Una perspectiva crítica sobre la globalización

En muchos países democráticos la insatisfacción con la globalización se ha convertido en un poderoso factor del debate político. Ha provocado una fuerte reacción en contra de los actores y de los sistemas políticos existentes y ha posibilitado el surgimiento de plataformas populistas y nacionalistas que defienden políticas proclives al proteccionismo comercial y a una regulación más estricta a la inmigración. Cada vez son más los que opinan que el actual de paradigma de globalización es insostenible y que en su forma actual pone en peligro la credibilidad del régimen democrático. Es por ello que una de las preocupaciones más urgentes de los gobiernos es hallar la manera de replantear la globalización de un modo que se minimicen sus efectos negativos y no se pierdan sus beneficios. 

Principales críticas a la globalización actual 

Una de las principales críticas a la globalización es que, en su forma actual, ha aumentado la desigualdad entre países, y también dentro de ellos¹. En todo el mundo, y especialmente en las economías avanzadas –que cuentan con la innovación como ventaja competitiva–, los trabajadores más cualificados y con una mejor formación han visto aumentar muy significativamente sus ingresos y su riqueza; al tiempo, la riqueza global se ha ido concentrando cada vez más en el percentil superior de renta, es decir, en los más ricos². Como consecuencia, y sumado a las limitaciones del empleo en los países en vías de desarrollo, se han desencadenado oleadas de emigración hacia los países de rentas más altas. A raíz de la expansión de las cadenas globales de valor y del mayor comercio con las regiones con salarios más bajos, la predicción de los economistas Stolper y Samuelson³ acerca de que el libre comercio acabaría perjudicando los trabajadores menos cualificados de los países ricos, ha empezado a materializarse. En paralelo, la demanda de trabajadores no cualificados en las economías avanzadas está disminuyendo de manera constante en los últimos años debido a la automatización, a la deslocalización de los puestos de trabajo manual más pesados o por la decisión de importar directamente productos más baratos y ya elaborados desde los mercados emergentes. En ausencia de organizaciones sindicales fuertes que sean capaces de negociar salarios más altos o de obligar a los políticos a atender las demandas de compensación, los salarios de los trabajadores de ingresos bajos y medianos de las economías avanzadas se han reducido, especialmente después de la crisis financiera global del año 2008. Así pues, si bien los beneficios para el bienestar de la humanidad han sido enormes –aunque distantes y algo difusos–, los costes de la globalización han estado mucho más concentrados, afectando a industrias concretas o a áreas geográficas afectadas profundamente por las deslocalizaciones. 

La distribución de los beneficios del libre comercio también ha sido muy desigual a nivel global⁴. Los países más ricos, aquellos que se especializan en el comercio de productos o servicios de alto valor añadido, también son los que más se han benefician de la expansión económica global⁵. Las industrias de las economías más consolidadas fueron las mejor posicionadas para aprovechar la supresión de las barreras comerciales, reducir sus costes y penetrar en nuevos mercados. No en balde, la mayoría de las grandes empresas del mundo y de los derechos de la propiedad intelectual pertenecen a países desarrollados. Como consecuencia, la riqueza y la renta per cápita crecen más rápidamente en las economías avanzadas que en los países menos desarrollados. Los mercados emergentes también se han beneficiado, alcanzando en el ámbito de la exportación unas tasas de crecimiento sin precedentes. 

Incluso aquellos entre los países en vías de desarrollo que mejores resultados económicos obtienen, deben superar obstáculos enormes antes de poder sacar de la pobreza de manera efectiva a sus ciudadanos. Generalmente, los países en vías de desarrollo se incorporan a las cadenas de valor global en unas fases avanzadas del proceso de producción, con menos oportunidades de beneficiarse de las etapas posteriores y del comercio de valor añadido⁶. A medida que las cadenas de valor global se vuelven más intensivas en conocimiento, las economías en vías de desarrollo con un acceso limitado a una mano de obra cualificada tienen cada vez más dificultades para mantener su cuota de mercado. La aparición de China como potencia manufacturera global ha convertido la desagregación de la producción en un riesgo de desindustrialización prematura de las economías de menor productividad y renta media, más que en una oportunidad para las mismas⁷. Para muchas de ellas, la dificultad para impulsar reformas estructurales y el hecho de estar atrapadas en una «trampa de valor bajo» reducen significativamente el número y la fuerza de las externalidades positivas desencadenadas por la participación en las cadenas de valor global como, por ejemplo, una mejora a gran escala de sus capacidades. Los subsidios y las barreras comerciales impuestas por los países más ricos han limitado aún más si cabe el potencial exportador de las economías menos desarrolladas. Esto se evidencia en la agricultura que, pese a ser la principal fuente de ingresos de gran parte de la población en muchos países en vías de desarrollo y un sector en el que sí cuentan con una ventaja comparativa, sigue siendo una de las industrias más protegidas internacionalmente⁸. En consecuencia, se ha perdido la dinámica de movilidad al alza. Los críticos sostienen que estos factores perpetúan la pobreza en los países en vías de desarrollo, más que permitirles beneficiarse del «potencial de la globalización» tan teorizado por sus proponentes. 

Y lo que es más importante: los mismos críticos de la globalización la culpan de fomentar transformaciones malsanas y de plantar la semilla de la debilidad crónica en las economías en vías de desarrollo⁹. Es más, bajo este prisma, las economías en vías de desarrollo fueron presionadas para abrir sus mercados a la competencia internacional sin contar con las garantías suficientes o las pertinentes estrategias de crecimiento. Los agricultores se han esforzado en competir lastrados por las barreras comerciales y por los subsidios agrícolas relativos al precio y a la exportación en las economías avanzadas, lo que ha conllevado rápidas oleadas de urbanización sin la adecuada planificación y unas altas tasas de desempleo. Las empresas locales no han podido competir con las compañías multinacionales que, aprovechando su posición dominante, han copado los nuevos mercados. En paralelo, la globalización financiera ha agravado la crisis de endeudamiento de las economías en vías de desarrollo, que no han podido realizar inversiones muy productivas. Las mismas políticas monetarias y financieras que atrajeron grandes entradas de capital también dieron lugar a costes financieros domésticos más elevados y a una apreciación de la moneda. A cada nuevo episodio de crisis, la consiguiente intervención al rescate de las instituciones financieras internacionales ha impuesto sus rígidas cadenas –en forma de austeridad y de costosos programas estructurales de ajuste– cortadas con el patrón de las políticas neoliberales. Los críticos sostienen que no solo fue la globalización desatada la que creó en primer lugar las crisis que afectaron a las naciones en vías de desarrollo, sino que, posteriormente, las imposiciones de sus testaferros retrasaron la recuperación, abortando toda posibilidad de un crecimiento inclusivo y reduciendo las perspectivas de desarrollo, lo que causó nuevas heridas a unas comunidades ya de por sí devastadas¹⁰. 

Otra crítica fundamental a la globalización se centra en las intrusiones en la autonomía nacional de los estados soberanos, que pierden así la capacidad de desplegar políticas acordes con sus circunstancias particulares¹¹. En este caso, la cuestión era si la globalización económica amenazaba o acotaba innecesariamente las legítimas decisiones democráticas tomadas en y por el estado-nación. Por otro lado, la forma actual de la globalización confiere un poder desproporcionado a los inversores, particularmente a las corporaciones multinacionales, que evitan en gran medida los impuestos con respecto a los gobiernos nacionales¹². Las protecciones incluidas en los tratados sobre inversión y movilidad de capital sin restricciones confieren a los poseedores de capital una gran capacidad de negociación. Particularmente, las empresas multinacionales determinan cómo conecta un país con las cadenas de valor globales. La amenaza permanente de una posible relocalización coarta el margen de maniobra de los gobiernos locales, dando lugar a una «carrera a la baja» en las decisiones reguladoras y sobre fiscalidad. Por ejemplo, un gobierno que pretenda reducir su déficit presupuestario topa con fuertes presiones para no aumentar los impuestos sobre la renta de las empresas, por temor a que los inversores abandonen el mercado y no le quedan muchas más alternativas que recortar el gasto público. Las grandes empresas conocen perfectamente cuáles son los momentos clave para presionar a los legisladores y que estos acuerden normas que reduzcan sus costes empresariales, tanto en su propio país como en el extranjero. 

Las instituciones y las estructuras legales que acompañan a la integración global, por otro lado, limitan los métodos y los instrumentos al alcance de los gobiernos para promover objetivos nacionales o reaccionar frente al comportamiento de sus equivalentes extranjeros. Para contrarrestar los riesgos sistémicos que implica la interconexión, es preciso que todo avance hacia una integración más profunda venga acompañado de una mayor supervisión y una legislación global más amplia, que dé cobertura al número creciente de áreas problemáticas. La globalización requiere que los estados acaten las normas internacionales incluso cuando estas contravienen sus intereses y aunque limiten su capacidad de dar prioridad a sus poblaciones. Los países en vías de desarrollo deben diseñar meticulosamente sus políticas industriales para que no puedan ser tipificadas como prácticas comerciales desleales¹³. Aquellos gobiernos que quieran aumentar la ambición de sus objetivos medioambientales o implementar medidas estrictas de protección de la salud de los consumidores pueden entrar en conflicto, por ejemplo, con las reglas de la OMC que prohíben discriminar entre productos similares¹⁴. Los que se oponen a lo que consideran prácticas distorsionadoras por parte de los miembros de la OMC deben darse por vencidos si el Sistema de Solución de Diferencias de la entidad no acaba validando su acción. 

Los críticos de la globalización también argumentan que, en su forma actual, promueve los intereses de los grandes inversores y de los países ricos, y que no contribuye a crear una economía global que funcione para todos.

Demasiado a menudo, los países en vías de desarrollo ejercen el papel de sujetos pasivos, de acatadores de normas, y no gozan de una voz acreditada en debates que a menudo tienen unas implicaciones enormes para ellos, viéndose obligados a implementar regulaciones o a ratificar tratados que han sido diseñados para economías más maduras, o con la finalidad principal de facilitar la vida a las empresas o proteger al inversor^15. Al crear más disparidades y más desequilibrios sistémicos, la globalización agranda la brecha existente entre los ricos y los pobres cada vez que impregna un nuevo espacio político, sin una gobernanza y unos procesos pluralistas y verdaderamente inclusivos. 

Para terminar, la principal cuestión a considerar, presente desde hace tiempo en las redes ambientalistas transnacionales y que ocupa un lugar cada vez más prominente en la agenda pública de todo el mundo, es el impacto perjudicial de la globalización en la infraestructura ecológica de nuestro planeta¹⁶. El incremento de la actividad industrial, la expansión de las redes de transporte y los cambios en la explotación del suelo han ocasionado una severa degradación ambiental, mermando los recursos de los que dependen tanto las generaciones venideras como la actual. La actividad humana ha sobrepasado la capacidad de la Tierra para renovar los recursos y absorber los residuos. 

La política global de la desglobalización 

Por una infinidad de razones, asistimos a una preocupación creciente acerca de la tendencia hacia la desglobalización; electorados, decisores políticos y empresas que se plantean, cada uno a su manera, si quizá la globalización ha ido demasiado lejos. Durante la década de 1990, el movimiento antiglobalización se opuso a la integración económica neoliberal desde una variedad de perspectivas, con un énfasis particular en el Sur Global. El movimiento lo integraban activistas, organizaciones no gubernamentales y grupos con preocupaciones diversas, como por ejemplo la paz, el cambio climático, los derechos indígenas, el comercio justo, el alivio de la deuda, los talleres clandestinos o la pandemia del sida. No es el caso de la actual reacción contra la globalización, que tiene su origen en la ira provocada por su impacto en el Norte Global. La última década ha sido testigo de un ascenso constante de movimientos populistas en el paisaje político de muchas sociedades occidentales, con un matiz antiglobalización muy notable y que se deja sentir en el voto a favor del Brexit o en la elección de Donald Trump en Estados Unidos. También la Unión Europea está bajo la amenaza de los partidos políticos euroescépticos, de las fracturas Norte-Sur y de una visión claramente diferente de la UE que es la que se defienden desde Varsovia y Budapest. 

Los argumentos nacionalistas según los cuales el libre mercado y la globalización han empobrecido a la clase media y han destrozado todo sentido de identidad nacional o de soberanía tienen buena acogida entre los segmentos de la sociedad que están desengañados con los supuestos beneficios del sistema actual. Los riesgos a los que se enfrenta el denominado «precariado» dependen mucho más de factores tecnológicos o de la mala gestión de las transformaciones de la economía que del comercio. Sin embargo, diversas oleadas de inmigración –otro rasgo destacado de este período–, han abonado el terreno para que los políticos de derechas puedan cultivar las frustraciones y emborronar la relación de causalidad entre las raíces y los beneficiarios de este deterioro. 

Se está haciendo evidente que los individuos «dejados de lado» en las economías industrializadas perciben la globalización como inextricablemente unida a su seguridad laboral, y que no son capaces de sobreponerse a los cambios económicos, ya sean globales o nacionales, sin la ayuda gubernamental¹⁷. Los partidos tradicionales están recalibrando sus posiciones políticas en materias como el comercio o la migración de acuerdo a esta tendencia, ya que esto solo puede agravarse con la aceleración del progreso tecnológico. Con un electorado cada vez más sensible respecto a este tema, es de prever que en la esfera política se inhiba cualquier expresión de euforia respecto al avance de la globalización, por lo menos en un futuro próximo. 

En cambio, la reclamación de una globalización mejorada persiste en el Sur Global, donde el sentimiento antiglobalización está sobre todo entrelazado con la experiencia del Consenso de Washington. Recientemente, las fisuras sociales alimentadas durante esta época han proporcionado la base para el ascenso de movimientos populistas con diversas agendas políticas en varias economías de mercado emergentes. Pero a diferencia de lo que ocurre en Occidente, los líderes populistas del Sur Global apoyan la libre circulación de la mano de obra, al tiempo que cuestionan aspectos ideológicos de la globalización –que fomentan la volatilidad y la naturaleza antidemocrática de la gobernanza global–, y forman coaliciones para impulsar reformas en las instituciones multilaterales, en lugar de promover una reversión de la integración global. Los debates públicos se centran preferentemente en los puestos de trabajo y en el crecimiento económico, temas que se discuten por separado dada la ausencia de presiones sociales procedentes de la inmigración. 

Hoy la crisis de la COVID-19 y las consecuencias de la guerra de Ucrania han amplificado las vulnerabilidades de las economías en vías de desarrollo, con la subida del precio de los alimentos y de la energía, y los cuellos de botella en la cadena de suministros. No obstante, también han creado nuevas oportunidades al revelar los riesgos inherentes de disponer solamente de cadenas de suministro globales monocéntricas en torno a China. El actual debate sobre el desempleo y la deslocalización puede tener implicaciones importantes para las economías que puedan presentar en su propia región una alternativa a China. Tan pronto como los flujos globales de la Inversión Extranjera Directa y el comercio se reorganicen es de esperar que los países en vías de desarrollo pongan en práctica políticas económicas de cariz nacionalista como mecanismo para hacer frente a la crisis. Al mismo tiempo, es probable que traten de sacar provecho de la reestructuración amplia de las cadenas de valor global –hacia una arquitectura más diversa, flexible y centrada en la región– para garantizar la sostenibilidad de sus industrias en un mundo nuevo. Un reto clave a este respecto será incentivar las capacidades (capacity-building) en el diseño de políticas de localización con el objetivo de identificar y mejorar las ventajas comparativas en términos de producto. Teniendo en cuenta que el peso de los costes laborales como ventaja comparativa seguirá reduciéndose por efecto de la automatización, la forma en que los países en vías de desarrollo gestionen este proceso determinará la potencia política de la globalización en el progreso de la economía política doméstica. 

El camino a la reforma 

Los términos del debate acerca de la globalización han evolucionado con el tiempo. La «inocencia» pretérita respecto a los efectos de la globalización se ha desvanecido. La evidencia de sus injustos efectos distributivos ha generado un electorado significativo en muchos países que aboga por su reforma. Sin embargo, según muchos observadores políticos y económicos, la incapacidad de hacer frente a otros aspectos mucho más prevalentes de la globalización conducirá a la inestabilidad política en sociedades democráticas debido a sus impactos a gran escala sobre la coherencia del orden socioeconómico. Como consecuencia, el debate se ha atrincherado. Para lograr reformar las normas y las estructuras de la gobernanza internacional se requerirá de un enorme esfuerzo, no solo para minimizar las repercusiones negativas de la globalización, sino para mejorar potencialmente sus externalidades positivas. 

En función de su nivel de desarrollo, así como de sus ventajas competitivas, diversos grupos de países han tomado posiciones para «resetear» la globalización. Sin embargo, pese a que el empeño es compartido, sigue habiendo una brecha considerable entre las demandas más que sobradamente justificadas y la realidad de la reforma de la globalización. Un estudio reciente publicado por Carnegie Foundation¹⁸ –del que autor de esta pieza es corresponsable– ha postulado que es posible concebir tres aproximaciones distintas a la viabilidad de la reforma de la globalización. 

La primera aproximación contempla áreas políticas en las que la agenda de la reforma está muy adelantada. Se abordan aquí las reglas sobre fiscalidad internacional, de reciente aprobación bajo el paraguas de la OCDE, y que ponen el foco en las estrategias de planificación fiscal del marco BEPS (Base Erosion and Profit Sharing, o Erosión de la Base Imponible y del Traslado de Beneficios). Dicho avance en el marco de la OCDE puede considerarse un importante logro multilateral que debe contribuir a un mejor equilibrio de los ingresos fiscales mundiales, en beneficio de las naciones más pequeñas, que bajo el régimen actual jugaban en desventaja debido a que las reglas imperantes distribuían los ingresos fiscales sobre la base del lugar físico de establecimiento. También es de esperar que el establecimiento de un impuesto mínimo global ayude a las naciones más pequeñas a aumentar el ingreso fiscal que obtienen de las corporaciones globales, desincentivando su agresiva planificación fiscal. 

Otra área de convergencia política guarda relación con las reglas de la financiación internacional, un terreno en el que se ha alcanzado un acuerdo global sobre la distribución de los Derechos Especiales de Giro (Special Drawing Rights), apoyada por el FMI, y que permitirá incrementar la liquidez global. La urgencia de una respuesta adecuada al shock de la demanda provocada por la pandemia creó el entorno propicio para el acuerdo. Un logro interesante en este ámbito ha sido el establecimiento de instituciones alternativas –o de mecanismos de financiación internacional paralelos– al entramado institucional de Bretton Woods. Los BRICS han sido los que han tomado la iniciativa con el establecimiento de un Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). 

La segunda aproximación aborda aquellas áreas políticas en las que la convergencia ha demostrado ser difícil. Es el caso, por ejemplo, del ámbito comercial, donde la brecha sigue siendo sustancial. El fracaso de la Ronda de Doha en 2008 para la reforma de la OMC supuso un inconveniente importante. Y desde entonces las líneas divisorias siguen estando en la utilidad y en el carácter inclusivo de su mecanismo de resolución de disputas. Desde la citada Ronda, los países en vías de desarrollo también han pedido la reforma de las normas globales acerca de los derechos de propiedad intelectual, con énfasis en las mejoras de las condiciones de la transferencia de tecnología, en los requisitos de divulgación de conocimientos, en la obtención de un consentimiento informado previo, en una mayor flexibilidad en las licencias obligatorias y en la extensión de los períodos de transición. Sin embargo, las deliberaciones no condujeron a un progreso significativo, ya que las partes discreparon fundamentalmente sobre la esencia de la propiedad del conocimiento. 

La tercera aproximación incluye áreas de políticas con una convergencia incompleta. La acción climática es un buen ejemplo de ello. En este caso, la buena noticia es el casi universal reconocimiento de este desafío global, como atestigua el número de países que se han adherido al Acuerdo de París. Tanto los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo se han comprometido a combatir el cambio climático; y sin embargo, debajo de la superficie persisten aún importantes divisiones. De crucial importancia son las desavenencias respecto a la equidad, que dependen básicamente de la asimetría entre emisiones y cargas. Por un lado, la mayor parte de las emisiones de carbono de origen humano acumuladas en la atmósfera se han originado en países de rentas altas –o en su nombre– y, sin embargo, hoy son los grandes mercados emergentes los grandes emisores y potencias económicas. Esta discrepancia está en el centro de la división relativa a la responsabilidad de mitigar las emisiones de carbono. Desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo, dado que la acumulación histórica de emisiones es atribuible a las naciones industrializadas, son estas las que deberían, no solo liderar la mitigación de las emisiones a nivel global, sino también ayudar a las naciones en vías de desarrollo a cumplir sus objetivos de mitigación y adaptación. Cabe apuntar aquí que se critica, con razón, el poco énfasis depositado en la adaptación respecto a la mitigación. 

Asimismo, el rol de liderazgo global de la UE en el campo de la acción climática junto con el ambicioso Pacto Verde Europeo también ha suscitado críticas que apuntan a una instrumentalización de la transición climática con vistas a proteger sus intereses comerciales; se denuncia que Bruselas está redoblando la condicionalidad de su comercio con el pretexto del clima. Algunas de las medidas ya apuntadas para combatir el vertido de carbono y las medidas sobre el ajuste de carbono en frontera contribuyen a este debate. 

Una situación parecida, marcada por las incongruencias, se da en torno a la gobernanza de los datos y la tecnología. En primer lugar, no hay una convergencia real entre las normas multilaterales que configuran el régimen de derechos sobre la propiedad intelectual e industrial. En el caso de las economías en vías de desarrollo es fundamental impedir que la actual divisoria digital desencadene una nueva forma de «trampa de la renta», en la que los países emergentes y en vías de desarrollo se conviertan en pagadores de renta a los países desarrollados que hayan afianzado su posición en la economía digital, y que al mismo tiempo sean productores de una tecnología cada vez más sofisticada. 

Por lo que respecta a los regímenes de datos, los enfoques reguladores a nivel nacional vienen determinados por las prioridades políticas, económicas y sociales de las respectivas políticas. La regulación se ve directamente afectada por la naturaleza del contrato social. La UE, por ejemplo, favorece un Internet abierto y un flujo de datos libre siempre y cuando esté en vigor un régimen robusto de protección de los datos personales. Estados Unidos tiene una visión más «mercantilista» de Internet y promueve la liberalización de los datos para estimular la innovación, el crecimiento y el comercio. Washington se opone a las medidas para la localización de datos que puedan representar una desventaja para sus compañías tecnológicas en el extranjero. La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, hace hincapié en las restricciones al flujo de datos como principal barrera al comercio digital. Por lo que se refiere a China, es partidaria de un mayor reconocimiento de los derechos de soberanía en el ciberespacio y de que los estados soberanos tengan un papel más significativo en la gobernanza de Internet. En los países en vías de desarrollo, con mucha de su población todavía sin conexión online, la economía de datos ofrece unas oportunidades excelentes para despegar, así como un considerable potencial para desencadenar economías de escala y de gama. Muchos de ellos han establecido ya medidas de protección legal para los datos públicos y personales, si bien algunos de estos carecen de la capacidad de hacer cumplir los marcos existentes. 

Existen visiones diversas acerca de cómo reformar la globalización. No obstante, el debate y las recomendaciones se centran inevitablemente en áreas políticas concretas que generalmente se considera que contribuyen a la dinámica de la globalización, como el comercio y la financiación global. En este sentido, el debate sufre de una cierta «siloización»¹⁹. Lo que se requiere es un esfuerzo multidisciplinario que permita ampliar la discusión al resto de facetas políticas de la globalización y que, de este modo, podamos reorientarla con un mayor énfasis en la equidad. 

El año 2008 se estableció una «Comisión sobre el Crecimiento y el Desarrollo» que contó con el respaldo de unos cuantos gobiernos nacionales, de la Fundación William y Flora Hewlett, y del Banco Mundial. Los miembros de la Comisión fueron elegidos desde los países en vías de desarrollo sobre la base de su experiencia política. Contaban además con el respaldo de un grupo de académicos dirigidos por el premio Nobel estadounidense Michael Spence. Sus recomendaciones fueron finalmente publicadas bajo el título de «Informe sobre el Crecimiento: Estrategias para un Crecimiento Sostenido y un Desarrollo Inclusivo». Ahora que se cumplen casi 15 años de la iniciativa, se requiere un grupo de trabajo analítico similar, también de alto nivel, que trabaje para discernir posibles maneras de «recablear» la globalización. Como ha desarrollado este artículo y el citado estudio del mismo autor, existen ya varias recomendaciones políticas razonables y fundamentadas de varios gobiernos a niveles muy diferentes de desarrollo. Estas respuestas necesitan ser categorizadas y optimizadas poniendo el foco precisamente en cómo reparar la globalización y garantizar que su futura trayectoria esté mucho más estrechamente alineada con el objetivo de unos resultados equitativos. Esta tendría que ser la misión de una nueva Comisión de alto nivel, en esta ocasión centrada en «Globalización, Desarrollo y Equidad». 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

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 Notas:

1. Véase, por ejemplo, Furceri, Loungani y Ostry (2018) sobre los impactos negativos de la desigualdad de la liberalización de la cuenta de capitales y de la globalización financiera. También Acemoglu (2016), que sostienen que la globalización está directamente relacionada con la pérdida de puestos de trabajo y con la desigualdad en las economías avanzadas. Por su parte, Bergh y Nilson (2010) exponen que la globalización social y la desregulación están relacionadas con la desigualdad en las economías menos desarrolladas. 
2. Véase UNDESA (2020).
3. N. del E.: el teorema Stolper-Samuelson fue publicado en 1941 por los economistas Wolfgang Stolper y Paul A. Samuelson. Aplicado a la globalización del comercio, sugiere la tesis de que la importación de bienes y servicios de países con salarios bajos acaba provocando caídas de los salarios en los países más ricos.
4. Véase Milanovic (2018), cuyo trabajo pone de manifiesto una serie de ideas cruciales sobre los ganadores y los perdedores de la globalización y sobre los factores que impulsan la desigualdad. Uno de ellos es que más de la mitad de la variabilidad en los ingresos de las personas en todo el mundo puede explicarse en función del lugar donde viven.
5. Véase Aguiar de Medeiros y Trebat (2017).
6. Véase Rodrik (2018a).
7. Véase Rodrik (2015).   Véase también Cooney (2016) para evidencias de una reprimarización de América Latina.
8. Véase Sundaram, Schwank y von Arnim (2011); Véase también, UNCTAD, (2018).
9. Véase Stiglitz (2002).
10. Véase Montes, (2014).
11. Véase Rodrik (2012).
12. Véase Rodrik (2018b).
13. Véase Wade (2003).
14. Véase Falkner y Jaspers (2012)
15. Para un examen de los límites de la influencia de las potencias emergentes en la OMC, véase Wilkinson (2016).
16. Véase Figge, Oebels y Offermans (2017).
17. Véase OECD (2019).
18. Véase Ulgen (2022).
19. N. del E.: El término siloización hace referencia a la dependencia de una empresa o ente público de unos silos de datos.