La reforma migratoria en Estados Unidos y nosotros, europeos
Lorenzo Cachón
Universidad Complutense de Madrid
18 Junio 2013 / Opinión CIDOB, n.º 196 / E-ISSN 2014-0843
El pasado día, 11 de junio de 2013, el Senado de Estados Unidos, el país del mundo que acoge mayor número de inmigrantes, dio un paso fundamental para llevar a cabo una reforma integral del sistema migratorio (Comprehensive Immigration Reform, CIR). Tras la propuesta del “grupo de los ocho” (cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos) y la reñida aprobación en el Comité de Asuntos Jurídicos, el pleno del Senado, por una notable mayoría de 83 frente a 15, aprobó que se someta a discusión en la propia cámara alta la “Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act”. Aún así, esa mayoría no garantiza un paso cómodo del proyecto por el Senado porque numerosas enmiendas buscarán cambios significativos del texto inicial. Tras la aprobación futura de un posible texto que cumpla las expectativas de demócratas y republicanos deberá ir al Congreso, con mayoría republicana, donde su presidente John Boehner anuncia una dura batalla para cambiar los colores de la ley en nombre de la necesaria “seguridad de la frontera” y donde esperan poco agazapados los congresistas del Tea Party.
Para evaluar la relevancia de esta ley, conviene recordar que en los estudios sobre las políticas migratorias ocupa un lugar estelar el análisis de la IRCA (Immigration Reformand Control Act) de 1986 que, entre otros aspectos relevantes, permitió la mayor regularización de inmigrantes que ha tenido lugar hasta la fecha (con 2,7 millones de inmigrantes regularizados: 1,6 en el programa general y 1,1 en el agrario). Aquella reforma tuvo también una compleja elaboración: comenzó con una propuesta de un presidente demócrata (Carter) y se aprobó con uno republicano (Reagan). Pero el sistema de gestión de la inmigración que estableció no ha sido capaz de gestionar de modo eficaz los flujos migratorios que el mercado de trabajo y la sociedad estadounidense necesitan. A pesar de las numerosas reformas parciales que se han llevado a cabo desde los años ochenta y de las leyes de marcado acento “securitario” aprobadas desde el 11 de septiembre de 2001, en la actualidad hay un reconocimiento general de que el sistema migratorio “está roto”. La mejor prueba son los 12 millones de inmigrantes que vivían de modo irregular en Estados Unidos en 2007. Su cifra se ha reducido en casi un millón desde esa fecha pero ha sido sobre todo como consecuencia de la Gran Recesión y no de las políticas de reforzamiento de la frontera y de deportaciones (por más que ambas han sido muy importantes en los últimos años).
Este proyecto de CIR comenzó bajo presidencia republicana (Bush) y debe ser aprobado bajo presidencia demócrata (Obama), tuvo como impulsores es sus primeras etapas a los senadores Kennedy (demócrata) y McCain (republicano) y retomó impulso en las campañas electorales del Presiente Obama y en las numerosas movilizaciones de inmigrantes (sobre todo latinos) al grito de “el momento es ahora”. Tras la frustración del primer mandato, la CIR ha renacido en el segundo en un contexto distinto: presión de los ciudadanos de origen latino y de los inmigrantes, fuerte impulso desde la presidencia, consenso de las fuerzas sociales y, paradójicamente, la necesidad del partido republicano de no perder del todo su alma conservadora responsable (y sus posibles votantes de origen latino) bajo las presiones extremistas del Tea Party.
La ley permitirá que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados puedan llegar a solicitar la ciudadanía al cabo de 13 años (después de sortear un largo proceso lleno de “castigos”); será, por tanto, el programa extraordinario de regularización de inmigrantes más grande de la historia ya que por sí solo permitirá regularizar más inmigrantes que la suma de todos los programas extraordinarios de regularización conocidos juntos. Este solo dato hace ver la relevancia histórica de lo que se discute en esta ley. Además, creará programas para reclutar trabajadores de baja cualificación y agrícolas (como el “guestworker program” que planteó el Presidente Bush en 2004 al final de su primer mandato), mejorará los programas existentes para trabajadores altamente cualificados (tan relevantes para competir en una economía del conocimiento), obligará a que los empleadores verifiquen el estatus legal de todos sus empleados y reforzará aún más la ya segura frontera con México (el título de la ley reconoce esta inspiración securitaria al mismo tiempo que intenta hacerse compatible con la respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, a las demandas, sobre todo, de los grupos latinos y a los intereses electorales de los partidos).
Y ¿qué tiene que ver este histórico momento en Estados Unidos con nosotros, europeos, que llevamos años en otro momento (histórico, también) en que estamos sometidos a un (monótono, reiterado y cuasi general) discurso antiinmigración inspirado en posiciones de derecha extrema, que continuamos implementando políticas de inmigración restrictivas y políticas de integración asimilacionistas que cuestionan algunos de los principios en los que se basa la Unión Europea? Pocas cuestiones levantan tantas pasiones en los debates públicos como la inmigración. Y mucho saben en Estados Unidos sobre tiempos pro- y anti-inmigración. Pero el debate social y político que está teniendo lugar en estos meses, junto al peso “securitario” de muchas posiciones, deja aparecer la discusión sobre cómo debe ser una política de inmigración que permita abrir cauces legales para encauzar los flujos de nuevos migrantes que el mercado de trabajo y que la sociedad necesitan, que permita gestionar la reagrupación familiar y los refugiados políticos, y que permita abrir un camino (aunque sea estrecho y lleno de obstáculos) para que 11 millones de inmigrantes indocumentados puedan legalizar su situación y acabar convirtiéndose en ciudadanos estadounidenses. ¿Para cuándo unos debates como estos en Europa?
Como ha recordado el Presidente Obama, “el momento es ahora”, hay que superar los miedos y dejar que el “sentido común” inspire las políticas de inmigración y de integración de y con los inmigrantes.