Reseñas de libros. La constitución colombiana de 1991 como punto de inflexión

Allan David Rodríguez Aristizábal, docente universitario, Universidad Santo Tomás, Sede Medellín; Investigador predoctoral en Estudios Políticos y Jurídicos, Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

Reseña de libro:  Porfirio Cardona-Restrepo, Manuel Alcántara Sáez y Javier Duque Daza (eds.). 30 años de la Constitución Política de Colombia. Análisis y perspectivas. Universidad Pontificia Bolivariana, 2022. 269 págs. 

En 2021 se cumplieron 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia, que fue la respuesta a décadas de guerra civil, crisis y debilidad estatal, por lo que la Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación Manuel Giménez Abad y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca gestionaron la construcción del libro aquí reseñado –publicado en 2022–, con los doctores Porfirio Cardona-Restrepo, Manuel Alcántara Sáez y Javier Duque Daza como editores, en el cual se analizan las consecuencias de la nueva carta constitucional en tres secciones: 1) Estado de derecho, 2) ordenamiento territorial y 3) reformas constitucionales. Como antesala, se incluyó el texto «Apuntes para un análisis de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en América Latina» (p. 18-27) del profesor Alcántara Sáez, quien argumenta que dicha relación no ha sido pacífica porque su estructura lleva al choque de legitimidad de ambos y permite cierto grado de autoritarismo e inestabilidad, lo que genera democracias «fatigadas». Ante esto, aboga por reivindicar y fortalecer las cadenas de representación política, sin necesariamente acabar con el presidencialismo.

La primera parte comienza con el texto de Duque Daza, titulado «Las libertades civiles en Colombia 1990-2022» (p. 29-78), donde se concluye que, pese a la inclusión de nuevos derechos y libertades, estos no se han implementado plenamente debido a la acción de diferentes grupos armados y a un Estado débil que ha carecido de pleno control territorial. El capítulo de Juan Daniel Elorza Saravia (p. 79-99) examina el problema de las reformas constitucionales, indicando que el texto constitucional sirve de punto de partida para los cambios institucionales, pero que no es la solución a los problemas, por lo que el clamor de reforma no debe centrarse únicamente en el texto sino también en las prácticas jurídico-políticas, que en muchas ocasiones son las que deben modificarse y no el texto en sí mismo.

La segunda parte se inicia con el escrito «Descentralización política en Colombia. El caso de Medellín, Antioquia» (p. 101-134), de Carolina María Horta y Porfirio Cardona-Restrepo, quienes narran el rol de las élites y familias tradicionales de Medellín, antes de 1991, en la prestación de servicios públicos que no brindaba el Gobierno nacional, resaltando así la importancia de la descentralización. Sin embargo, pese a que la nueva Constitución trató de entregar estas funciones a los gobiernos regional y local, esto no se ha logrado debido a la captura del poder por parte de intereses económicos, lo que ha generado altos niveles de desigualdad. A continuación, el capítulo de Luz Cardona-Zuleta, Mary Alzate-Zuluaga y Yulieth Carvajal Londoño, «Mujeres de Medellín y su incidencia en el poder local a partir de la Constitución de 1991» (p. 135-163), toma la Medellín de los ochenta y noventa del siglo pasado, cuando surgieron grupos en defensa de la mujer, para resaltar los logros de estos, como la participación en la Asamblea Nacional Constituyente y la creación del movimiento político Estamos Listas en 2017 (que ha obtenido representación en entidades locales pero no nacionales), dando cuenta de los importantes avances y retos de la representación política de las mujeres. En el capítulo siguiente, «Gobernanza territorial y poder ciudadano tras la Constitución Política de 1991» (p. 164-196), Luis Horacio Botero Montoya señala que el texto constitucional aún no ha alcanzado los objetivos trazados pues, a pesar de los mayores niveles de inclusión, todavía existen espacios de precaria participación política. El autor propone entonces la gobernanza territorial (no confundir con la gobernabilidad) como potencial solución, al dar participación a los actores sociales en las instituciones del Estado y en las decisiones que les afecten directamente en sus territorios.

La tercera parte empieza con «Jueces y política en Colombia: a 30 años de la Constitución» (p. 198-217) por Martha Gutiérrez, que muestra las virtudes y falencias de la participación política del aparato jurisdiccional (que según ella no ha sido investigado con suficiencia), pues, si por un lado, ha permitido la implementación de la Constitución frente la inoperancia de otras instituciones estatales, protegiendo a las minorías y a las instituciones del actuar de las mayorías y del Ejecutivo; por el otro lado, en ocasiones, ha tomado decisiones «antidemocráticas» por no realizar análisis económicos y políticos, además de no estar exento de escándalos de corrupción. El penúltimo capítulo se titula «De las promesas a los hechos. Un balance de las transformaciones de los partidos políticos a partir de la Constitución de 1991» por Andrés Felipe Cortés Aguilar y David Alberto Roll Vélez, quienes indican que sí han existido avances en el sistema de partidos políticos, particularmente en términos de democratización, consolidación ideológica, institucionalización (alejándose del personalismo), prevención y sanción del clientelismo, así como transparencia en financiación. Sin embargo, dichos avances han sido tímidos y no en la proporción esperada.

El capítulo final «Mecanismos de justicia transicional: análisis de la Constitución de 1991» (p. 243-267), de Camilo Eduardo Espinosa-Díaz, argumenta que la carta política, por ser una respuesta a la crisis, se podría considerar como mecanismo de justicia transicional (aunque teóricamente no se estime como tal); además, plantea que en Colombia la justicia transicional debe estudiarse desde la Constitución, y no desde de la ley de Justicia y Paz de 2005 con la que se desmovilizaron los grupos paramilitares, reconociendo así el rol de la misma en el desarme de diversos grupos armados.

En suma, el libro hace un buen trabajo de recopilar y mostrar al lector los variados avances, retos y dificultades que en materia política y jurídica ha experimentado Colombia desde la Constitución de 1991, pues todos los capítulos coinciden en aceptar su importante rol en cambiar las dinámicas sociales, sin esconder que aún dista de alcanzar todos sus objetivos. Ahora bien, más allá de este punto en común, los capítulos carecen de conexión temática y metodológica, por lo que ningún tema se desarrolla con especial detenimiento, empero, esto es ventajoso para quienes deseen leer solo aquel capítulo de su interés, pues no es necesario recurrir al resto del libro.

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 136, p. 191-193
Cuatrimestral (enero-abril 2024)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X