La oportunidad de un cambio histórico para Chile

El proceso constituyente que inicia Chile, no solo es la oportunidad de un cambio histórico en el país, es también la señal de que es posible dar respuestas democráticas al conflicto social. Es la oportunidad de restaurar el pacto social y reconstruir el tejido democrático.

El diez de agosto de hace 40 años, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet, los chilenos fueron citados a las urnas para votar “Sí” o “No” en un plebiscito sobre una constitución que condicionó el futuro desarrollo de las instituciones y las políticas públicas durante décadas. El referéndum se celebró en un país en estado de emergencia, con miles de personas desaparecidas, víctimas de torturas, una junta militar financiando su campaña con recursos estatales, sin presencia en la campaña de la oposición, sin padrón electoral, sin fiscalizadores de votos. El régimen dictatorial se salió con la suya y la constitución de 1980 fue aprobada por un 67,04% de los votos a favor, aunque para muchos se trató de un gran fraude electoral. 

El domingo 25 de octubre de 2020, otro plebiscito permitió dejar atrás ese episodio e iniciar el primer proceso constituyente popular en la historia del país. El resultado fue contundente; la opción “apruebo” se llevó el 78,2% de los votos y el tipo de órgano escogido para elaborar la nueva carta magna fue una convención constituyente elegida directamente por la ciudadanía y de composición de género paritaria. La votación se hizo nuevamente en un estado crítico a causa de la pandemia de la Covid-19, sin embargo, la población que acudió a las urnas era muy diferente.

Gran parte de los votantes movilizados fue la misma que salió a las calles en octubre de 2019 para protestar en contra de la creciente desigualdad, el abuso de poder y de privilegios, la corrupción, los problemas de seguridad, la segregación, la falta de oportunidades y de derechos, la inequidad y la falta de confianza en las instituciones. Esa fatiga democrática se expresó en manifestaciones multitudinarias a lo largo del país, y el hartazgo se incrementó por la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes como reportaron informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que revelaron graves violaciones de los derechos humanos. 

La ciudadanía fue a votar para acabar con los últimos bastiones de la dictadura militar, para lograr lo que no consiguieron el expresidente Ricardo Lagos en 2005 con su reforma estructural y la expresidenta Michelle Bachelet con su proyecto de nueva constitución que quedó trabada en el Congreso en 2018. La nueva constituyente tiene la misión de enterrar el experimento neoliberal y convertirse en un nuevo referente de proceso democrático inclusivo. Ha sido un acto de catarsis nacional para liberarse de un pasado que dejó una grieta entre una sociedad de vencedores y vencidos, y a toda una generación traumatizada por los años más negros de la dictadura. Es el inicio de un proceso que durará dos años y que exigirá un esfuerzo para llegar a acuerdos transversales, ya que se precisan mayorías de dos tercios para adoptar en la asamblea el proyecto que volverá a ser sometido a votación popular en 2022.

En los próximos meses se van a debatir las bases del proyecto de país sobre cuestiones que van más allá de la coyuntura política. El propio diseño de sistema presidencialista está en cuestión y son muchas las voces que abogan por un mayor papel para los órganos parlamentarios. También se reclama una descentralización de la administración y, sobre todo, un refuerzo del papel del estado en la provisión y garantía de los derechos sociales como la salud, la educación o las pensiones. Las fuerzas sociales reclaman mayores garantías de derechos sindicales y el establecimiento de un salario mínimo. Los pueblos indígenas exigen el reconocimiento de sus derechos y una mayor representatividad. También las Fuerzas Armadas y  la policía chilena Carabineros están en el ojo del huracán, sobre todo por las acusaciones de violación de los derechos humanos y de fraude al fisco. La reforma profunda de las estructuras policiales será un tema recurrente en los meses que vienen.

El ejercicio democrático que Chile va a comenzar es algo inédito en el país y deberá apuntalarse en un diálogo constructivo entre la sociedad civil y las instituciones, donde todos los sectores puedan ser parte de este proceso, en especial quienes se han visto más desfavorecidos durante décadas. El pacto social en Chile tiene una nueva oportunidad de restaurarse y para eso todas las fuerzas políticas deben llegar a acuerdos transversales de consenso nacional y no a arreglos de las élites entre cuatro paredes. Se necesitará una gran dosis de transparencia para que la ciudadanía vuelva a confiar en unos representantes que ahora no llegan ni a dos dígitos de aprobación por parte de la opinión pública. Todo ello mientras el país se enfrenta a las consecuencias de una pandemia que ha elevado la tasa de pobreza por ingresos y ha elevado el desempleo a tasas desconocidas en décadas.

El proceso constituyente que inicia Chile, no solo es la oportunidad de un cambio histórico en el país, es también una señal de que es posible buscar una salida democrática en situaciones de conflicto en sociedades polarizadas como las que se han extendido en la región. La Constitución va más allá de una reforma institucional, se precisa reconstruir el tejido democrático para rendir cuentas ante una ciudadanía que ya no teme reclamar sus derechos y que no cree en una falsa prosperidad sin equidad.

Palabras clave: Chile, proceso constituyente, referéndum, plebiscito, Carabineros, Constitución

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012