Contestaciones urbanas a las plataformas digitales
Bloqueos de calles por parte de taxistas contra Uber, huelgas de riders de Deliveroo o movilizaciones vecinales contra Airbnb se han convertido en conflictos urbanos característicos de los últimos tiempos. Unas confrontaciones que se disputan tanto en el plano material como en el discursivo. Ser considerado parte de la «economía colaborativa» determina en gran medida como se es percibido y regulado públicamente. Las grandes empresas de plataformas digitales han dedicado ingentes esfuerzos comunicativos para erigirse en estandartes de este nuevo paradigma. Entre algunos sectores sociales y estamentos públicos, el mensaje parece haber calado con mayor o menor profundidad. En 2016, la Comisión Europea incluía implícitamente a estas empresas en su Agenda Europea para la Economía Colaborativa. Un año más tarde, una resolución aprobada en el Parlamento Europeo adoptaba una línea parecida. Sin embargo, recientes fallos judiciales y regulaciones municipales impugnan los principios básicos que estas empresas pretenden encarnar. Un análisis detenido de estos últimos desarrollos apunta al mayor valor explicativo de otro concepto que también está en auge: el capitalismo de plataforma.
¿Meros intermediarios virtuales?
En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinaba que Uber prestaba servicios de transporte y no solamente «servicios de la sociedad de la información». Este fallo respondía a una denuncia interpuesta por un colectivo de taxistas de Barcelona. Uber, como el resto de plataformas digitales, afirma delimitar su rol al de facilitar la «colaboración» y conectar prestadores de un servicio con sus consumidores. Sin embargo, la influencia que ejerce la plataforma sobre las condiciones en las que se da este intercambio no es trivial. El carácter activo de la intermediación online, incluyendo la determinación de precios, horarios y/o estándares, implica que la plataforma no puede disociarse de la actividad económica que posibilita en el mundo offline. En consecuencia, debe estar sujeta a las mismas regulaciones, derechos y deberes que el resto de compañías que participan en el sector.
¿Todos empresarios, ningún trabajador?
No solo el carácter de estas plataformas digitales está en disputa, también lo está el de los actores que participan en ellas. ¿Son los conductores de Uber, o los riders de Deliveroo, autónomos, emprendedores y empresarios-de-si-mismos o son, en cambio, empleados de estas compañías? En la respuesta, están en juego los costes que estas empresas tienen que asumir y los derechos laborales de los trabajadores involucrados. Respecto a Deliveroo, por ejemplo, según los últimos fallos judiciales de 2018 en el Reino Unido, sus riders son autónomos. Pero según el dictamen de un tribunal holandés a principios de 2019, deberían de ser contratados como asalariados. En España, en el mismo año 2018 un juzgado valenciano dictaminaba que los riders de Deliveroo eran trabajadores por cuenta ajena, mientras que un juzgado madrileño consideraba que los riders de Glovo, una empresa homóloga, eran trabajadores por cuenta propia. Los vaivenes judiciales resultan de las distintas interpretaciones del grado de control que ejercen las plataformas sobre las condiciones laborales. Pero hechos como la jornada de huelgas coordinadas entre trabajadores de Deliveroo, UberEats, McDonalds y TGI Friday’s en el Reino Unido, por ejemplo, hablan por sí solas a pesar de lo que opinen sus tribunales.
¿Compartir patrimonio o extraer rentas?
En sectores como los del alojamiento turístico, en los que el prestatario final del servicio sí que tiene mayor propiedad y control sobre el recurso que comercializa, su carácter «colaborativo» queda desdibujado por otras razones. Los anfitriones de Airbnb no colaboran con sus invitados, sino que les cobran un alquiler. El grueso de estas rentas las obtienen multipropietarios y no inquilinos o hipotecados de primeras residencias. Airbnb, además, reduce la oferta de vivienda en el mercado residencial local y contribuye a encarecerla. Así, aunque a nivel individual algunos arrendadores modestos vean en la plataforma una vía para complementar sus ingresos, su efecto global ha contribuido a procesos de desplazamiento y gentrificación en urbes con alta presión turística. Por estas razones, ayuntamientos de ciudades como Barcelona, Berlín, París o Bruselas, han implementado regulaciones restrictivas en este ámbito en los últimos años. Airbnb y plataformas homólogas están llevando a cabo una contraofensiva lobista y legal a escala de la Unión Europea para tumbar estas normativas locales por supuesta infracción de leyes comunitarias relativas al mercado único.
Desmontando la paradoja de lo colaborativo-conflictivo
La actividad económica ligada a las empresas anteriormente mencionadas no se sustenta en la colaboración entre pares (peer-to-peer, P2P), sino en procesos propios de la economía política del capitalismo basados en la explotación laboral y la extracción de rentas. Sólo a partir de este análisis se puede comprender lo que se presenta como una aparente paradoja: la conflictividad que produce una economía supuestamente colaborativa. Esta conflictividad no puede entenderse como simple consecuencia de la resistencia de lo «tradicional» frente a lo «nuevo». Tampoco como una mera batalla entre sectores «ganadores» y «perdedores» de los cambios tecnológicos. Sino que estos conflictos están íntimamente ligados a los efectos mercantilizadores sobre el espacio urbano y desreguladores sobre el mercado laboral, producidos por el capitalismo de plataforma. La cooptación terminológica de lo «colaborativo» pretende legitimar estos efectos y eludir su regulación pública. Agrupar diferentes prácticas y modelos económicos bajo una misma denominación genera una nebulosidad que dificulta la intervención desde las instituciones. Parte de la disputa, por lo tanto, continuará desarrollándose en el plano discursivo, en torno a los conceptos que se empleen para identificar y actuar sobre las transformaciones urbanas en curso.