La construcción de la paz: derechos humanos, desarrollo, desarme y seguridad
La construcción de paz, eje esencial de la creación de Naciones Unidas, se halla en una crítica encrucijada. Es crucial que la respuesta que den los estados a esta situación no pase por desatender los retos ambientales, sociales y de derechos humanos que enfrentamos. De lo contrario, los niveles de inseguridad y de falta de paz se incrementarán.
De los cinco puntos que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, propuso para ordenar el debate de la Cumbre del Futuro de septiembre de 2024, uno está dedicado exclusivamente a la paz y la seguridad internacionales. En parte es lógico, porque las Naciones Unidas surgieron como una respuesta colectiva para encauzar la voluntad de preservar la paz ante las extremas atrocidades acaecidas en el siglo xx (holocausto, Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas). Pero su preponderancia en el documento también es un reflejo de los enormes retos a la seguridad a los que debemos hacer frente y de la precariedad de la paz en la actualidad. Finalmente, también es un signo de alarma y un toque de atención. Porque sin paz los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda climática y la garantía de los derechos humanos peligran más de lo que ya tradicionalmente sufren.
Tras el fin de la Guerra Fría, después de unos años en que el reforzamiento del sistema internacional y el descenso de los conflictos armados parecían alumbrar un horizonte menos bélico y más asentado en normas y consensos, la guerra vuelve a estar presente, y sus estragos sobre el sistema internacional, los derechos humanos y la seguridad son notables. Los datos son claros: afrontamos una era con más conflictos armados, con un número elevado de muertes por dichos conflictos y muchísimos más refugiados y desplazados que huyen de la guerra. Además, todos aquellos vectores que son parte consustancial del progreso y la posibilidad de la paz (derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible, etc.) están también en una situación crítica. Por ello, es fundamental reaccionar, proponer medidas de avance concretas y reclamar compromiso e implicación a los gobiernos.
Derechos en la encrucijada
El número de países democráticos recula, mientras el autoritarismo sube. Según el Democracy Index que elabora The Economist desde 2006, en 2022 y 2023 se han observado los niveles más bajos de países democráticos (plenos o híbridos) y los más altos de regímenes autoritarios. Asimismo, según el Informe sobre la Democracia 2024 de V-Dem, los avances en los niveles globales de democracia en los últimos 35 años se han esfumado: varios países transitan de la democracia a la dictadura y el 71% de la población mundial vive en autocracias. No solo avanza el autoritarismo, sino que también este es mejor valorado: según un barómetro de Open Society de 2023, el 42% de los menores de 36 años en todo el mundo creen que una dictadura militar es el mejor régimen político. Sin duda, la crisis de legitimidad y credibilidad que sufren muchos gobiernos democráticos, la incapacidad para dar respuesta a muchos retos sociales y económicos que acechan a la población, o la insatisfacción y el miedo creciente en buena parte de la ciudadanía no son buenos aliados para el fortalecimiento de las democracias.
Pero no solo afrontamos un mundo con más autoritarismo. También observamos cómo en los países democráticos se precariza y fragiliza la calidad de la democracia y se normalizan e integran numerosas vulneraciones de los derechos humanos. Es significativo que, hace un par de décadas, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con la previsión –y la confianza– de que los derechos civiles y políticos parecían sólidamente asentados en nuestro entorno, se plantearan abrir reivindicaciones en el ámbito de los derechos sociales y económicos. Sin embargo, precisamente en las dos últimas décadas, el retroceso en los derechos humanos más fundamentales (libertad de expresión, reunión, manifestación, etc.) es notable. Como ha alertado Amnistía Internacional en el su reciente Informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, «las acciones de muchos estados poderosos arrastran la humanidad hacia una era faltada de Estado de derecho en el ámbito internacional, en la que es la población civil quien paga un precio más alto».
Potencias y otros estados hablan mucho de derechos humanos, pero no de forma comprometida, sino como arma arrojadiza en un entorno global disruptivo y polarizado entre bloques. Algunos gobiernos reclaman y exigen que se cumplan las recomendaciones de los organismos del sistema de Naciones Unidas, así como las sentencias o disposiciones del Tribunal Internacional de Justicia, cuando ello compete a la actuación de países adversarios o enemigos, pero las ignoran, e incluso menosprecian o atacan, cuando atañen a las actuaciones propias o a las de países y potencias amigas o aliadas. Sin ir más lejos, las reacciones en relación con las guerras de Ucrania y Gaza son un clarísimo y lamentable ejemplo de ello. De tan evidente, el mismo secretario general de Naciones Unidas no evita nombrar la realidad por su nombre: denuncia un doble rasero que dificulta la aplicabilidad de las normas y la confianza en el sistema global. Y recuerda que la desconfianza creciente entre el Norte y el Sur globales es un riesgo para la seguridad colectiva.
Como se señalaba lúcidamente en la «Nueva Agenda de Paz» de Naciones Unidas en 2023, un documento elaborado por el secretario general en el marco de la propuesta «Nuestra Agenda Común» que ha de servir para inspirar el contenido de la Cumbre del Futuro, la mejor herramienta para prevenir los conflictos armados no es dilapidar el sistema de derechos humanos sino fortalecerlo. También en este sentido, el borrador del Pacto de la Cumbre del Futuro y las recomendaciones del secretario general dejan clara la necesidad imprescindible de incorporar la dimensión de género: para tener en cuenta el impacto específico de la violencia sobre las mujeres, así como para potenciar y encauzar el capital transformador y preventivo que el empoderamiento de las mujeres y su mayor presencia institucional, pública y social (también en las negociaciones diplomáticas y los procesos de paz) otorgaría al fomento y la garantía de paz.
Armas e (in)seguridad
Pese a la concepción simplista que relaciona un mayor nivel de armas con más seguridad, la evidencia no para de señalarnos datos en el sentido opuesto. Dos décadas de incremento del gasto militar, con un comercio de armas pujante, presentan unos resultados desalentadores en términos de seguridad colectiva, regional e interna. Durante la segunda mitad del siglo xx, el sistema internacional se preocupó –lógicamente, después del desastre de Hiroshima y Nagasaki– de atender a la regulación y prohibición de las armas de destrucción masiva. A finales de ese siglo, sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y la certeza de que muchos conflictos se disputaban con armas cortas y ligeras, se orientó la atención a evitar la creciente epidemia de muertes provocadas por la violencia armada y su falta de regulación regional y global.
Ahora mismo, se deben atender los dos riesgos, tal como recoge el borrador del Pacto para el Futuro. Por un lado, las carencias en los mecanismos de control y prevención del comercio de armas por la falta de instrumentos y de compromiso de los estados con respecto a los existentes, facilitan una proliferación de armas cortas y ligeras que alimenta la violencia armada en guerras, conflictos sociales y crimen organizado. Por el otro, sin duda, la constatación de que el peligro nuclear no es algo del pasado sino plenamente actual, ha hecho que muchas alarmas de disparen. Los nueve países poseedores de armas nucleares (los cinco oficiales, según el Tratado de No Proliferación Nuclear –Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia– y los cuatro no oficiales –Paquistán, India, Israel y Corea del Norte–) disponen de un arsenal conjunto de más de 12.000 armas nucleares. Según señala el SIPRI en su Yearbook 2024, estos nueve países siguieron modernizando sus arsenales y algunos de ellos desplegaron nuevos sistemas de armas nucleares o con capacidad nuclear. Lo más llamativo, sin embargo, es que se ha incrementado el número de cabezas nucleares operativas, es decir, desplegadas en misiles y sistemas de lanzamiento.
En este contexto de crisis y zozobra, los estados han virado significativamente: en vez de mirar hacia el sistema internacional –la generación de mecanismos de confianza y la seguridad colectiva– vuelven a mirar hacia sí mismos, atendiendo a sus ambiciones (y miedos) geoestratégicos, poniendo en el centro de sus políticas de defensa la capacidad de disuasión y, en el caso de las potencias nucleares, la disuasión nuclear. Con ese viraje, el riesgo es evidente, ya que los peligros en clave de seguridad global se agudizan. De hecho, como señaló el secretario general en el informe «Nuestra Agenda Común», había más mecanismos de control de armas en la Guerra Fría que ahora mismo. Más allá del control de armas, el borrador del Pacto para el Futuro apuesta claramente por el desarme y pide trabajar para la universalización efectiva de los diferentes acuerdos ya conseguidos en ese sentido, tanto en materia de armas de destrucción masiva como de armas convencionales. Es significativo, sin embargo, que en el informe del secretario general se mencione el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), mientras que en el borrador de la cumbre, que debe ser aprobado por los estados, se hable de «desarme nuclear» pero no se menciona explícitamente el TPAN, seguramente para no incomodar a las potencias y los gobiernos que se oponen al acuerdo de manera activa e irresponsable.
Otra preocupación compartida, y recogida ampliamente en el borrador de la cumbre, es la capacidad de las nuevas tecnologías para generar otras vulnerabilidades a la seguridad de personas y comunidades. En su momento, desde varios organismos de Naciones Unidas ya se alertó de la proliferación de inversiones e investigaciones desarrolladas por varios países para dotarse de Killer Robots1. Pero los retos que plantean la guerra cibernética, la extensión de los drones y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de armas generan aún mayor inquietud, respecto a sus posibles impactos en la población civil debido a la falta de regulación efectiva y a los agujeros y las dificultades que su uso puede conllevar a la hora de identificar responsabilidades y, por lo tanto, el riesgo de una mayor impunidad. En cualquier caso, es importante destacar tanto la voluntad recogida en el borrador de revitalizar el papel de Naciones Unidas en la promoción del desarme, ya que, sin duda, este se ha mantenido en un perfil demasiado bajo en los últimos años, como la propuesta del secretario general, mencionada en la «Nueva Agenda de Paz», de impulsar que el Consejo de Seguridad tenga un papel más activo en la disuasión, ya no del uso sino de la amenaza del uso de armas nucleares.
Un desarrollo menoscabado, una necesaria reacción
El establecimiento de los ODS en 2015 planteaba medidas modestas y avances graduales para llegar a una perspectiva de desarrollo justo y sostenible. Si bien los avances eran tímidos, a raíz de la pandemia de la COVID-19, las guerras en Ucrania y Gaza y otros factores, los avances se han truncado y los ODS parecen lejos de cumplirse. De hecho, en 2023, un informe de Guterres a la Asamblea General sobre los progresos para lograr los ODS ya mencionaba que «muchos de los ODS están entre moderada y gravemente desencaminados». Al respecto, la Cumbre del Futuro se fundamenta en la profunda interdependencia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz; porque la paz es, en buena parte, resultado de la satisfacción de los derechos humanos para todas las personas y de la capacidad para superar la crisis climática. Y la seguridad, más allá de una visión estrictamente militar, se fundamenta en los seres humanos y en las garantías de supervivencia, libertad y dignidad.
La confianza es una piedra angular del sistema de seguridad colectiva, tal como se menciona en «Nuestra Agenda Común». En su ausencia, los estados recurren al instinto básico de garantizar su propia seguridad, lo que, al ser recíproco, crea más inseguridad global. Y las dinámicas de remilitarización en las que nos encontramos, y que se retroalimentan entre sí, generan una desatención grave hacia los enormes retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. Por ello, es muy importante el compromiso del secretario general de elaborar informes para velar por que el incremento del gasto militar no vaya en detrimento de la satisfacción de los ODS. El mundo está en llamas, con una paz maltrecha y con vectores que son consustanciales a una buena salud y fortalecimiento de la paz severamente atacados (derecho internacional), en franco retroceso (derechos humanos) o menoscabados (desarrollo sostenible). Es necesaria y urgente una rectificación porque, como señala el secretario general en el documento «Nueva Agenda de Paz», «lo que está en juego no es el futuro de las Naciones Unidas, sino el de nuestras naciones y el de la humanidad».
Nota:
1- Robots asesinos o armas con capacidad autónoma para matar.