Los expatriados, rehenes del Brexit

Si los británicos deciden finalmente apoyar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, no serán ellos los únicos afectados: la factura la pagarán también, en mayor o menor medida, el resto de ciudadanos comunitarios. Hay un grupo, sin embargo, mucho más directamente afectado que la media, los llamados expatriados. Es decir, los británicos que viven en el continente. Pero también los continentales que residen en Reino Unido, más conocidos con la apelación técnica, y sutilmente peyorativa, de inmigrantes.

Aunque el sentido común hace pensar que no habrá deportaciones masivas y que los actuales expatriados podrán seguir viviendo donde ya están, lo cierto es que en teoría nada está descartado y que la vida puede ser mucho más complicada para ellos en aspectos nada desdeñables, desde el estatus legal de su residencia a cuestiones como la atención sanitaria pública, el acceso a medicación gratuita o subvencionada, las pensiones, los visados, la obligatoriedad de aprender la lengua local como condición para obtener o mantener la residencia, la fiscalidad de la vivienda (dentro de la UE no se puede discriminar por nacionalidad a los ciudadanos comunitarios), la percepción de ayudas sociales, la aplicación de acuerdos judiciales (por ejemplo en los casos de custodia de hijos), las matrículas estudiantiles, el intercambio de estudiantes del programa Erasmus, la convalidación de títulos profesionales, la apertura de cuentas bancarias o incluso las tarifas de los teléfonos móviles en llamadas desde otro país, el llamado roaming.

Las cifras son variables según las fuentes pero se estima que hay en torno a tres millones de continentales viviendo en Reino Unido y unos dos millones de británicos en la Europa continental. España es el máximo receptor de británicos, con cifras que oscilan entre los 320.000 y los 800.000 individuos porque muchos no están registrados. En todo caso, hay decenas de miles (sino cientos de miles) de pensionistas británicos que residen sobre todo en el sur de España disfrutando de un clima mucho más benigno que en su país y de asistencia sanitaria pública gratuita al tiempo que reciben sin problemas sus pensiones británicas. La mayoría (aunque no todos) viven aislados del entorno local, en urbanizaciones con mayoritaria presencia de compatriotas, supermercados llenos de productos de su país, con la prensa londinense, viendo Sky o la BBC por satélite, tomando pintas en pubs británicos y sin siquiera necesitar hablar el castellano.

Para ellos, el Brexit puede suponer una catástrofe. Pero muchos no pueden votar porque llevan más de 15 años sin figurar en el registro electoral británico. Y otros muchos de los que sí pueden votar no se han tomado la molestia de registrarse a tiempo, en parte porque hasta hace no tanto tiempo nadie creía que el Brexit tuviera posibilidades de ganar. Según la Comisión Electoral británica, solo 196.000 expatriados han solicitado el voto por correo en el referéndum, una fracción de los cerca de 45 millones de votantes registrados.

Como todo en esta campaña, los dos campos enfrentados presentan la cuestión de los expatriados desde posiciones extremas. Los partidarios del Brexit aseguran que ningún ciudadano de los países de la Unión Europea residente actualmente en Reino Unido será expulsado si el país se va de la UE y que todo seguirá igual para ellos. Es posible que eso acabe siendo así, pero nadie puede afirmarlo porque todo dependerá del Gobierno británico cuando la separación se haga efectiva.

Los partidarios de seguir en la UE vaticinan poco menos que el caos para los expatriados si gana el Brexit. “Muchos ciudadanos británicos necesitarán que haya negociaciones para garantizar que siguen teniendo derecho a trabajar, a residir y a tener propiedades en otros Estados de la UE y para acceder a servicios públicos como tratamiento médico en esos Estados. Los británicos residentes en el extranjero, entre ellos aquellos que están retirados en España, no pueden dar por seguro que seguirán teniendo esos derechos”, subrayó el Gobierno de Londres en un documento sobre los riesgos del Brexit.

En puridad, el Gobierno británico tiene razón: el mantenimiento de esos derechos va a depender de las negociaciones que haya entre Londres y los demás socios europeos. Y ahí es donde entra en escena la gran paradoja de este referéndum: el rechazo a la inmigración ha sido el motor que ha alimentado a los partidarios del Brexit, pero es materialmente imposible que Reino Unido pueda alcanzar acuerdo alguno para garantizar sus intereses (desde seguir en el Mercado Interior hasta asegurar el bienestar de sus nacionales expatriados en el continente) sin ceder a cambio las mismas contrapartidas. Es decir, Reino Unido deberá aceptar el principio de libre circulación para los ciudadanos de la UE, precisamente el motivo principal que argumentan los partidarios del Brexit para abandonar la UE. Así ha ocurrido en todos los casos equiparables, como los de Noruega, Islandia y Liechtenstein (que aceptan ese principio como miembros del Espacio Económico Europeo) pero también de Suiza, que tiene un acuerdo bilateral con la UE. ¿Por qué los socios de la UE iban a dar a Londres un trato mejor en estas circunstancias?

Incluso aunque la UE no adoptara una actitud revanchista por la marcha de Reino Unido, lo último que le interesa a países como Suecia, Dinamarca, Holanda, e incluso Francia y Grecia, donde el euroescepticismo puede ser incluso superior al británico, es lanzar a sus conciudadanos el mensaje de que se puede estar fuera de la UE y al mismo tiempo mantener los privilegios de estar dentro. Sería la mejor receta para fomentar el euroescepticismo entre sus propios votantes.

Pero también hay fuerzas que se mueven en sentido contrario. ¿Qué puede conseguir un país como España haciéndole la guerra a los británicos que viven en la Costa del Sol? Seguramente una nueva crisis inmobiliaria si decenas de miles de británicos residentes allí se ven obligados a volver a su país. O incluso un patriótico boicot a España como destino turístico. En fin, a pesar de lo dicho en campaña, las consecuencias reales del Brexit aún están por negociar.

D.L.: B-8439-2012