Venezuela 2016: nuevo escenario político

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012

El 5 de enero de 2016 empezó una nueva etapa política en Venezuela como consecuencia de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 que modificaron el equilibrio de poder entre oficialismo y oposición. Ese día se constituyó una Asamblea Nacional en la que la oposición tendrá una mayoría calificada de dos tercios. Ello le permite legislar y, según se ha propuesto, empezar a desmantelar parte de las estructuras de poder que durante más de tres lustros han estado en manos del chavismo antes y después del fallecimiento de Hugo Chávez.

Tras la ajustada victoria presidencial de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles en abril de 2013 y unas elecciones locales en diciembre del mismo año en que el oficialismo consiguió retener una gran parte de su poder municipal, el claro triunfo electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a las fuerzas del bloque opositor en las parlamentarias, supone una nueva constelación de poder. A partir de ahora, el escenario político venezolano se divide entre un Ejecutivo chavista y un Legislativo con la mayoría de la oposición.

Sin embargo, la mayoría parlamentaria no chavista de 112 diputados frente a 55 del oficialismo tendrá que convivir con el amplio poder ejecutivo que caracteriza un sistema presidencialista. Pero además se enfrentará a todo el aparato institucional hoy al servicio de la revolución socialista y que incluye, desde el poder judicial al denominado “poder popular” de las Comunas y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) integrado exclusivamente por oficialistas que ahora cuestionan la legitimidad de doce diputados opositores y reclaman nuevas elecciones en algunos estados.

Es clave el papel de las Fuerzas Armadas, que son el principal sostén del régimen, pero también un actor político independiente que podría actuar como árbitro. La nueva etapa política no necesariamente trae más estabilidad al país, afligido por una severa crisis económica y de seguridad ciudadana. El actual reparto de poder entre las dos principales fuerzas políticas del país les obliga, no sólo a coexistir, sino a reconocerse mutuamente si se quiere evitar un indeseable escenario de ingobernabilidad. 

Derrota política del post-chavismo

El Gobierno de Nicolás Maduro convocó las elecciones parlamentarias agotando los plazos, a sabiendas de que contaba con una desaprobación de un 80% de los venezolanos y las encuestas en contra. Lo hizo después de varias marchas populares exigiendo la convocatoria electoral y de huelgas de hambre de líderes opositores, algunos de ellos encarcelados. El más conocido, Leopoldo López, fue condenado a trece años de cárcel por su campaña de movilizaciones contra el Gobierno de Maduro denominada “la salida” que acabó con duros enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y varias víctimas mortales.

Como en procesos electorales anteriores, la campaña se polarizó en dos bandos enfrentados. El oficialismo contó con las ventajas del aparato estatal: cambió previamente el tamaño de las circunscripciones para favorecer el peso de sus feudos tradicionales, tomó el control de la mayoría de los medios de comunicación, usó los recursos financieros públicos para otorgar regalos y las fuerzas del orden y el sistema judicial del Estado para infundir miedo e inhabilitó a líderes opositores y hasta inventó un “clon” (el MIN-Unidad) para confundir a los electores de la MUD. Toda esa estrategia no consiguió evitar el voto popular de castigo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, empeñado en culpar del desastre económico del país únicamente a la oligarquía y a la injerencia exterior.

Las cifras electorales aplastantes obligaron a reconocer la victoria de la oposición. Eso ocurrió tras la inusual comparecencia y llamada a la calma del ministro de Defensa general Vladimir Padrino López que instó a “respetar las reglas de la democracia” la misma noche de las elecciones. Ello es un indicador del papel político de unas Fuerzas Armadas que sostienen el régimen, pero no a cualquier precio. Finalmente, los rumores de la destitución del general Padrino por haber defendido la limpieza electoral, no se confirmaron y el sector menos servicial con el post-chavismo podría convertirse en un árbitro entre oposición y oficialismo. No obstante, cabe aquí recordar la suerte que corrió otro General independiente, como el también ex ministro de Defensa y general comandante del Ejército, Raúl Isaías Baduel. Éste encabezó en 2002 la operación de rescate y el retorno al poder de Hugo Chávez, desbaratando el intento de golpe de Estado. Pero, en 2007, fue sustituido y encarcelado hasta agosto de 2015 (sigue en arresto domiciliario) por oponerse a la deriva autoritaria del chavismo a través de una reforma constitucional inicialmente rechazada en referéndum.

Tras la última derrota electoral en las parlamentarias, el presidente Maduro ha realizado cambios en el Gabinete que suponen un retorno a figuras de la etapa chavista. Entre ellos, reforzó la gestión económica con la incorporación del profesor de Economía de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Luis Salas como ministro de Economía Productiva y coordinador de otros cuatro ministerios nuevos para gestionar la maltrecha economía del país. El ex diputado y ministro de Educación durante el Gobierno de Chávez, Aristóbulo Isturíz, reemplazó a Jorge Arreaza como Vicepresidente. Lejos de afrontar el necesario diálogo con la oposición, el repliegue del chavismo en sus filas sugiere un futuro incremento de la confrontación institucional.

Con su mayoría parlamentaria, la oposición puede aprobar importantes leyes, entre ellas reformas constitucionales y una amnistía para los presos políticos. Pero el presidente las puede vetar y ha anunciado que lo hará. La convocatoria, el 21 de diciembre, de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en funciones, aún con mayoría chavista, para nombrar trece jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fieles al oficialismo, deja bien claro que el Gobierno no piensa ceder ante la Cámara legislativa. Blindando el TSJ, los oficialistas se aseguran el control de la institución que estará llamada a dirimir un, más que probable, choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. Las denuncias de la oposición sobre la ilegalidad de los nombramientos se toparán con la barrera de los propios magistrados, ya que el mismo TSJ debe valorar la conformidad de su nombramiento. El TSJ ya ha aceptado siete recursos presentados por el gubernamental Partido Unido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra los resultados electorales y ha suspendido la toma de posesión de los diputados del Estado de Amazonas, con lo que pretende evitar que la oposición conserve las 112 escaños que le permitirían aprobar leyes orgánicas.

El choque de legitimidad democrática con la Asamblea Nacional trata también de ser contrabalanceado con la creación de un órgano extra constitucional denominado Parlamento Nacional Comunal que reúne a las Comunas populares constituidas de Acuerdo a la Ley Orgánica del poder popular de 2010 e integradas por bases chavistas que controlan recursos locales y actúan como gobiernos paralelos allí donde el oficialismo fue desalojado de las instituciones. De hecho, la Comuna número 1432 ha sido creada el 22 de diciembre de 2015 en el Estado de Miranda, donde gobierna el líder opositor Henrique Capriles. El 30 de diciembre 2015, el presidente decretó la ley de creación del Consejo Popular de Estado, como un nuevo órgano de decisión popular. Finalmente, el presidente Maduro ha promulgado el día antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional una nueva reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela que le permite nombrar toda su directiva sin necesidad de la aprobación de la Cámara. Esa directiva puede negarse a informar al Parlamento de sus cuentas si lo considerara dañino para la seguridad nacional y además podrá otorgar créditos a entidades estatales.

Pero hay algo que el presidente no podría bloquear: el referéndum revocatorio que puede ser activado por la oposición a partir de la mitad del mandato presidencial que se dará en abril de 2016. Y probablemente lo hará. El presidente Hugo Chávez se enfrentó a un revocatorio en 2004, lo ganó y salió reforzado. Los últimos resultados electorales no auguran que Maduro pueda superarlo, aunque no deja de ser una incógnita. Para recuperar fuelle, probablemente el post-chavismo necesitaría de un cambio de liderazgo, pero ni Maduro y ni el saliente presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, parecen dispuestos a ceder el mando. Su futuro dependerá de la red de fidelidades tejida entre las bases y del apoyo de los militares.

La oposición se enfrenta también al reto de mantener la unidad de 21 partidos políticos con sensibilidades e ideologías diversas. Una primera prueba fue la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, el veterano dirigente del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) que obtuvo 62 votos frente a los 49 de su adversario Julio Borges del conservador Primero Justicia. La oposición ya se había dividido en otras ocasiones con malos resultados, como ocurrió con “la salida”. La victoria en las parlamentarias parece fortalecer a Henrique Capriles que apostó por la vía democrática para vencer al chavismo frente a sectores que pretendían alcanzar el poder asaltando las calles. Sin embargo, el protagonismo nacional e internacional –entre otros, el apoyo de Felipe González- alcanzado en la reciente campaña por Leopoldo López y su mujer, Lilian Tintori, partidarios de la línea dura, hacen temer tensiones en el interior de la oposición. Esa puede ser la tabla de salvación de Maduro; dividir a la oposición y mantener el cierre de filas del chavismo para conservar el poder. Pero puede no resultar suficiente si la situación económica y social del país no mejora. 

Emergencia económica y de seguridad

Los 17 años de Revolución Bolivariana y el conflicto político permanente con la oposición han llevado a Venezuela a una situación de emergencia económica y de seguridad que amenaza con revertir los anteriores progresos sociales. Una crisis económica profunda y unas tasas récord de violencia e impunidad golpean la credibilidad del Gobierno. Según una encuesta de hogar el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) realizada en agosto de 2015, los ciudadanos de cinco regiones identificaron la inseguridad y el desabastecimiento como los dos principales problemas del país, seguido por el alto costo de la vida, el desempleo y el deficiente servicio de electricidad (por repetidos apagones).

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2015 concluirá con una inflación del 159% -la segunda más alta del mundo- y una caída del PIB del -10%. Largas colas en todo el país revelan los problemas de suministro por las intervenciones de empresas, los controles estatales de precios, una corrupción endémica, una pésima gestión de la distribución de productos en las cadenas estatales de Mercal y la escasez de divisas junto con una alta dependencia de los bienes de consumo de la importación del exterior. Según la oposición, la falta de productos básicos se debe al control de precios y de las nacionalizaciones que hicieron desaparecer un 15% de las empresas del país. Por el contrario, el presidente defiende que el desabastecimiento es debido a la “guerra económica” orquestada por la burguesía contrarrevolucionaria a la que ha tratado de combatir con más intervención y nacionalizaciones.

El desabastecimiento recuerda la dramática situación en Cuba después de la caída del muro de Berlín. Igual que Cuba, Venezuela importa entre un 70-80% de los alimentos del exterior, principalmente de Colombia aunque crecientemente de Brasil tras su incorporación a MERCOSUR, pero las reservas de divisas para pagar empiezan a escasear. El actual déficit público venezolano del 20% supera el del 13% del peor año de Grecia en 2009. El precio del petróleo sigue cayendo, situándose el 15 de diciembre en 38 dólares por barril, muy lejos de los más de 100 dólares al inicio del mandato de Maduro en abril de 2013. Las arcas del Estado se vacían y obligan al Gobierno a reducir el presupuesto social golpeando el corazón de los logros de la Revolución Bolivariana, que creó las misiones - programas focalizados para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos y oportunidades.

Según una encuesta de hogar realizada en 2014 y publicada por varias universidades venezolanas, un 48,4% de las familias son pobres y un 23,6% viven en extrema pobreza. Estas cifras contrastan con la reducción de la pobreza y la desigualdad en el período 2005-2013, en parte gracias a las 15 Misiones realizadas en cooperación con Cuba. El mismo informe afirma que 1,9 millones de venezolanos se beneficiaron de la Misión Mercal – productos básicos subvencionados – y 1,7 millones del programa médico Barrio Adentro, seguido por el programa de educación secundaria Ribas (300.00) y la Misión Vivienda (296.000). Pero el estudio concluye que aproximadamente la mitad de los beneficiarios no son pobres y además con la crisis se redujeron un 19% los recursos asignados a dichas políticas. Las Misiones, emblema de la Revolución, se han reducido a una parte pequeña de las políticas sociales.

La inflación y la crisis de abastecimiento afectan sobre todo a los sectores menos favorecidos de la población que expresaron su creciente descontento en las urnas votando por una oposición, que desde el Gobierno se equipara a las élites burguesas. Esta lógica de división entre “oligarquía” y “revolucionarios”, fomentada por el chavismo, se rompió en estos comicios en que la oposición prometió más políticas sociales y dedicó mayor esfuerzo a ganar el electorado de base post-chavista.

La violencia es el otro gran azote de un país que tiene la segunda mayor tasa de homicidios de América Latina: 82 por cada 100.000 personas fueron asesinadas en 2014, casi 25.000 según el Observatorio de la Violencia Venezolana (OVV), que se suman a 200.000 homicidios en quince años. El aumento de la inseguridad se debe por un lado, a una cierta permisividad con la posesión de armas al inicio del chavismo que poco a poco instauró un clima de impunidad agravada con una justicia débil, corrompida y disfuncional.

En este caldo de cultivo no se hizo esperar el aumento del contrabando y el narcotráfico que para una parte del post-chavismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos. Las redes llegan hasta la cúpula política y Estados Unidos ha adoptado sanciones contra a varios dirigentes políticos, entre ellos Diosdado Cabello, a quien un ex jefe de Seguridad de Hugo Chávez ha acusado de ser el jefe del Cártel de los Soles. La inseguridad ha aumentado por la fragmentación de las fuerzas de seguridad, la corrupción y las redes criminales que han infiltrado la policía, pese a diversos intentos de reforma por parte del Gobierno.

Además, la dura represión por parte de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones antigubernamentales y las detenciones arbitrarias las ha convertido en enemigos ante los ojos de una parte de la población y ha derivado en enfrentamientos directos con grupos radicales. El asesinato de un dirigente opositor en la postrimería de un acto electoral de las parlamentarias es ilustrativo del clima de inseguridad. 

Cambios en el escenario regional 

Durante la pasada década, la Venezuela de Hugo Chávez, junto a los demás líderes del socialismo del siglo XXI han gozado de una gran influencia en la región basada en sus triunfos electorales y la disponibilidad de recursos económicos crecientes gracias a los altos precios de las materias primas y especialmente el petróleo. En esa época dorada la región avanzó en conquistas sociales al tiempo que se construyó un nuevo regionalismo asertivo y autónomo frente a las potencias tradicionales del que nacieron: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y particularmente la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Venezuela junto con el Gobierno cubano lideró ALBA, creada entre nueve países del Caribe y de América Latina. Esta se complementó con Petrocaribe, una alianza que proporciona petróleo a bajo coste a los socios caribeños de Venezuela, con Cuba como principal beneficiaria. La diplomacia venezolana consiguió también éxitos en UNASUR como la creación del Banco del Sur o el Consejo Energético. Estas organizaciones ofrecieron un escenario privilegiado para la diplomacia bolivariana que ahora está en transición.

Los resultados electorales en Venezuela se insertan en una tendencia regional hacia la alternancia en el poder. Los cambios en el ciclo económico han acelerado el agotamiento de un ciclo político. Dos semanas antes de las elecciones venezolanas, Mauricio Macri fue elegido presidente acabando con casi tres lustros de kirchnerismo en Argentina. En Brasil, el Gobierno liderado por del Partido de los Trabajadores, que obtuvo una ajustada victoria en las presidenciales de 2014, enfrenta dificultades en las calles y en el parlamento que amenazan con acabar en un proceso de impeachment contra la Presidenta Dilma Rousseff. Otro mentor del Socialismo del siglo XXI, el presidente de Ecuador Rafael Correa, tampoco atraviesa su mejor momento de popularidad y ha anunciado que no se presentará en 2017.

La debilidad o alternancia de algunos de los gobiernos de izquierdas más cercanos al chavismo beneficia a la oposición venezolana y debilita el respaldo que instituciones como UNASUR, CELAC y MERCOSUR, con apoyo de Brasil y Argentina, prestaron al régimen bolivariano pese a irregularidades institucionales del post-chavismo gobernando a golpe de decretos presidenciales gracias a sucesivas leyes habilitantes que convirtieron la Asamblea Nacional en una comparsa, o el incremento de presos políticos con procesos judiciales poco transparentes.

Un primer indicio del declive del apoyo incondicional de Brasil al chavismo fue el episodio sobre el nombramiento del jefe de la delegación de acompañamiento electoral de UNASUR en las últimas parlamentarias. Brasil propuso al ex ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, pero el Gobierno venezolano se opuso y fue sustituido por el ex Presidente Leonel Fernández de la República Dominicana, país beneficiario del programa Petrocaribe que en 2014 vio condonada gran parte de su deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Brasil se negó a participar en la misión de UNASUR. Aunque finalmente, dicha entidad convalidó la victoria de la MUD y su Secretario General, el colombiano Ernesto Samper, omitiendo las maniobras del Gobierno venezolano para evitar una victoria de la oposición, calificó las elecciones de “pacíficas, masivas y las más transparentes”. La situación de Venezuela también se ha visto debilitada en MERCOSUR organización a la que Chávez se adhirió en 2006 con la intención de transformarla, pero que ha permanecido estancada durante casi una década. En la cumbre del pasado 20 de diciembre de 2015, el presidente argentino Mauricio Macri abogó por la liberación de los presos políticos en Venezuela, y Maduro no acudió delegando su réplica a la Ministra de Exteriores. Por otra parte, las dificultades económicas de Brasil y las presiones de países como Uruguay y Paraguay están llevando a modificar la estrategia proteccionista del bloque a una más proclive a la negociación de acuerdos de libre comercio, como el que está pendiente con la UE y en la que Venezuela solo está como observador.

La severa crisis económica en Venezuela y la caída del precio del petróleo han reducido los recursos destinados al ALBA y pone en peligro la continuidad del pacto bilateral con Cuba de petróleo a cambio de recursos humanos destinados a las misiones. La oposición es contraria a mantenerlo, y Henrique Capriles en una entrevista con el periódico El País, el 7 de diciembre, aseguró que “no vamos a regalar más petróleo” y “pondremos fin a la diplomacia petrolera”. Sin embargo, la política exterior es competencia del Gobierno y desde el Parlamento la oposición no puede poner fin a la alianza con Cuba, aunque podría aprobar leyes que recorten el suministro de petróleo a la isla aduciendo la crisis nacional. El futuro del ALBA no solo está comprometido por la escasez de recursos, también se ha resentido del reciente proceso de acercamiento entre Cuba y su histórico enemigo, Estados Unidos. El “deshielo” entre ambos países rompe la lógica anti-imperialista del ALBA a pesar de que no ha acabado con las tensiones. La región y la CELAC apoyaron la protesta de Venezuela por las sanciones que decretó el presidente de Estados Unidos Barack Obama en marzo de 2015 contra siete mandatarios venezolanos por considerarlos cómplices con la represión a la oposición o vinculados al narcotráfico. Sin embargo, la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá mostró una imagen de unidad que no beneficia a las posiciones frentistas antiamericanas que capitaneó Venezuela al frente del ALBA. 

Cambios en el contexto internacional

Las relaciones hemisféricas se han visto frecuentemente condicionadas y alteradas por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El Presidente Bush declaró a Venezuela como parte del eje del mal en su guerra contra el terrorismo y en respuesta se convirtió en la bestia negra del chavismo que lo acusó de estar detrás del fallido golpe de Estado que orquestó la oposición radical contra Chávez en 2002. Aunque las relaciones económicas no llegaron nunca a interrumpirse y Estados Unidos ha seguido siendo un importante socio comercial de Venezuela, este país ha ido tejiendo una red de relaciones que tratan de minar la influencia de Estados Unidos. Venezuela ha tratado de influir, con escaso éxito, en la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) para controlar el precio del petróleo.

Además ha hecho importantes alianzas de cooperación militar con Rusia. Chávez incluso retó a los Estados Unidos aliándose con el Irán del presidente Ahmadineyad en su estrategia nuclear frente al rechazo de las potencias tradicionales y las sanciones que le fueron aplicadas al país. Pero primó sobre todo la apuesta por China como socio estratégico con quien Venezuela ha suscrito más de 400 convenios de colaboración e importantes acuerdos financieros a cambio de petróleo.

También en el contexto internacional ha habido cambios que modifican el alcance de las alianzas del régimen post-chavista. Tras la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, en su primer mandato hubo un intento de acercamiento que se esfumó rápidamente con la expulsión del embajador de Estados Unidos acusado de espionaje e injerencia por apoyar a la oposición y financiar organizaciones sociales no afines al régimen. En alianza con los países del ALBA y otros gobiernos cercanos, el discurso antiamericano ha puesto en dificultades la tradicional hegemonía norteamericana debilitando el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, los cambios electorales en la región dificultarán que Venezuela pueda bloquear decisiones en la OEA como la que se produjo en agosto de 2015 con la crisis de los refugiados con Colombia provocado por el cierre de fronteras decretado unilateralmente por Maduro. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha mostrado claros signos de no dejarse intimidar por las descalificaciones recibidas por varios mandatarios chavistas, incluido el propio presidente Maduro.

La alianza con Rusia ya no es vista con tanta simpatía en la región tras el episodio de Crimea. La crisis económica de dicho país, también afectado por la caída de los precios del petróleo y agravada por las sanciones internacionales, tampoco proporciona réditos económicos. Por su parte, China ha dejado de ser el rey Midas de la región y afronta un proceso de reconversión productiva. A pesar de ello Pekín desembolsó otros 5.000 millones de dólares en septiembre de 2015 para financiar PDVSA incrementando la deuda de más de 20.000 millones de dólares de Venezuela con China, que deberá devolverse en forma de crudo. Este nuevo aporte ha aliviado la falta de liquidez inmediata de Venezuela, pero incrementa su dependencia de China a la que Venezuela devuelve favores comprando automóviles y otros productos manufacturados y cediendo los derechos de exploración y explotación de recursos mineros.

La maltrecha economía de Venezuela y la arbitrariedad que ha caracterizado su manejo han hecho que el acceso al capital externo y otras inversiones productivas de mercado se alejen del país. Las relaciones con la UE también se han resentido. Aunque no se han tomado sanciones como Estados Unidos, en la Declaración de la Cumbre UE-CELAC en junio de 2015 no se consiguió una declaración condenándolas como quería Venezuela, pero tampoco se incluyó una referencia a la situación de los presos políticos como pretendían algunos gobiernos europeos.

El Parlamento Europeo sí ha debatido mociones sobre la situación política y especialmente sobre los presos políticos en Venezuela aprobando una resolución en marzo de 2015. Ésta no contó con el apoyo del arco parlamentario más a la izquierda que se acogió al principio de no injerencia para no apoyar la moción. El intento de enviar una misión de europarlamentarios a las elecciones, que no había sido invitada, fue finalmente desestimado alegando razones de seguridad. Venezuela es y probablemente seguirá siendo un factor de disenso tanto entre las distintas fuerzas de la UE como de estas con los socios de América Latina. 

Escenarios futuros inciertos

Venezuela es un ejemplo de que a veces la política no gestiona sino agrava los conflictos. La explosiva mezcla entre colapso económico y violencia seguirá siendo un lastre en el corto plazo y más si Gobierno y oposición en vez de afrontar los problemas del país se dedican a luchar por el poder y no a solucionar la crisis multidimensional. Existen escasas perspectivas de definir una unidad nacional para reconocer y resolver los severos problemas del país que se han acumulado desde 1999 y sentar las bases de una reconciliación nacional. Tres intentos previos de diálogo entre Gobierno y oposición fracasaron ante la radicalización de ambos bloques. Por el momento no se perfila ningún mediador neutral aceptado por ambas partes, pues UNASUR y CELAC son rechazadas por la oposición debido a su apoyo al oficialismo y la OEA es vista por el chavismo como una organización al servicio de la hegemonía de los Estados Unidos y contraria a la revolución.

Se perfilan cuatro plausibles escenarios en el corto plazo:

1. Ingobernabilidad. La profundización de la polarización política por la situación de empate entre un legislativo opositor y un ejecutivo post-chavista que lucharán por el poder sin solucionar la crisis económica, social y de seguridad. El ejecutivo ya ha iniciado primeros pasos para reducir el poder del legislativo al nombrar los jueces al Tribunal Supremo y cuestionar la legitimidad de algunos diputados de la oposición. Entre las facultades del Presidente está, además, la disolución del parlamento, lo cual desembocaría en un conflicto abierto con la oposición. Este escenario podría conducir a una emergencia nacional por la crisis económica, el enfrentamiento político y la violencia generalizada.
2. Fragmentación. Divisiones políticas en uno de los bloques o de los dos. La MUD, integrada por una amplia gama de partidos políticos entre la derecha y la izquierda, tiene difícil llegar a consensos, especialmente cuando se apruebe una amnistía que permita el retorno de Leopoldo López y otros opositores más radicales a la política activa. También caben divisiones en el oficialismo, entre la facción del madurismo, el círculo de Diosdado Cabello y el ex Vicepresidente Jorge Rodríguez. Una crisis en el oficialismo podría conducir a elecciones anticipadas que probablemente ganaría la oposición volviendo al punto de partida.
3. Negociación. Dependiendo de los liderazgos y debates internos, también sería posible una pacífica coexistencia de los dos bloques que dialogarían para llegar a acuerdos puntuales para resolver la crisis económica o emprender una reforma del sector de seguridad pública. Teniendo en cuenta que los intentos anteriores de negociar fracasaron, que no existe un árbitro neutral y que existen fuertes rencores en ambos lados, no parece un escenario probable.
4. Intervención militar. Otra posibilidad sería la intervención de las Fuerzas Armadas en el caso de una crisis prolongada de gobernabilidad y/o divisiones en el oficialismo que requieran tomar partido. Estas elecciones mostraron el papel estabilizador de un sector de las Fuerzas Armadas. Pero un Gobierno militar solo podría ser temporal, ya que las instituciones regionales y la comunidad internacional no aceptaran regímenes surgidos de la alteración de la institucionalidad democrática y están comprometidas con la retirada de las Fuerzas Armadas del juego político.

La probabilidad de estos escenarios u otros ocurrirá depende de ambas facciones políticas y de su relación. El post-chavismo ya ha iniciado un proceso de reflexión interna sobre el futuro liderazgo de la Revolución y realizó algunos ajustes. . El cambio de Gabinete indica un retorno al chavismo tradicional que busca recuperar legitimidad. También la MUD tendrá que poner a prueba su cohesión y credibilidad interna, tanto en cuanto a lidiar con las reglas del juego impulsada por el Gobierno para frenar los poderes de la cámara legislativa, como presentando alternativas razonables que contribuyan a mejorar la crítica situación económica y de seguridad aun teniendo que posponer la caída del actual Gobierno en lugar de intentar alcanzar el poder de cualquier forma.

En el clima de tensión actual puede parecer ingenuo pedir moderación a los dos bandos políticos enfrentados para reconstruir el país sobre la base de la convivencia pacífica e impulsar políticas públicas eficaces. Pero es lo que más necesitan los venezolanos y han demostrado que están dispuestos a reclamarlo en las urnas. Entre las tres opciones de participación que señaló Albert Hirschman, salida, voz y lealtad, un millón y medio de venezolanos eligieron la primera, muchos la segunda y cada vez menos la lealtad con el oficialismo. Esperemos que el año 2016 marque el comienzo de una etapa más positiva para Venezuela.