¿Quién controla al Ejecutivo británico?
*Una versión de este artículo se publicó previamente en El Confidencial
Parlamento y monarquía, dos instituciones clave de la democracia en el Reino Unido, están en aprietos por los deseos de un primer ministro todavía por refrendar en unas elecciones. El poder político y judicial se suman a la presión de la calle contra la estrategia de Boris Johnson.
Se avecina una crisis constitucional en el Reino Unido. La petición de Boris Johnson a la reina para que suspenda el Parlamento hasta el próximo 14 de octubre ha puesto contra las cuerdas no solamente a los parlamentarios —ampliamente contrarios a un Brexit sin acuerdo— sino también a Isabel II. Parlamento y monarquía, dos instituciones clave de la democracia británica, están en aprietos por los deseos de un primer ministro y un Gobierno todavía por refrendar en las urnas.
La oposición política en Westminster entiende que la capacidad del legislativo para evitar un Brexit sin acuerdo se ve drásticamente reducida si se alarga el receso parlamentario hasta poco antes de la fecha límite para el Brexit, el próximo 31 de octubre. En su carta a los diputados, Johnson argumenta dos cosas: que la actual sesión parlamentaria dura ya demasiado tiempo, por lo que se impone este receso, y que reabrirlo el 14 de octubre no impediría un debate sobre los resultados del Consejo Europeo del 17-18 de octubre, el último previsto en Bruselas antes de la fecha límite para la salida del Reino Unido. Pero a nadie se le escapa que la cercanía en fechas hace más difícil aprobar cualquier legislación contraria al 'no deal' tras los necesarios (y largos) debates parlamentarios. Como tampoco que en el Consejo Europeo de octubre los líderes de la UE no se amoldarán a la petición de Johnson de renegociar con prisas un acuerdo de retirada de 600 páginas que consideran cerrado.
Es más realista pensar que, con esta maninobra, Johnson pone por delante uno de sus dos objetivos: llegar al precipicio esperando que sea la Unión Europea quien dé marcha atrás, o que esta crisis constitucional derive en unas elecciones anticipadas que le permitan reforzar su (exigua) mayoría parlamentaria. El problema es que, tomando riesgos, las probabilidades de accidente aumentan.
En el trasfondo del movimiento de Johnson planean, además, cuestiones de mayor calado, propias de la teoría política. Jugando con las instituciones a su antojo, el primer ministro ha obligado a la reina (figura neutral) a tomar partido político y dirimir entre una petición del poder ejecutivo y los derechos del poder legislativo. Los 'checks and balances' del sistema político británico se han resentido como consecuencia de una pésima gestión del Brexit, tanto de este nuevo Gobierno como del de su predecesora, Theresa May. Incluso el poder judicial ha entrado en juego, como sugería el 'expremier' John Major, con demandas presentadas ante distintos tribunales de Londres, Belfast y Edimburgo (esta última ya desestimada) para intentar anular la suspensión. Más de un millón y medio de personas han firmado una petición popular al gobierno condenando la disolución de los Comunes.
No es solo la urgencia política ante lo que algunas figuras relevantes de la oposición califican de “escándalo constitucional”, ni los límites de la estrategia de poder del primer ministro lo que está por dirimir. La batalla es de fondo. ¿Quién controla hoy al Ejecutivo británico? ¿Qué capacidad decisoria tendrá el Parlamento de Westminster en esta recta final del Brexit? ¿Está el Reino Unido a merced únicamente de los partidarios de una determinada interpretación de un referéndum extraordinario que se decidió por un resultado ajustado y que, además, nunca preguntó a los británicos si querían abandonar la Unión Europea a la brava y afrontar las consecuencias?
Palabras clave: Boris Johnson; Reino Unido; UE; crisis; Brexit
E-ISSN: 2013-4428
D.L.: B-8439-2012