Ceuta, Melilla y la estrategia de la europeización
Elena Sánchez-Montijano, investigadora principal, CIDOB
Eduard Soler i Lecha, coordinador de investigación, CIDOB
21 febrero 2014 / Opinión CIDOB, n.º 223 / E-ISSN 2014-0843
España, como Italia o Grecia, tiene como objetivo europeizar la gestión de sus fronteras. Se insiste que la llegada de inmigrantes en situación irregular a sus fronteras no es un problema español, italiano o griego sino europeo, y europea debería ser la respuesta. De ahí que ante la crisis vivida en Ceuta y en Melilla se multipliquen las peticiones y se derive parte de la responsabilidad a Bruselas. En el caso español este proceso de europeización o de elevación del problema tiene tres objetivos compartidos con el resto de países del sur de Europa: primero, aumentar la ayuda material y financiera; segundo, compartir la responsabilidad en la toma de decisiones controvertidas; y tercero, conseguir apoyo de la opinión pública. A estos habría que sumarle un objetivo particular que es el de reafirmar la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas, insistiendo en que son ciudades de la UE y, por tanto, europeas son sus fronteras.
Estamos ante la segunda gran crisis migratoria de los últimos diez años. Tras la primera, la de 2005, que estuvo marcada con el fenómeno de los cayucos en Canarias y el aumento de intentos de entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla, parecía que la situación se hubiera estabilizado. Sin embargo, esta segunda crisis que empezó en otoño de 2012 demuestra como el fenómeno está lejos de haber llegado a su fin. Por un lado, se han diversificado las vías de entrada de personas a Ceuta y Melilla, con nuevos métodos como los “coches kamikazes”, los intentos a nado o de salto de vallas de forma coordinada por parte de cientos de personas, o con la apertura de nuevos puntos de entrada a través de otros territorios como las islas Chafarinas, Alborán y los peñones de Alhucemas. Por otro lado, las mafias se han profesionalizado; hoy cuentan con grupos organizados que trabajan desde los países de origen, tránsito y destino, e incluso conocemos la existencia de tarifas fijas establecidas en el tráfico de personas. Además, hay indicios de que los inmigrantes subsaharianos no sólo ven en Ceuta y Melilla la puerta de entrada a la UE, sino que estas dos pequeñas ciudades comienzan a ser en si mismas el ansiado “Eldorado”.
Ante esta realidad, España ha intentado limitar al máximo la entrada de inmigrantes a través de estos dos enclaves. Primero, incrementando las medidas de seguridad, ejemplo de ello son el aumento de la altura de las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos; o la reciente instalación de las polémicas concertinas y de cámaras de infrarrojos para detectar el movimiento de personas. Segundo, aumentando la colaboración con Marruecos en la gestión de los inmigrantes que se encuentran asentados en territorio marroquí. Y, finalmente, pidiendo colaboración a una UE que continuamente recuerda a los Estados miembros que ellos, y sólo ellos, son los responsables de gestionar sus propias fronteras en el marco del acuerdo Schengen.
Para justificar algunas de las medidas más polémicas, el gobierno se apoya en las cifras barajadas por el Ministerio de Interior de que cerca de 40.000 personas estarían asentadas en Marruecos tratando de entrar en Ceuta y Melilla. No obstante, las ONGs que trabajan sobre el terreno niegan categóricamente estas cifras, y a penas hablan de varios cientos. A pesar de este cruce de cifras, va calando el sentimiento de invasión, especialmente entre los residentes de estas dos ciudades. Un sentimiento que se alimenta no solo con declaraciones sino con la cobertura de los medios de comunicación de la entrada de grupos de inmigrantes o de las imágenes en infrarrojos de personas aguardando para cruzar la frontera. En Ceuta y en Melilla, este temor adquiere una dimensión especial por la permanente reivindicación marroquí sobre estas dos ciudades.
Desde siempre, pero muy especialmente con esta última crisis, la tensión política ha ido en aumento. El Partido Popular no hace ningún tipo de autocrítica sobre la muerte de quince inmigrantes cuando intentaban entrar en Ceuta a nado, que fueron disuadidos con pelotas de goma por la Guardia Civil. Buena parte del resto de fuerzas políticas censuran esta actuación, piden responsabilidades y dimisiones. En esta línea, la Comisión Europea, y en concreto, la Comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, también ha pedido explicaciones al gobierno.
Precisamente porque el gobierno ni puede, ni quiere hacer frente a estas responsabilidades en solitario está haciendo todo lo posible para compartirlas con la Unión Europea. Si lo consigue quizás contribuya a rebajar la tensión política en España y especialmente en las dos ciudades autónomas pero el problema, europeizado o no, seguirá ahí. De lo que se trata es de gestionarlo de forma compartida, y si se quiere que la UE acepte hacerse con parte de la carga deberá reconocerse que no se ha actuado bien en esta última crisis en Ceuta y que la legalidad y el respeto a la dignidad humana es una línea roja que ni España ni la UE deben cruzar.