Estrés fronterizo en Ceuta y Melilla: viejas tensiones, nuevo escenario

Opinion CIDOB 157
Fecha de publicación: 09/2012
Autor:
Elena Sánchez-Montijano, Investigadora principal, CIDOB
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Elena Sánchez-Montijano,
Investigadora principal, CIDOB

13 de septiembre de 2012 / Opinión CIDOB, n.º 157 / E-ISSN 2014-0843

Ante la renovada presión fronteriza en Ceuta y Melilla por parte de ciudadanos subsaharianos, y como resultado de un debilitamiento generalizado de su posición internacional, España se encuentra hoy con una capacidad negociadora y de respuesta muy disminuida. Debido a la profunda crisis económica y política en la que se encuentra inmerso, el país no puede permitirse afrontar una crisis política con terceros países, y menos cuando su capacidad para pedir asistencia a la Unión Europea está mermada.

Con todo, las acciones realizadas en las fronteras en materia de control migratorio están siendo eficaces. Los programas, proyectos, líneas y otras acciones de coordinación lanzadas desde España junto con Marruecos, y financiados por la Unión Europea, están surtiendo efecto. La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX), el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y el Programa Seahorse sobre control de la inmigración irregular por vía marítima disuade a los inmigrantes. Sin lugar a dudas, la entrada por aguas fronterizas se ha dificultado. De igual forma, la presión de la policía marroquí parece tener sus efectos sobre la concentración de inmigrantes, que hasta hace poco tiempo se asentaban en los territorios más próximos a las fronteras españolas, y que ahora ya no lo pueden hacer. La gendarmería alauita recorre casi a diario los asentamientos de inmigrantes y los desmantela en cada ocasión. La coordinación entre las policías de ambos países está funcionando.

Sin embargo, la respuesta de los inmigrantes ha sido diversificar las modalidades de acceso. Nuevas vías de entrada se han abierto. Por un lado, a finales de 2011 optaron por la entrada a nado desde las costas marroquíes hasta las españolas. Parecía sencillo: Había que cruzar en gran número, de noche y en momentos de baja vigilancia; en fiestas nacionales por ejemplo. Por otro lado, durante este año hemos asistido, como novedad, a la llegada de centenares de inmigrantes en embarcaciones o a nado a las islas Chafarinas, a Alborán o a los peñones de Alhucemas, enclaves de arribada impensables hasta el momento planteando una respuesta gubernamental que abre un grave vacío legal. Así, los inmigrantes que llegan a los peñones e islotes de soberanía española deben ser acogidos en el marco de la ley de extranjería, pero, como ya han denunciado numerosas ONGs, han sido devueltos a Marruecos sin garantías procesales. Finalmente, persiste la amenaza de un salto de las vallas de Ceuta y Melilla coordinado y masivo: los ciudadanos de terceros países que esperan entrar en la Unión Europea se disuelven temporalmente para concentrarse coordinadamente y con mayor fuerza, utilizando el efecto avalancha. Que se produzcan nuevos intentos de llegada es sólo cuestión de tiempo.

Aunque los acuerdos con Marruecos en materia migratoria hayan avanzado, la inmigración sigue siendo utilizada como moneda de cambio, a menudo en clave de política interna. A lo largo de Septiembre se esperaba celebrar la cumbre bilateral entre el Gobierno español y el marroquí, pero ha quedado pospuesta a petición del Gobierno Alauita a causa del estrés fronterizo. Si se relaja la política de coordinación continuada, la tensión entre los dos países aumentará rápidamente gracias a la presión migratoria, tanto sobre las dos ciudades autónomas, como sobre los islotes y peñones de soberanía española, con las sempiternas reivindicaciones sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como telón de fondo.

Si bien la agenda de disputa entre estos dos países en materia migratoria consiguó ser suavizada por la implicación de la UE, la actual situación de crisis económica debilita la posición de España ante nuestros países vecinos. Y Marruecos lo sabe. La debilidad española hace que el país vecino tenga en sus manos un poder de negociación del que no disfrutaba desde la entrada de España a la Unión Europea. El estrés migratorio en las fronteras ceutí y melillense o en los islotes y peñones hace recordar al gobierno español que la correlación de fuerzas de negociación se ha equiparado. La capacidad de España para pedir la intervención de la UE se ve mermada en un contexto en el que la amenaza de entrada masiva de inmigrantes a la península puede tener como respuesta un cierre de fronteras de Schengen por parte de nuestros vecinos europeos. A mediados de abril de 2011, en plena crisis Libia, el cierre de fronteras de Francia ante la llegada a las costas italianas de inmigrantes del norte de África, sentó precedente.

En este contexto, la posición española es compleja. Debido a la crisis, y ante la percepción de un país debilitado y empobrecido, su poder ante las instituciones europeas, ante los países miembros y, ahora, ante los países exportadores de inmigración, ha cambiado. El conflicto político bilateral entre España y los países Latinoamericanos por la inadmisión, en fronteras españolas, de población procedente de estos países parece ser el inicio de un largo número de conflictos que están por llegar. El compromiso de ceder ante Brasil, al que siguió Argentina o México, fue el primer ejemplo de cómo se ha transformado la correlación de fuerzas de negociación en detrimento de los intereses españoles.

Usar la inmigración como moneda de cambio para alcanzar otros objetivos, ya sean económicos o de política exterior, ha sido habitual en la UE; y los terceros países tomaron buena nota de ello. En la actual situación de crisis económica y de tensión interna en la zona Euro, los países más débiles de la fortaleza europea están recibiendo un revés político que va adquiriendo mayor fuerza. Las instituciones europeas no pueden seguir permitiendo que los países miembros con conflictos de movilidad migratoria den respuestas unilaterales. La actuación conjunta vuelve a ser necesaria, y ello no puede más que beneficiar a una España en horas bajas.

Elena Sánchez-Montijano,
Investigadora principal, CIDOB