Viéndolas venir: ¿Podría la UE haber hecho más por evitar la crisis en Honduras?

Anna Ayuso
Coordinadora del Programa América Latina.

31 de julio de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 46

La condena europea a la ruptura del orden constitucional por parte de las Fuerzas Armadas en Honduras del 28 de junio pasado ha sido contundente y firme, como lo es su rechazo al reconocimiento del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Con ello se une al clamor prácticamente unánime de la Comunidad internacional de condena al regreso de las prácticas golpistas en la región, sin embargo persiste la sensación de que algo no ha funcionado bien. Las semanas previas a que se perpetrase el despojo del poder del presidente Manuel Zelaya todas las alarmas estaban encendidas, pero no se supo evitar el golpe anunciado. Desde Europa se debería reflexionar sobre si pudo haberse hecho más por evitar el golpe.

El propio Zelaya, en su empeño por sacar adelante una reforma constitucional a pesar del rechazo del Congreso y la Corte Suprema, denunció ante quien quiso oír que se preparaba su derrocamiento. Lo hizo ante la OEA y ante el Grupo de Río y reconoció públicamente, como en España algunos pudimos leer en la entrevista publicada por El país semanal apenas unos días antes del golpe, que si permanecía en el poder era por la negativa de Estados Unidos a apoyar las maniobras para derrocar al Presidente salido de las urnas. A pesar de ello, Venezuela secundada por los países del ALBA se empeñaban en denunciar conspiraciones imperialistas y amenazaba con injerencias más directas. El 26 de junio el Grupo de Río instó a que se mantuviera el orden institucional y lo mismo hicieron al día siguiente México y Brasil y también la OEA, a instancias de la canciller hondureña Patricia Rodas. Esta última organización anunció su intención de enviar una misión para promover una solución dialogada. No pudo ser porque ambas partes se negaron a dialogar pensando que tenían los apoyos suficientes para imponer su programa.

A más de un mes del estallido de la crisis sabemos que, además del detonante relacionado con la consulta popular, son muchos otros los factores internos que han permitido que se llegue a esta situación. Se han señalado la falta de madurez política de la democracia, la politización partidaria de las instituciones, la cultura de la intolerancia y la confrontación y la consiguiente incapacidad de llegar a acuerdos, la instrumentalización de las Fuerzas Armadas, el caciquismo rampante, la corrupción y falta de transparencia.... Todos esos ingredientes estaban en Honduras y solo faltaba la chispa para poner la olla en la ebullición, pero ¿se podía hacer algo para evitarlo?. Conviene, analizar también los factores externos que podrían haber influido en la consumación de los lamentables sucesos a consecuencia de los cuales siguen sufriendo impotentes la mayoría de los ciudadanos hondureños.

Es obvio que, a pesar de que los principales actores de la región se posicionaron sobre el conflicto que se avecinaba sus advertencias no fueron suficientes para desistir de las posturas maximalistas. Esto deja sobre el tapete las debilidades de los mecanismos de prevención de conflictos y alerta temprana en la región y pone en cuestión la credibilidad de la OEA como instancia de mediación y gestión de crisis, sobre todo cuando se trata de conflictos internos. La contradicción entre el principio de no injerencia y la necesidad de prevenir confrontaciones que pongan en peligro la seguridad regional no es fácil de resolver. Máxime en una región donde algunos líderes pasan de la condena de la injerencia ajena a la amenaza de la ingerencia propia sin solución de continuidad y sin el menor atisbo de escrúpulo. Parece urgente que las instituciones regionales reflexionen sobre las medidas de generación de confianza necesarias para evitar que los agentes de polarización y desestabilización ganen la partida a los esfuerzos por consolidar la institucionalidad democrática y la paz en América Latina.

En esta reflexión Europa no está llamada a ser protagonista, pero sí puede tener un papel más activo que el que se ha observado en esta crisis. Hace ya dos décadas que, tras los procesos de transición democrática en América Latina la UE introdujo en todos los acuerdos e instrumentos de cooperación con América Latina la llamada condicionalidad democrática. Ésta, en un principio fue interpretada desde la región como un acto de imposición o incluso de injerencia, con el agravante de que no se aplicaba en otras latitudes. Con el tiempo la defensa de la institucionalidad democrática se ha convertido en un discurso común y la cláusula democrática se ha extendido como instrumento universal de las relaciones europeas con otras regiones. Lo que no está del todo resuelto es, ni los criterios que se usan para su aplicación, ni su efectividad ante situaciones de conflicto. En cuanto a lo primero, es evidente que en la aplicación de sanciones no siempre se usa el mismo rasero. Respecto a lo segundo, los ejemplos de Cuba y más recientemente de Nicaragua, sobre la cual pesa una supresión de la ayuda presupuestaria de la CE desde que se denunciaran los fuertes indicios de fraude electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2008, no son el mejor ejemplo. No parece que estas medida haya hecho mella en el presidente nicaragüense Daniel Ortega, cuya respuesta a la crisis hondureña incluye lanzar una reforma constitucional para poder postular su reelección.

Durante los días previos al golpe la voz y la diplomacia europea estuvieron ausentes. A pesar de que se estaba en pleno proceso de negociación del nuevo acuerdo de asociación interregional con Centroamérica no hubo alerta en las instituciones comunitarias para tener una respuesta inmediata y consensuada. La condena de Estados Unidos a la expulsión de Zelaya llegó en apenas unas horas de la boca del propio Presidente Obama. La CE tardó más de 24 horas en emitir el comunicado llamando al diálogo y la preservación del marco legal. La petición española de retirada conjunta de embajadores tropezó con reticencias y se saldó con una llamada a consulta unilateral de los embajadores de España, Francia e Italia varios días más tarde, junto a la solicitud a todos demás Estados miembros de evitar cualquier contacto con las autoridades de facto más allá del nivel técnico. La suspensión de la ayuda presupuestaria se hizo después de Estos Unidos, el Banco Mundial y el BID. La suspensión de las negociaciones del acuerdo comercial tardaron más de una semana, aunque bien es cierto que se buscó el acuerdo de los demás países centroamericanos involucrados en la negociación. Mientras Estados Unidos denegaba los visados a representantes del gobierno de Micheletti, en Europa se estudiaba tomar otras medidas de presión.

La voz de la presidencia de la UE ejercida por Suecia, país que ya retiró su cooperación de Honduras y Nicaragua hace meses de forma unilateral, apenas se ha oído. Algo más se ha escuchado la voz de la Comisaria Benita Ferrero-Waldner al anunciar las medidas de congelación y suspensión de las negociaciones y en apoyo de los intentos de mediación del presidente de Costa Rica Oscar Arias patrocinados por la OEA. No fue la UE, si no Francia y España, quienes han sido observadores en dicho proceso de intento de acercamiento y se han mostrado más activos en los intentos de conseguir una mayor coordinación de la postura europea. Ante lo que se estaba gestando en la región se podía y se debía haber actuado con más previsión y tener preparada un respuesta ante los posibles escenarios en lugar de ir a remolque de las circunstancias.

Desgraciadamente la vuelta a atrás como si no hubiera pasado nada no es posible y la salida a la crisis no parece que vaya a ser rápida. Además, la situación de otros países de la región hace temer por un incremento de la inestabilidad política que exigirá respuestas. En algunos medios se ha señalado como Europa en los años 80 supo tomar una postura en apoyo de una solución regional, multilateral y negociada a los conflictos armados centroamericanos. En aquellos momentos se hizo en discrepancia con las tesis unilateralistas de la Administración Reagan en los Estados Unidos. Hoy el escenario es distinto; la Administración Obama ha sido clara en su respaldo a la legalidad vigente y la búsqueda de una solución apoyada en la institucionalidad multilateral que restituya la legitimidad democrática. Europa debe poner su voz al lado de estos esfuerzos y arropar con medidas concretas el apoyo a los regímenes que respetan los derechos humanos y garantizan la participación ciudadana. Y, aun manteniendo los canales de diálogo, debe ser clara y firme en la condena de aventuras totalitarias, por supuesto cuando se imponen por la fuerza de las armas, pero también en fases previas cuando se violentan los más básicos fundamentos de los principios democráticos y el Estado de Derecho. Reaccionar tarde y lamentarse no sirve de mucho, solo anticipándose a los hechos se puede tener respuestas adecuadas. Sí, se podría haber hecho más.

Anna Ayuso