Los recelos de Europa. La lucha contra la inmigración irregular en la encrucijada

23 de mayo de 2008 / Opinión CIDOB, n.º 4

Hace pocos días, la vice-presidenta española molestó al recién estrenado gobierno italiano al declarar que el gobierno español rechazaba la violencia, el racismo y la xenofobia, por lo que no podía compartir lo que estaba sucediendo en Italia. Desde la victoria de Berlusconi en las urnas, la lucha contra la inmigración irregular se ha convertido en la piedra angular de un discurso basado en la seguridad que ha suscitado preocupación en algunos socios europeos. A las últimas expulsiones de extranjeros que ha llevado a cabo el gobierno italiano, entre los cuales ciudadanos comunitarios de nacionalidad rumana, se le añade la falta de intervención de las autoridades italianas ante el hostigamiento que han sufrido algunos asentamientos gitanos en los últimos días. El cruce de declaraciones en torno a la gestión de inmigración entre el gobierno español y el nuevo gobierno italiano es especialmente interesante por dos razones. En primer lugar, se confirma que no existe una lógica sur-occidental a la hora de hablar de gestión de flujos en la Unión Europea, o que si existiese, se supedita claramente a la lógica partidista e ideológica. En segundo lugar, porque visibiliza dos de los caminos alternativos por los que puede encauzarse el diseño de la política de inmigración europea, al menos en lo que a la lucha contra la irregularidad se refiere.

Por un lado, y en el marco del paquete de medidas legislativas para promover el planteamiento global sobre inmigración que se aprobó en 2005, la Comisión Europea ya ha presentado iniciativas dirigidas a regular los flujos de migraciones económicas regulares, promoviendo la entrada de trabajadores cualificados mediante la denominada ‘Tarjeta azul’, apostando por las migraciones circulares o preparando los mecanismos que regularán el trabajo de temporeros o estudiantes de países terceros en el escenario europeo. En esta línea, y haciéndose eco de la insistencia del gobierno español sobre el auténtico ‘efecto llamada’ del mercado de trabajo sumergido, a finales de 2007 la Comisión preparó una comunicación en la que reconocía la existencia del trabajo irregular como uno de los factores de atracción más determinantes para explicar la inmigración clandestina en la Unión Europea. Combatir aquellos que contraten a trabajadores de manera irregular adquiere, por lo tanto, una importancia vital para luchar contra la que es una de las principales preocupaciones europeas, compartida además por gobiernos y opinión pública.

Por otro lado, se visibiliza, claramente ya, la opción por luchar contra la inmigración irregular convirtiendo al inmigrante en un delincuente al que perseguir por la vía penal. La nueva legislación italiana sobre inmigración dificultará, a partir de julio, las condiciones y derechos de entrada, circulación y residencia de todos los inmigrantes en Italia. Además, convertirá la inmigración irregular en delito y, por lo tanto, a los inmigrantes en situación irregular en delincuentes. La confusión a la hora de explicar las medidas y la facilidad para entremezclar conceptos como inmigración regular e irregular, o extranjeros y residentes comunitarios (que es lo que son los rumanos en Italia) no oculta el deseo de luchar contra el inmigrante irregular como sujeto, sin discurrir cómo puede ser que este fenómeno se perpetúe. Pero también parece alimentar un discurso populista contrario a la inmigración, que ignora las necesidades económicas y demográficas de las sociedades europeas.

En la lucha contra la irregularidad, la Unión Europea se debate por elegir el camino a seguir. Se encuentra en una encrucijada en la que conviven nuevas propuestas y enfoques con viejos recelos y oportunismo político. Luchar contra los flujos de inmigración irregular debe ser una prioridad para los países de la Unión Europea, tanto por razones de seguridad territorial y lucha contra las redes transnacionales de tráfico de personas como de protección de los derechos humanos de los propios migrantes. Establecer mecanismos flexibles que promuevan y garanticen los canales de entrada de la inmigración económica es un paso esencial en este sentido. Profundizar y mejorar las relaciones con países terceros y vincular las políticas de inmigración a las de desarrollo y cooperación, entre otras, también parecen pasos acertados para dotar a la Unión de una política de inmigración ordenada y regular. No parece tan claro que responder a la irregularidad con discursos xenófobos que criminalizan a colectivos enteros o convertir en delito penal lo que hasta ahora era una infracción administrativa vaya a acabar con la irregularidad. No cabe duda, sin embargo, que acabará con los derechos, ya muy limitados, de los inmigrantes irregulares en Europa, dejándolos a merced del abuso y la explotación laboral, pero también de los ataques xenófobos que, sin haberse ido, parecen volver a resurgir a lo largo y ancho de Europa.

En este contexto de incertidumbres, la propuesta de directiva sobre unas normas comunes mínimas para el retorno de los inmigrantes en situación irregular ha enrarecido aún más el debate. Son muchas las voces, la mayoría de ellas procedentes de ONG e instituciones de protección de los derechos humanos, que critican la dureza de una propuesta que permite la retención por un periodo máximo de seis meses, ampliable a dieciocho, de los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa antes de su expulsión al país de origen, y que deja en manos de cada estado la provisión de asistencia jurídica gratuita a los internados. En cambio, para estados miembros como Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Países Bajos, por citar algunos, la propuesta de directiva viene a restringir un periodo de internamiento hasta la fecha ilimitado en sus legislaciones actuales.

Como ya ha sucedido ante otras propuestas de directivas, el problema no es tanto que la Unión Europea avale un modelo más o menos restrictivo de gestión de la inmigración, sino que la Comisión Europea acaba dibujando una política de inmigración basada en la suma de mínimos de las 27 ya existentes. La necesidad del acuerdo unánime de todos los estados miembros garantiza que todas las singularidades sean incluidas, y que las excepciones en función de la legislación de cada país sean de lo más habitual. Sin pretender defender una directiva que, tal como ha sido propuesta, endurece considerablemente y sin garantías suficientes las condiciones de detención y expulsión de los inmigrantes irregulares, lo cierto es que la misma viene a establecer unos mínimos en algunos países que, hasta la fecha, carecían de ellos. El trabajo del Parlamento Europeo será intentar, de nuevo, equilibrar los excesos de algunos estados miembros que han desvirtuado la propuesta de directiva inicialmente presentada por la Comisión Europea.

En el caso de la inmigración, y hasta que no se supere el requisito de la unanimidad tal como recoge el Tratado de Lisboa, son los gobiernos de los estados miembros los responsables últimos de los pasos dados en el camino por el que la Comisión intenta avanzar. Es importante no dejar de monitorizar los avances de la Unión Europea en materia de inmigración, pero son los discursos y políticas que están apareciendo en muchos países europeos los que deberían disparar las primeras voces de alarma.

Gemma Pinyol
Coordinadora del Programa Migraciones de la Fundación CIDOB