Repensando la cooperación catalana

Luci Rodrigo Peiró,
responsable de proyectos, CIDOB

8 de febrero de 2012 / Opinión CIDOB, n.º 139 /E-ISSN 2014-0843

En el último año, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) ha reducido aproximadamente un 50% su presupuesto. Como consecuencia, este organismo hace poco que ha materializado un ERE afectando a la mitad de su plantilla de trabajadores, que había crecido muy rápidamente en función de la multiplicación de recursos. Con respecto a los municipios catalanes, el descenso progresivo de sus ingresos los ha obligado a disminuir también, proporcionalmente, los presupuestos destinados a cooperación y sensibilización. La precaria situación económica actual que asfixia estas administraciones locales hace suponer que todavía reducirán más esta partida, como está empezando a suceder en algunos casos, si es que no desaparece del todo.

Quedan lejos las acampadas que tuvieron lugar a mediados de los 90 para reclamar el 0,7% y a partir de las cuales se ha venido construyendo una política pública propia que ha evolucionado enormemente en recursos, objetivos, estrategias y capacidades. Gracias a la sensibilidad y el esfuerzo, principalmente de algunos municipios catalanes y de la sociedad civil organizada, se ha creado el modelo de cooperación al desarrollo que conocemos actualmente en nuestro país, con una ley aprobada el año 2001 por todas las fuerzas políticas, que establece los principios y valores que lo fundamentan.
Con más o menos protagonismo, a través de los consejos de cooperación y de la elaboración de manera participativa de los Planos Directores y Planes Estratégicos, se ha ido decidiendo de manera consensuada el camino a recorrer en este campo. De este modo, las iniciativas de solidaridad se han ido extendiendo por todos los rincones del territorio, impulsadas por las numerosas instituciones que lo integran (escuelas, universidades, sindicados, empresas, etc) y alimentadas por la cantidad creciente de recursos disponibles durante los años de bonanza.

Pero la nueva realidad que se impone está haciendo variar necesariamente las preocupaciones y sensibilidades de la opinión pública. En el año 2009, una encuesta realizada por la ACCD reflejaba que más de la mitad de los catalanes, a pesar de la crisis, se mostraban a favor de que la Generalitat dedicara parte de sus recursos a la cooperación internacional. Más de dos años después, con el agravamiento de la situación, puede resultar difícil justificar la solidaridad internacional con argumentos como la lucha contra la pobreza global, el derecho a una vida digna de todas las personas y la solidaridad humana hacia los que más sufren, si es que no se ejerce primero en casa: desde hace meses, los esfuerzos de la ciudadanía se dirigen a conservar los ambulatorios de sus poblaciones, apoyar a los desahuciados de las hipotecas y luchar por los derechos laborales, quedando en un segundo plano los problemas de los países en desarrollo.

De este modo, las administraciones que lo deseen, tienen argumentos suficientes para reducir o eliminar fácilmente las actividades de solidaridad internacional.Así lo demuestra la bajada, en algunos casos desproporcionada, que está sufriendo esta política pública, sin ninguna oposición en la calle. Otras administraciones, lideradas por tendencias políticas con una mayor sensibilidad en este ámbito, se verán desposeídas de razones para continuar destinando parte de nuestros impuestos a otros países, teniendo en cuenta, además, que algunos de estos son hoy ya países de renta media y están creciendo a un ritmo considerable, como por ejemplo Perú, Marruecos o el Ecuador. Con respecto a las aportaciones privadas, probablemente se redirijan hacia entidades del llamado 4rto. Mundo para paliar los problemas más cercanos. El éxito de la campaña de final de año del Banco de Alimentos ha superado las previsiones y nos muestra, una vez más, que la solidaridad y el compromiso de la sociedad catalana todavía se mantienen vivos.

Esta pronunciada reducción de recursos y la situación social que vivimos, hacen insostenible el modelo que hemos conocido en estos últimos años y afectará en cascada la viabilidad de muchos proyectos, programas y organizaciones. Los planes directores aprobados en los últimos tiempos y los respectivos planes estratégicos y anuales que los tenían que ejecutar, no podrán llevarse a cabo sino parcialmente. Y la ley de cooperación, que establecía un horizonte económico del 0,7% de los ingresos corrientes incondicionados para el 2010 como máximo y al cual todavía no se había renunciado, queda ahora en papel mojado.
Siguiendo la tendencia, es más que previsible que, poco a poco, se vayan descomponiendo los fundamentos de un sistema, que se está mostrando extremadamente frágil. Precisamente en los últimos tiempos, han surgido muchas críticas al sector que pueden estar en la base de esta debilidad, que se ha hecho más evidente a raíz de la crisis. Nos referimos a la alta dependencia de los fondos públicos de muchas organizaciones, la carencia de sinergias y alianzas entre entidades, la progresiva desconexión con la sociedad y la mala imagen generada por casos puntuales de mala gestión, falta de resultados y de profesionalización.

Quizás haya llegado el momento de hacer balance, de que todos los actores de la cooperación internacional de Cataluña mantengan una conversación sincera y fundamentada en un análisis riguroso sobre las causas que están provocando esta nueva situación. Hay que identificar aquellas piezas del engranaje que comprometen la continuidad de esta política pública y de la cooperación catalana en su conjunto, y trazar una estrategia de futuro que permita seguir cooperando teniendo en cuenta la nueva realidad.

Será difícil volver a lograr los recursos de los que se había dispuesto y probablemente sea necesario un cambio de modelo, pero antes se hace prioritario volver a contar con el apoyo de una ciudadanía comprometida. Esto obliga a reelaborar un discurso que vuelva a poner en evidencia la necesidad de ser solidarios con los países empobrecidos y, sobre todo, fortalecer las acciones de sensibilización y educación al desarrollo.

En este nuevo camino que está por construir, hay que valorizar/incidir en algunos de los principios de la agenda internacional sobre la eficacia de la ayuda: más resultados y una mejor gestión que permita visualizarlos; más transparencia y una mejor comunicación a la ciudadanía; más coordinación y sinergias a todos niveles; y una mayor apropiación y participación por parte de los implicados, tanto al norte como al sur a la hora de definir conjuntamente las intervenciones.

Luci Rodrigo Peiró,
responsable de proyectos, CIDOB