Inmigración y campaña electoral en Estados Unidos: desinformación y promesas de deportaciones masivas
La inmigración ha sido uno de los temas más polémicos y que más ha marcado la campaña electoral estadounidenses de 2024. El candidato republicano, el expresidente Donald Trump, ha logrado en buena medida fijar los términos del debate con repetidas exageraciones, como que su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, defiende las «fronteras abiertas» o con acusaciones falsas como que Estados Unidos está inmerso en una oleada de criminalidad perpetrada por migrantes.
El discurso sobre inmigración de Trump se basa cada vez más en mentiras, desinformación y estereotipos racistas. Su afirmación de que la inmigración está «fuera de control» y su insistencia en que se necesitan medidas contundentes para hacerle frente se han convertido en puntos clave del programa electoral republicano. Una de sus promesas más repetidas es que deportará a millones de inmigrantes sin papeles una vez llegue al poder.
¿Por qué la inmigración es un tema tan controvertido en Estados Unidos? ¿Cómo lo han abordado las diferentes administraciones? ¿Se ha abusado de esta cuestión en la campaña?
La inmigración es un ámbito de actuación sumamente complicado dentro de la política estadounidense: sus matices más complejos no están al alcance de los no iniciados en la materia. El hecho de que la inmigración afecte a cuestiones centrales de identidad, miedo al cambio demográfico o incertidumbres económicas la convierten en un terreno propicio para la búsqueda de chivos expiatorios y la desinformación. Un estancamiento político prolongado en Estados Unidos ha reprimido durante décadas los esfuerzos por crear un régimen migratorio moderno y más flexible, que contemple las vías necesarias para permitir una inmigración regular que satisfaga las demandas del mercado de trabajo y con recursos adecuados para atender las solicitudes de asilo en el momento oportuno.
La migración económica y los desplazamientos forzosos han aumentado a nivel global, y la revolución de los teléfonos inteligentes ha democratizado el acceso a la información sobre las vías migratorias. El número de migrantes aprehendidos en la frontera de Estados Unidos con México se ha incrementado considerablemente en los últimos quince años. Además, la presencia de decenas de miles de migrantes en ciudades de todo el país –120.000 de los cuales han sido trasladados a localidades del norte de Estados Unidos siguiendo las órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, desde el verano de 2022– da credibilidad a la idea generalizada de que la inmigración es más un problema que hay que resolver que un fenómeno complejo que hay que gestionar o, mucho menos, que es una oportunidad para mantener el crecimiento económico y la vitalidad nacional. En este contexto, las fuerzas antiinmigración no distinguen a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y persecución de los migrantes económicos, y la migración solo se considera en términos de seguridad nacional, sin tener en cuenta sus aportaciones económicas o sus necesidades en materia de seguridad humana.
La propia administración Biden-Harris presenta un historial dispar sobre este fenómeno, aunque los aspectos positivos son impresionantes. Desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero de 2021, Estados Unidos ha recuperado y ampliado un sistema de reasentamiento de refugiados que había sido diezmado por el presidente Trump. El país también ha brindado protección humanitaria a centenares de miles de afganos y ucranianos, ampliando el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a determinados extranjeros que se hallaban en el país procedentes de 16 países de origen (una cifra récord de nacionalidades) y ofreciendo un permiso de permanencia temporal a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos –independientemente de sus necesidades de protección humanitaria– siempre y cuando encontrasen a un patrocinador en Estados Unidos. Sin embargo, la situación legal de muchos de estos recién llegados pende de un hilo, y ello los convierte en muy vulnerables a la deportación, sobre todo en caso de que cambie el partido en el poder. Lo que preocupa profundamente a los defensores de los derechos de los migrantes es que la administración Biden ha seguido aplicando o ha restablecido muchas de las restricciones de la era Trump relativas al acceso al asilo en la frontera sur, si bien de forma algo más humanizada.
Décadas atrás, los esfuerzos de ambos partidos en relación con una reforma integral en materia de inmigración habían reconocido una triple necesidad: a) mejorar la aplicación de la ley de inmigración, b) regularizar a la población indocumentada, y c) crear mecanismos más adecuados para futuros flujos migratorios. Por lo que respecta a la perspectiva del Partido Republicano (el GOP [Grand Old Party]), este lleva tiempo adoptando un enfoque político de «control primero», insistiendo en la necesidad de «proteger la frontera» antes de abordar otros aspectos de la política migratoria. Bajo el liderazgo de Trump, el GOP ha cambiado esencialmente a una política de «solo control», lo que reduce la complejidad de la política migratoria exclusivamente a la frontera, y limita las posibles soluciones políticas a deportaciones masivas y restricciones severas a los flujos migratorios futuros. Incluso en el caso de una victoria de Harris, es poco probable que la retórica acalorada en torno a la inmigración se calme, y será necesario un esfuerzo concertado –y un Congreso cooperativo– para avanzar hacia un enfoque más racional y equilibrado de la política migratoria, que reoriente el debate hacia la economía, la seguridad humana y la dignidad humana.
Antecedentes recientes
El debate sobre inmigración, que actualmente está tan politizado, tiene su origen en cambios de alcance mundial y regional, así como en la evolución de la política migratoria estadounidense durante el último medio siglo. Las anteriores restricciones a la inmigración fueron suprimidas en gran medida gracias a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) de 1965, que eliminó las cuotas de origen nacional, permitió una mayor inmigración desde América Latina, Asia y África y sentó las bases para los posteriores cambios demográficos y debates políticos. Otro acontecimiento relevante al respecto, motivado por el final de la Guerra de Vietnam y el aluvión de refugiados procedentes del sudeste asiático, fue la aprobación de la Ley del Refugiado (Refugee Act) de 1980, que adaptó la legislación estadounidense a la definición internacional de refugiado, estableciendo el actual Programa de Admisión de Refugiados del país.
En las décadas de 1980 y 1990, Estados Unidos registró cifras cada vez más altas de inmigrantes indocumentados, sobre todo procedentes de México (aunque los flujos de migrantes irregulares de América Central superaron a los de México en la década de 2010). La última medida para la regularización masiva de inmigrantes en Estados Unidos llegó en 1986, cuando la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) amnistió a cerca de tres millones de inmigrantes indocumentados, al tiempo que introducía un nuevo y estricto proceso de verificación del empleo e imposición de sanciones a los empresarios que contrataran a trabajadores indocumentados.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 provocaron un cambio decisivo en la narrativa de la política migratoria estadounidense, que pasó a poner el foco en la seguridad nacional. Las funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and NaturalizationService) las asumió el recién creado Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), centrado especialmente en la protección de la frontera. El número anual de refugiados reasentados admitidos había alcanzado su punto más alto a principios de la década de 1980 y lo hizo otra vez en la primera mitad de los años 1990, antes de estabilizarse en cifras anuales de entre 70.000 y 85.000 admisiones en la segunda mitad de esa década. Tras el 11 de septiembre, se paralizaron temporalmente las admisiones de refugiados y, aunque posteriormente se retomaron lentamente, la cifra total de refugiados admitidos solo superó significativamente la cifra de los 60.000 dos veces en los doce años siguientes.
Los esfuerzos de ambos partidos por reformar el sistema de inmigración han fracasado: si en 2006, 2008 y 2013 se planteó una reforma integral de la política migratoria, esta fracasó cada vez a causa de la polarización política. Aunque había un consenso generalizado sobre la necesidad de introducir reformas, incluyendo mecanismos para conseguir la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y mejorar la seguridad en la frontera, las divisiones entre los partidos sobre los enfoques de «control primero» y de regularización arruinaron dichos esfuerzos.
La inmigración adquirió un cariz nuevo y más controvertido durante la campaña presidencial de 2016. Donald Trump anunció su candidatura el 16 de junio de 2015 con su tristemente célebre discurso en la Torre Trump (Nueva York) en el que afirmó: «cuando México manda a su gente, no manda a los mejores, (…) manda a gente con un muchos problemas, y ellos nos traen esos problemas aquí. Traen drogas, traen crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buena gente». A lo largo de toda su campaña de 2016, en la que tuvo un papel destacado su promesa de construir un «muro grande y bonito» en la frontera de Estados Unidos con México, el candidato republicano recurrió una y otra vez a este tipo de retórica racista y xenófoba que equipara a los inmigrantes con la delincuencia.
Una vez en el poder, Trump aprobó centenares de medidas para limitar y restringir la inmigración, el acceso al asilo y el reasentamiento de refugiados. Un informe elaborado por el Migration Policy Institute en febrero de 2022 concluyó que, en los cuatro años de presidencia de Trump, su administración «llevó a cabo 472 actuaciones ejecutivas concernientes a la política migratoria estadounidense». Las más destacadas fueron, entre otras, las prohibiciones de viaje, la separación de niños y niñas de sus progenitores capturados en la frontera sur, y la devolución a México de la mayoría de los solicitantes de asilo. El límite anual de refugiados admitidos se redujo gradualmente hasta los 15.000 en el último año de mandato de Trump. Cientos de otras medidas –pequeñas y grandes– mermaron la capacidad de los inmigrantes para entrar y permanecer en Estados Unidos.
La presidencia de Trump se vio marcada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19 que, en marzo de 2020, restringió los desplazamientos de personas en todo el mundo. En los primeros meses de la pandemia, la administración Trump estableció una batería de nuevas prohibiciones de viajes y aplicó una ley de salud pública –el llamado Título 42– con el fin de cerrar sus fronteras prácticamente a todos los solicitantes de asilo.
Asilo, refugio e inmigración en la administración Biden
Tras asumir el cargo en enero de 2021, el presidente Biden se movió rápido y emprendió una serie de acciones ejecutivas, ya al inicio de su mandato, para revertir muchas de las políticas de Trump en materia migratoria. Puso fin a las prohibiciones que afectaban a los refugiados de países de mayoría musulmana, paralizó las separaciones familiares en la frontera (poniendo en marcha acciones para reunificar a las familias que habían sido separadas) y encargó un informe interinstitucional sobre la relación entre el cambio climático y la migración. El nuevo presidente también propuso un mecanismo para que millones de inmigrantes indocumentados pudieran conseguir la ciudadanía, incluyendo a los beneficiarios de DACA1 –personas indocumentadas llegadas a los Estados Unidos durante su infancia, a quienes el presidente Obama concedió un permiso temporal (el Congreso todavía tiene que aprobar la legislación para estas personas que persiguen el sueño americano, los llamados dreamers)–, y paralizó temporalmente las deportaciones, al tiempo que revisaba las políticas de aplicación de las leyes de inmigración.
Asimismo, la nueva administración emprendió medidas para aumentar el número de refugiados admitidos en Estados Unidos. Hasta ese momento, el límite anual de refugiados era de 15.000. En abril de 2021, Biden lo elevó a 63.500, un gesto que se leyó como eminentemente simbólico, debido a los efectos de los recortes de Trump sobre el programa de refugiados y a que fue prácticamente imposible acoger refugiados extranjeros durante el punto álgido de la pandemia. El número total de refugiados admitidos durante el año fiscal fue de apenas 11.411 –algo por debajo del valor registrado en el último año completo de presidencia de Trump–, la cifra más baja en los cuarenta años de historia del programa de reasentamiento de refugiados. Con el tiempo, el programa de refugiados se recuperó, con más de 60.000 admisiones en el año fiscal 2023, y 100.034 –la cifra más alta en tres décadas– al acabar el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024.
Justo cuando el programa de refugiados empezaba a recuperarse, la caída de Kabul en agosto de 2021 provocó un flujo masivo de evacuados afganos, más de 90.000 de los cuales llegaron a Estados Unidos. Aproximadamente 76.000 de ellos obtuvieron el visado humanitario, que les permitía vivir y trabajar en el país durante un período de dos años, aunque sin acceso al mismo mecanismo para conseguir la residencia permanente que el Programa de Admisiones de Refugiados (US Refugee Admissions Program) oficial. Poco después, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 provocó un gran número de admisiones de ucranianos, también al amparo del visado humanitario. Para estos ucranianos destinatarios del visado humanitario, la administración Biden creó un novedoso programa de patrocinio privado, el llamado Uniting for Ukraine (o U4U). Puesto en marcha en abril de 2022, el U4U ofrece a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes la posibilidad de acoger a ucranianos a los que deben proporcionar ayuda financiera durante toda su estancia en el país. Posteriormente, un programa similar, el Proceso para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV), ha permitido la entrada de ciudadanos de esos cuatro países para que encuentren un grupo patrocinador en Estados Unidos. Hasta octubre de 2024, han llegado al país más de 230.000 ucranianos al amparo del programa U4U, y se han producido cerca de 530.000 llegadas en el marco del CHNV. Este último programa formaba parte de un paquete de medidas adoptadas por la administración Biden con el objetivo de gestionar los flujos migratorios desde el Hemisferio Occidental.
Otro de estos proyectos ha sido la Iniciativa de Movilidad Segura, puesta en marcha en 2023, a través de cuyas oficinas de movilidad segura (SMO, por sus siglas en inglés), establecidas en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, los solicitantes pueden solicitar desde América Latina posibles vías de entrada legales a Estados Unidos. Las SMO se crearon en el marco de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, una declaración de intenciones firmada por Estados Unidos, Canadá, México y otros 19 países latinoamericanos y caribeños, mediante la cual los países firmantes se comprometían a colaborar para abordar las causas profundas de la migración, desarrollar cauces legales y aplicar la ley de forma humanitaria. En estas oficinas, gestionadas en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se evalúa a los solicitantes para determinar sus necesidades de protección y –según su situación– pueden derivarse a una serie de vías de entrada, como el reasentamiento, el visado humanitario, la reunificación familiar y los visados temporales de trabajo, entre otras. Algunos solicitantes que cumplen los requisitos pueden acogerse a mecanismos con destino a Canadá, Nueva Zelanda o España. Según el Departamento de Estado estadounidense, hasta septiembre de 2024, cerca de 242.600 personas han solicitado el programa de Movilidad Segura, de las cuales 17.600 han sido reasentadas como refugiadas en Estados Unidos y 1.000 han sido trasladadas a otros países para su reasentamiento.
Así como el programa CHNV y las SMO establecen nuevos mecanismos legales, la administración Biden también ha intensificado sus esfuerzos por controlar la frontera sur de Estados Unidos, lo que ha tenido resultados desiguales y repercusiones negativas en el derecho de acceso al asilo. En un primer momento, el presidente Biden retiró los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) –también conocidos en inglés como Remain in Mexico–, el programa aprobado por el presidente Trump en enero de 2019 en el marco del cual los solicitantes de asilo en la frontera debían permanecer en México a la espera de conseguir una cita con el tribunal de inmigración estadounidense. Sin embargo, un fallo judicial provocó la reinstauración de los PPM por parte de la administración Biden, entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, aunque de una forma ligeramente diferente. Asimismo, las restricciones en la frontera de la era Trump en el marco del Título 42 siguieron vigentes durante ese período, hasta mayo de 2023, cuando el presidente Biden declaró el final de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Sin embargo, se sustituyó el Título 42 por nuevos y estrictos controles al asilo, a través de la Regla de Evasión de Vías Legales (CLP, por sus siglas en inglés). Según esta regla, se requería a los posibles solicitantes de asilo que se registraran para una cita de control fronterizo a través de una aplicación llamada CPB2 One a fin de conseguir una cita para ser evaluados en la frontera, lo que excluía a la mayoría de los (no mexicanos) que no habían conseguido solicitar asilo en otro país de camino a Estados Unidos, además de imponer otras restricciones. Grupos de apoyo como Human Rights First y el National Immigration Forum defendían que la regla CLP imponía restricciones y condiciones para acceder al asilo que violan el derecho estadounidense e internacional. Un año después, en junio de 2024, el acceso al asilo se restringió aún más mediante una proclamación presidencial junto con una norma provisional de «protección de la frontera». Dichas medidas, por un lado, prohíben el asilo a prácticamente todas las personas que entran en Estados Unidos por los puertos de entrada y, por el otro, cierran la frontera a los solicitantes de asilo cuando el número de interacciones en la frontera supera las 1.500 en un período de siete días. El 30 de septiembre de este año la norma pasó a ser definitiva, ampliándose a 28 días el período en el cual el número de interacciones en la frontera debe estar por debajo de las 1.500. Tal como señala la American Immigration Lawyers Association, en la práctica esta medida supone impedir el acceso al asilo de forma indefinida (si bien la norma permite ciertas excepciones muy limitadas).
Como ha reconocido la propia administración Biden, la combinación del programa CHNV y las restricciones al asilo ha provocado una drástica caída del número de migrantes que entran en Estados Unidos por la frontera sur. A finales de septiembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una ficha técnica que atribuye a la proclamación de junio y a la norma provisional una disminución del 55% de las interacciones en la frontera. Asimismo, el Pew Research Center señala que se produjo un fuerte descenso del número de interacciones en la frontera entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, siendo los descensos más bruscos (por encima del 95%) los producidos en relación con las nacionalidades para las que el CHNV proporciona vías alternativas. Sin embargo, estos cambios apenas han modificado la retórica política. En la recta final de la campaña electoral, Trump y su candidato a la vicepresidencia J.D.Vance (y muchos republicanos en las urnas) siguen considerando la migración y la frontera como un signo del fracaso de la política de Biden y Harris. En este sentido, cabe señalar que los puntos uno y dos del programa electoral de los republicanos para 2024 son «cerrar la frontera para frenar la invasión de migrantes» y «llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de los Estados Unidos», respectivamente.
Ante este panorama, tal como informaba CBS News, la administración Biden anunciaba el 4 de octubre de 2024 que no ampliaría la vigencia de dos años del visado humanitario a las personas que habían entrado en el país al amparo del programa CHNV, lo que significa que cuando les caduque el visado humanitario tendrán que solicitar otro tipo de medida de gracia para inmigrantes, abandonar el país o enfrentarse a la posibilidad de ser deportadas.
Mentiras y desinformación en la campaña de Trump
Uno de los aspectos más alarmantes del debate sobre inmigración de la campaña electoral de 2024 es el uso de mentiras y desinformación por parte de Trump. La desinformación sobre los inmigrantes hace tiempo que es una herramienta utilizada para sembrar el alarmismo político, pero Trump la ha llevado al extremo, al hacer uso de discursos falsos para incitar al miedo y unir a sus bases.
Durante toda la campaña, Trump y sus colaboradores han sobreexplotado la táctica discursiva de asociar inmigración y delincuencia, basándose en gran medida en el uso de anécdotas sensacionalistas (por ejemplo, asesinatos cometidos por extranjeros), exageraciones y mentiras flagrantes. El 18 de julio de 2024, en el discurso de aceptación de su nombramiento como candidato del Partido Republicano, Trump habló en términos apocalípticos de una «invasión masiva en la frontera sur que ha traído miseria, delincuencia, pobreza, enfermedades y destrucción a las comunidades de nuestro país». El candidato republicano, las redes sociales y los medios de comunicación de derechas han intensificado los discursos sobre lo que llaman el «crimen de migrantes» (migrant crime). En un programa emitido por la cadena Fox News en febrero de 2024, Trump alardeaba de haberse inventado él mismo el término: «No sé si lo habrán escuchado, pero se me ha ocurrido a mí (…) Este crimen: existe el crimen violento y el crimen de los migrantes. Tenemos una nueva categoría de delito. Se llama crimen de migrantes. Y será peor que cualquier otro tipo de criminalidad».
La afirmación simplista de que se está produciendo una oleada de crímenes por parte de migrantes ha sido desmentida en numerosas ocasiones. Según Reuters, «una serie de estudios académicos han demostrado que los inmigrantes no cometen mayor proporción de delitos que los oriundos estadounidenses». Es más, otro documento académico de 2023 y revisado en 2024 concluye que, como «grupo, los inmigrantes presentan tasas más bajas de encarcelación que los nacidos en los Estados Unidos desde hace 150 años […] En comparación con los oriundos, la tasa de encarcelación de los inmigrantes ha disminuido desde 1960: hoy en día, hay un 60% menos de probabilidad de que los inmigrantes sean encarcelados». Sin embargo, el estereotipo del crimen de migrantes persiste y se va amplificando a través de un sinfín de publicaciones y discursos en redes sociales de candidatos republicanos. Se acusa a los solicitantes de asilo de introducir ilegalmente fentanilo al país, aunque una mayoría abrumadora de los detenidos por traficar con la droga son estadounidenses. En septiembre de 2024, uno de los ejemplos más flagrantes de desinformación de naturaleza xenófoba fue la acusación carente de fundamento alguno de que los inmigrantes haitianos de Springfield (Ohio) mataban animales de compañía para comérselos. Aunque las autoridades locales lo desmintieron, Trump y sus colaboradores han continuado promoviendo este bulo, lo que ha puesto en peligro a los residentes locales y a los inmigrantes haitianos de todo el país.
Implicaciones de una política de «deportación masiva»
Uno de los aspectos más perniciosos de la política migratoria de Trump es su promesa de deportaciones masivas, lo que tendría consecuencias humanas y económicas devastadoras. Millones de familias serían separadas, puesto que muchos inmigrantes indocumentados viven en hogares con «estatus mixtos», en los que uno o más miembros de la unidad familiar son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Según un informe del Center for Migratio Studies (CMS) de Nueva York, las deportaciones masivas dividirían cerca de cinco millones de familias estadounidenses, lo que provocaría que millones de menores nacidos en Estados Unidos fueran separados de sus progenitores, una tragedia humanitaria con un impacto psicológico y emocional incalculable para los afectados.
Trump afirma que las deportaciones masivas serían beneficiosas para la economía, e incluso llega a defender la deportación como una forma de aliviar los problemas de falta de vivienda asequible en el país. Sin embargo, las deportaciones masivas de la envergadura de lo que promete la campaña de Trump tendrían un coste económico desorbitado. Según un informe del American Immigration Council, una operación única para deportar a más de 13 millones de personas indocumentadas «costaría al menos 315.000 millones de dólares», contando el coste de los arrestos, detenciones, trámites legales y traslados. Por la imposibilidad logística de deportar a tantas personas de una sola vez, el estudio también estima que, incluso a un ritmo más viable, «deportar a un millón de inmigrantes al año tendría un coste anual de 88.000 millones de dólares» durante diez años.
Los inmigrantes indocumentados constituyen un porcentaje considerable de la población activa de Estados Unidos en sectores como la agricultura, la construcción y la restauración. Deportar a millones de trabajadores provocaría escasez de mano de obra en estos sectores, con lo que los precios de los bienes y los servicios subirían, especialmente los alimentos. Los inmigrantes indocumentados también contribuyen con miles de millones de dólares al año en impuestos, a pesar de que no pueden beneficiarse de muchas de las ayudas públicas. El CMS calcula que los trabajadores sin papeles aportan 96.700 millones de dólares anuales en impuestos federales, estatales y locales. Así, su eliminación de la población activa supondría una importante pérdida de ingresos fiscales, lo que tensionaría aún más los presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno.
Además, el impacto económico se extendería más allá del mercado laboral más inmediato. La eliminación de millones de consumidores de la economía disminuiría la demanda de bienes y servicios, y perjudicaría a las empresas, con pérdidas de empleo de ciudadanos estadounidenses. La contracción económica que se derivaría –especialmente si las deportaciones masivas se produjeran al mismo tiempo que la subida de los aranceles sobre las importaciones– abocaría a Estados Unidos a una recesión en la que las comunidades más vulnerables se llevarían la peor parte. Asimismo, las deportaciones masivas probablemente provocarían violencia, ya que muchos inmigrantes rechazarían marcharse sin resistencia, lo que podría desencadenar disturbios generalizados con consecuencias fatales tanto para los inmigrantes como para las fuerzas del orden.
Junto con los costes sociales y económicos inmediatos, las deportaciones masivas podrían tener consecuencias a largo plazo para la sociedad estadounidense en su conjunto: agravarían las divisiones étnicas y raciales, crearían una clase marginal permanente de personas que vivirían con miedo a ser deportadas y minarían la confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Actualmente, la mayoría de los inmigrantes de Estados Unidos (y la mayoría de los que entran en el país cada año) están en situación regular, cosa que apenas se menciona en el debate político, a pesar de que una operación para deportar a inmigrantes indocumentados afectaría también a los inmigrantes que actualmente están en el país en situación legal, ya sea porque forman parte de familias con «estatus mixto» o porque son el objetivo de acciones generalizadas en contra de los migrantes.
A modo de conclusión
¿Y qué hay de una administración Harris? La mayoría de los análisis prevén –y el programa electoral del Partido Demócrata postula– una mezcla de políticas esencialmente similar a la de la administración Biden, que combine vías de migración regular con mecanismos estrictos de control, y un impulso del Congreso para una reforma migratoria integral. Harris ha acusado a Trump de haber presionado a senadores republicanos a votar en contra de un proyecto de ley de fronteras que no se aprobó por muy poco en mayo de 2024 (también se opusieron algunos demócratas, que lo consideraban demasiado punitivo para los inmigrantes). Con todo, en términos generales, la candidata demócrata ha optado por no enfrentarse a Trump por lo que respecta a los detalles de la política migratoria. En este contexto, el país espera un nuevo ciclo político que facilite un debate honesto, bipartidista y basado en hechos sobre la política migratoria.
Notas:
1- Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
2- U.S. Customs and Border Protection (CBP).
DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2024/311/es
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores.