No más muertes en el Mediterráneo. Sí más voluntad y coherencia política

* "This article has been written under the auspices of the European projects NIEM (National Integration Evaluation System: Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection) which is co-financed by the AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)".

Elena Sánchez Montijano , Investigadora Principal, CIDOB

12 de mayo, 2015 /    Opinión CIDOB, n.º 327

Según ACNUR, 3.419 personas murieron en 2014 en el Mediterráneo tratando de alcanzar las costas europeas, y 1.754 más en lo que va de año 2015. Por su parte, Frontex afirma que durante el 2014, casi 300.000 inmigrantes fueron interceptados mientras intentaban entrar en el continente europeo. De estos, 170.760 por la ruta central mediterránea. Todos estos datos muestran una realidad difícil de asumir pero que necesita una respuesta urgente con voluntad y coherencia política. 

La tempestad política y mediática levantada el pasado 19 de abril, tras la muerte de cerca de 900 personas en el mar Mediterráneo tras volcar el barco en el que viajaban frente a las costas de Libia, ha dado paso a una nueva calma. La puesta en escena, con una reunión de Ministros de Interior y Exterior de la UE seguida de una Cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, permitió mostrar, sin lugar a dudas, que los hechos acaecidos en el Mediterráneo preocupan, y mucho, a los dirigentes europeos. Sin embargo, ni el Plan de 10 puntos acordados en el primer encuentro, ni las 17 medidas aprobadas en el segundo parecen poder responder a la muerte de personas frente a nuestras costas. 

La principal premisa de la que se debe partir es que la UE no tiene capacidad para dar una respuesta a los más de 50 millones de refugiados que hay en el mundo, según ACNUR, ni a la decena de conflictos que están provocando toda esta movilidad forzosa. Sin embargo, con una acción coordinada puede responderse a corto plazo a dos de las principales necesidades con las que se encuentran miles de personas que cruzan el Mediterráneo huyendo de conflictos armados y que temen por su vida y las de sus familias. 

En primer lugar, la Unión y sus estados miembros deberán fijar su objetivo en el salvamento de miles de personas que se juegan la vida en el Mediterráneo. Vigilar las costas para evitar que más inmigrantes y refugiados mueran durante el recorrido no parece ser de una gran complejidad ni tecnológica ni presupuestaria. El incremento del presupuesto para operaciones como Tritón y Poseidón acordado por los mandatarios europeos debe focalizarse tanto en la vigilancia de un camino seguro como en el salvamento en caso de necesidad y emergencia. Éste es el principal problema y como tal debe ser abordado. 

En segundo lugar, de acuerdo con ACNUR, el 80% de las personas que tratan de llegar a Europa en estos momentos sufren un desplazamiento forzoso y por tanto son posibles demandantes de asilo. De las 626.065 personas que solicitaron asilo en la Unión en 2014, de acuerdo con Eurostat, el 25% son menores de 18 años y el 20% de origen sirio. A pesar de la urgencia de las solicitudes, tan solo se resolvieron 359.759 y de estas el 55% fueron rechazadas. La Unión debe velar por una aplicación del Sistema de Europeo Común de Asilo en todos los estados miembros sin mayor demora. Incrementar en unos pocos miles el cupo de refugiados como única acción ante los sucesos del Mediterráneo no parece una respuesta ni satisfactoria ni suficiente. 

El fracaso político de la Unión Europea con respecto al salvamento de personas en el Mediterráneo, como ya denunciara Amnistía Internacional, así como la falta de desarrollo de la política común de asilo, hace necesario repensar los pasos comunes a seguir a más largo plazo para que respondan al fenómeno de forma estructural. Entre algunas de las propuestas cabe mencionar aquellas en las que la propia Unión y sus estados miembros se hacen responsables, al menos en parte, de lo que está sucediendo. No cabe la menor duda que es necesaria la puesta en marcha de canales seguros de entrada a Europa con objeto de reducir los riesgos de llegada y tránsito de los solicitantes de asilo, y que aseguren la protección de los derechos de éstos en el marco del Convenio Internacional de Ginebra de 1951. De igual forma, resulta necesaria una política coherente de cooperación con los países de tránsito. Esta colaboración no puede quedar en meros acuerdos de externalización de fronteras para que estos países asuman la responsabilidad de la vigilancia de sus emigrantes, así como de las fronteras que dan acceso a Europa. Velar porque estos países respeten los principales tratados internacionales de derechos humanos y sean lugares seguros para la estancia de los refugiados debe ser una prioridad para la UE. 

Si algo parece claro es que el cambio en las vías de entrada a la Unión por parte de inmigrantes laborales así como por los demandantes de asilo son consecuencia de la política migratoria de los últimos años. Unas políticas de cierre sistemático de canales de entrada como el Atlántico, la frontera griega o el Báltico que obligan a aquellas personas susceptibles de refugio a agotar todas las posibilidades para acceder a Europa. Son el resultado de políticas que obligan a cursar la solicitud de asilo en territorio comunitario o de la introducción del visado obligatorio en todos los países de procedencia. 

Cabe abogar por una actuación coherente que replantee las bases sobre las que se sustenta la propia política migratoria europea y que haga frente a las obligaciones legales contraídas a través de acuerdos internacionales. En definitiva, poner fin a la apertura de nuevas vías más largas y peligrosas, como la del Mediterráneo central.

E-ISSN: 2014-0843