Libia, del precedente positivo a la frustración colectiva

Notes internacionals CIDOB, núm. 37

Al tiempo que se aprobaban las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad, el Embajador de Francia ante la ONU proclamaba, “el mundo está cambiando para bien”. Sus palabras reflejaban la profunda satisfacción de la diplomacia occidental por la labor negociadora que había llevado a que, por primera vez, la Responsabilidad de Proteger (RdP) figurase en una resolución que daría paso a una intervención militar internacional. La comunidad internacional actuaba así sin divisiones destacables ni sospechas de agendas ocultas. Dos días después, las grandes potencias y los países de la región intervenían unidos y con celeridad para frenar lo que parecía una matanza inminente en Bengasi. Todo apuntaba a que, tras las brechas que abrieron Kosovo e Irak, se creaba un precedente positivo para futuras intervenciones militares internacionales amparadas bajo el principio de la RdP.

Pero la realidad ha sido otra. Cuatro meses después del comienzo de la misión y con más de 15.000 muertos y cientos de miles refugiados y desplazados, pocos parecen satisfechos con los resultados inciertos de la intervención militar en Libia. Para los países más involucrados en la misión, Reino Unido y Francia, y para los propios rebeldes libios, la frustración proviene de que EE.UU. y algunos aliados europeos no actúen con suficiente determinación militar para cumplir el único fin que, consideran, podría garantizar la protección de los libios: la caída de Gadafi.

Sin embargo, para muchos otros países y observadores que apoyaron inicialmente la misión, el mandato de protección de civiles se ha extendido indebidamente al objetivo de conseguir el fin del régimen de Gadafi. Para éstos, a la sensación de fracaso se le añade la de engaño. Se preguntan cómo se puede justificar que, una vez frenada la posible matanza de civiles en Bengasi, las fuerzas de la OTAN hayan seguido bombardeando Libia cada vez con mayor intensidad e incluso Francia haya suministrado armas a los rebeldes en clara violación del embargo decretado por la ONU.

Esta evolución de la misión ha envenenado lo que inicialmente, tras la aprobación del Consejo de Seguridad y el apoyo regional a una intervención militar bajo la RdP –sólo posible en el contexto de las exitosas revueltas en Túnez y Egipto- era un precedente positivo. Pero al intentar abusar de un mandato limitado que descartaba el uso de medios militares terrestres o la entrega de armas (por ser fruto de un consenso entre países con diferentes sensibilidades) para precipitar la caída del régimen de Gadafi (un objetivo no contemplado en la resolución) algunos países de la OTAN han socavado la legitimidad de la misión.

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