La exclusión es conflicto

*Una versión de este artículo se publicó previamente en el  diario ARA  

Primero fue en la localidad de Canet, donde un hombre entró con un machete en un centro de menores extranjeros no acompañados. Pocos días después en Castelldefels, cuando una discusión entre jóvenes tutelados y otros del municipio llevó a un grupo de encapuchados a entrar en el centro y agredir a los menores acogidos y a sus educadores. La conmoción es importante. Otros países europeos también han vivido ataques xenófobos contra centros de refugiados pero aquí se suma el agravante de ser ataques contra menores.

La Generalitat no dudó en tildarlo de acto racista y anunció que presentaría una denuncia en la Fiscalía por un presunto delito de odio. Otras voces han sido menos contundentes. La propia alcadesa de Castelldefels, Maria Miranda, reclamaba prudencia a la hora de calificar los hechos y hablaba de una "pelea entre jóvenes". Las manifestaciones de denuncia sobre lo que se considera un discurso del odio cada vez más normalizado son importantes. Pero también ha habido movilizaciones (menores) en sentido contrario.

La condena a cualquier forma de racismo es fundamental. Pero no nos podemos quedar aquí. Se estima que en 2018 llegaron a España 3.649 menores extranjeros no acompañados y que en 2019 esta cifra puede superar los 5.500. Es necesario un esfuerzo conjunto para darle respuesta. Este esfuerzo pasa en primer lugar por revisar cómo los estamos recibiendo en frontera. Un informe de UNICEF denunciaba que se están vulnerando gravemente los derechos de los menores no acompañados desde el momento de su llegada ya que es la policía y no los organismos del sistema de protección a la infancia quien inicia los procesos de atención y recepción. El informe también denuncia centros de acogida en condiciones de hacinamiento y sin los servicios necesarios.

No nos podemos permitir tampoco que las fronteras administrativas excluyan a los que ya están aquí. Esta también es una responsabilidad del gobierno central. Retrasos en los trámites para la autorización de residencia o la obtención de esta autorización pero sin el permiso de trabajo impiden que los mayores de 16 años puedan formalmente buscar un empleo. Este es uno de los casos donde la ley de extranjería se impone sobre las normativas que regulan los derechos de los menores. Recordemos que la mayoría han venido a trabajar y que, en muchos casos, su proyecto migratorio forma parte de un proyecto familiar más amplio para salir de la pobreza. No tener todavía la autorización de residencia cuando llegan a la mayoría de edad puede significar también que el procedimiento de integración social no continúe y por tanto terminen en situación de irregularidad.

En Cataluña se han creado 2.655 nuevas plazas desde 2017. El esfuerzo es ingente pero no suficiente. El tercer sector lamenta la improvisación, por ejemplo, con la apertura de centros de emergencia que se alargan en el tiempo o que no disponen de un proyecto educativo que garantice un proceso integral. Castelldefels es un ejemplo de lo primero. Aunque a principios de este año la Generalitat presentó la primera Estrategia Catalana para la Acogida y la Inclusión de los Niños y Jóvenes Emigrados Solos, aún queda mucho por ejecutar. Tal y como explicita el propio plan, es fundamental el paso de la acogida a la emancipación y, a otro nivel, la relación coordinada entre los diferentes actores implicados.

Es justamente ahí donde no podemos olvidar el papel de los municipios: porque es a nivel local donde se ponen de manifiesto los conflictos derivados de una mala acogida; porque es aquí donde determinados discursos xenófobos y racistas pueden activarse más rápidamente; y, en positivo, porque es en los municipios donde las políticas se traducen en prácticas y donde interactúan administraciones, entidades sociales y sociedad civil. No sólo es cuestión de informarles. Se trata también de hacerlos partícipes e incluirlos en un proceso de acogida que no es competencia pero sí responsabilidad de todos, desde Ayuntamientos a escuelas, asociaciones de vecinos, entidades sociales y culturales, así como cada uno de los vecinos y vecinas de cada pueblo o barrio.

La condena del racismo es fundamental pero no suficiente. Además de condenar, se debe explicar. Hay que decir, una y otra vez, que han venido para quedarse. Y que de la acogida que les demos no sólo dependen sus derechos sino también las sociedades que queremos ser. La exclusión de hoy es el conflicto de mañana. Sólo desde la inclusión podemos crear sociedades seguras. Esto no significa que no haya elementos de conflicto. Los conflictos son también parte del proceso. La cuestión es si hacemos de estos conflictos un argumento más para la inclusión o nos dejamos llevar por discursos de tipo racista o xenófobo que den alas a aquellos que hacen de la exclusión su principal carta de presentación.

Palabras clave: MENA, exclusión, acogida, ley de extranjería, racismo

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012