¿Democracias iliberales?

Aparentemente el número de democracias mundiales se habría multiplicado tras el fin de la bipolarización y la desaparición del bloque soviético, pero sólo desde un punto de vista cuantitativo formal. A efectos prácticos, sólo un tercio de los Estados mundiales responde a las características genuinas de la democracia pluralista, otro tercio es abiertamente dictatorial y el tercio restante está formado por regímenes híbridos de más difícil clasificación. Esta categoría está formada por sistemas tan solo parcialmente libres que han sido designados de formas diversas por los especialistas: “democraduras” (democracias virtuales, de fachada, con funcionamiento real autoritario), democracias delegativas (en manos de élites de hecho incontrolables) o democracias sólo electorales (de muy baja o nula calidad en todas las demás dimensiones). Se trata de una modalidad en expansión que, de rebote, está empezando a afectar incluso a las democracias de larga tradición con inquietantes pasos atrás en conquistas que parecían irreversibles: legislaciones antiterroristas que restringen derechos y libertades, crecientes trabas al asilo y acogida de refugiados, recortes sociales y laborales, endurecimiento punitivo en ámbitos de expresión, asociación y reunión; en suma, retrocesos que acompañan la crisis económica abierta en 2008 en todo el mundo occidental. Esta involución se está dando incluso en Estados europeos: los gobiernos reaccionarios de Víktor Orbán en Hungría y Jaroslaw Kaczynski (a través de Beata Szydlo) en Polonia afirman inspirarse en el modelo autoritario de Vladimir Putin en Rusia, una “democracia nacionalista” no liberal. En América Latina, las “democracias bolivarianas” representan desde un espectro ideológico formalmente opuesto (izquierda radical) el mismo fenómeno de regímenes que no creen en el Estado de derecho, la división de poderes, el garantismo, el respeto de los derechos de las minorías, el pluralismo y las alternancias, sobresaliendo el grave retroceso autoritario del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Una democracia iliberal es una contradicción en términos puesto que no hay democracia real sin Estado de derecho y viceversa. Todo régimen democrático estricto debe mantener un difícil equilibrio que es insoslayable entre la voluntad de la mayoría y el respeto de las reglas. El principio mayoritario es clave para decidir, pero tiene un carácter circunstancial (las mayorías pueden cambiar de una elección a otra) y además sólo es asumible si no aplasta a las minorías, y el principio garantista es un elemento estructural permanente que se puede reformar (ajustándose a los cauces normativos previstos al respecto), pero no vulnerar frontalmente. Por tanto, las democracias iliberales existentes son semidemocráticas ya que en ellas sólo el momento electoral es clave (sus gobiernos actúan con la convicción de que las elecciones dan carta blanca total al vencedor) y ni siquiera en éste se puede estar seguro de la limpieza del proceso, toda vez que los gobiernos que las convocan suelen controlar casi todos los medios de comunicación social y tienen sujetos a los Tribunales, haciéndose de hecho imposible la alternancia; por no mencionar otros abusos como la manipulación de las circunscripciones electorales. En las democracias iliberales el Estado de derecho no funciona, la corrupción y el clientelismo están a la orden del día, apenas hay transparencia en los procesos políticos y la libre competencia entre partidos está distorsionada. Todo ello implica un severo déficit democrático y una ocupación del Estado por parte del partido del gobierno que confina a la oposición a un papel irrelevante.

En este sentido, es descorazonador presenciar el fracaso de la UE: el papel de impulso democrático que tuvo con relación a los Estados candidatos ha desparecido como puede constatarse en el caso turco dada la constante involución autoritaria del gobierno de Recep Tayyip Erdogán. Además, aunque en el caso de actuales Estados miembros sí actuó como factor democratizador (en la Europa del sur en los años setenta y en la del este en los noventa), una vez ingresados no hay modo real de invertir las degeneraciones democráticas. De hecho, las presiones comunitarias sólo fueron eficaces en el ámbito de algunas instituciones económicas (Banco Central húngaro) dados los supremos e intocables intereses de los “mercados”. Actualmente, las autoridades comunitarias han manifestado su “preocupación” por la involución antidemocrática de Polonia, sin que ello haya tenido alguna consecuencia efectiva. Las democracias iliberales deben ser criticadas por ser una ficción, y combatidas, en primer lugar, desde dentro (sólo una enérgica respuesta cívica interna puede inferir tal orientación). En el caso europeo, es necesario un mayor refuerzo de los mecanismos de sanción frente a socios que incumplan o vulneren aspectos básicos del Estado de derecho democrático. De lo contrario, la involución no sólo debilita a determinados Estados miembros sino que vulnera los principios fundacionales del proyecto europeo y daña la calidad democrática de una UE con más poder económico y político de su historia. 

D.L.: B-8439-2012