Las normas y políticas de los entes locales en materia de inmigración

Como se pone de manifiesto a lo largo de las páginas de este anuario, todas las administraciones públicas –comunitaria europea, central, autonómica y local– tienen un alto grado de responsabilidad en el desarrollo de políticas que favorezcan una buena gestión del fenómeno migratorio. De entre esas administraciones la comunitaria y la estatal han de prestar una especial atención a la dimensión relativa al control de fronteras, mientras que, en lo que hace a la integración social de las personas de origen extranjero en la sociedad de acogida, son los órdenes autonómico local los que gozan de un campo de actuación más amplio, y ello por dos razones: a) ser las administraciones más cercanas al ciudadano, y por tanto las principales prestadoras de servicios públicos; y b) ostentar, en virtud del reparto competencial al que haremos posterior referencia, la titularidad de una serie de competencias vinculadas al desarrollo de políticas propias del estado del bienestar y del disfrute por tanto de ciertos derechos sociales que resultan fundamentales para lograr una adecuada integración del inmigrante en las comunidades de acogida, la primera de las cuales es la comunidad local. Así pues, a la hora de analizar las actuaciones de los entes locales en relación con la gestión del fenómeno migratorio, será preciso centrarse en la perspectiva de la integración social de las personas inmigrantes.