Cuando la xenofobia dirige la acción política
Gemma Pinyol
Coordinadora del Programa Migraciones, CIDOB
Barcelona, 3 de febrero de 2010 / Opinión CIDOB, n.º 57
La decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa ha levantado, en los últimos días, una gran polvareda mediática, a la que pronto se han sumado voces (y voceríos) de distintos políticos. La decisión del gobierno municipal de Vic, que según el Síndic, Defensor del Pueblo catalán, no es tan excepcional pues la practican de manera sibilina otros ayuntamientos, ha puesto encima de la mesa dos grandes cuestiones que, ciertamente, tienen una importancia capital. Primero, la excepcionalidad española del padrón, que permite entre otras cosas, conocer de modo aproximado el número de personas que se encuentran residiendo en situación de irregularidad administrativa. Segundo, el acceso de los inmigrantes en situación irregular a servicios sociales como la sanidad y la educación, un hecho poco habitual (aunque no único) en Europa. Todo ello, además, en el contexto de crisis económica en el que se mueven unos gobiernos municipales altamente endeudados que asumen, junto con los autonómicos, el reto de las políticas de integración.
Pero hay otras dos cuestiones que tal vez no se plantean con suficiente claridad. Una, que los inmigrantes irregulares en España han sido, hasta la fecha, absorbidos por un mercado de trabajo informal cuyas dimensiones también son una excepción (compartida con Italia y Grecia, por ejemplo) en el marco europeo. Faltan discursos e instrumentos públicos que enfaticen la necesidad de luchar con este problema, agudizado además en tiempos de crisis. Dos, que todas las miradas se han centrado en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, cuando también debería haberlo hecho en su oposición municipal. Con la ley en la mano, el gobierno municipal ha actuado incorrectamente, y es evidente que debe rectificar su decisión para acomodarse a la legalidad vigente en un Estado de derecho como es el español. Pero conviene preocuparse por las razones que pueden haber empujado a los grupos municipales que gobiernan Vic a tomar esa decisión. No sería extraño que la misma quisiera ser ‘un guiño' a una población autóctona -que es la que mayoritariamente tiene derecho a voto- muy mediatizada por el discurso xenófobo que desde 2001 practica el partido Plataforma per Catalunya, liderado por Josep Anglada.
Lo preocupante es que lo que ha sucedido en esta población no es una excepción sino un hecho cada vez más habitual en Europa. Aprovechando contextos convulsos como el actual, que ponen en relieve los déficits presupuestarios de las administraciones públicas, los partidos xenófobos parecen estar marcando la agenda social y política de muchos países. Y ello, ante la aparente pasividad de los partidos ‘tradicionales’, especialmente preocupados por no perder el voto del elector dubitativo o asustado por el simplismo que acompaña buena parte del discurso referido a la crisis económica y, en especial, a los asuntos que derivados de lo primero, atañen a la inmigración. En Italia, semanas atrás, sorprendía la impasibilidad del Gobierno ante los ataques a los temporeros africanos en Calabria. En Hungría, a lo largo del 2009, la Guardia Magiar atacó sinagogas y hogares gitanos, y su prohibición será posiblemente apelada en el Tribunal Europeo por el partido de extrema derecha Jobbik, al que está vinculada. En Dinamarca, el fallido atentado del caricaturista Westergaard ha vuelto a crispar una sociedad que, en palabras del profesor Waever de la Universidad de Copenhagen, ya no se corresponde a esa imagen liberal y relajada de antaño. Lo que parecen compartir estos países, por otro lado con historias migratorias muy distintas, es que la xenofobia está marcando, en mayor o menor medida, la agenda política de los partidos tradicionales. En Italia, por ejemplo, la Liga Norte obtuvo, en las elecciones europeas de 2009, un 10,2% de los votos, ante el 5% que sacó en 2004. En Hungría, el Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor) obtuvo en las mismas elecciones un 17% de los votos, convirtiéndose en el tercer partido más votado. En Dinamarca, por su parte, el Dansk Folkeparti (Partido del Pueblo Danés) obtuvo el 14,8% de los votos, frente al 6,8% obtenido en las elecciones de 2004. En Austria, Bélgica, Bulgaria y Países Bajos, los partidos de carácter xenófobo han superado el 10% del voto emitido en las últimas elecciones europeas, mientras sus homólogos crecían de forma notable en Finlandia, Reino Unido, Rumania y Grecia.
Por el contrario, el Frente Nacional francés perdió 4 de sus 7 escaños en las últimas europeas. Pero parece que Francia había aprendido, ya en las elecciones presidenciales de 2002 que enfrentaron a Jean-Marie LePen y Jacques Chirac, la importancia de contrarrestar el voto xenófobo asumiendo, de manera más moderada eso sí, parte de su discurso. Parte del éxito de este partido se debió, además del carisma de su líder y la desunión y falta de empuje de algunos partidos tradicionales, a las consecuencias de la crisis económica en ciudades portuarias como Marsella, donde el discurso racista y xenófobo caló con una fuerza inusitada.
Sólo unos años después, otra crisis económica pone en evidencia tensiones surgidas de decisiones tomadas en momentos de bonanza económica, cuando las tensiones xenófobas no parecían preocupantes en un país de nueva inmigración como España. Y eso es comprensible. Como también lo es que los partidos xenófobos vean en eso su gran oportunidad, y crezcan en un contexto en el que la desocupación ha alcanzado cifras impensables hace dos años. Lo que ya no parece tan comprensible es el comportamiento de algunos partidos tradicionales, que señalan con preocupación la aparición de estos partidos en la escena política, pero asumen con moderación la lógica de sus discursos. No compartirán los lemas y eslóganes de estos partidos xenófobos, pero parecen validar, con su silencio o complicidad, el discurso que “problematiza” y “criminaliza” al extranjero. Y eso sí es un problema especialmente grave cuando la preocupación por la situación económica y el empleo abona el terreno con miedo e inseguridad para que los discursos xenófobos y racistas crezcan.
Que la Europa envejecida va a seguir necesitando trabajadores extranjeros es un hecho que comparten la mayoría de economistas europeos. Que van a ser necesarios otros perfiles migratorios, con mayores niveles de formación, para satisfacer las demandas del mercado de trabajo y que ello va a derivar en una verdadera competición para atraer a los trabajadores más cualificados, también parece ser una opinión compartida. Que es necesario establecer mecanismos que garanticen una entrada ordenada y regular de los flujos es, más que una necesidad, una exigencia de la ciudadanía. El derecho a la buena administración también supone que las políticas de inmigración se planteen con coherencia y se implementen con los recursos e instrumentos necesarios para su buen funcionamiento. Lo que no debería ser tan evidente, y en cualquier caso es inquietante, es que los más vulnerables se conviertan en el chivo expiatorio de un problema de mayor calado. Sería preocupante que de todo este debate, la única acción política que se tomara fuera la de limitar los derechos a los inmigrantes en situación irregular. Y no priorizar, por ejemplo, la lucha contra el mercado de trabajo irregular, contra la evasión fiscal o la dilapidación de recursos públicos por parte de algunos entes municipales. España es una excepción europea a la hora de conceder derechos a los inmigrantes en situación irregular. Cierto. Pero también lo es al hablar de cifras de trabajo irregular y economía sumergida. Pensar que el problema está en el dedo que señala a la luna, es decir, intentar salir del paso acercándonos a otros países de la UE limitando derechos sin atajar otras irregularidades, es una irresponsabilidad política que puede derivar en un grave problema de convivencia social. Porque la política de inmigración nos obliga a reflexionar, a veces más de lo que nos gustaría, sobre el modelo de sociedad que somos y queremos ser.
Gemma Pinyol
Coordinadora del Programa Migraciones, CIDOB