Introducción: una mirada desde lo urbano a los bienes y derechos básicos
La guerra de Ucrania, las persistentes disrupciones en la cadena mundial de suministros y el aumento del coste de la vida fruto del contexto económico inflacionario han agravado las dificultades de acceso a bienes y derechos básicos como la energía, la alimentación, el agua potable, la salud, la vivienda o la conectividad digital. Esto ha acentuado las desigualdades y situación de vulnerabilidad de buena parte de la población mundial, manifestándose de forma especialmente evidente en las ciudades. Este CIDOB Report analiza las causas, impacto y respuestas que están surgiendo para abordar la presente crisis global de acceso a bienes y derechos básicos desde una perspectiva urbana.
Vivimos tiempos complejos, marcados por una concatenación y confluencia de crisis múltiples e interrelacionadas, que interaccionan y se refuerzan entre sí. Palabras como policrisis o permacrisis han entrado con fuerza en nuestro vocabulario; ya forman parte de un glosario de emergencia para describir esta nueva era de incertidumbre, donde conviven una serie de acontecimientos desestabilizantes como la inconclusa recuperación pospandemia, la guerra de Ucrania –y las consiguientes crisis alimentaria y energética, el aumento de la inflación, el endurecimiento de la deuda– o la erosión de los sistemas democráticos y la emergencia climática.
Esta convergencia de crisis y las tibias perspectivas económicas mundiales están resultando devastadoras para una parte sustantiva de la población mundial, con fuertes caídas en los índices del bienestar, la equidad y el acceso a bienes y derechos básicos como la alimentación, el agua, la vivienda o la energía, entre otros. Décadas de progreso y desarrollo parecen haberse detenido, o incluso revertido. Por primera vez, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) global, calculado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para medir la esperanza de vida, la situación de la educación y los ingresos per cápita en distintos países, ha retrocedido durante dos años consecutivos. Sin duda, esto nos sitúa en un escenario poco alentador para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este contexto, este CIDOB Report analiza las causas, el impacto y las respuestas que están surgiendo para abordar la presente crisis global de acceso a bienes y derechos básicos. Lo hace adoptando una perspectiva eminentemente urbana, puesto que es en las ciudades donde vive la mayor parte de la población mundial y donde se está manifestando de manera más significativa esta intensificación de las desigualdades y vulnerabilidades. Además, si bien la responsabilidad última sobre la provisión de bienes y derechos básicos no siempre recae en los gobiernos locales, son estos los que deben afrontar mayoritariamente las consecuencias económicas y sociales de su insuficiencia (Satterthwaite, 2013: 13). Dada la magnitud de este desafío, muchas ciudades están impulsando iniciativas innovadoras para asegurar la continuidad de los servicios públicos locales y salvaguardar así la vida y el sustento de las personas (Saiz y de la Varga, 2022: 2).
Antes de entrar propiamente a presentar la estructura de esta publicación, conviene hacer una aclaración preliminar sobre la terminología empleada, puesto que la categoría «bienes y derechos básicos» puede, de manera confusa, albergar diferentes interpretaciones y alcances. Así, aquí se entiende por «bienes básicos» aquellos bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades humanas más elementales y que, por tanto, resultan centrales para el progreso humano (Reinert, 2018)1. Se suelen incluir en esta categoría los alimentos nutritivos, el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y de educación, la vivienda, la electricidad y todos los servicios de seguridad humana, en general.
Sin embargo, el progreso humano no solo está vinculado al acceso a determinados bienes, sino también a la realización de algunos derechos básicos como pueden ser, entre otros, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la conectividad digital, el derecho a la información, el derecho al trabajo o el derecho a la participación política. Así, los «derechos básicos» son aquellos que deben cumplirse como condición necesaria para poder disfrutar de otros derechos (Shue, 1996).
Por último, cabe destacar la estrecha relación existente entre el concepto de «bienes básicos» y el de «derechos básicos». Podría incluso argumentarse que los bienes básicos son esencialmente derechos básicos, en el sentido de que estos últimos se cumplen a través de la provisión de los primeros (Reinert, 2020). O, dicho de otra manera, puede resultar difícil (o incluso imposible) ejercer derechos básicos en una situación de privación grave de bienes y servicios de subsistencia.
Estructura de la publicación
Este volumen está conformado por nueve capítulos, los cuales vienen ordenados siguiendo una lógica temática, ya que cada uno está dedicado a un bien o derecho básico para el «desarrollo sostenible»2. Los cuatro primeros capítulos analizan el acceso a bienes básicos tradicionales, considerados también como derechos de subsistencia: la alimentación, la energía, la vivienda y la salud. A continuación, siguen dos contribuciones centradas en bienes que recientemente han cobrado una nueva relevancia: el acceso a la información, así como a la conectividad digital. Finalmente, se aborda la provisión de bienes públicos globales, como puede ser la paz, la democracia local y la protección humanitaria.
De esta forma, la publicación se inicia un capítulo dedicado a la energía, donde Víctor Burguete examina las causas del retroceso global que se está dando en el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. El autor reflexiona sobre el aumento de la desigualdad energética y presenta algunas de las principales políticas impulsadas por gobiernos tanto centrales como locales para mitigar la escasez energética y la subida de precios.
En el segundo capítulo, Ana García Juanatey destaca la tendencia global, desde 2014, al deterioro de la seguridad alimentaria; una situación que se atribuye a factores tanto estructurales (el creciente impacto del cambio climático en los sistemas agrícolas) como coyunturales (el aumento de los precios de los alimentos debido a la pandemia de la COVID-19 o la invasión rusa de Ucrania). La autora sostiene que el hambre en las áreas urbanas presenta características distintivas, y examina las diversas medidas adoptadas por algunas ciudades para mejorar la seguridad alimentaria de sus habitantes. Estas medidas se enfocan principalmente en acortar las cadenas de distribución y reconectar los sistemas alimentarios con su entorno.
Por otra parte, el acceso a una vivienda adecuada es un componente esencial para alcanzar un nivel de vida digno, y ello está intrínsecamente ligado al disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, según lo expuesto por Lorena Zárate en su contribución, el derecho a la vivienda hoy en día se encuentra amenazado. Nos enfrentamos a una crisis habitacional planetaria que se explica, entre otros factores, por procesos de privatización, gentrificación y turistificación que tienen lugar en las principales ciudades del mundo. En este contexto, las comunidades y los gobiernos locales y regionales desempeñan un papel fundamental para promover agendas transformadoras basadas en el «derecho a la ciudad», los cuidados y los bienes comunes.
La salud es otro insumo clave para el desarrollo sostenible y, dado que se prevé que las ciudades alberguen dos tercios de la población mundial en 2050, la cuestión de cómo convertir los espacios urbanos en entornos más saludables adquiere hoy una relevancia capital. Esta cuestión fundamental es precisamente sobre la que reflexiona Rafael Vilasanjuan, quien nos ofrece una radiografía de los nuevos condicionantes que afectan la salud de las personas que viven en las ciudades; entre otros, analiza las enfermedades crónicas inducidas por factores ambientales, el clima o los hábitos de vida. En este contexto, el autor reivindica la «geografía urbana» como la mejor propuesta para avanzar en el bienestar de la mayoría de la población del planeta.
Entrando en los nuevos derechos, la que firma estas líneas defiende que la conectividad digital no es un lujo, sino una dimensión imprescindible del desarrollo sostenible. En la actualidad, muchos aspectos fundamentales de nuestras sociedades (el trabajo, la educación, etc.) dependen del acceso a Internet y, por ello, su acceso se ha convertido en un estándar de vida esencial similar al acceso al agua o la energía. Sin embargo, la transición digital global se está dando de manera desigual. Al respecto, se analizan las diferentes dimensiones de las brechas digitales que están surgiendo, así como algunas iniciativas impulsadas por ciudades para revertirlas.
Por su parte, Carme Colomina expone cómo estamos viviendo también una pandemia de desinformación, lo cual no es un tema menor, puesto que la información es un bien público esencial y un derecho multiplicador de otros derechos: cuanto más conocimiento sobre las sociedades y cómo se gobiernan tengamos, mejor podrán funcionar los sistemas democráticos. En su aportación, la autora defiende la importancia del periodismo local y la información de proximidad como los mecanismos de rendición de cuentas más próximos a la ciudadanía, aspectos esenciales para reducir la corrupción gubernamental y alentar la participación política.
La democracia se está erosionando en todo el mundo. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) pone cifras concretas a esta realidad: la mitad de los gobiernos democráticos en el mundo están en declive, mientras que los regímenes autoritarios són cada vez más represivos. Esta erosión global de la democracia también está afectando al nivel local, al revertirse algunos procesos descentralizadores que se dieron en las últimas décadas. Este es el diagnóstico que presenta Agustí Fernández de Losada en su contribución, donde afirma que en los últimos años la agenda de la descentralización ha sido desplazada por los procesos de localización que emanan de la Agenda 2030. Ante el surgimiento del autoritarismo antidemocrático en muchos países, el poder local alberga la esperanza de actuar como mecanismo de resistencia, control democrático y articulación de la oposición.
La paz, promesa central de la Carta de Naciones Unidas, es uno de los bienes públicos globales más difíciles de preservar. Así lo constata la última edición del Índice de Paz Global del institute for Economics & Peace (IEP), donde se revela que, por catorceavo año consecutivo, el nivel promedio de paz global se ha vuelto a deteriorar. Y cuando la paz se resquebraja, las zonas urbanas pueden convertirse fácilmente en escenarios de guerra y destrucción. Ante esta mirada pesimista,Pol Bargués nos ofrece una relectura de las ciudades como artífices de una «paz sostenible», que es una paz positiva, sustentada sobre la promoción de proyectos municipalistas emancipadores y la provisión de servicios públicos que buscan mejorar la coexistencia entre generaciones, pueblos y culturas.
Finalmente, una de las consecuencias de tener un mundo cada vez menos pacífico, con crisis más prolongadas, complejas y graves, es la creciente necesidad de ofrecer protección humanitaria a aquellas personas que huyen de conflictos y guerras. En el último capítulo, Francesco Pasetti sostiene que el sistema de protección internacional vive una crisis endémica y, centrándose en el contexto español, identifica tres límites estructurales a que debe hacer frente dicho sistema: el acceso a la protección, la capacidad material de acogida (número de plazas, presupuesto y personal), así como los problemas en el diseño del itinerario dentro del sistema de acogida. El autor argumenta que es en el ámbito local donde se concreta la acogida y materializa el derecho de asilo, por lo que apunta algunas iniciativas municipalistas para mejorar el sistema de protección internacional.
Referencias bibliográficas
Reinert, Kenneth A. No Small Hope: Towards the Universal Provision of Basic Goods. New York: Oxford University Press, 2018.
Reinert, Kenneth A. «Development Ethics Reconsidered: Basic Goods are Basic Rights». Global Perspectives, vol. 1, n.º. 1 (2020)
Saiz, Emilia y de la Varga, Octavi. «Prólogo», en: LSE, CGLU, Metrópolis Servicios públicos locales en tiempos de crisis: ¿Cómo adaptar los modelos de gobernanza? La gobernanza de las emergencias en las ciudades y regiones. Informe de políticas, n.º 5 (2022)
Satterthwaite, David. «Introducción», en: CGLU. El acceso a los servicios básicos y el proceso de urbanización mundial. Tercer Informe Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos sobre la Descentralización y la Democracia Local (GOLD III). (2013) (en línea) https://issuu.com/uclgcglu/docs/re_gold_iii_esp
Shue, Henry. Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press, 1996.
Notas:
1- Como apunta Reinert (2018), el término «bienes básicos» suele incluir tanto bienes como servicios básicos, puesto que en la mayoría de los casos es difícil separar estas dos categorías. Por poner un ejemplo: la provisión de servicios de salud requiere algunos bienes, como las vacunas, y la provisión de alimentos requiere de algunos servicios, como el transporte.
2- Según la primera definición histórica del término, formulada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Bruntland) en 1987, el «desarrollo sostenible» es «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades».
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