España suspende en la lucha legal contra el racismo aunque no es la que sale peor parada en Europa

El centro Migration Policy Group ha coordinado un informe sobre la situación del racismo estructural e institucional en ocho países europeos (España, Alemania, Países Bajos, Letonia, Grecia, República Checa, Rumanía y Suecia). El informe ve deficiencias en todos los países, pero sitúa a España en una mejor posición respecto a la batalla legal contra el racismo estructural e institucional, que pasa por cambiar los desajustes legales que perpetúan las situaciones de desigualdad, y con ello también contribuir a la reducción del racismo que unos individuos ejercen directamente sobre otros. Sin embargo, pasar de la teoría a la práctica es más complicado. “Las políticas de España son muy buenas sobre el papel, pero bastante malas en la práctica. Si leemos las políticas como se publican en el BOE, están llenas de reconocimiento de derechos, de igualdad, que está muy bien; pero a menudo faltan recursos, herramientas, medidas ejecutivas para que la implementación de estas medidas sea eficaz”, profundiza Francesco Pasetti, investigador principal del CIDOB, que ha sido uno de los expertos en el análisis de España para ese informe.