Introducción: migraciones y violencias desde una perspectiva de género

Berta Güell, investigadora principal, CIDOB. bguell@cidob.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4263-6763

Sònia Parella, profesora titular, Departamento de Sociología, CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona. sonia.parella@uab.cat. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9213-5484

En un contexto de crecientes desigualdades, vulnerabilidades y precariedad a nivel global, los flujos migratorios han aumentado de modo considerable, especialmente aquellos que se producen de manera forzosa. Ya sea por motivos económicos, políticos, climáticos o sociales, cada vez más se asiste a una serie de movilidades involuntarias protagonizadas por personas que emigran en búsqueda de un territorio más seguro. Saskia Sassen (2016) denomina este tipo de movilidades como «migraciones de supervivencia», aludiendo a la pérdida masiva de hábitat que se da en los lugares de origen y que conduce a cada vez más personas a arriesgar sus vidas en peligrosos viajes hacia una vida mejor. Factores desencadenantes como una guerra, la falta de seguridad, la pérdida de recursos naturales, la escasez de agua o la pobreza, así como la falta de expectativas de futuro, conforman un escenario que diluye la frontera entre el prototipo de migrante económico y el solicitante de asilo, tal y como viene definido en los tratados y acuerdos internacionales (como la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados o el Global Compact for Migration de 2018). Bajo este paraguas, se produce una movilidad que es motivada por una expulsión económica, social y biosférica, en la que las personas simplemente anhelan ya no solo mejorar su vida, sino lograr sobrevivir.

Asimismo, otros autores como Castles (2003) hacen referencia a la «crisis global de la migración», caracterizada por un gran incremento de movilidad humana causado por situaciones de empobrecimiento, violencia y vulneración de los derechos humanos en todo el mundo. Estos factores operan conjuntamente y se inscriben dentro de las relaciones de dependencia entre el Norte y el Sur Global, de modo que la separación entre las motivaciones económicas y aquellas vinculadas con los derechos humanos es cada vez más borrosa. En este sentido, si bien la decisión de emigrar es una opción personal (voluntaria), la presencia de factores estructurales que motivan la expulsión de miles de personas de un territorio convierte ese flujo en una migración forzada.  Precisamente en las migraciones forzadas es donde se producen más manifestaciones de la violencia, ya sea física, simbólica, institucional o estructural. Y es que el déficit de seguridad humana no solo constituye la principal causa de los flujos migratorios forzados, sino que conlleva múltiples formas de violencia con efectos diferenciados sobre la vida de las personas durante todas las etapas del proceso migratorio. En esta diferenciación, ser mujer o pertenecer a una minoría sexual tiene un gran impacto a la hora de enfrentar vulnerabilidades y violencias específicas. Prácticas como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, los crímenes de honor, las violaciones, la prostitución coactiva, la violencia doméstica o los feminicidios son formas específicas de violencia de género que pueden manifestarse a lo largo del ciclo migratorio y que afectan desproporcionadamente a las mujeres y, aunque en menor medida, al colectivo LGTBI+.

Este conjunto de violencias, sin embargo, no pueden inscribirse exclusivamente al proceso migratorio. Lejos de ser así, son reflejo de un contínuum de violencia que marca toda la experiencia vivida, no solo la migratoria, y engloba desde la violencia estructural que legitima el patriarcado (la «pedagogía de la crueldad», en términos de Rita Segato [2013]), hasta la violencia política que emana de las políticas migratorias y sus formas de gubernamentalidad en las que los estados, a través de la contención de sus fronteras, generan formas de necropolítica que producen «sujetos desechables» (Mbembe, 2011). A su vez, estas formas de necropolítica se concretan en lo que Andreas Willers (2016) denomina una violencia cotidiana que se da a nivel de las interacciones con los demás actores del campo social de la migración.

De ese modo, la noción de contínuum nos permite articular la interrelación entre estas distintas formas de violencia y adoptar una perspectiva longitudinal que conecta las diferentes etapas del ciclo migratorio: origen, tránsito y destino. Inmersas en contextos de violencia en sus respectivos países de origen, las mujeres y las personas adscritas a minorías sexuales deciden migrar o huir a pesar de ser conocedoras de las potenciales violencias de género que pueden sufrir en las rutas de tránsito, como las redes de trata con fines de explotación sexual, el hostigamiento sexual o las violaciones. Una vez llegan a su lugar de destino, el género (así como la orientación sexual o la identidad de género) sigue operando como factor de opresión que incide en los procesos de incorporación a la sociedad de recepción. A modo de ejemplo, las mujeres se encuentran con más dificultades para salir de sectores laborales altamente feminizados –como el trabajo doméstico o la prostitución–, que a su vez cuentan con más riesgo de provocar episodios de violencia. Por otro lado, aquellas mujeres y personas LGTBI+ que emprenden un sexilio (Ou Jin Lee, 2019) y solicitan asilo por su condición de género, identidad de género u orientación sexual, a menudo se ven inmersas en un contexto de violencia institucional que no reconoce las vulnerabilidades específicas del grupo social al que pertenecen, ni los sesgos androcéntricos y heteronormativos que imperan en el interior del sistema de asilo (Güell, 2022; Peña, 2019).

Efectivamente, una de las aportaciones teóricas más relevantes para analizar las migraciones forzadas tiene que ver con la noción de «seguridad humana» (Parella, 2022: 41). No se trata de un modelo teórico como tal, sino más bien de un marco de trabajo general (Gasper y Sinatti, 2016). Tal y como afirma Guerra Palmero (2017), dado que las diferencias entre las categorías de migrantes y refugiados se difuminan y se afianza progresivamente la noción de migración por supervivencia (Lester, 2010), el enfoque de la seguridad humana propone comprensiones adicionales a partir de un tipo de análisis más holístico, que combina la centralidad de la persona con una forma sistémica de investigar las oportunidades y las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan los seres humanos en contextos de movilidad. De este modo, el déficit de seguridad humana al que deberíamos aspirar remite al contexto de amenaza a la que se ven expuestos los valores fundamentales de la dignidad humana, incluyendo la supervivencia física, el bienestar y el respeto a la identidad.

Tal y como argumenta Carcedo (2010), el enfoque de la seguridad humana con perspectiva de género permite incorporar a la movilidad de las mujeres todas aquellas formas de violencia que se dirigen específicamente a ellas; es decir, que son producto de la condición de discriminación que sufren las mujeres por el hecho de serlo y no de una manifestación más de la violencia social. Recuperando el concepto de «pedagogía de la crueldad» de Segato (2013), las violencias contra las mujeres buscan forjarlas como sujetos dóciles, así como controlar los territorios mediante la ejemplaridad de la posesión de su cuerpo. Como ocurre en contextos de conflictos armados y enfrentamientos étnico-religiosos, estas prácticas también se reproducen en las zonas fronterizas altamente securitizadas, como pueden ser el paso por México hacia Estados Unidos, el de Marruecos hacia España o el de los Balcanes hacia Europa del Este. Una vez en destino, además de la vulnerabilidad jurídica, laboral y residencial, la falta de seguridad humana para muchas mujeres y personas LGTBI+ se materializa en procesos de estigmatización identitaria.

En este sentido, es preciso complejizar la materialización de las distintas formas de violencia atendiendo a la intersección de distintos ejes de opresión como el género, el origen racial o étnico, la edad, la orientación sexual o la religión, entre otros. Para ello, el paradigma de la interseccionalidad ideado por las feministas negras de Estados Unidos (por ejemplo, Crenshaw, 1989; Hill Collins, 1991) nos brinda herramientas teóricas y metodológicas que no solo permiten comprender las opresiones a nivel macro-estructural, sino también los procesos de agencia a nivel micro-individual para hacer frente a dichas opresiones. A diferencia de los marcos de género que, a la hora de analizar la violencia, pueden homogeneizar las condiciones estructurales de las personas únicamente a partir del género y adoptar tesis universalistas, naturalistas y/o culturalistas, la interseccionalidad toma en consideración la intervención de otros factores de opresión que condicionan la posibilidad de sufrir una agresión que puede ser vivida y enfrentada de manera diferente (Guzmán y Jiménez, 2015).  Además, la interseccionalidad permite incorporar en el análisis a los perpetradores de la violencia (escapando de la focalización del problema solo en la víctima) y contextualizar el escenario donde se produce en un marco temporal y espacial específicos. Dicha contextualización resulta fundamental para evadir esencialismos culturalistas que son susceptibles de reproducir prejuicios racistas, heterosexistas o clasistas sobre las víctimas y los agresores, etiquetando, por ejemplo, a varones negros y latinos como perpetradores de violencia bajo representaciones generizadas y racializadas que constituyen en sí mismas una forma de violencia simbólica (Freedman et al., 2022).

Partiendo de estos enfoques teóricos, este monográfico pretende ofrecer una panorámica que permita analizar las causas, las manifestaciones y los impactos que tienen las distintas formas de vulnerabilidad y las múltiples violencias a las que se enfrentan las personas migrantes en las distintas etapas del ciclo migratorio derivadas de su condición de género, en intersección con otros ejes de desigualdad. En particular, los artículos que componen este monográfico se estructuran en base a cuatro dimensiones de análisis: i) las múltiples formas de violencia de género (estructural, institucional, simbólica, física, etc.) y su interrelación; ii) el contínuum de violencia a lo largo del ciclo migratorio, abordando el espacio-tiempo del contexto de origen, tránsito y/o destino; iii) los grupos sociales más afectados por dichas violencias, incluyendo a mujeres y niñas migradas, así como el colectivo LGTBI+, y iv) el contexto geográfico, comprendiendo territorios del Norte y el Sur Global.

En cuanto a la estructura del monográfico, el primer texto aporta un abordaje más teórico sobre la dimensión generizada de las políticas de inmigración a nivel global. A continuación, se presentan una serie de trabajos empíricos que se focalizan en el análisis de los episodios de violencia en origen (incluyendo la realidad de varios países africanos y latinoamericanos), tránsito y destino (tomando sobre todo el contexto español como marco de referencia). En relación con la dimensión temporal, cabe destacar que muchos de los textos señalan el agravio producido por el contexto de la pandemia de COVID-19, poniendo de relieve los efectos del coronavirus sobre los colectivos más vulnerables en clave de género.

Entrando más en concreto en las contribuciones de cada uno de los artículos, el primero es una contribución de Sandra Gil, Carolina Rosas y María Lis Baiocchi, y consiste en una revisión bibliográfica de los estudios sobre deportaciones y políticas antitrata realizados en Estados Unidos, América del Sur y Europa, como claros ejemplos de la existencia de una economía generizada de la deportabilidad. Partiendo del concepto de violencia legal imbricado en el régimen global del control migratorio, las autoras examinan los sesgos de género implícitos en el modus operandi de las deportaciones y las políticas antitrata. Asimismo, se apuntan las consecuencias de las deportaciones selectivas en las estructuras familiares y en la distribución de roles de género. En cuanto a las políticas antitrata, el análisis pone de relieve la contradicción entre la misión humanitaria de dichas políticas y su implementación como instrumento de control migratorio y criminalización. Se hace referencia al entramado de instituciones y organizaciones humanitarias que, aunque tienen la misión de proteger a las mujeres, terminan siendo cómplices de las lógicas de securitización y fronterización.

Entrando en las manifestaciones de violencia en origen, el artículo de Óscar Mateos, Emma Santanach y Sabina Escobar analiza los impactos de la pandemia sobre las mujeres refugiadas en África, un colectivo que ya de por sí se enfrenta a una situación de «vulnerabilidad estructural» y «violencia multisistémica». Los autores logran sistematizar los resultados obtenidos en los diez países africanos con mayor número de población refugiada, a partir de dos ámbitos o niveles principales, que ponen de relieve el efecto amplificador que la pandemia ha tenido en la «violencia multisistémica» que sufren las mujeres refugiadas. Por un lado, el ámbito local o doméstico, en el que destacan consecuencias alarmantes (tales como la falta de acceso a los servicios básicos, el cierre de escuelas, el aumento de la violencia de género y de la violencia sexual o el incremento de los matrimonios forzados); por el otro, el ámbito de la protección internacional, donde se constata un empeoramiento de la protección de las garantías y derechos de la población refugiada que opera desde la noción de «interseccionalidad de la desventaja» (tales como el cierre de campos de persones refugiadas, la suspensión de los programas de repatriación y el desvío de recursos humanitarios).

A continuación, Caterine Galaz, Fernanda Stang y Antonia Lara examinan las trayectorias de personas migrantes LGTB+ procedentes de países latinoamericanos que emprenden un sexilio hacia Chile, identificando las distintas formas de violencia que se encuentran en origen, tránsito y destino. El artículo parte de las tensiones que existen dentro del concepto de ciudadanía y evalúa los vínculos entre ciudadanía y nacionalidad poniendo en tela de juicio la comprensión heteronormativa detrás del mismo concepto de ciudadanía. En origen, la violencia se conceptualiza como una negación de derechos que limita el ejercicio de la ciudadanía. Esta limitación, junto a las fuertes desigualdades que imperan en la mayoría de los países latinoamericanos, conforma un contexto donde la migración aparece como una oportunidad y una obligación al mismo tiempo. Durante el trayecto, las personas migrantes LGTB+ sufren varios tipos de abusos que resultan impunes ante la ausencia de protección estatal en los países de tránsito y que, a menudo, terminan normalizándose y aceptándose como moneda de cambio para optar a la movilidad. En destino, se enfrentan a una serie de violencias estructurales y cotidianas que tienen que ver tanto con los sesgos androcéntricos del sistema de asilo como con los ataques de odio que emergen tanto de su condición sexogenérica como de su origen migrante.

El siguiente artículo, firmado por Lucía Granda y Rosa M. Soriano-Miras, da inicio a los cinco manuscritos que se centran en distintas formas de violencia en España. El primero de ellos aborda la realidad de las trabajadoras marroquíes transfronterizas que se mueven entre Melilla y Marruecos en un escenario marcado por fuertes problemas humanitarios y geopolíticos, así como por desequilibrios económicos. En concreto, examina las consecuencias del cierre de esta frontera a raíz de la pandemia de COVID-19 para las mujeres que cruzaban diariamente este corredor transfronterizo para trabajar en el empleo del hogar, un sector muy marcado por dinámicas de violencia estructural. En este contexto, siguiendo los preceptos de la teoría fundamentada, las autoras indagan en las estrategias de supervivencia desarrolladas por las mujeres que se quedaron «atrapadas» en Melilla tras el cierre: si bien por un lado se enfrentan a un empeoramiento de sus condiciones laborales y a una mayor exposición a situaciones de violencia; por el otro, se identifican estrategias de resistencia y agencia que pasan por asumir el papel de proveedoras familiares y por el diseño de procesos de emancipación a través de oportunidades de inclusión y formación en la ciudad de Melilla y de conformación de redes de apoyo entre mujeres.

Por su parte, el texto de Carmen Meneses-Falcón y Olaya García-Vázquez evalúa las violencias implícitas en el ejercicio de la prostitución entre mujeres migrantes residentes en la ciudad de Madrid en el contexto de COVID-19, distinguiendo entre las de carácter macroestructural y las microsociales. Tras algunas aclaraciones conceptuales y algunas referencias a los efectos de los marcos legales criminalizadores en materia de prostitución, a nivel macro, se ponen de relieve una serie de factores que fomentan un clima de violencia estructural que empuja a algunas mujeres a ejercer prostitución, como el impacto de la Ley de Extranjería en personas migradas irregulares, la precariedad de ciertos sectores laborales altamente feminizados que a menudo operan en la economía informal, las presiones para cumplir con el sustento familiar y la criminalización que reciben las trabajadoras sexuales en términos de acoso policial y sanciones. A nivel micro, se analizan las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual. Finalmente, se apuntan una serie de consecuencias de todo el entramado de violencias en este sector en términos de salud física y emocional, así como algunas estrategias de agencia para hacer frente a ellas.

Otra manifestación de violencia de género interseccional es la que analiza el texto de Sònia Parella, Berta Güell y Paola Contreras, a partir de los imaginarios y las experiencias en torno a los matrimonios forzados entre comunidades migradas de origen surasiático, magrebí y subsahariano que residen en Cataluña (al noreste de España). El marco teórico sitúa los debates que discuten las tensiones entre el multiculturalismo y el género, así como el eje consentimiento-coerción como un contínuum que delimita una zona gris entre el matrimonio pactado (con pleno consentimiento por ambos cónyuges para entrar o salir de la unión matrimonial) y el matrimonio forzado (donde impera la coacción y la violencia para formar matrimonio o salir de él). Los resultados subrayan la falta de consentimiento como el principal elemento a la hora de conceptualizar el matrimonio forzado y una serie de factores de riesgo propiciadores, que apuntan al género (ser mujer), en intersección con otros ejes de desigualdad como la edad, el origen rural, el nivel educativo, la clase social, el lugar de residencia o el contexto cultural.

El artículo de Diana P. Garcés-Amaya analiza las barreras existentes en el reconocimiento de las persecuciones por razón de género como motivo de asilo, a partir del análisis del caso de España. El marco conceptual gira entorno la noción de «política de los silencios» de Shuman y Bohmer (2014), que atribuye las barreras y dificultades a la imbricación de marcos androcéntricos y coloniales que producen representaciones arbitrarias de las mujeres no-europeas y de sus culturas. De ese modo, el texto permite mostrar el procedimiento de asilo como una estructura desigual y jerárquica, en la que la audibilidad de las mujeres solicitantes de asilo no se puede llevar a cabo bajo sus propios términos e interpretaciones, como consecuencia de las estrategias de culturización y exotización de sus realidades. Las consecuencias de la «política de los silencios» engloban tanto la invisibilización, en términos de minusvaloración del riesgo de vivir violencia íntima, en el ámbito privado, como la hipervisibilización, en la medida que la culturización de la violencia permite que las demandas de asilo ante determinadas situaciones (mutilación genital femenina, matrimonio forzado, etc.) sean tenidas más en cuenta, a riesgo de contribuir a exotizar aún más a las mujeres migrantes.

Finalmente, el monográfico concluye con un artículo que supera la óptica adultocéntrica y pone el foco en la violencia infantil a la que se expone la infancia migrante. El texto de Luciana Hedrera-Manara y Lupicinio Íñiguez-Rueda presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo es identificar la construcción de memoria de niños y niñas inmigrados, residentes en la ciudad de Barcelona, en torno a las experiencias de violencia y a las prácticas de agencia desarrolladas. Los autores se sitúan en la perspectiva de los Estudios Sociales de la Infancia, que concibe a esta población infantil como actores/as sociales y políticos con capacidad de reflexión y participación. Los resultados de las narrativas producidas por los niños y niñas muestran situaciones de violencia aparentemente circunscritas en la esfera privada, aunque fuertemente imbricadas en relaciones de poder y violencias institucionales (siguiendo la noción de contínuum), lo que cuestiona la presunción de la violencia infantil como un problema individual o doméstico-privado. Los resultados indican que las dinámicas de violencia presentes en sus migraciones deben interpretarse a la luz de marcos interseccionales que permiten comprender sus posiciones sociales en relación con su nacionalidad, clase social, género, etnicidad y la edad. 

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Cómo citar este artículo:   Güell, Berta y Parella, Sònia. «Introducción: migraciones y las violencias desde una perspectiva de género». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p. 7-16. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.7

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 7-16
Cuatrimestral (enero-abril 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI:  doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.7