Reseña de libros | El conocimiento y la democracia como fuente de la legitimidad

Allan David Rodríguez Aristizábal, profesor de tiempo completo, Facultad de Derecho, Universidad de Medellín; investigador predoctoral en Estudios Políticos y Jurídicos, Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

Juan Camilo Restrepo Restrepo, estudiante de maestría en International Human Rights Law, Lund University (Suecia)

Peter, Fabienne. The grounds of political legitimacy. Oxford University Press, 2023, 232 págs. 

¿Por qué obedecemos al Estado y cuándo son sus órdenes legítimas? Esta es una cuestión esencial presente en Occidente desde la Antigüedad, y hoy es menester preguntarse por el fundamento contemporáneo de la legitimidad estatal, debido a los retos derivados de las nuevas tecnologías, la inestabilidad del sistema político internacional y el cuestionamiento a los ideales democrático-liberales. En este contexto, la profesora Fabienne Peter, de la University of Warwick (Reino Unido) desarrolla su texto The grounds of political legitimacy –Los fundamentos de la legitimidad política–.

La sección 1 (compuesta por cinco capítulos) comienza definiendo la legitimidad como la autorización dada por un grupo para que alguien tome decisiones de carácter obligatorio (que no debe entenderse como un derecho a ordenar u obligar) (p. 3 y 9-11). Por consiguiente, es posible estar en desacuerdo con tales decisiones, pero en principio se estará obligado a cumplirlas si quien las expidió gozaba de legitimidad (cap. 1). Pero ¿cuál es el origen de esa obediencia y su correlativa legitimidad? La autora responde a esta pregunta narrando tres posibles posturas que originan la legitimidad, acompañándolas de su respectiva refutación: (i) la voluntad política (political will), donde la participación ciudadana determina el quehacer político, sin embargo, esta puede caer en la arbitrariedad y no necesariamente lleva a tomar decisiones correctas (cap. 2); (ii) los hechos normativos (normative facts), que en abstracto determinan lo que es legítimo por medio de criterios definitivos de lo justo, lo bueno, lo ideal (usualmente de tinte moral), y de ellos se deriva la decisión política correcta y su legitimidad; estos tienen como refutación el problema de la accesibilidad, en tanto que no es accesible a todos determinar en abstracto un criterio definitivo de lo legítimo o adecuado para los casos concretos (cap. 3), y (iii) la autoridad cognitiva política (political cognitive authority), que surge de los conocimientos técnico-científicos sobre un tema que permiten la generación de creencias justificadas sobre lo correcto y legítimo; empero esta postura trae la dificultad de que no siempre es posible determinar epistemológicamente la mejor posición por falta de claridad entre los expertos o falta de información (cap. 4).

En vista de las falencias de cada postura, Peter propone una perspectiva híbrida, al indicar que, cuando haya suficiente autoridad cognitiva (es decir, suficientes elementos y conocimientos fácticos), debe ser esta el fundamento de la legitimidad, y solo ante la ausencia de ella se puede recurrir a la voluntad política, entendida esta como el proceso de mediación entre posturas políticas válidas. A este fundamento de la legitimidad la denomina la responsabilidad epistémica, al permitir unir conocimientos y creencias bien fundamentadas con la voluntad ciudadana (cap. 5). 

La sección 2 de la obra (compuesta por cuatro capítulos), se centra en detallar cómo se pueden tomar decisiones políticas desde la concepción de la responsabilidad epistémica, explicando que se debe garantizar una deliberación política adecuadamente organizada en la que no bastan las reglas formales de participación y debate, sino donde también cobran relevancia reglas argumentativas y basadas en evidencias, de modo tal que se justifique de manera suficiente una decisión política y así poder afirmar su legitimidad (cap. 6). En ese proceso de argumentación para la búsqueda de una decisión basada en creencias debidamente justificadas es fundamental conocer el contexto político particular y demostrar no la verdad de sus afirmaciones (que es un ideal difícil de alcanzar y podría excluir posturas que sin aspiración de verdad, son importantes), sino la suficiente evidencia de estas, al igual que contar con la participación de diferentes puntos de vista bien justificados (cap. 7).

En consecuencia, la autora establece que, ante la existencia de un cuerpo robusto y unificado de evidencias, de experticia suficiente y de una posición claramente identificada como la correcta, entonces debe darse prelación a la autoridad política cognitiva por encima de la voluntad política, sin por ello caer en un sistema autoritario, puesto que en el proceso político sigue existiendo deliberación, tolerancia al disenso y responsabilidad pública (cap. 8). Sin embargo, para poder llegar a dicha situación se requiere de unas condiciones particulares de claridad teórico-argumentativa y de deliberación adecuada que no siempre se evidencian en la vida política, por lo que Peter finaliza su libro explicando cómo es posible mediar los desacuerdos públicos ante la ausencia de autoridad epistémica, indicando que la mutua responsabilidad de establecer criterios de convergencia o consensos mínimos sobre aspectos sustantivos o, en su defecto, la implementación de un procedimiento democrático –entendido este como un proceso para mediar los conflictos de posiciones contrapuestas debidamente justificadas–, permiten establecer una justificación suficiente para que la decisión adoptada sea considerada como legítima (cap. 9). Para finalizar, la autora indica que el texto pretende establecer criterios de legitimación que puedan hacer frente a las dinámicas de poslegitimidad, en donde los actores políticos ni siquiera pretenden justificar sus actuaciones o decisiones, sino que, recurriendo a diversas estrategias, logran obtener obediencia sin ofrecer un sustento fáctico-argumentativo suficiente (epílogo). 

En suma, puede decirse que el texto resulta de gran relevancia al ofrecer criterios normativos para la justificación y aceptación de las decisiones políticas contemporáneas, sin recurrir a criterios de verdad o de autoridad definitiva como fundamento de la legitimidad, al dar preponderancia a las evidencias empíricas y la experticia amparadas en la democracia, para así superar la doxa y los riesgos del populismo, por lo que su propuesta ofrece una nueva perspectiva que amerita ser estudiada. Empero, la propuesta de Peter termina por establecer criterios abstractos que, si bien sirven como ideal, no explican por qué de facto los discursos iliberales o antidemocráticos han ganado terreno recientemente. Igualmente, sus planteamientos podrían llegar a considerar como ilegítimas aquellas posturas no occidentales o que no estén basadas en los expertos o en una visión particular de democracia, que es precisamente lo cuestionado por estos nuevos actores políticos, dándoles así la razón. Por último, el modelo híbrido de Peter no tiene en cuenta las dinámicas políticas o ideológicas en la producción del conocimiento, en tanto que el consenso científico también puede reflejar sesgos o intereses específicos.

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 138
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2024)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X