Políticas de frontera radicales

* "This article has been written under the auspices of the European projects NIEM (National Integration Evaluation System: Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection) which is co-financed by the AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)".

* Una versión de este artículo se publicó previamente en el diario ARA  

Una de cal y otra de arena. Pocos días después de llegar a la Moncloa, a mediados de junio, Pedro Sánchez anunciaba que España sí abriría sus puertos al Aquarius. Casi en paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hacía saber que una de las prioridades de su mandato sería retirar las cuchillas (lo que se conoce como concertinas) de las vallas de Ceuta y Melilla.

Si estos gestos parecían augurar una política migratoria diferente, otros lo desmintieron pronto. A pesar del compromiso reiterado de Pedro Sánchez, a finales de julio el Gobierno confirmaba que continuaría con las devoluciones en caliente. Es más, también mantenía el recurso del PP contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenaba España por dos expulsiones exprés realizadas por la Guardia Civil en 2013.

Ante estos giros en las políticas del gobierno español, el catedrático Javier de Lucas se preguntaba por qué gobiernos aparentemente progresistas acaban desarrollando las mismas políticas securitarias e instrumentalistas de la derecha. Y añadía: ¿es por la necesidad de un simbolismo equidistante, por querer y no poder, por no quererlo suficiente o porque ningún gobierno solo puede impulsar una política "radicalmente diferente" en el contexto de una Unión Europea cada vez más dividida y replegada en si misma? Pero ¿cuál sería una política "radicalmente diferente" en el ámbito del control fronterizo?

Una política radical, que vaya a las raíces del problema, pasa en primer lugar por abordar las causas en origen. No es lo que hacen las políticas actuales, que condicionan la ayuda al desarrollo a la cooperación de los gobiernos de estos países en materia de control migratorio. Abordar las causas en origen pasa por dejar de expoliar África: la salida de capitales supera con creces la entrada para inversiones y ayudas al desarrollo. Y pasa también por entender, preguntándoselo, por qué tantos jóvenes están dispuestos a morir para abandonar su país y no están dispuestos a sufrir para mejorar sus sociedades.

Una política radical implica también aplicar escrupulosamente la legalidad. Podría parecer inevitable más que radical. Pero lo cierto es que en las fronteras europeas la legalidad es a menudo pura ficción. Aplicar la legalidad significa no más devoluciones en caliente y no más deportaciones exprés vulnerando principios tan fundamentales como el derecho a la representación legal o los derechos de los menores y de los refugiados. El derecho de los estados a defender sus fronteras no es más importante que el derecho a la vida. Los hechos del Tarajal, y las subsiguientes sentencias judiciales, parecen ponerlo en cuestión. Aplicar la legalidad significa defender el derecho a la vida por encima de todo.

Y no hay política de fronteras sin puertas de entrada. Cuando faltan, la única alternativa es el cruce irregular y las tan temidas mafias de traficantes. Puertas de entrada son vías legales y seguras para solicitantes de asilo. En 2016 el gobierno español reasentó un total de 583 personas, todas ellas de origen sirio. Hace falta pues más reasentamiento, pero sobre todo que las peticiones de asilo se puedan hacer efectivas desde las embajadas. Si bien la ley de asilo lo prevé, nueve años después la falta de un reglamento lo hace inefectivo en la práctica. También se necesitan puertas de entrada para aquellos que vienen a vivir y trabajar. No porque lo necesiten ellos. Porque lo necesitamos nosotros, nuestras sociedades envejecidas y nuestros estados de bienestar precarizados.

Una política radical también exige preguntarse qué pasa al otro lado. Los estados miembros de la Unión Europea, con España al frente, han externalizado el control de sus fronteras a los países vecinos. Pagamos para que lo hagan otros. Cabe preguntarse qué se hace con nuestro dinero. No vale decir que no se tiene constancia de la vulneración de derechos fundamentales. Quien paga tiene la responsabilidad. La responsabilidad de todo lo que se haga en su nombre pero también la responsabilidad de saber. No se puede no saber.

Finalmente, más allá de los hechos, se necesitan otras palabras. Jean-Claude Juncker afirmaba en su último discurso sobre el estado de la Unión que "Europa necesita un sistema efectivo de protección de sus fronteras". Pero, ¿acaso no lo tiene? La reducción drástica de las llegadas a las costas europeas en los últimos años indica que sí. Asumir los discursos de la extrema derecha no sólo nos lleva a un bucle insaciable de más control sino que, contrariamente a lo que se piensa, les da la razón y, con ello, les regala aún más votos. 

Palabras clave: Inmigración, Aquarius, fronteras, Ceuta y Melilla, reasentamiento, asilo

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012