Introducción: ecología política y derechos humanos en América Latina

Sandra Hincapié. Profesora-investigadora, Universidad de Guadalajara (México); miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) nivel 2. sandramiled@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3409-0836

El número 130 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals tiene el objetivo de analizar algunos ejes de conflictividades socioambientales que se producen en áreas naturales protegidas (ANP) de América Latina, así como sus efectos en los derechos humanos. A través de los diferentes artículos y reseñas, se profundiza en dinámicas precisas que operan como nudos gordianos que involucran agentes, actores y procesos a diversa escala (local, nacional, regional, multilateral).

El contexto internacional actual –cambio climático, transición energética, geopolítica– pone en cuestión los patrones mundiales establecidos de apropiación y distribución de los recursos naturales. La muy postergada puesta en marcha de acciones vinculantes eficaces que intervengan decididamente en los conflictos socioambientales generadores del escenario del cambio climático, agudizados por la presión sobre territorios con ecosistemas estratégicos, evidencia la problemática arquitectura del orden internacional y de la gobernanza ambiental global. Al respecto, la transición energética es tanto una transformación necesaria como un reto para la justicia global.

En este contexto, el número 130 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals tiene el objetivo de analizar algunos ejes de conflictividades socioambientales que se producen en áreas naturales protegidas (ANP) de América Latina, así como sus efectos en los derechos humanos. A través de los diferentes artículos y reseñas, se profundiza en dinámicas precisas que operan como nudos gordianos que involucran agentes, actores y procesos a diversa escala (local, nacional, regional, multilateral). Entender estos fenómenos –sus contradicciones y riesgos– es decisivo, ya que dichos espacios estratégicos y territorios ancestrales de comunidades étnicas, objetivo de protección ecológica, contienen importantes yacimientos minero-energéticos y de materias primas que son hoy el centro de disputas a escala global.

Los acuerdos de la COP26 en Glasglow (octubre-noviembre 2021) mantuvieron la meta climática de limitar a 1,5°C el calentamiento del planeta, con llamamientos por acciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar una transición energética justa que no puede esperar más. Mientras tanto, en América Latina enormes extensiones de bosques mesófilos, claves para el equilibrio ecosistémico del planeta y espacios que albergan buena parte de la biodiversidad mundial, están siendo sometidos a la depredación por despojo, incendios provocados y extractivismos de todo tipo, lo que está causando graves violaciones de los derechos humanos y poniendo en riesgo la propia sobrevivencia de los seres humanos como especie. En la COP26, las reivindicaciones sobre justicia climática estuvieron centradas en temas de «daños y pérdidas», como exigencia de responsabilidad entre el Norte y el Sur globales. Pero al concentrarse en la negociación monetaria y las medidas paliativas, se dejaron de lado múltiples dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales de cuya transformación depende el éxito de la implementación de cualquier medida o proceso.

Asimismo, y en medio de la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), la renegociación del Marco Mundial de la Biodiversidad en 2022 establece los compromisos nacionales y mundiales para la protección de los ecosistemas a escala global. Todos los informes coinciden en señalar la urgencia de establecer metas ambiciosas, de las que dependen la sostenibilidad del planeta y la garantía de un medio ambiente sano que es condición necesaria para la vida y la salud (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2020; IPCC, 2021). Sin embargo, responder a la pregunta sobre cuánto y cómo conservar el planeta, requiere mucho más que la ampliación nominal de los porcentajes de territorios protegidos. En la gobernanza ambiental global, los compromisos internacionales acuerdan un estándar que se limita al número de hectáreas declaradas como objetivo de conservación, dejando un muy amplio conjunto de aspectos, que van desde la institucionalización de medidas de protección, hasta la implementación efectiva en los territorios, donde diversos actores locales, nacionales e internacionales convergen en dinámicas contradictorias de defensa, extracción y conservación que son difíciles de conciliar.

En el caso de América Latina, hasta ahora las investigaciones comparadas sobre la escenificación de estos procesos sociopolíticos han remarcado diversos aspectos involucrados: en primer lugar, las dinámicas de colonialidad, colonialismointerno y neocolonialismo, en un debate que se ha extendido y enriquecido por su carácter trans e interdisciplinar, en el que han participado diversos estudios especialmente desde los campos de la sociología, la antropología y la historia (Stavenhaguen, 1965; Quijano, 1988 y 2014; Dussel, 1992; Lander, 2000; Machado-Araoz, 2012; Alimonda, 2011; Grosfoguel y Castro-Gómez, 2007; Castro-Gómez, 1996, 2015 y 2019). En segundo lugar, los estudios de ecología económica o economía ecológica que, abrevando en los estudios clásicos de la teoría de la dependencia, hacen especial énfasis en el intercambio económica y ecológicamente desigual, especialmente entre Norte y Sur globales, derivado de las prácticas extractivas que producen grandes huellas de devastación para el medio ambiente y las comunidades locales (Leff, 1994; Gudynas, 2014, 2017 y 2020; Alimonda, 2002 y 2006; Acosta y Brand, 2017; Martínez-Alier, 1992; Svampa, 2013; Svampa y Viale 2014).  En tercer lugar, destacan los estudios sobre interculturalidad, patrimonios bioculturales y ecofeminismos desde perspectivas antropológicas, sociológicas y filosóficas, las cuales han logrado establecer una crítica profunda a la idea de «desarrollo» y «subdesarrollo». Ello ha brindado argumentos fundamentales sobre la importancia de la «doble conservación» biológica y cultural, como parte de nuestro patrimonio común como humanidad, así como la reivindicación de «derechos de la naturaleza» con una revaloración y posicionamiento político del papel de la mujeres en dichas transformaciones (Stavenhaguen, 2008, 2013a y 2013b; Escobar, 1996; Acosta y Martínez, 2012; Leff, 2014 y 2019; Toledo; 2006; Martínez, 2014; Vázquez y Velázquez, 1998; Ulloa, 2016 y 2020; Lugones, 2012; Segato 2014; De Luca et al., 2020).

En cuarto lugar, encontramos los estudios sobre conflictos socioambientales, como una clase particular de conflictos sociales ecológicos-distributivos, o como tensiones por «bienes comunes», que están relacionados con el acceso, apropiación, control y/o formas de aprovechamiento, que determinan las cargas y beneficios de los recursos naturales, los servicios proporcionados por el ambiente y el territorio en que estos se encuentran «como un sistema de soporte de la vida» (Martínez-Alier, 2005; Martínez-Alier y, Walter 2015; Acselrad, 2004; Alimonda et al., 2017; Merlinsky, 2013; Hincapié, 2017, 2018 y 2020). Una gran cantidad de trabajos documentan las dinámicas, repertorios, apropiaciones, formas de acción colectiva y resistencia de comunidades locales, procesos de movilización sociolegal y creación de redes de presión, entre otros. Algunos estudios sobre conflictos socioambientales y procesos de justicia ambiental se han desarrollado con enfoques centrados en el carácter popular de sus luchas, como el que propone Gabriela Merlinsky en su libro Toda ecología es política (2021), que es reseñado como parte de este monográfico.  En quinto lugar, tenemos las investigaciones y análisis de carácter transversal que responden a los cambios globales, así como al posicionamiento de nuevos actores sociales, individuales y colectivos, especialmente referidos a derechos humanos, feminismos y gobernanza ambiental global que son reapropiados y resignificados en narrativas contrahegemónicas. Las nuevas agendas de investigación, a las que aporta este número monográfico, retoman los estudios precedentes como base fundamental del análisis, conectando las dinámicas sociopolíticas con dimensiones explicativas transversales, que explican transformaciones en proceso y evidencian las contradicciones y desafíos en la implementación de objetivos globales en contextos locales, con sus interdependencias y formas de asimetrías estructurales que requieren intervención y acciones urgentes.

En ese sentido, el artículo de la que firma estas líneas, titulado «Gobernanza ambiental global, derechos humanos y capacidades socioestatalesen América Latina», analiza en perspectiva comparada los países con mayor biodiversidad (Colombia, Brasil, Perú, México y Ecuador), las capacidades socioestatales que han sido desarrolladas en los procesos de institucionalización de protección de sus áreas naturales, la relación con los procesos de gobernanza global, así como el papel que los derechos humanos han cumplido para tal fin. Combinando el análisis de la acción colectiva multinivel con el seguimiento de procesos y un enfoque interseccional, se trazan trayectorias institucionales nacionales y multilaterales, explicando las principales dinámicas y explorando posibilidades de cara a los nuevos acuerdos de la agenda global. Los resultados permiten diferenciar de qué manera el peso específico de la acción colectiva de actores estratégicos en los diferentes países, así como la respuesta estatal, han definido perfiles de capacidades socioestatales que marcan trayectorias de institucionalización en la protección de áreas y permiten comprender su íntima relación con la trayectoria sociopolítica de cada país.

Cristiana Losekann, en su trabajo «Movilización legal transnacional: el caso del desastre minero en Mariana y río Doce en Brasil», explica el proceso de movilización sociolegal internacional que han emprendido las víctimas del desastre minero de las empresas Vale-Samarco-BHH Billiton y su derrame de lixiviados en Río Doce (Brasil), que dejó pérdidas irreparables en ecosistemas objetivo de conservación y protección internacional. Usando el modelo de análisis de campos de acción colectiva en este paradigmático caso de justicia ambiental, describe los procesos tanto por la vía convencional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el uso de «financiamiento alternativo de litigios» (ALF, por sus siglas en inglés), comparando las dinámicas y efectos diferenciados de la movilización sociolegal en el plano nacional, así como las diversas «escalas de justicia». Por su parte, la aportación de Oscar Campanini «El extractivismo en Bolivia: efectos derrame e impactos en las áreas nacionales protegidas» examina los efectos de las transformaciones de la política pública, cambios y recomposiciones en tres áreas naturales protegidas de gran importancia en Bolivia. Usando la figura del derrame como metáfora de las dinámicas extractivas en las políticas públicas bolivianas, argumenta con claridad las formas de debilitamiento de las políticas y marcos institucionales de protección medioambiental de las ANP, para favorecer y legalizar diversos extractivismos y actividades como la explotación petrolera, hidroeléctricas, cultivos de coca y minería artesanal. El análisis permite evidenciar las graves consecuencias del deterioro ecológico, así como sus efectos en los derechos humanos. Más aún, se explica el impacto de las actividades extractivas en el territorio y las comunidades locales objeto de protección ambiental, así como a miles de kilómetros fuera de la delimitación de protección, entre otras, por la importancia de las ANP en el ciclo hídrico, afectando el derecho al agua e incrementando los riesgos hidrológicos de miles de personas.

Ambos artículos presentan evidencias y permiten comprender las múltiples caras con las que las instituciones y funcionarios estatales operan para favorecer intereses privados ligados a dinámicas extractivistas en detrimento de áreas estratégicas de protección ambiental con graves consecuencias para los derechos humanos. La identificación de la forma en que actúan estos «patrones de eventos autoreproductivos de adecuación estatal» (Hincapié y Verdugo, 2020: 6), para la expansión extractivista en territorios objeto de protección, pone en el centro la responsabilidad estatal en las estrategias que operan para evadir, omitir o transformar los compromisos nacionales e internacionales de conservación y acción climática, así como de derechos humanos. Del mismo modo, es importante analizar cómo la gobernanza ambiental global que impulsa la delimitación de áreas de protección ecológica o patrimonios bioculturales, en la práctica, se solapa a otras territorialidades en disputa, algunas históricas, como las de las comunidades étnicas con sus territorios ancestrales, las divisiones territoriales propias del ordenamiento estatal e, incluso, territorialidades bélicas marcadas por la guerra, como en Colombia, o por organizaciones armadas de diverso tipo que obtienen rentas de actividades extractivas como la minería o la tala ilegal.

En este sentido, el artículo «Derecho y conflictos ambientales: la situación en la Ciénega Grande de Santa Marta en Colombia»de Andrés Gómez Rey, Gloria Amparo Rodríguez y Álvaro José Henao Mera analiza los conflictos en esta área ecológica, explicando de qué manera el traslape de diversos instrumentos jurídico-técnicos considerados de «protección ambiental» han generado tensiones que encuentran como principal detonante la ausencia de mecanismos de participación efectivos que tomen en cuenta a los pobladores locales y sus formas propias de conservación de los territorios. Al respecto, los instrumentos jurídicos que en teoría buscan resolver los conflictos sociales ecológico-distributivos, donde se implican relaciones entre humanos y el entorno, han abierto nuevos ejes de conflictividades con las instituciones públicas. Dicho resultado, no intencionado, se deriva de la ausencia de criterios jurídicos más amplios, más allá de los estrictamente técnicos, que tomen en consideración los saberes locales y sus formas de relacionamiento con los territorios y territorialidades ancestrales.

Juan Carlos Ruiz Molleda y Olga Cristina del Rocío Gavancho León, desde una perspectiva jurídica, en su artículo «La “cesión de uso” como mecanismo de despojo territorial de las comunidades nativas en el Perú» profundizan en una dimensión fundamental en la gobernanza ambiental global: la titulación de la tierra de los bosques amazónicos en la protección de derechos humanos étnicos y campesinos. Debido al seguimiento de procesos que se han llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas en Perú, su análisis aporta un punto de vista privilegiado en la identificación de mecanismos que precisan ser transformados y que son esenciales en la protección de bosques, áreas naturales y derechos humanos. La investigación permite identificar con total claridad las «brechas de implementación» (Stavenhaguen, 2008) de los convenios internacionales como el 169 de la OIT, a través de diferentes disposiciones institucionales estatales como la «cesión de uso», caracterizados como «mecanismos de despojo», a través de los cuales se simula reconocimiento o se les niega directamente el derecho a los pueblos indígenas a la titulación de sus tierras y territorios ancestrales.

Desde el escenario urbano, mucho menos estudiado en las investigaciones sobre protección de áreas de conservación, la aportación de Annelise Caetano Fraga Fernandez titulada «Cuando la belleza es la ciudad: áreas naturales protegidas en Río de Janeiro» analiza las ANP en esta megaurbe. Inmersos en las dinámicas de crecimiento urbano, Fraga Fernandez explica los procesos de apropiación de diversos actores en el Parque Nacional Tijuca y el Parque Estatal Pedra Branca, algunos de ellos interesados en las áreas naturales como política medioambiental y, otros, van desde pobladores en resistencia, habitantes urbanos que encuentran en los parques refugio, hasta comunidades organizadas. La autora analiza asimismo los efectos que dichas disputas y negociaciones suponen en la transformación de la protección de ecosistemas en contextos urbanos.

En el caso de las ciudades de América Latina, según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Panel Internacional de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés), consumen entre 12 y 14 toneladas per cápita anuales de recursos de combustibles fósiles, minerales y alimentos, por encima de los límites considerados sostenibles de entre 6 y 8 toneladas per cápita al año, y más de la mitad del «stock material urbano» está concentrado en ciudades de Brasil (38,1%) y México (21,1%). Así, son fundamentales las propuestas, políticas e implementaciones para acelerar las transformaciones necesarias en transporte y movilidad, edificaciones y eliminación de residuos que garanticen un equilibrio sostenible (PNUMA e IRP, 2021).

En este sentido, es imprescindible profundizar en investigaciones comparadas sobre las formas de construir «el derecho a la ciudad» ambiental, las transformaciones efectivas de gobernanzas multinivel que contribuyan en la trayectoria de ciudades sustentables, sostenibles e incluyentes, para poder también cerrar las brechas de las enormes desigualdades sociales. En los últimos años, nuevas agendas de investigación se preguntan por estas transformaciones desde los lentes de la justicia urbana ambiental y feminista en ciudades globales (Anguelovski et al., 2016; Amorim-Maia et al., 2022). La transformación y transición urbanas están ligadas a la construcción y protección de ecosistemas dentro de las ciudades, tanto como a los territorios rurales, selváticos y montañosos de los cuales son ecodependientes. Por tanto, la justicia climática urbana interseccional precisa compromisos en estos dos escenarios por sus interdependencias; la Unión Europea está avanzando en ese sentido con incentivos institucionales y diversas iniciativas público-privadas (Fernández de Losada, 2021; Sanahuja, 2021; Pérez, 2020).

Justamente las cadenas de suministros y los procesos de transformación de las materias primas obtenidas de los diversos extractivismos son uno de los engranajes que conectan ecosistemas estratégicos en lugares apartados, en selvas o cordilleras montañosas del Sur global, con las dinámicas urbanas de consumo energético a gran escala. Al respecto, se presenta en la sección Reseñas de libros de este volumen la investigación original de Lena Partzsch, Alternatives to multilateralism: new forms of social and environmental governance (2020), queexamina las cadenas de suministros, el papel cada vez mayor de formas de gobernanzas híbridas en el Sur global y sus resultados para la sostenibilidad. A través de estudios de casos en Indonesia y Malasia sobre plantaciones de aceite de palma, en la República Democrática del Congo sobre procesos de extracción de madera y minerales, y en Etiopía con el análisis de producción y comercialización de algodón, su trabajo invita a reflexiones comparadas que abordan problemas sobre colonialidad en las formas de regulación y gobernanza ambiental global. Del mismo modo, en una reseña comparada, dos libros colectivos proponen perspectivas antagónicas sobre gobernanza local en contextos de extractivismo minero: por un lado, en Mineração: realidades e resistencias, Alves et al. (2020) presentan la visión de investigadores involucrados con movimientos sociales y resistencias locales frente a los proyectos mineros en Brasil. Contrasta el punto de vista anterior con la visión institucional de la CEPAL, que analiza La gobernanza del litio y el cobre en los países andinos (León et al., 2020), el «triángulo del litio» compuesto por Chile, Bolivia y Argentina, uno de los yacimientos en explotación más importantes del mundo, y la explotación de yacimientos de cobre en Chile, Ecuador y Perú, con las diferentes modalidades de interacción entre actores que entretejen diferentes escenarios de gobernanza local.

En suma, los diversos trabajos que componen este monográfico coinciden en que la transformación de las diversas conflictividades que enfrentamos para hacer posible una transición energética sostenible y justa requiere miradas interdisciplinarias, efectividad del multilateralismo, cooperación internacional para la implementación de acuerdos globales que construyan convergencias de actores, medidas y procesos en la acción glocal, que hagan del cumplimiento de derechos humanos, derechos de los pueblos y de la equidad de género para las mujeres un eje rector de todos los procesos. En ese sentido, y desde una perspectiva de derechos humanos, hay por lo menos tres ejes nodales que requieren ser intervenidos especialmente en América Latina: primero, hacer efectivas y coordinar las medidas de protección de ecosistemas estratégicos en esquemas comunitarios, cooperativos y asociaciones público-privadas; segundo, desescalar las dinámicas extractivistas que están operando en territorios ambientales objeto de protección, ejerciendo estricto control ambiental y de derechos humanos así como en todas las cadenas de suministros; y, tercero, avanzar en la transformación con justicia climática urbana e interseccional, incentivando la innovación tecnológica para una transición energética justa, que aproveche las enormes riquezas minero-energéticas de los propios países, sin destruir la base de sustentabilidad planetaria.

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Cómo citar este artículo: Hincapié, Sandra. «Introducción: ecología política y derechos humanos en América Latina». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130 (abril de 2022), p. 7-18. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.7

Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.º 130, p. 7-18
Cuatrimestral (enero-abril 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.7