convertido a la UE en un territorio hostil al asilo, torpedeando un sistema internacional de protección del que Europa había sido el adalid durante décadas. 

Cuánto de todo esto cambiará con la crisis ucraniana está aún por ver, si bien la solidaridad demostrada hasta el momento no tiene parangón en los últimos setenta años. Instituciones comunitarias y nacionales han dado casi por arte de magia¹ con todos aquellos recursos materiales y legales que nadie fue capaz de activar en 2015, como la «Directiva de Protección Temporal», que se ha aplicado por primera vez desde la guerra de los Balcanes. Sin embargo, conviene no hacerse ilusiones. En esta guerra, «ellos» son «nosotros», lo que ha llevado a Polonia y otros países fronterizos a reconocer que existen refugiados de primera y de tercera clase. No obstante, es de esperar que un conflicto duradero y un desplazamiento prolongado que sobrecargue la paciencia y los servicios públicos de los países de acogida pueda evaporar la solidaridad de manera fulgurante. 

Caso aparte es la gestión del 90% restante de la población en movimiento, los trabajadores migrantes y sus familias. La paradoja de este grupo es que Europa les necesita tanto como ellos necesitan a Europa y, pese a ello, ha decidido ignorarles. La obsesión por el control migratorio y la reducción discursiva de la movilidad humana a una amenaza o a un problema humanitario nos ha impedido reconocer lo que tenemos frente a nuestras narices: que las migraciones constituyen un fenómeno natural, atávico y altamente beneficioso cuando se producen de manera ordenada y segura. Pero ese orden es imposible cuando la UE se empeña en establecer un sistema de puerta semicerrada que ignora las pulsiones más básicas de empuje y atracción. La principal es la existencia de un mercado de trabajo dinámico y sostenido por una población autóctona cada vez más envejecida. Incluso en un país como España, con un nivel de desempleo relativamente alto, los expertos coinciden en la necesidad de dotarse de una mano de obra de cualificación alta, media y baja que supla nuestras carencias e impulse la creación de empleo para el resto de nacionales. 

Necesitamos desesperadamente un nuevo régimen migratorio global. Lamentablemente, lo que sucede hoy en Europa no es una excepción; está en plena sintonía con territorios como el Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Las migraciones se han convertido hoy en una de las armas más poderosas de la franquicia nacionalpopulista global, que intenta establecer un nuevo orden iliberal que va mucho más allá de la gestión de las fronteras. Precisamente porque corremos el riesgo de volver atrás en el tiempo, estamos obligados a empujar hacia delante. El reformismo migratorio debería ser parte esencial de la defensa del sistema internacional basado en reglas y derechos que pregona la UE. 

¿Qué significa este reformismo en la práctica? Un primer paso sería trazar unas líneas rojas bien definidas con respecto a los derechos y libertades existentes. La UE no puede afearle a Polonia y Hungría el laminado de la independencia judicial y, al mismo tiempo, poner Frontex a su servicio cuando se comportan como matones fronterizos. Tampoco puede esperar un Sahel democrático cuando su política de externalización del control migratorio le lleva a financiar déspotas en toda la región. Un modo eficaz de no perpetuar las autocracias es no respaldarlas política y económicamente. 

El segundo paso es reconsiderar un modelo de protección y asilo que ha dado incontables evidencias de su inoperancia y su crueldad. La UE puede pasar otros siete años buscando la cuadratura del círculo, ya que en realidad solo hay dos opciones: convertir nuestras fronteras en espacios aún más hostiles y plegados a la industria del control migratorio; o aceptar un reparto equitativo y obligatorio de la responsabilidad de protección, adecuadamente sostenido por recursos comunes y mecanismos de solicitud en origen y tránsito. La crisis global de desplazamiento forzoso no va a remitir en el futuro, más bien lo contrario. La proliferación de shocks naturales extremos, la regresión democrática y el reposicionamiento geopolítico por la vía de los conflictos regionales expandirán un fenómeno que en los últimos años crece de manera exponencial. ¿Qué legitimidad tendremos para exigir el compromiso de otros cuando nosotros nos hemos desembarazado tan rápidamente del nuestro? 

El tercer paso implica llevar a la práctica el espíritu del Pacto Mundial de Migraciones con respecto a la movilidad laboral. En esencia, se trata de extender a este sector la misma racionalidad política que hemos utilizado para gestionar otros ámbitos de la economía. Porque este es, en buena medida, un debate económico que debe traer a la mesa de debate a empresarios, sindicatos y ministerios de Trabajo, no a gendarmes y trabajadores humanitarios. El «Norte global» tiene mucho que aprender de la experiencia de países como Nueva Zelanda o Canadá a la hora de alinear sus políticas migratorias con las necesidades de sus mercados de trabajo. Organizaciones como Labor Mobility Partnerships² han identificado una miríada de pequeñas buenas prácticas que podrían ser replicadas y llevadas a escala, buscando el triple impacto positivo: en las economías de destino, en las oportunidades de quienes migran y en el desarrollo de los países de origen. La lógica en este campo debe ser la del escalador: probar, asegurar y avanzar. Hay pocos territorios de la política pública donde la innovación y las alianzas improbables resulten tan necesarias como en este. 

Se ha convertido en un lugar común afirmar que estamos ante encrucijadas de la historia. Pero creo sinceramente que la de las migraciones sí es una de ellas. Las decisiones que tomemos ahora en este campo determinarán nuestras democracias y nuestro ascendiente global mucho más allá de este asunto y de este tiempo. En el mundo al que dicen aspirar España y la UE, todos somos migrantes, porque todos venimos de alguna parte y tenemos el derecho a una existencia digna y libre. Estaría bien que lo recordásemos de vez en cuando.

Notas:

1. Véase Benton, Meghan y Selee, Andrew. «The Ukrainian Conflict Could Be a Tipping Point for Refugee Protection». Migration Policy Institute, mayo de 2022. (en línea). https://www.migrationpolicy.org/news/ukrainian-displacement-refugee-protection 
2. La página web de la organización se encuentra disponible en: https://lampforum.org/