Venezuela y la observación electoral internacional: una cuestión de legitimidad y transparencia
Melissa Salmerón
Doctoranda de la Universitat Autònoma de Barcelona
13 de mayo de 2013 / Opinión CIDOB, n.º 188 / E-ISSN 2014-0843
En Venezuela, el 14 de abril se materializó lo improbable: el candidato de la oposición, Henrique Capriles, que en todas las encuestas de intención de voto en marzo estaba 14,4% por debajo del candidato del chavismo, Nicolás Maduro, logró reducir esa distancia a tan sólo 1,7% en el resultado electoral. Ante este estrecho margen de diferencia y con miles de irregularidades documentadas por sus testigos durante el proceso de votación, la oposición contestó el triunfo del heredero de Hugo Chávez y pidió una auditoría de los votos. Así, el gobierno se halló ante el único escenario en el que, según sus propios argumentos, se activa la observación electoral internacional: un proceso electoral cuestionado.
Pero en 2010 en el reglamento electoral venezolano la figura del observador internacional fue eliminada. En su lugar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) invita a “acompañantes internacionales” que no pueden emitir declaración alguna sobre las elecciones hasta que el CNE haya proclamado un ganador y cuyos hallazgos y sugerencias deben ser entregadas al CNE confidencialmente. Estas limitaciones contradicen los requisitos para desplegar misiones de observación acordados en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, que también establece el código de conducta de los observadores internacionales.
La OEA, la UE y el Centro Carter, con amplia trayectoria de observación de elecciones en Venezuela, declinaron la invitación de enviar misiones a las elecciones del 14 de abril ante las inaceptables limitaciones impuestas por el CNE. El papel de los extranjeros que sí “acompañaron” la jornada ni siquiera se ajustó a la reivindicación de soberanía que llevó al gobierno venezolano a desechar, por injerencista, la figura de la observación internacional.
Entre los 240 acompañantes internacionales que presenciaron las elecciones, 170 eran parlamentarios, delegados de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones gremiales, periodistas y académicos. Probablemente muchos desconocían la ley electoral venezolana y conocían superficialmente los estándares electorales aceptados internacionalmente. Tres organizaciones internacionales enviaron misiones de acompañamiento internacional: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). Uniore, que no había tenido visibilidad en procesos anteriores, remite sus observaciones directamente al órgano electoral. Mercosur, que es una unión aduanera, envió una misión casi simbólica. En cuanto a la recién creada Unasur, que probablemente sea la única organización internacional que reconoce el acompañamiento internacional, su experiencia en materia electoral se limitaba a las elecciones presidenciales en Venezuela en 2012 y las elecciones generales en Perú en febrero de 2013.
Además de la falta de experiencia, las misiones de Unasur y Mercosur carecían de credibilidad ante los partidos políticos de oposición y sus votantes, pues el gobierno chavista tiene importante influencia en ambas organizaciones. Ambas apoyaron inmediatamente el triunfo de Maduro, calificando de perfecto y fiable el proceso de votación, posición que no convenció a la oposición. Como acto contradictorio –o al menos ingenuo- el CNE aprobó la presencia de invitados políticos internacionales de cada partido, cuya labor no está regida por código internacional alguno y que, como era de esperar, tomaron partido. Al día siguiente de las elecciones los invitados políticos de la oposición dieron cuenta de las irregularidades de las que habían sido testigos (todas ellas presuntamente favorables al oficialismo), advirtieron que la legitimidad de la elección de Maduro debía supeditarse a la auditoria de los votos y que para dar transparenia a ese proceso, el CNE debía contar con observadores internacionales.
Para la comunidad internacional reaccionar a la situación postelectoral en Venezuela ha sido especialmente delicado. A ningún gobierno le gusta opinar sobre asuntos domésticos de otro país y arriesgarse a provocar una crisis diplomática por no respetar la soberanía. La observación internacional evita este riesgo. Tras décadas de actividad, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y el International IDEA, entre otras organizaciones, han ganado una reputación de profesionalidad e imparcialidad que ha contribuido a la que la observación electoral se extienda.
Al no tener informes de estas organizaciones, los gobiernos han reaccionado por afinidad o con cautela; Argentina, Cuba, Ecuador, Bolivia y Rusia, que se han aliado con el chavismo en todos los foros internacionales, felicitaron a Maduro inmediatamente. Este reconocimiento internacional fue recibido con gratitud por el gobierno venezolano. Sin embargo, fue calificado de intento de injerencia el hecho de que Estados Unidos (cuyas relaciones con Venezuela han sido de una tensión notable en todo excepto la venta de petróleo), decidiese “abstenerse” de reconocer formalmente a Maduro hasta que se realice la auditoría de los votos. También fue calificado de injerencia que la OEA apoyase desde el principio la petición de auditoría solicitada por la oposición. La Unión Europea, más prudente, echó mano de eufemismos. Así, “tomó nota” del anuncio de la victoria de Maduro y no ha “llegado al punto” de decidir si reconocerá su victoria hasta que la situación evolucione.
En este panorama de prudencia y apoyo, el gobierno español ha puesto una nota discordante. Su reacción inicial fue abogar por un recuento rápido de los resultados para solucionar la situación de “interinidad” en la que había quedado Venezuela tras la negativa de la oposición de reconocer el triunfo de Maduro sin auditoría previa. Inmediatamente, el gobierno venezolano llamó a consulta a su embajador en España, tras lo cual el gobierno español reconoció a Maduro como presidente electo en menos de 72 horas y explicó que el cambio de posición se produjo después de que el CNE dictaminara que no habría recuento de votos.
Sólo el Centro Carter mantuvo una actitud coherente y no avaló el proceso. En su comunicado oficial, publicado unos (prudentes) cuatro días después de las elecciones, no sugirió expresamente que el CNE debería aceptar la petición de auditoría, pero recordó que la disponibilidad de información clara y transparente contribuye a afianzar la legitimidad de los resultados.
Al eliminarla del reglamento electoral, el gobierno venezolano hizo evidente que considera a la observación electoral internacional un intento de tutelaje de los países desarrollados. Se trata de una crítica ideológica, poco consistente si consideramos que, desde hace al menos dos décadas, participan habitualmente en estas observaciones, por un lado, los gobiernos que necesitan legitimidad internacional (y el de Venezuela es uno de ellos) y por otro, la comunidad internacional, que condiciona esa legitimidad a la verificación del compromiso con la democracia y los derechos humanos. Al rechazar la observación electoral, la sombra de las irregularidades no queda despejada, lo cual no sólo no evita la injerencia internacional, sino que la incentiva al quedar en suspenso el reconocimiento universal de la legitimidad y transparencia del resultado electoral que proclama a Maduro vencedor indiscutible.
Melissa Salmerón
Doctoranda de la Universitat Autònoma de Barcelona