20 años después del 11-S: guerra imposible, paz improbable

Primero Afganistán, luego Irak. Dos décadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre (11-S) de 2001, el presidente de Estados Unidos ha tomado dos decisiones altamente simbólicas: por una parte, la retirada de sus tropas de Afganistán y, por otra, el cese de las operaciones de combate estadounidenses en Irak. Con estas dos decisiones, Joe Biden pone fin a la llamada «guerra contra el terror» iniciada por George W. Bush. Para justificarlas, Biden afirmó que se han cumplido los principales objetivos: encontrar a Osama Bin Laden, el cerebro del 11-S, y eliminar la amenaza terrorista sobre Estados Unidos que suponía Al Qaeda en Afganistán.

Sin embargo, si bien Washington ha dado por concluida su misión militar en Afganistán, la caótica retirada de las tropas internacionales del país, la toma de Kabul por los talibanes ante el colapso del Gobierno afgano, así como las escenas de desesperación y de horror en el aeropuerto de la capital con miles de afganos intentando huir del país dan a esta guerra un amargo sabor a derrota. El primer objetivo se cumplió en mayo de 2011 con el asesinato del máximo dirigente de Al Qaeda, pero ¿podemos decir lo mismo de los demás objetivos de la «guerra contra el terror»? ¿Se ha debilitado el terrorismo transnacional? ¿De qué sirvieron las intervenciones internacionales en Afganistán e Irak?

Esta Nota Internacional –que recoge en su título el juego de palabras que utilizó Raymond Aron en 1948 para describir el inicio de la Guerra Fría: «paix impossible, guerre improbable»– intenta responder a estas preguntas. Cuando se analizan las dos décadas de intervención internacional en Afganistán tras el 11-S, la ausencia de un vencedor y la persistencia de un perdedor –el pueblo afgano– dan la sensación de una guerra sin sentido. Lejos de acabar con el terrorismo yihadista, estas intervenciones han contribuido a su expansión y consolidación en varios continentes. Como efecto secundario, en Oriente Medio, Norte de África y en Occidente, la «guerra contra el terror» ha servido de pretexto para reforzar políticas autoritarias y restringir libertades fundamentales como la libertad de prensa. Una administración estadounidense decidida a imponer la democracia por la fuerza de las armas no tuvo ningún reparo en fabricar las pruebas que debían sustentar tales acciones. El legado de Bush también incluye la posverdad. 

Dos décadas en Afganistán, ¿para qué?

Ana Ballesteros Peiró, investigadora sénior asociada, CIDOB 

La situación en Afganistán antes del 11-S se define bien con la expresión «de aquellos polvos, estos lodos». La alianza de los estadounidenses con saudíes y pakistaníes para frenar la expansión de la Unión Soviética generó cambios contraproducentes en la región. El fomento de la yihad contra los soviéticos dejó un remanente ideológico que, tras su retirada, permaneció. Inadvertidamente, la intervención de los años ochenta del siglo pasado marcó el paso de la guerra fría a la «guerra contra el terror».

Con Osama Bin Laden en suelo afgano, el objetivo era destruir a Al Qaeda, echar a los talibanes del poder en Kabul y neutralizar la capacidad de comisión de atentados en Estados Unidos y en países aliados desde suelo afgano. Asimismo, el presidente George W. Bush incluyó entre los objetivos ayudar al pueblo afgano a desarrollarse y formar un Gobierno inclusivo, del que también pudieran participar las mujeres.

La concatenación de errores, entre otros, la exhibición impúdica de poder militar y la alianza de gobierno con los señores de la guerra –con crímenes de guerra a sus espaldas–, perjudicó la misión. Las decisiones iniciales enterraron las posibilidades de llegar a un acuerdo con los talibanes sin humillaciones que generasen futuras venganzas. El error de cálculo con Pakistán también impidió la eficacia de la intervención de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (International Security Assistance Force, ISAF.) Si Bush se propuso perseguir a las naciones que proveían refugio al terrorismo, eligió el aliado erróneo, ya que había tantos miembros de Al Qaeda (incluso el mismo Bin Laden) y talibanes en el vecino territorio pakistaní como en suelo afgano.

Tres presidentes después –y el envío de 775.000 tropas, más de 2.300 soldados muertos y en torno a 2,2 billones de dólares gastados– en los acuerdos de Doha firmados en febrero de 2020, Estados Unidos admitía tácitamente, si no su derrota, el empate de fuerzas. Las prisas por llegar a un acuerdo que acelerase la retirada, fundamentalmente por intereses electorales de Donald Trump, legitimó a los talibanes y dañó la posición del Gobierno afgano.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió el 8 de julio de 2021 que no habría un momento de «misión cumplida», dado que «la guerra no se ha ganado militarmente». En un discurso diferente al de Bush (20.09.2001), el 14 de abril 2021, el presidente Joe Biden alegó que la única razón para intervenir en Afganistán era acabar con Al Qaeda y con Bin Laden, así como prevenir futuros ataques terroristas, y todo eso se había conseguido. En intervenciones posteriores, Biden incluso negó que entre las pretensiones norteamericanas hubiese la construcción de «una democracia unificada y centralizada» y rehuyó cualquier responsabilidad sobre la situación de los derechos humanos. Es más, el actual inquilino de la Casa Blanca no ha dudado en culpar al anterior Gobierno de Kabul de ser el principal responsable de su situación. Sin duda, el perdedor es el pueblo afgano, perplejo ante el avance talibán, la retirada de los aliados y el colapso de su gobierno. Muy especialmente respecto a las mujeres, otrora símbolo de la liberación de la intervención internacional. 

Afganistán y el fin del liderazgo de Occidente

Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 

Con la dramática retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, Joe Biden pone fin a la «guerra interminable», la más larga de la historia del país, y que ha cambiado las intervenciones internacionales para siempre. En palabras de Joe Biden del 31 de agosto de 2021: este ha sido el fin de «la era en que los Estados Unidos utilizan su poder militar para transformar otros países».

Tras los ataques terroristas del 11-S, los Estados Unidos y el Reino Unido invadieron Afganistán para derrotar a Al Qaeda y revocar el Gobierno talibán que les había dado cobijo. Apenas dos meses duraron los combates: se apartó a los talibanes del poder y se impuso un Gobierno de transición liderado por Hamid Karzai. En diciembre del mismo año, la ONU autorizó la ISAF, una misión en la que la OTAN supervisaba el proceso de democratización y de reconstrucción de las instituciones de gobernanza del país, mientras proporcionaba seguridad, y ayudaba a desarrollar las fuerzas militares y policiales afganas.

Pronto se vio que pocas promesas se podrían cumplir. Al Qaeda se debilitó rápidamente, pero aparecieron otras redes terroristas reforzadas. Se intentó proporcionar seguridad y apenas se consiguió el control y la estabilidad en Kabul. Se apostó por la democratización y la liberalización, pero las instituciones siempre fueron precarias, ineficientes, manchadas por la corrupción y el nepotismo. Se propuso a Karzai para liderar la renovación política y, a pesar de ganar dos elecciones presidenciales (2004 y 2009), acabó siendo un problema. Como buena parte de las élites políticas del país, estuvo en el centro de tramas de corrupción, fue protagonista de escándalos electorales, puso resistencia a los acuerdos de Bonn de 2001 para reconstruir el Estado, y apareció distante para una población local que a menudo lo vio como un títere de las fuerzas occidentales. Toda la legitimidad inicial otorgada a la «guerra contra el terror» se fue desvaneciendo con imágenes de soldados agotados que habían perdido la fe en la causa que defendían, o con las denuncias que llegaban de la prisión militar de Guantánamo o  Bagram. Hubo encarcelamientos indefinidos y sin juicio, además de perpetrarse numerosas violaciones de derechos humanos, con torturas y desapariciones incluidas.

En 2009, con la presidencia de Barack Obama se dio un nuevo impulso a la guerra. Aumentaron las tropas y los combates con los talibanes en regiones remotas del este y el sur del país. Se quiso, además, aumentar la participación de los afganos, fortalecer la gobernanza local y ayudar a la población a satisfacer las necesidades más inmediatas. En 2011, empezaron los acercamientos y el diálogo entre los talibanes y el Gobierno de Afganistán, siempre acompañado de supervisión internacional. En diez años, se avanzó muy lentamente hacia la unidad nacional. Siguió la inestabilidad y el conflicto, también tras la firma de la paz entre estadounidenses y talibanes en febrero de 2020. Después del anuncio de retirada de tropas internacionales en abril del 2021, los talibanes han ido ganando provincia tras provincia ante un ejército afgano incapacitado y sin entusiasmo por defender el país. Con la conquista de Kabul y del aeropuerto, tras la retirada de las tropas internacionales, los talibanes se han declarado vencedores de la guerra.

El balance, según The Economist, es de «derrota aplastante» con más de 230.000 víctimas (incluyendo a 3.586 soldados de la OTAN y 78.314 civiles) y un coste de 2,2 billones de dólares para los estadounidenses (España, por ejemplo, se ha gastado unos 3.500 millones de euros). Para los afganos «éramos extraterrestres» resumió un soldado español al regresar de Afganistán. Aislados en bases militares, con sus vehículos blindados y manipulando gadgets de ciencia ficción, protegidos por ruidosos helicópteros y drones en los cielos, las tropas internacionales siempre han sido extrañas para la población local. Esta distancia les hizo incapaces de incidir decisivamente en la transformación política del país.

La guerra «imposible de ganar» ha puesto fin a las intervenciones internacionales lideradas por Occidente. Estadounidenses y europeos han perdido la confianza y los recursos para promover un cambio de régimen e instaurar una «democracia liberal» en un país como Afganistán. Una de las lecciones aprendidas es que la paz no se puede consolidar ni los países construir solo desde el exterior. 

El fin de una guerra, pero no del terror

Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 

En su histórico discurso ante el Congreso de Estados Unidos en respuesta al 11-S, George W. Bush advertía: «Los estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una campaña larga, distinta a cualquier otra que hemos visto». Dos décadas más tarde, el balance de la llamada «guerra contra el terror» confirma tristemente su intuición: según un estudio de la Universidad de Brown (EEUU), esta guerra se ha cobrado la vida de más de 800.000 personas –incluyendo 312.000 civiles–, ha causado el desplazamiento de unos 21 millones de personas y ha afectado a más de 80 países en el mundo. Más allá de las victorias militares iniciales por Estados Unidos y sus aliados en Afganistán e Irak, el panorama global indica que, lejos de haber sido erradicado, el terrorismo transnacional se ha consolidado y propagado a decenas de países en el mundo. 

Lo que empezó como una confrontación contra Al Qaeda –una organización que representaba entonces unos centenares de combatientes– se convirtió en una guerra sempiterna contra una red global descentralizada, difícilmente localizable y en perpetua expansión. Ni la intervención en Afganistán (2001-2021) ni la invasión de Irak (2003-2011) acabaron con ella. Ambos países siguen siendo los más afectados por el terrorismo en el mundo. En Afganistán, donde los talibanes controlan casi todo el territorio, Al Qaeda ha reforzado su presencia, mientras que Estado Islámico (EI) tiene establecida su filial –EI Jorasán– desde 2015. En Irak, la ocupación estadounidense, salpicada por diversos escándalos como el de la cárcel de Abu Graib, fue trágicamente seguida por la proclamación de un califato entre Siria e Irak (2014-2017); un sueño que ni siquiera los líderes de Al Qaeda habían llegado a imaginar.

El 11-S generó un consenso global para luchar contra el terrorismo transnacional. Sin embargo, a pesar de que muchos líderes yihadistas –como Osama Bin Laden, Abu Bakr Baghdadi y Abdelmalek Droukdel– han sido abatidos, los grupos que estos dirigieron siguen muy activos en la región. Y no solo eso, sino que el yihadismo –como ideología políticorreligiosa, proyecto transnacional y movimiento– supo aprovechar un contexto marcado por la desastrosa gestión de las intervenciones militares en Afganistán e Irak, y por la aparición de nuevos focos de conflictos en Libia (2011), Mali (2012) y Yemen (2014) para expandirse desde el Sahel hasta el Sudeste asiático, incluyendo el Cuerno de África y zonas septentrionales de Kenya, Mozambique o República Democrática del Congo. Como consecuencia de ello, el número de yihadistas en el mundo se ha cuadruplicado desde los ataques contra la Torres Gemelas.

Además de proliferar y consolidarse en varios focos de inestabilidad, los grupos yihadistas se adaptaron al contexto post 11-S: en la última década, son varios los que renunciaron a la idea de «yihad global» para dedicarse a una «yihad local», que consiste en administrar y gobernar territorios según los preceptos del salafismo yihadista. En Afganistán, Libia, Irak, Mali, Siria, Somalia y Yemen, son tan numerosas las experiencias protoestatales de grupos yihadistas que parece haberse desvanecido la clara y rotunda voluntad de acabar con el terrorismo yihadista. En vez de ello, los responsables políticos se contentan con el objetivo –más realista– de contener la expansión de dichos grupos.

Así, dos décadas después del 11-S, lo que Obama llamó el «cáncer yihadista» ha hecho metástasis en varios continentes y todavía no hay signos de remisión. En este contexto, no es de sorprender que Joe Biden, a falta de poder erradicar el terror como así prometió su predecesor, se conforme con poner fin a la «guerra contra el terror», a fin de pasar página de la contienda más larga de la historia de Estados Unidos 

Oriente Medio y Norte de África: ganadores y perdedores

Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB 

Los atentados del 11-S por parte de Al Qaeda alteraron el equilibrio de fuerzas en dos de los combates que han marcado la configuración del orden regional hasta el día de hoy: la competición entre potencias regionales, entre autoritarismo y voluntad de cambio democrático, y entre Estados Unidos y las potencias que aspiran a cuestionarle la hegemonía global.

En la competición entre potencias regionales, Arabia Saudí salió malparada. El líder de la organización, Osama Bin Laden, era un ciudadano saudí y también lo eran 15 de los 19 terroristas que perpetraron los atentados. En Estados Unidos se levantaron las voces cuestionando la alianza con Riad, y las conexiones y apoyos en Arabia Saudí de los terroristas fue objeto de una investigación clasificada. La monarquía saudí intentó marcar distancias con Bin Laden, desmentir cualquier tipo de complicidad y mostrar una imagen más amable del reino, por ejemplo, promoviendo la iniciativa de paz árabe en 2002. Sin embargo, el daño reputacional era enorme y sus ecos siguen resonando veinte años después.

Lo que para Arabia Saudí fue un revés, para su principal rival regional, Irán, se tornaba en oportunidad. El yihadismo remplazaba, aunque fuera temporalmente, a la República Islámica, como principal enemigo de Estados Unidos en la región. Además, las dos guerras que Estados Unidos estaba a punto de lanzar contra los dos vecinos de Irán, en Afganistán (2001) e Irak (2003), desalojarían del poder a los talibanes y a Saddam Hussein, con los que Teherán tenía mala relación. El desmantelamiento del sistema baazista fue acompañado de una ocupación humillante, y se irían abriendo además nuevos espacios de influencia para los iraníes y su llamado «eje de la resistencia». En 2004, el rey Abdallah II de Jordania advirtió de la emergencia de un arco de influencia chií que abarcaba de Beirut al Golfo Pérsico y que podía desestabilizar otros países árabes. Los términos empleados por el rey jordano ejemplifican otro de los efectos secundarios del 11-S: la normalización de las lecturas en clave sectario-religiosa de los conflictos en Oriente Medio.

El otro gran combate se producía dentro de los países de la región. En Washington, algunos políticos y centros de pensamiento promocionaban las intervenciones en Afganistán o Irak afirmando –y algunos posiblemente creyéndolo– que iban a promover la democracia. Sin embargo, el efecto fue el opuesto. Los regímenes autoritarios de la región solo tenían que calificar a los disidentes como terroristas para poder emplear medidas excepcionales para neutralizarlos y comprar el silencio y el apoyo de sus socios occidentales. La lucha contra el terrorismo, junto con la cooperación en materia migratoria, han sido los pilares sobre los que se ha construido una relación transaccional a expensas de la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Israel, país que se autodefine como la única democracia de la región, también invocó la narrativa antiterrorista para justificar la construcción del muro de separación y la política de asesinatos selectivos, consolidando así su expansión territorial y desacreditando a la Autoridad Nacional Palestina y a su líder, Yasser Arafat, a quien acusaban de cómplice del terrorismo. La causa palestina también se encuentra en la larga lista de perdedores del 11-S.   

Por último, el 11-S abrió para Estados Unidos una larga fase de desgaste, con intervenciones militares costosas. El antiamericanismo, existente en Oriente Medio y el Norte de África antes 2001, encontró un buen caldo de cultivo. Una parte de la población estadounidense también mostraba signos de cansancio y pedía terminar con unas guerras que difícilmente se saldaban en victoria. Como consecuencia, Estados Unidos tuvo que recular, con retiradas de tropas y relativizando también sus «líneas rojas» como se vio, años después, en la guerra de Siria. Potencias reemergidas como Rusia y China supieron leer la oportunidad y en los últimos veinte años se han ofrecido como socios útiles tanto a aquellos estados de la región que querían resistir mejor las presiones estadounidenses como a los que querían diversificar sus apoyos internacionales. 

En guerra contra la prensa

Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB 

El 11-S convirtió el terror en un espectáculo y acontecimiento mediático global. La televisión retransmitió en directo los ataques al corazón financiero de los Estados Unidos y, de aquella vulnerabilidad, nació una ola de patriotismo que lo cubrió todo. Los medios de comunicación se vieron arrastrados hacia una pérdida rotunda de la distancia necesaria para un relato objetivo. Fue la «muerte del desapego», como lo teorizó Brian McNair. Unas semanas más tarde, el Congreso de Estados Unidos aprobó la USA Patriot Act, que además de establecer un sistema de vigilancia generalizada, imponía también un estado de excepción en la persecución de todo aquello que pudiera ser considerado «antipatriótico». No solo aumentaba, así, el riesgo de autocensura, sino que restringía también el acceso del periodista a información crítica y vulneraba su derecho a proteger a sus fuentes.

Con la trampa semántica de la «guerra contra el terror» como legitimación de lo que debía venir, el deber patriótico implícito que se esperaba de la prensa se impuso en la cobertura bélica. Afganistán concentraba todos los elementos que reforzaban los estereotipos occidentales. La guerra espectáculo –ensayada en la primera contienda iraquí de 1991– entraba en una nueva dimensión. Un documento interno de la CNN con instrucciones precisas para sus corresponsales y presentadores especificaba que, dada la enormidad del número de pérdidas de vidas inocentes en Estados Unidos, debían ser muy cuidadosos de no centrarse excesivamente en las bajas y penalidades que se produjeran en Afganistán, ya que serían una parte inevitable de la guerra. El 13 de noviembre de 2001, el mismo día de la retirada talibán de Kabul por la entrada de las tropas de la Alianza del Norte, un misil estadounidense destruía la oficina de la cadena árabe Al Jazeera en la capital afgana.

La libertad de prensa era una amenaza; la verdad factual, también. Una administración decidida a imponer la democracia por la fuerza de las armas no tuvo ningún reparo en fabricar las pruebas que debían sustentar tales acciones. Y buena parte de los medios dominantes en Estados Unidos compraron el discurso del secretario de Estado Colin Powell, el 5 de febrero de 2003 en Naciones Unidas, denunciando las supuestas armas de destrucción masiva en manos de Sadam Hussein. La segunda contienda de Irak se convertiría en la más mortífera de la historia para los periodistas, e impuso cambios de calado en la cobertura de conflictos. La proliferación de los reporteros encastrados en el ejército norteamericano suponía una limitación evidente en el acceso a fuentes alternativas y el riesgo claro de una cobertura, cuanto menos, acrítica sobre aquellos que garantizaban la seguridad del periodista.

Fue en un trabajo de análisis sobre la política comunicativa de la administración Bush que el periodista Eric Alterman acuñó el calificativo de la «presidencia de la posverdad» para definir un período y un equipo que reescribió las reglas del discurso democrático, desde el menosprecio a los hechos probados y el secretismo oficial –aumentando en un 75% los documentos públicos clasificados–. Su legado incluye una guerra contra la prensa, que Donald Trump perfeccionó, explotó y llevó a otra dimensión con la ayuda de las redes sociales. Cuatro campañas presidenciales, ocho elecciones al Congreso y la guerra más larga en la historia de Estados Unidos separan a estos dos líderes republicanos. La transformación política, la erosión mediática, la explotación del miedo y la alteridad, y el menosprecio a la verdad mostrada por el primero pavimentaron el camino de este último hacia la Casa Blanca. Trump se cuenta, de hecho, entre los amplificadores de mentiras y teorías conspirativas del 11-S, empezando por las presuntas celebraciones de «miles y miles» de musulmanes en New Jersey por la caída de las Torres Gemelas que el magnate neoyorquino aseguraba haber visto. Veinte años después, las mentiras y conspiraciones sobre aquellos atentados continúan circulando por internet y reportando beneficios a las grandes plataformas digitales.

Aún hoy, la respuesta de la política occidental a la desinformación comparte una afinidad preocupante con la respuesta al terrorismo post 11-S: «una tendencia reflexiva a ver tanto el terrorismo como la desinformación como fenómenos molestos que deben reprimirse, más que como síntomas de enfermedades sociopolíticas subyacentes que deben corregirse», según argumentan Alexei Abrahams y Gabrielle Lim de la Harvard Kennedy School. Un nuevo combate contra otros «actores del mal» que, una vez más, puede acabar dañando irremediablemente la libertad de expresión.

E-ISSN: 2013-4428