El proceso de paz con las FARC-EP

Data de publicació: 10/2015
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3. Proceso de paz actual con las FARC-EP 

En el segundo semestre de 2012 el gobierno colombiano dirigido por el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anunció públicamente el mantenimiento de conversaciones con las FARC-EP, y la intención de iniciar un proceso de negociación para encontrar la solución al conflicto armado.

Después de cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba, el proceso se concretó mediante la redacción conjunta de un Acuerdo Final, el 24 de agosto de 2016: “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 

Dossier Colombia proceso de paz

Motivos para negociar

Rafael Pardo en su libro "La historia de las guerras" señala de manera oportuna que Colombia lleva más de 50 años en conflicto y 22 años trabajando en procesos de paz. Este dato muchas veces es apreciado de forma lineal y obvia el hecho de que el proceso que se inició en 1982 ha tenido diferencias sustanciales de enfoque y de manejo con respecto al actual, que ha tomado en cuenta por primera vez las lecciones aprendidas de los, por lo menos 4, intentos anteriores de llegar a una paz negociada con las FARC–EP.

¿Qué hizo entonces de éste un momento y un proceso diferente?

Autores como William Zartman o Christopher Mitchell hacen referencia a los factores que pueden llevar a la madurez de un conflicto, es decir a las situaciones que provocan la creciente necesidad de las partes de sentarse a negociar para superar sus diferencias:

1. Cuando son conflictos extremadamente complejos y prolongados en el tiempo, y ninguna de las partes logra una victoria definitiva. Aumentando los costos de mantener la confrontación, sin lograr una escalada decisiva o una salida airosa.

2. Cuando los esfuerzos por “administrar” el conflicto no son suficientes y por ende se vislumbra la amenaza de un desastre o de graves lesiones para las partes.

3. Cuando ninguno de los contradictores está en disposición o capacidad de soportar los costos crecientes de una escalada del conflicto. Es un estancamiento casi involuntario que obliga a las partes a negociar.

4. Cuando las partes están dispuestas a romper el costoso estancamiento, acogiendo un objetivo secundario que preserve la dignidad e implicándose en alguna comunicación o contacto.

De acuerdo a los autores, cuando una de estas situaciones llega, cambia la mentalidad de las partes que renuncian la búsqueda de la victoria absoluta y optan por el camino de la reconciliación tratando de perder lo menos posible. Esto de ninguna manera asegura igual el éxito de los diálogos.

En el caso colombiano se dio una combinación de numerosos factores. En primer lugar ambas partes aceptaron la imposibilidad de lograr una victoria militar contundente que terminara la confrontación, y por tanto continuar el conflicto no solo sería costoso, sino que prolongaría la lucha por años haciéndola cada vez más insostenible.

En segundo lugar, se hizo evidente que en la medida en que se continuara luchando, el recrudecimiento del conflicto sería inminente, afectando cada vez más a la población civil, dejando más vulnerable a la sociedad, generando cada vez menos crecimiento  y más violaciones de derechos humanos, más víctimas, etc.

Así como el presidente Santos comprendió que la guerra no se ganaba con el enfrentamiento armado, las FARC-EP entendieron que nunca conseguirían poder político por medio de las armas (Ver “Por qué Santos sí pudo?”).

Se suman a estos factores el legado político existente con las negociaciones anteriores, y sin duda alguna, la influencia del contexto internacional. Países que tradicionalmente han sido reconocidos por su apoyo ideológico a las FARC-EP y a su lucha instaban por la salida negociada al conflicto armado, que se convertía en un factor de desestabilización regional. La lucha armada como reivindicación de derechos perdió su legitimidad en la opinión de todos los líderes globales.

Finalmente, no se puede desconocer el efecto que tuvo el gobierno Uribe en la confrontación con las FARC-EP. Por primera vez, había una percepción de superioridad de fuerzas del Ejército Nacional sobre la insurgencia. La profesionalización de las Fuerzas Militares logró balancear las fuerzas y aumentar la capacidad de respuesta del Estado frente al accionar de la guerrilla. Esa para muchos es la principal razón de que llegarán a la mesa de negociación.

Sin embargo, no se puede decir, como por ejemplo afirma Miguel Ángel Martínez en un documento para el Friedrich Ebert Stiftung, que las FARC-EP llegaron derrotadas al a mesa de negociación. Es cierto que el gobierno de Uribe ganó la recuperación de territorio, deslegitimó a las guerrillas frente a la sociedad civil y logró importantes golpes a los altos mandos de la guerrilla, que generaron una restructuración de la estrategia de la lucha armada y una vuelta a la lucha de guerrillas  en vez de centrarse en la expansión y toma de control (ver “Seis tesis sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia” de la Fundación Ideas para la Paz), pero lejos estábamos aún el país de la victoria absoluta por parte de las Fuerzas Armadas y de la desarticulación de las FARC-EP.

Es importante tener en cuenta, como se resalta continuamente por parte del Gobierno y de las mismas FARC-EP, que ésta organización no era la única alzada en armas, y por tanto la negociación con ellos no terminará con la violencia en el país: hay presencia todavía de la guerrilla del ELN, de estructuras paramilitares o, las llamadas BACRIM, el narcotráfico continua, y las desigualdades persisten. Es un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos conflictos.

El acuerdo con las FARC-EP es solo el primer paso dentro de un proceso de muy largo plazo para logar la estabilización de un país después de tantos años de guerra. Y con el contexto y presencia de otros grupos armados el centro de ese proceso, el punto de cuidado intensivo debe ser la implementación de los Acuerdos. Todavía no se ha logrado lo más difícil.

El proceso de Paz con las FARC-EP

Cuando Juan Manuel Santos llega a la presidencia en agosto de 2010, es informado de los avances que se han obtenido con las FARC-EP, y desde su posesión, anuncia la intención de su gobierno de llegar a una negociación:

“Al mismo tiempo quiero reiterar: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. (…)A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación” (Discurso de posesión, 2010).

En agosto de 2012, se hizo el anuncio público de que llevaban 6 meses manteniendo acercamientos exploratorios con las FARC-EP y que se había llegado al establecimiento de una hoja de ruta para el inicio de un proceso de conversaciones que iniciaría en Oslo, Noruega, pero que se desarrollaría en La Habana, Cuba. Los gobiernos de Cuba y Noruega actuarían como garantes, y Chile y Venezuela como observadores.

En octubre de 2012 iniciaron las conversaciones en Oslo, donde se llegó a la firma de la Agenda de Negociación y la constitución inicial de los equipos de negociación.  Las conversaciones se iniciaron bajo tres principios rectores: aprender de los errores del pasado para no repetirlos; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no a su prolongación; y mantenimiento de las operaciones y presencia militar en el territorio nacional. Todo el proceso se daría con la inamovible premisa de que “Nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.

La agenda constaba de 5 puntos a discutir y en cada uno de ellos se llegaron a acuerdos de manera independiente en las rondas de negociación: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto (DDR), narcotráfico y consumo de drogas ilícitas, y víctimas. Este último apartado sería el eje, por primera vez, de unas negociaciones de paz. (En este enlace se pueden ver los borradores de los acuerdos en cada uno de los temas).

A pesar de los altibajos y críticas, principalmente provenientes del hecho de que no se suspendieron combates durante las negociaciones, 4 años después de iniciadas las conversaciones, en un hito para el país, se logró por primera vez la firma de un acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. El 24 de agosto de 2016 se firmó en Cartagena el Acuerdo General para el Fin del Conflicto y el Establecimiento de una Paz Estable y Duradera.  

Este acuerdo, tal y como se había dicho en incontables ocasiones, debía ser legitimado y aprobado por la población, y por tanto fue sometido a un Plebiscito (mecanismo de consulta popular) realizado el 3 de octubre del mismo año. Los resultados de las votaciones fueron desalentadores, con un 60% de abstención,  el “NO”, que implicaba el rechazo al Acuerdo Final tal y como estaba, ganó el 50,21% de los votos debido a la fuerte campaña de oposición liderada por el Centro Democrático, encabezado paradójicamente por el expresidente Uribe, quién inicio los acercamientos que lo hicieron posible.

Así, el Acuerdo tuvo que ser sometido a una renegociación con los “líderes del NO” y dos meses después, el 24 de noviembre de 2016 se logró la firma de un Nuevo Acuerdo Final. Este nuevo acuerdo fue aprobado y por Plenaria en el Congreso y actualmente se encuentra en sus primeras fases de implementación. (Para ver una comparativa sobre los cambios añadidos al Acuerdo de paz visitar el siguiente enlace).

Estructura de las negociaciones

El proceso de negociación, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se estructuró en tres fases claras:

1. Fase exploratoria

Esta fase abarca el tiempo trascurrido entre los acercamientos y conversaciones secretas hasta la declaración pública del inicio de conversaciones entre Gobierno y FARC-EP con la firma del “Acuerdo General”.

Durante esta fase se establecieron las diferentes visiones de las medidas y temas necesarios para la terminación del conflicto y las condiciones y principios para el inicio de conversaciones, como por ejemplo que se negociaría en medio del conflicto, que las negociaciones serían fuera del país sin posibilidad de zonas despeje, y que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. También se establecieron las líneas rojas de cada parte. Además, también se definieron los negociadores plenipotenciarios representantes del Gobierno y las FARC-EP y el funcionamiento de la mesa de negociación.

Esta fase culminó con el establecimiento de la Agenda de Negociación (El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera) que marcó la hoja de ruta para las negociaciones alrededor de 6 puntos: Desarrollo Agrario Integral; Participación Política y Ciudadana; Fin el Conflicto; Drogas Ilícitas; Víctimas; e Implementación, Verificación y Refrendación.

2. Fase fin del conflicto

En esta etapa se discutieron y acordaron cada uno de los puntos de la Agenda. Inicialmente se dijo que duraría entre  4 y 8 meses pero, finalmente, el proceso de negociación se extendió a cuatro años.

El 19 de octubre se instaló la mesa de negociación de manera oficial y el 26 del mismo del mismo mes iniciaron las mesas regionales sobre cada uno de los puntos para garantizar la participación de la sociedad civil en las propuestas para la negociación. Un mes después se iniciaron las conversaciones en la Habana, Cuba. Esta fase culmina con la firma del Acuerdo Final en Cartagena el 24 de Agosto de 2016.

A continuación el lector podrá encontrar información sobre cada uno de los borradores:

3. Fase construcción de paz

Esta es la fase de implementación de los Acuerdos que, de acuerdo al Alto Comisionado para la Paz y a los expertos en construcción de paz, se deberá extender por mínimo 10 años. Es el proceso principal y el reto más duro para el proceso de paz y para el país.

El Día D, fue el día de la firma del Nuevo Acuerdo, y el inicio del proceso de implementación. Desde entonces se definió que el proceso de concentración, desmovilización y dejación de armas deberá cumplirse bajo todos los protocolos, dentro de los primeros 180 días (D+180). Es decir que, según lo acordado, el 1 de junio de 2017 las FARC-EP deberán estar concentradas en las zonas veredales y haber dejado la totalidad de sus armas en los contenedores de las Naciones Unidas, veedores de la implementación y cumplimiento de los acuerdos.

Hasta el momento también se han establecido los mecanismos de implementación y verificación que implicaron la creación de una Comisión de Implementación y Verificación de los Acuerdos y de la Comisión de Acompañamiento Internacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se avanza en el desarrollo de procesos y cambios legislativos necesarios para la implementación efectiva de los acuerdos. 

Funcionamiento de la mesa de Conversaciones

Se estableció que por cada delegación participarían hasta 30 personas, de los cuales 10 serían los delegados plenipotenciarios, y 5 tendrían poder de decisión en cada una de las partes.

La vocería del Gobierno la llevaron Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Frank Pearl, el  General (r) Jorge Enrique Mora, Luis Carlos Villegas y el General (r) Oscar Naranjo. También se sumaron a las negociaciones personas como María Ángela Holguín, María Paulina Riveros, Gonzalo Restrepo, Nigeria Montería, Alejandro Eder, Rafael Pardo, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, entre otros.

Por el lado de las FARC-EP llegaron a la mesa como plenipotenciarios Iván Márquez, Marco Calarcá, Andrés París, Rodrigo Granda, Jesús Santrich y Pablo Catatumbo. También se sumaron Mauricio Jaramillo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Bernardo Salcedo, Joaquín Gómez, Hermes Aguilar y Tanja Nijmeijer entre otros.

Mapa de actores proceso de paz:

Dossier Colombia proceso de paz

Para darle celeridad a las negociaciones se establecieron diferentes grupos de discusión con el objetivo de debatir varios temas en paralelo. De aquí que se crearan más adelante la Comisión de Género, la Comisión de Fin del Conflicto, la Comisión de Comunicaciones, el Comité de Redacción y por último un Comité de alto nivel.

Se estableció que las sesiones en la mesa de negociación debían ser reservadas. Se establecieron protocolos, representantes y mecanismos específicos para comunicar a la prensa y al país lo que allí ocurría y lo que se acordaba. También se acordó entre las partes que no habría un cese al fuego ni zonas de despeje. El gobierno de Colombia defendió desde un principio que el cese al fuego vendría con la firma del Acuerdo Final y nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado.

Aparte de la conversación directa entre las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, la sociedad civil también pudo enviar sus propuestas a la mesa de negociación para que fueran discutidas e incluidas en los Acuerdos. Para ello, se establecieron los siguientes mecanismos de participación:

  • Página web: Se estableció la página web www.mesadeconversaciones.com.co a través de la cual se recibieron, sistematizaron y analizaron las propuestas enviadas por los ciudadanos interesados. 
  • Foros: Se realizaron 5 foros temáticos ejecutados por la PNUD y La Universidad Nacional, de los que se recogieron más de 40.000 propuestas sobre cada uno de los temas de negociación. 
  • Mesas de trabajo regionales: Se realizaron mesas en todas las regiones del país por parte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado para la paz, para recoger propuestas sobre cada uno de los ejes temáticos del Acuerdo General. En las reuniones participaron representantes de todos los grupos sociales interesados en aportar y participar del proceso. 

Los acuerdos alcanzados

1. Política de Desarrollo Agrario Integral. Reforma Rural Integral

Los acuerdos en este punto tienen como principal objetivo la transformación del campo, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, la superación de la pobreza e inequidad en el contexto rural y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad. Los principales puntos acordados fueron:

a. En términos de acceso y uso de la tierra:

-  La creación de un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas por los próximos 12 años para adjudicar gratuitamente a campesinos sin tierra o  con tierra insuficiente. Estas tierras provendrán de procesos de extinción de dominio, recuperación de tierras baldías, tierras inexplotadas, expropiadas, o donadas.

- Se otorgarán un subsidio integral y/o un crédito especial para la compra de tierras a trabajadores con vocación agrícola sin tierra o con tierra insuficiente.

- Declaración de inembargabilidad e inalienabilidad de las tierras otorgadas gratuitamente por el Fondo, o provenientes del subsidio o créditos especiales durante 7 años, a menos que se les dé un uso ilegal.

- La formulación de planes de acompañamiento para temas de vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización, acceso a medios de producción, provisión de bienes públicos, etc.

- Plan de formalización masivo de pequeña y mediana propiedad rural. Se espera que en los próximos 10 años sean formalizadas unas 7 millones de hectáreas, priorizando zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y Zonas de Reserva Campesina.

- Creación de una jurisdicción agraria para resolución de conflictos de uso y tenencia de tierra, y asegurar los derechos de propiedad de los campesinos.

- Apoyo y continuación de procesos de restitución de tierras.

- Actualización del catastro rural y al impuesto predial rural de aquí a 7 años.

- Planes de zonificación ambiental a 2 años para sustracción de zonas de reserva forestal, cierre de frontera agrícola y delimitación de Zonas de Reserva Campesina.

b. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: Planes de acción para la reconstrucción y transformación de zonas priorizadas de acuerdo al grado de afectación pro el conflicto, niveles de pobreza, debilidad institucional y capacidad de gestión y presencia de economías ilegales. Con ellos se busca la generación de estímulos a la productividad, la asociatividad, medidas para el fortalecimiento de la economía solidaria y cooperativa, mejorar condiciones de seguridad social de trabajadores campesinos, garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos, y facilitar el acceso a capital financiero.

c. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral: La formulación de estos planes busca la reducción de la brecha entre el campo y la ciudad y la integración de la economía campesina a la economía nacional. Se llegó a acuerdos de acción en diferentes áreas claves para lograrlo: Infraestructura física (vías, electricidad, conectividad, riego, etc) y social (salud, educación, vivienda); estímulos a la producción, a la economía solidaria y cooperativa; planes para generación de ingresos, formalización laboral y protección social; y seguridad alimentaria.

2. Participación política: nueva apertura democrática para construir la paz

El objetivo de este punto es la ampliación del escenario político y democrático que permita la inclusión de nuevas voces al debate y así fortalecer la representación de los intereses sociales en la político nacional, regional y local.

La negociación de este punto tuvo especial importancia debido a que se tratarían aquí los mecanismos y condiciones de la participación política de los desmovilizados de las FARC-EP, su inclusión en la política como nuevo partido y el tipo de representación que tendrían.

Los acuerdos sobre participación se dividieron en tres áreas fundamentales para la ampliación democrática:

a. En términos de apertura democrática: Se acordaron aspectos relativos a los derechos y garantías para los partidos y movimientos de oposición y para los nuevos movimientos y partidos que surjan tras la firma del Acuerdo Final. Se incluyeron reformas al sistema político de partidos y al sistema electoral, campañas de transparencia y de promoción para mayor participación como parte de las medidas. Los principales acuerdos fueron:

- La redacción y presentación de un Estatuto de la Oposición, a través del establecimiento de una Comisión que convoque a todos los partidos y movimientos políticos, a organizaciones como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, y a dos delegados de las FARC-EP. EL objetivo de  esta Comisión será definir los lineamientos para que el Gobierno Nacional elabore un Proyecto de Ley que presentara el Congreso Nacional, que por su parte deberá tramitarlo en un plazo de 3 meses.

- Facilitación del acceso al sistema político mediante el desligue de la obtención/conservación de la personería jurídica, de la superación de un umbral electoral; la creación de un sistema de obtención progresiva de derechos de acuerdo al desempeño electoral de los partidos y movimientos políticos; habilitación de un canal institucional de televisión para la promoción de las agendas y programas de los partidos y movimientos políticos.

- Reforma del régimen electoral mediante la modernización del Consejo Nacional Electoral de manera que se asegure su autonomía e independencia. Se creará una Misión electoral especial de expertos que deberá formular recomendaciones en un plazo de 4 meses.

- Creación de una Circunscripción Especial Transitoria para las zonas afectadas por el conflicto armado, conformada por 16 representantes a la Cámara, durante dos periodos electorales, con financiación y acceso a medios.

- Los representantes solo podrán ser pobladores o desplazados en proceso de retorno de los territorios elegidos. Ni partidos políticos con personería jurídica y representación en el Congreso, ni el que surja de la desmovilización de las FARC-EP, tendrá derecho a presentar candidatos para dicha circunscripción.

- Los representantes solo podrán ser elegidos por los habitantes de dichos territorios, sin perjudicar su derecho al voto en las elecciones ordinarias para Senado y Cámara.

b. En términos del cambio de armas por política, que permitirá el tránsito de las FARC-EP como grupo armado a la arena política se acordó que:

- La creación de un Sistema Integral de Seguridad que garantice la seguridad, vida  dignidad de quienes participan en política, especialmente de los miembros del partido que surja de los guerrillas, partidos de oposición y líderes de movimientos y organizaciones sociales defensores de DDHH.

- El sistema dependerá de la Presidencia de la República y tendrá mecanismos de interlocución con todos los partidos y movimientos políticos.

- Desarticulación de movimientos y remanentes paramilitares y prevención de reaparición de estos grupos.

- Establecimiento de un régimen transicional de 8 años para la financiación, estimulación y promoción de los nuevos partidos que surjan tras la firma del Acuerdo Final.

c. Finalmente, se llegaron a acuerdo sobre la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana:

- Presentación de un Proyecto de Ley de parte del Gobierno que garantice el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales y la promoción de la participación ciudadana.

- Medidas para el establecimiento de una política pública que garantice el derecho a la movilización y protesta, que proteja los derechos tanto de los manifestantes como de los demás ciudadanos y garantice el establecimiento de espacios de diálogo para tratamiento de las demandas. Así mismos, que promueva la incidencia de organizaciones y movimientos sociales y populares en la vida pública.

- Fortalecimiento, promoción y acceso a medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales para nuevos partidos y para organizaciones y movimientos sociales.

- Creación del Consejo Naciones para la Reconciliación y la Convivencia como mecanismo para promocionar y establecer medidas que garanticen el respeto, tolerancia y no estigmatización por afiliación política u otros motivos.

- Fortalecimiento y promoción de veeduría ciudadana y de instancias de planeación participativa.

Este punto tiene implicaciones en términos de desmovilización y dejación de armas. Tras el fallo de la Corte Constitucional de Colombia el 6 de agosto de 2013, quedó aceptada la entrada en la vida política a todos aquellos combatientes que se desmovilicen y que no hayan sido condenados por delitos de genocidio o de lesa humanidad.

El debate sobre este acuerdo en particular se completa en el punto 3: Fin del Conflicto, acerca de la dejación de armas a través de la Subcomisión de Dejación de Armas e Incorporación a la vida civil.

3. Fin del conflicto armado

En este punto se establecen la hoja de ruta y medidas para los procesos de cese al fuego, dejación de armas del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y para la reincorporación a la vida civil de los miembros de la guerrilla. Se incluyen también los compromisos del Gobierno Nacional con respecto a la situación de personas privadas de la libertad por colaborar o pertenecer a la guerrilla, combate a organizaciones criminales (paramilitarismo, corrupción, impunidad) y lo relativo al inicio del proceso de construcción de paz. Este Acuerdo se dividió en tres puntos:

a. Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la Dejación de Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP

Se estableció una hoja de ruta de 180 desde el Día D (firma del Acuerdo Final) para concluir el proceso de la dejación de las armas. Día en el que además se hace efectivo de inmediato el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo.

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También se estableció un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V de ahora en adelante) para verificar el cumplimiento de los acuerdos, protocolos y manejo de riesgos que puedan poner en riesgo el proceso de cese al fuego y hostilidades y dejación de armas. El MM&V está compuesto por tres instancias: una del orden nacional; 8 estructuras regionales; y estructuras de monitoreo local desplegadas en las áreas determinadas para la dejación de armas. Además cuenta con componente internacional que refuerza la verificación, imparcialidad y la generación de transparencia y credibilidad. Como novedad, se estableció que su composición debía representar a un mecanismo técnico, tripartito: Gobierno (Fuerza Pública) por un lado, FARC-EP por otro lado y Componente Internacional, que se compone de observadores no armados de Naciones Unidas, miembros de la CELAC.

Por otro lado, se acordó el establecimiento de 22 Zonas Veredales Transitorias  de Normalización (ZVTN de ahora en adelante) y 6 Puntos Transitorios de Normalización con el objetivo de garantizar el cese al fuego y la dejación de armas y preparar a los excombatientes para su ingreso a la vida civil en condiciones de legalidad. Se advirtió que estas zonas no pueden ser utilizadas para actividad política, y las autoridades civiles locales que tienen presencia en dichas zonas deben mantener sus funciones con normalidad, pues allí se mantiene el Estado Social de Derecho.

Dentro de cada ZVTN y cada punto se establecieron campamentos dentro de los cuales no puede ingresar población civil y hay presencia permanente de la MM&V. Se acordó que la salida de los ex combatientes de los campamentos se haría sólo bajo autorización y supervisión de la MM&V, de civil y sin armas. Además, también se estipuló que en uno de los campamentos de cada ZVTN se dispondrá el contenedor para el almacenamiento de las armas.

Por otro lado, en el Acuerdo de La Habana también se estipuló que en estos territorios se habilitará la estadía de los ex combatientes y se harán procesos de capacitación en labores productivas y nivelación educativa en los niveles de básica primaria, secundaria o técnica, además de jornadas de atención sanitaria, de cedulación y otras actividades necesarias para la reincorporación.

Las FARC-EP son responsables de sus combatientes dentro de las zonas establecidas, quienes tendrán suspendidas sus órdenes de captura una vez ingresen y se enlisten (Ley de amnistía y excarcelación). Hay un grupo de 60 integrantes de las FARC-EP con permiso para movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relativas al Acuerdo de Paz, así mismo, por cada ZVTN, habrá un grupo designado de 10 personas para movilizarse a nivel municipal y departamental con la misma función. Alrededor de cada ZVTN se establecerá una zona de seguridad de 1 km, donde no habrá presencia ni de la Fuerza Pública ni de las FARC-EP a parte de la MM&V.

Finalmente, también se aprobaron protocolos de seguridad con el fin deminimizar potenciales amenazas que puedan afectar o vulnerar a las personas y bienes comprometidos con el proceso de Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la dejación de Armas. Se  elaboraron 7 protocolos de acuerdo al sujeto de protección: Para integrantes del MM&V; para delgados y servidores públicos del Acuerdo: para integrantes de las FARC-EP; para la población civil en las ZVTN y los PTN; para los procesos de desplazamiento de las FARC-EP; para las ZVTN y PTN durante el proceso de dejación de armas; y para la manipulación, almacenamiento, transporte y control de armas.

b. Dejación de Armas

Como se dijo anteriormente las partes se comprometieron a que el  proceso de identificación, registro, recolección, almacenamiento y disposición final de las armas, se finalizará a los 180 días a partir de la firma del Acuerdo Final. Entre lo acordado se estipuló que el proceso de dejación de armas sería responsabilidad de las Naciones Unidas y que la entrega del armamento se haría de forma progresiva. Inicialmente, el día D+90 se recogerían el 30% de las armas, al día D+120 se haría una segunda entrega del otro 30% y, finalmente, el día D+150 (1 de junio de 2017) se debería entregar el  40% restante, concluyendo así con el proceso de dejación de armas.

También se estipuló que con el armamento entregado a las Naciones Unidas se procedería a la construcción de 3 monumentos: uno en  la  sede  de  las  Naciones  Unidas,  otro  en  la  República  de  Cuba  y  otro  en  territorio colombiano en el lugar que determine la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional.

Respecto a la desmovilización se ha advertido desde el Gobierno que los miembros de las FARC-EP ascenderían a nueve mil. Según el anuario de conflictos 2015 de la Escuela de Cultura de Paz, la Agencia Colombiana para la Reintegración Social informó que el coste anual de atender a los desmovilizados era de 150.000 millones de pesos (58 millones de euros), y que en caso de desmovilización de las FARC-EP, el coste podría llegar a casi 600.000 millones de pesos anuales (232 millones de euros). Tras ocho años de proceso judicial la Fiscalía anunció que se habían evidenciado 40.000 crímenes, pero que apenas se habían producido 16 sentencias. Confesaron 2.670 ex paramilitares (en su mayoría) y ex guerrilleros. Los datos incluían 1.000 masacres, cerca de 25.000 homicidios, 11.000 casos de desplazamiento forzado y 3.400 desapariciones forzadas. Según la Fiscalía, se efectuaron pagos de reparación por valor de 17,3 millones de euros. 

c. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil

La reincorporación de las FARC-EP a la vida civil implica su reincorporación política y económica. Según lo pactado en los Acuerdos de La Habana, una vez dejadas las armas, y previo cumplimiento de todos los requisitos legales (a excepción del umbral electoral), se reconocerá la personaría jurídica al nuevo movimiento político. Una vez conformado el movimiento/ partido político éste podría presentarse a lecciones, no habrá asignación de curules a dedo, se les garantizará una representación mínima de 5 Senadores y 5 Representantes a la Cámara, elegidos de listas propias o en coalición, por dos periodos electorales.

Además, los acuerdos  de La Habana estipulan que, desde la fecha de su registro y hasta el 9 de julio de 2026, el partido/movimiento político que surja de la desmovilización de las FARC-EP  recibirá el apoyo para el financiamiento del partido y la difusión de su programa político.

En cuanto a la reincorporación económica que busca generar las condiciones de supervivencia y calidad de vida digna para los reinsertados, incluye medidas de atención en servicios básicos como: salud (física y mental), educación, algunos apoyos económicos excepcionales y transitorios para estabilización económica y apoyo en iniciativas colectivas e individuales. Para apoyar estos procesos las partes concertaron que, desde la terminación de las ZVTN y durante los próximos 24 meses, los reinsertados recibirán una renta básica mensual del 90% del Salario Mínimo, y por una única vez recibirán una asignación de normalización de 2 millones de pesos.

A raíz de lo pactado en La Habana, se crea también el Consejo Nacional de Reincorporación para el seguimiento del proceso de reincorporación, con miembros del gobierno y de las FARC-EP. Se establecieron también en este acuerdo los protocolos, mecanismos y procedimientos especiales para el retiro de menores de edad de las filas de las FARC-EP y su acompañamiento psicosocial, para la protección de los desmovilizados, el desmantelamiento del crimen organizado, la  protección de comunidades y para la realización de un Pacto Nacional para asegurar que nunca más se usen las armas para hacer política ni se promuevan las organizaciones violentas, entre otros.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

A través de lo pactado en La Habana, las FARC-EP se ha comprometido por primera vez en la histórica a contribuir de manera efectiva a erradicar el problema del narcotráfico, y poner fin a cualquier relación que a causa de la rebelión se haya establecido con este fenómeno.  El objetivo de este punto de la agenda de negociación fue lograr acuerdos que solucionen el problema de las drogas ilícitas de manera integral y que se logré la transformación de territorios y comunidades afectadas con los cultivos ilícitos. Por ello, durante las negociaciones de paz, la discusión giró alrededor de tres ejes: sustitución de cultivos ilícitos, enfoque de salud pública para el problema del consumo de drogas ilícitas, y la producción y comercialización de drogas.

a. Programas de sustitución de cultivos ilícitos

En términos de trasformar la vida y las condiciones territoriales de las zonas con presencia e cultivos ilícitos, y darles sostenibilidad a las familias cuyo sustento es la administración de estos cultivos,  se acordó:

- La creación de un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en cabeza de la Presidencia de la República, que hará parte de la Reforma Rural Integral. El programa incluye planes en formalización y adecuación de tierras, proyectos productivos, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, generación de ingresos, inserción al mercado regional  nacional, etc. 

- Que los planes integrales comunitarios municipales de sustitución y desarrollo alternativo deberán responder a las necesidades de las comunidades y por tanto deberán ser formulados y ejecutados con la participación de las mismas. La sustitución podrá se individual o colectiva y siempre será voluntaria.

Además, el acuerdo para la sustitución de cultivos ilícitos incluye medidas para la recuperación ambiental de zonas afectadas y la recuperación de Parques Nacionales y Naturales; así como medidas de seguridad alimentaria, infraestructura, presencia del Estado provisión de servicios públicos.

b. Prevención del consumo y salud pública

El tema fue tratado como una cuestión de salud pública cuya solución se enfoca en la construcción de una política pública de Estado, dirigida a la promoción en salud, prevención, atención integral, e inclusión social. Se acordó:

- Para la prevención, la creación de un Programa Nacional de Intervención Integral con el fin de articular instituciones con competencia en la materia y de manera participativa revisar, ajustar y poner en marcha la política frente al consumo. 

- En la marco del Programa, las autoridades locales deberán, con apoyo del Gobierno Nacional, formular planes de acción departamentales y municipales frente al consumo. 

- En términos de la atención al consumidor, se pone en marcha un Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas para su tratamiento, rehabilitación, e inserción social.

c. Solución al fenómeno de producción u comercialización de narcóticos

Con el fin de determinar políticas que estimulen y mantengan el problema del tráfico de drogas ilícitas como, un negocio se llegaron a acuerdos para desarticular las organizaciones criminales comprometidas y las redes dedicadas al lavado de activos. Se acordó:

- La puesta en marcha de una estrategia política criminal que incluye actividades relativas al mapeo, investigación y judicialización efectiva de los delitos asociados a la cadena de valor del narcotráfico.

- Una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos para eliminar los factores que estimulan las economías ilegales y financian las redes de crimen organizado. Se incluyen medidas de identificación de las cadenas de valor; n  y  fortalecimiento  de  las  capacidades  institucionales para  la  detección,  control  y  reporte  de  operaciones financieras ilícitas; investigación; campaña nacional de cultura contra el lavado; implementación efectiva de extinción de dominio.

- El control de insumos, lucha contra la corrupción y promoción del dialogo internacional sobre la lucha contra las drogas son otras cuestiones acordadas.

5. Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.

El conflicto armado en más de cincuenta años ha dejado un saldo de más de siete millones de víctimas. En agosto de 2013 las FARC-EP reconocieron, por primera vez desde el inicio de los diálogos en La Habana, su cuota de responsabilidad en los miles de muertos en el conflicto armado.

El Sistema Integral quedó compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz. Es la primera vez que un sistema de esta naturaleza se acuerda en una mesa de conversaciones de paz (OACP). Participan del Sistema Integral las víctimas sin discriminación del grupo armado legal o ilegal por quien fueron afectadas.

Los mecanismos, beneficios, estrategias, etc. incluidos dentro del acuerdo de Víctimas aplica para: los guerrilleros que se acojan al Acuerdo Final y cumplan con la dejación de armas; Agentes del Estado que hayan cometido delitos con razón y en contexto del conflicto armado; paramilitares desmovilizados que busquen reparar a sus víctimas y contribuir al proceso de reparación integral; y terceros civiles, que sin formar parte de ningún grupo armado, se hayan relacionado con éstos de manera no coaccionada para financiarlos o colaborarles  y en el marco de la relación se cometieron delitos en razón y contexto del conflicto armado.

Los mecanismos fueron los siguientes:

- Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y la No Repetición: Mecanismo imparcial e independiente, transitorio y extra judicial. Tiene el objetivo de esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas, reconocimiento de responsabilidades, y la promoción de la verdad a través del diálogo.

- Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: Unidad de alto nivel, de carácter humanitario y extra judicial, independiente y autónoma. Tiene el objetivo de buscar e identificar a las personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento, localizar y entregar de manera digan los restos a sus familiares.

- Establecimiento de medidas para la reparación Integral para la construcción de Paz: Fortalecimiento del Programa ya existente de reparación integral de víctimas, con inclusión de nuevas medidas que promuevan el compromiso de todos con la reparación: reconocimiento de responsabilidades; actos públicos de perdón y reparación simbólica (desminado, reconstrucción de infraestructura etc); y reparación material de víctimas.

- Jurisdicción Especial para la Paz: Conjunto de órganos de administración de justicia que cumplirán con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos con razón y en contexto del conflicto armado, en el marco de la justicia transicional.

- Garantías de no repetición: Dadas por la implementación coordinada de los diferentes mecanismos del Sistema y de las medidas de DDR.

Durante el desarrollo de este punto, se puso en marcha la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Esta comisión arrojó importantes conclusiones de contenido diverso y plural en lo que concierne a los orígenes y las múltiples causas del conflicto, recogidos en 12 ensayos realizados por expertos en el desarrollo y evolución de la situación conflictiva en Colombia.

Con respecto a la Justicia transicional, uno de los sub-puntos más debatidos, se emitió sentencia de la Corte Constitucional para lograr una paz estable y duradera.  Esta sentencia hizo parte del Marco Jurídico para la Paz (conjunto de normas que sostendrán el proceso de transición del fin del conflicto armado hacia la paz), es decir la hoja de ruta del Estado colombiano en las negociaciones con los grupos alzados en armas.

El 23 de septiembre de 2015 se firmó un acuerdo sobre justicia transicional. El anuncio se hizo en presencia del presidente Juan Manuel Santos, que visitó La Habana por primera vez desde que se iniciaron las mesas de conversaciones y del líder de las FARC-EP Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Éste fue el primer encuentro entre el Presidente de la República y el máximo jefe de las FARC-EP.

En cuanto a la amnistía, en febrero de 2017 se expidió el Decreto que reglamentó la Ley de Amnistía que se otorgará únicamente en los casos de delitos políticos o conexos (rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando). No serán sujetos de indulgencia los casos tipificados en la legislación nacional e internacional como delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. El principio de "verdad" establecido ofrece en el nuevo mecanismo judicial sanciones más restaurativas con menos restricción de libertad y derechos. Según el acuerdo quienes reconozcan su responsabilidad en delitos muy graves tendrán penas reducidas, en cambio quienes no acepten los delitos y resulten culpables podrían ser encarcelados hasta 20 años en condiciones ordinarias.

En el marco de discusión del punto de Víctimas, se acordó y se estableció una Subcomisión de Género integrada por miembros de las delegaciones para revisar y garantizar, con el apoyo de expertos y expertas nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género.

También se estableció un Plan de desminado humanitario para limpiar el territorio de minas antipersona (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (RE) en general. Las FARC-EP se ofrecieron a colaborar con el desminado.

6. Implementación, verificación y refrendación

En este punto Gobierno Nacional y FARC-EP acordaron la creación de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI de ahora en adelante)”. Esta Comisión estará integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional, y 3 representantes de las FARC-EP y su existencia se extenderá hasta por 10 años, se estableció un primer periodo límite (enero 2019 para ver si es necesario prorrogar su funcionamiento).

Para garantizar el enfoque de género en la CSIVI se estableció una instancia especial conformada por 6 representantes de organizaciones de mujeres con interlocución permanente con la Comisión. Además, también se acordó el establecimiento de un componente internacional en la CSIVI para asegurar que la evaluación y seguimiento de la implementación cumpla garantice objetividad y transparencia. Este componente estará conformado por dos representantes internacionales elegidos por cada una de las partes (Gobierno y FARC-EP).

Por otro lado, se estableció el Plan Marco de Implementaciónvigente por 10 años, con una primera fase de implementación que termina en mayo de 2019 y debe planearse y ejecutarse con participación de todos los sectores sociales, principalmente el empresarial y las organizaciones comunitarias. El plan será revisado anualmente por la CSIVI y deberá incluirse en los Planes de Desarrollo de los dos periodos presidenciales siguientes al actual.

Finalmente, para asegurar la correcta aplicación de lo acordado se creó el Mecanismo de Verificación de los Acuerdos, como una instancia integrada por varias entidades y representantes internacionales que le harán seguimiento a la implementación de los acuerdos (retrasos, deficiencias, avances, etc.) para generar recomendaciones y corregir fallas en la marcha para asegurar la efectiva implementación. Para afianzar este mecanismo se solicitó además el acompañamiento internacional de varias instancias y entidades para el apoyo al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación en términos de recursos materiales y/o humanos y capacidades. Se incluye en este apartado la solicitud a Naciones Unidas el establecimiento de una Misión Política que verifique la reincorporación efectiva de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

Algunas de las entidades en las que se ha promovido este tipo de participación y “veeduría” se deben mencionar: las Naciones Unidas, la UE, la FAO, Vía Campesina, UNASUR, el Instituto Internacional de Justicia Transicional, Cruz Roja Internacional, la Comisión Global de Drogas, y Gobiernos, entre otros.

Finalmente, en este punto de la agenda se llegó a un “Acuerdo sobre Refrendación”, que exige que la aceptación del Acuerdo Final se haga mediante escrutinio, mediante sistemas de participación ciudadana. Se estableció que se podría efectuar mediante plebiscito, iniciativa legislativa, consulta, cabildo abierto entre otros. Como ya es sabido, en su momento el Presidente Santos decidió que el mecanismo adecuado de refrendación debía sería el Plebiscito que se celebró el 2 de octubre de 2016, obteniendo resultados sorpresivos con la victoria del rechazo de los acuerdos de paz (ver Resultados y análisis), obligando a una segunda renegociación de lo acordado, esta vez con los líderes de la campaña que impulso el “NO”.

 

3.1 Obstáculos y avances durante el proceso

Obstáculos

Como asegura Vicenç Fisas, en todos los procesos de paz hay que sortear con numerosos obstáculos causados por múltiples motivos desde el primer momento de la negociación, el proceso nunca es lineal y suceden incidentes que tienen repercusión (positiva o negativa) en la mesa de negociación. En el caso colombiano, parece que la voluntad política de las partes superó con efectividad todos los que se presentaron durante el desarrollo de las negociaciones.

Los principales obstáculos en este caso fueron producidos por el hecho de negociar en medio de la guerra. Poco tiempo después de la iniciación de las conversaciones públicas, en noviembre de 2012, las FARC-EP anunciaron la primera tregua unilateral de cese al fuego y hostilidades contra el Ejército, la infraestructura y la población civil. La tregua se mantendría con la condición de no ser atacados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Gobierno no hizo lo mismo y por lo tanto mientras en La Habana se negociaba el fin del conflicto, Colombia permanecía en guerra.

En este contexto se presentaron varios incidentes que pusieron en riesgo la estabilidad de la Mesa de Negociación. En varias ocasiones se presentaron enfrentamientos entre Ejército y/o Policía con las tropas guerrilleras. De hecho, hubo momentos de máxima tensión como el secuestro del General Rubén D. Alzate en el Chocó, motivo por el cual el Gobierno suspendió los diálogos hasta su liberación dos semanas después; o la muerte de un grupo de 11 soldados por un ataque en el Cauca.

La concurrencia de estos sucesos llevó a la suspensión del cese de bombardeos que había concedido el Gobierno Nacional en muestra de voluntad y respuesta al cese indefinido del fuego por parte de las FARC-EP. Con la reanudación de los bombardeos se presentó uno de los golpes más duros contra las estructuras (Bombardeo en Guapí-Cauca) y la guerrilla declara el fin del cese unilateral del fuego (que después se restablecería de manera indefinida).

Otro momento de tensión para el proceso de paz, aparte de las consecuencias directas de la negociación en medio del conflicto, fueron las elecciones presidenciales del 2014. El Presidente Juan Manuel Santos se lanzó a la reelección con el proceso de paz como principal bandera electoral. Óscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático, fue elegido como el representante de la oposición al gobierno y al proceso de paz. Estos dos fueron los principales contendores, y en la primera vuelta salió triunfante el candidato por el uribismo, Oscar Iván Zuluaga (Obtuvo el 29% de los votos entre cinco candidatos, contra 26% para Juan Manuel Santos). Este triunfo no solo puso en alarma la continuidad del proceso de paz en caso de la victoria de sus principales opositores, sino que también demostraba el descontento del pueblo colombiano con las negociaciones. Sin embargo, en segunda vuelta Juan Manuel Santos repuntó por un estrecho margen de 6% y se reafirmó en su posición como Presidente de la República con el 50,98% de los votos (resultados) asegurando la continuidad de las negociaciones.

A pesar de las crisis que esta contienda electoral supuso, los negociadores no se levantaron de la mesa aceptando las consecuencias de negociar sin  deponer las armas. Reafirmando así que independientemente de lo que ocurriera en territorio colombiano el proceso de negociación no se paralizaría.

Avances durante el proceso

Así como hubo obstáculos durante el proceso, también hubo avances y/o acciones significativas más allá del logro progresivo de los acuerdos sobre cada punto de la agenda establecida. Acciones que demostraron la voluntad de las partes de lograr la paz y enfilarse en el desescalamiento del conflicto armado que le diera madurez al proceso y le permitiera llegar a feliz término.

En esta dirección la guerrilla inició los gestos de generación de confianza en el proceso al declarar de manera unilateral un cese al fuego que iría del 20 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013. Posteriormente declaró un segundo cese al fuego el 21 de mayo de 2014 con motivo de las elecciones presidenciales. En total se cuentan un total de 6 declaraciones de cese al fuego unilateral desde el inicio de las conversaciones hasta el 2014 cuando se declaró el cese unilateral definitivo de acciones bélicas contra la Fuerza Pública, la infraestructura y la población civil.

Como respuesta al cumplimiento del cese al fuego de parte de las FARC-EP, el Gobierno Nacional declaró en dos ocasiones el cese de bombardeos aéreos a los campamentos de las FARC-EP, limitó las acciones militares de manera progresiva a acciones de defensa y se fueron disminuyendo (no por directivas sino por efectos mismos del cese al fuego de la guerrilla) los operativos militares en contra de las FARC-EP.

La guerrilla se comprometió desde antes de empezar las negociaciones a eliminar la práctica del secuestro. Lo cumplieron casi a cabalidad durante las conversaciones, y antes de culminar el proceso, ya estaban en libertad todos los secuestrados que tenían en su poder.

Ya en 2015 el CERAC, Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, aseguró que se registraron los niveles más bajos de actividad derivada al conflicto armado desde los años 80. Se llegó al mínimo número de víctimas, combatientes muertos y heridos desde hace 52 años: “Acciones ofensivas de las FARC: caen 98% (de 1,51 a 0,03 acciones en promedio diario). Combates Fuerza Pública-FARC: se reducen en 91% (de 0,68 a 0,06 combates en promedio diario). Muertes civiles: caen un 98% (de 0,19 a 0,003 muertos en promedio diario). Muertes de combatientes: caen 94% (de 1,08 a 0,07 muertos en promedio diario)"(Tomado de artículo de CNN).

Aparte del cese al fuego, la guerrilla reconoció por primera vez su responsabilidad en la generación de víctimas y pidió perdón por sus acciones. El Gobierno también reconoció por primera vez su responsabilidad en el caso de la UP, y como muestra de reconocimiento a sus víctimas se les devolvió la personería jurídica a sus miembros.

Se pactaron acuerdos de desminado y de búsqueda de desaparecidos que implicaron acciones de aplicación inmediata con el trabajo conjunto entre el gobierno la fuerza pública y los miembros de las FARC-EP.

El Gobierno Nacional puso en libertad a los primeros indultados de la guerrilla y las FARC-EP se comprometieron y demarcaron hoja de ruta para la salida de los menores de edad de sus filas.

Con lo anterior se fue forjando el camino para la firma de un Acuerdo Final con las FARC-EP por primera vez en la historia, y el inicio de un proceso de construcción de paz con la principal guerrilla del país desarmada.

Una vez firmado el Acuerdo Final, el primer obstáculo que se presentó fue la Refrendación Popular. Como ya se dijo anteriormente, se acordó que el texto final en su totalidad debía estar aprobado por la ciudadanía, para cumplir con este propósito se realizó un Plebiscito el 3 de octubre de 2016. Los resultados no fueron positivos: las votaciones obtuvieron casi un 70% de abstención y entre los colombianos que votaron, la mayoría dijo No estar de acuerdo con lo pactado. Esto significó la parálisis del proceso de paz, y el replanteamiento de los acuerdos, FARC-EP y el Gobierno Nacional coincidieron en la necesidad de renegociar con los líderes de la campaña de oposición al acuerdo y redactar un Nuevo Acuerdo Final que incluyera sus observaciones. Este nuevo acuerdo fue finalmente sometido a votación y aprobado por el Congreso Nacional en diciembre de 2016.

Avances después de la firma del Acuerdo Final

Superado el tema de la refrendación y aprobado el Nuevo Acuerdo Final, inició la fase de implementación de los acuerdos.

El boletín informativo sobre los avances en la implementación de los acuerdos, afirma que se han expedido 33 normas para darle marco legal a planes, programas, estrategias y acciones para la superación del conflicto y la construcción de paz; 7 normas se encuentran en trámite en el Congreso, otras 7 se encuentran en proceso de consulta, y 22 en ajustes y/o evaluación de pertinencia.

Entre las normas sancionadas se encuentran la refrendación del Acuerdo Final, la Ley de Amnistía, la Ley Orgánica de Voceros, y Acto Legislativo que reglamenta el Sistema Integral de Verdad, justicia y Reparación y No Repetición. Se han firmado además los Decretos de creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, los que crean las Zonas Veredales Transitorias la CSIVI y el CNR, los que ponen en marcha el Programa de Protección de medidas materiales, y el que le da afiliación al sistema de salud a los miembros de la guerrilla. También el Acto Legislativo del artículo transitorio de estabilidad de los acuerdos.

Por otro lado, se han formulado tres planes de intervención: El Plan 100 días para priorización  de acciones entre el Día D (firma del Acuerdo Final) y los 100 días siguientes, en zonas focalizadas por el cruce de las ZVTN y zonas con presencia de cultivos ilícitos;  La Estrategia de Respuesta Rápida para la estabilización de territorios; y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final que consolidará las propuestas sectoriales como documento CONPES.

En las zonas priorizadas por el Plan 100 días se han realizado 1.115 proyectos de los cuales, para abril del 2017, 792 estaban en ejecución. Los proyectos son sobre temas de afectación por el conflicto, superación de brechas socioeconómicas, debilidad institucional, presencia de cultivos ilícitos, y economías ilegales.

También se han definido las zonas geográficas de implementación. Habrán así planes nacionales como el catastro multipropósito; planes municipales enfocados en la instalación de mínimos institucionales (539 municipios con oferta de bienes y servicios públicos e instrumentos para el desarrollo de capacidades); Planes para las ZOMAC – Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, donde el sector privado apoyará las acciones para el cierre de brechas y promoción del desarrollo para integrar el país; y los planes PDET – Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – en los que se priorizaron 167 municipios para la transformación y relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad.

En cuanto a las acciones de desminado, se puso como meta la limpieza total del territorio para el 2021 (Plan Estratégico 2016-2021). La Dirección de Acción contra las minas trabaja en conjunto con operadores militares, civiles y miembros de las FARC-EP, en 135 municipios, de los cuales 8 ya se han liberado de sospecha. Se han destruido más de 5.000 artefactos explosivos. En las zonas donde se han realizado acciones de desminado han iniciado procesos de sustitución de cultivos ilícitos, y se ha pasado de 589 víctimas al año en el 2012, a 14 en el 2017. (Especial proyecto piloto de desminado. Gobierno Nacional).

En enero de 2017 se estableció también el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. Hasta la fecha en que se escriben estas palabras se han suscrito 4 acuerdos departamentales en Putumayo, Nariño, Guaviare y Sur de Bolívar, y 10 municipales, con los que se beneficiarán aproximadamente 85.000 familias. (Ver avances en implementación de PNIS).

Ahora, en términos de reincorporación de los miembro de las FARC-EP, se expidió el Decreto 2027 de 2016 creando el Consejo Nacional de Reincorporación – CNR que incluye temas de censo socioeconómico, reincorporación de niños, niñas y adolescentes, reincorporación a la vida civil laboral, entre otros. Hasta la fecha, el gobierno de Colombia tiene registrados, 6.934 guerrilleros concentrados en las zonas verdales. De acuerdo con un comunicado de la Oficina para el Alto Comisionado de Paz, estas zonas vederales de transición se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación el 1 de agosto de 2017 con el objetivo de capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación individual y comunitaria.

A fecha de hoy en estas zonas se ha iniciado el proceso de cedulación de los excombatientes a cargo de un grupo de 26 funcionarios de la Registraduría Nacional y antes del 1 de agosto del 2017 las  Naciones Unidas deberá extraer todas las armas almacenadas en los contenedores y se deberá acordar la construcción de los 3 monumentos indicados en el Acuerdo.

En paralelo a estos procesos, el Gobierno Nacional deberá iniciar procesos que garanticen seguridad física y económica de los excombatientes, finalizar la aplicación de los casos de amnistía acreditados en listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Finalmente, cabe mencionar la aprobación en el Congreso de Colombia del Acto legislativo para jurisdicción Especial para la Paz, el Estatuto de la Oposición, y la participación política de las FARC después de la dejación de armas y su tránsito a la legalidad. Así mismo es importante remarcar la creación del Fondo Colombia en Paz, que cuenta con los aportes de 4 fuentes de iniciación: El Presupuesto General de la Nación, las regalías, los aportes del sector privado y los fondos creados por la comunidad internacional (Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas). Contó con un presupuesto inicial de 750 millones de pesos.

Riesgos de la implementación de lo acordado en La Habana

La implementación de los acuerdos es un proceso de muy largo plazo en el cual se deben enfrentar los mayores riesgos del proceso de paz. De la efectiva implementación de lo acordado dependerá el verdadero éxito de las negociaciones. A este proceso el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, le calcula aproximadamente 10 años, por lo cual el principal de los retos es mantener la paciencia y la credibilidad de los colombianos en la paz y en las guerrillas, y esto solo se conseguirá dando resultados a corto y mediano plazo que permitan ver que sí es posible conseguir la paz.

La firma de un acuerdo definitivo implica entre otros aspectos empezar a trabajar para que problemas estructurales de la nación colombiana se vayan transformando, sobre todo para que los periodos de violencia armada no se vuelvan a repetir. No obstante, es importante contemplar la posibilidad de que se intensifique la violencia de organizaciones criminales. Por este motivo es necesaria una correcta implementación de programas de desarrollo y políticas públicas orientadas en la ejecución de los acuerdos.

La efectividad en la implementación de los acuerdos se puede ver amenazada por múltiples factores:

  • Efectividad del proceso de reintegración. Si no hay una efectiva reintegración de los combatientes la probabilidad de reincidencia, rearme y/o vinculación a otros grupos armados de los desmovilizados de las FARC-EP es muy alta.
  • Violencia política: La efectividad de la implementación y de la reintegración de los miembros de las FARC-EP, debe pasar por la capacidad del Gobierno a garantizar la seguridad física de los miembros de las FARC-EP. Esto se convierte en un reto cuando a pocos meses de la firma del Acuerdo Final se han presentado más de 30 casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. De acuerdo al Centro de Investigación CERAC, éste tipo de violencia ha aumentado en los últimos tres años, en particular en contra de reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos y activistas políticos. La presencia de grupos paramilitares, mal llamados Bandas Criminales, en territorio colombiano dificulta ésta tarea al gobierno. La Fuerza Pública debe comprometerse al ataque de organizaciones armadas ilegales como el Clan del Golfo, los Rastrojos, Las Autodefensas Gaitanistas, las Águilas Negras, entre muchas otras, que surgen como resultado de la falta de seguimiento y control del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe. (Ver Paramilitarismo en Urabá / Neoparamilitares en San José de Apartadó)
  • Polarización y voluntad política: El principal reto en este aspecto es el cambio de gobierno en las elecciones de 2018. La llegada de la oposición al poder podría significar, la parálisis, o la reforma de los Acuerdos logrados poniendo en riesgo su estabilidad, la voluntad de las FARC-EP para continuar el proceso y los procesos de implementación e iniciados y por empezar. El principal recursos para enfrentar este reto es demostrar resultados de corto y mediano plazo para que la población valore el mantenimiento de la paz. Por otro lado, es importante el combate de la corrupción. La voluntad de autoridades regionales y locales para la aplicación de los acuerdos, la gestión administrativa y eficiente de recursos, proyectos, y funcionamiento de la institucionalidad para implementar los acuerdos es fundamental.
  • Capacidad institucional: La presencia efectiva del Estado en las zonas más alejadas y de difícil acceso será importante para solucionar las causas estructurales del conflicto y evitar el surgimiento de nuevos grupos armados. La capacidad institucional, la efectiva articulación entre nación y territorios locales y regionales y la eficiencia de la infraestructura institucional a nivel local será determinante para la implementación de los acuerdos y el beneficio de las comunidades más afectadas.
  • Recursos: La asignación y ejecución efectiva de los recursos será lo que le dé la sostenibilidad al proceso de paz.
  • Tránsito legislativo para la implementación del Acuerdo: La aprobación de leyes es uno de los procesos más lentos para lograr la materialización de los acuerdos. Ahora que la Corte Constitucional ha impedido la aplicación del “Fast track” para la aprobación de leyes, decreto y normas relativas al proceso de paz, se convierte en un desafío para el Gobierno Central y para el legislativo logara la aprobación de normas de manera eficiente para arrancar la implementación de los acuerdos.
  • Proceso de paz con el ELN: El Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más grande del país aún sigue en actividad a pesar de que se ha instalado una mesa de negociaciones con el Gobierno. Esto significa no solo que haya aun generadores de violencia que ponen en riesgo la implementación de acuerdos y la seguridad de los excombatientes, sino también que son un remanente del conflicto al cual se pueden adherir los disidentes de las FARC-EP, y que es un grupo que progresivamente empezará a ocupar los territorios y lugares que deja la principal guerrilla del país con su desmovilización.

Para saber más…

Cómo ven el proceso en el mundo. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016.

Así marcha el Acuerdo. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017.

Rendición de cuentas 2016 Alta Consejería para el Posconflicto. Alta Consejería para el Posconflicto, 2017

Así va el posconflicto, Boletín #1. Alta Consejería para el Posconflicto, 2017.

Así va el posconflicto, Boletín #2. Alta Consejería para el Posconflicto, 2017.

Equipo Paz. Gobierno Nacional.

El mundo respalda la paz (video)

Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. Texto publicado por las FARC-EP.

Los mayores obstáculos al proceso de paz. Artículo de Pedro Santana Rodríguez. Bogotá, Colombia, febrero 2017

Acuerdos, Comunicados, e informes del proceso de paz. Gobierno Nacional. Página oficial Mesa de Conversaciones.

“In the Shadow of “No”: Peace after Colombia’s Plebiscite”. International Crisis Group, 2017.

Cómo vamos en el Posconflicto? Rafael Pardo. Alto Consejero para el posconflicto.