El Parlamento Europeo como tribuna moral internacional: el caso de Venezuela

Paula Lamoso González, profesora asistente, Universidad Loyola, Sevilla. aplamoso@uloyola.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6852-0932

Stelios Stavridis, investigador senior, Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo ARAID/Universidad de Zaragoza. dr.stelios.stavridis@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4113-5262

Uno de los objetivos principales de la diplomacia parlamentaria del Parlamento Europeo (PE) es velar por la democracia y los derechos humanos en el mundo. El caso de Venezuela es paradigmático, especialmente desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 y el consecuente incremento de la represión política en el país, que ha derivado en una crisis social y económica, así como en la peor crisis humanitaria de América Latina en los últimos años. La Unión Europea (UE), presionada por el PE, ha impuesto desde 2017 sanciones económicas contra el régimen de Maduro. Además, el PE otorgó su Premio Sájarov a la oposición venezolana en 2017 y fue la primera institución de la UE en reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino en 2019. Este artículo examina y confirma el papel del PE de tribuna moral internacional para el caso de Venezuela.

La Unión Europea (UE) se (auto)define como «una fuerza para el bien» en el sistema internacional (Sjursen, 2006). En particular, el Parlamento Europeo (PE) dispone de varios instrumentos para velar por la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, como resoluciones o informes sobre estos temas. Feliu y Serra (2015) y Glahn (2019) califican al PE como un importante actor moral internacional; mientras que Immenkamp y Bentzen (2019) caracterizan su diplomacia parlamentaria como un apoyo para la democratización en el mundo.

El caso de Venezuela entra en este supuesto desde el inicio del régimen «chavista»; especialmente, a partir de la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013. Desde entonces, se han venido produciendo tanto un incremento de la represión política como una crisis social y económica en el país, todo ello agravado por la pandemia de la COVID-19 iniciada en marzo de 2020. El resultado es una crisis humanitaria con millones de refugiados, la peor en América Latina en varias décadas. Como se verá en este estudio, la UE –impulsada por el PE– ha impuesto desde 2017 sanciones económicas contra el régimen de Maduro, que fueron ampliadas en 2019 (Ayuso, 2020; Gratius y Ayuso, 2020). Hasta la fecha, los estudios sobre Venezuela únicamente mencionan el papel de los eurodiputados en passant, sin analizar su actuación sobre el conflicto en su conjunto (ibídem, 2020: 40 y 45). La originalidad de este artículo es llenar este importante vacío en la literatura sobre el tema y analizar el rol del PE como actor diplomático vis-à-vis la crisis venezolana. Metodológicamente, se realiza un estudio cualitativo centrado en el análisis sistemático de las resoluciones aprobadas por el PE con el fin de demostrar con evidencia empírica el papel de esta institución como defensora y promotora de la democracia y de los derechos humanos en el caso de Venezuela. Se añade, así, un nuevo caso de estudio a la literatura emergente sobre el PE como actor diplomático (Goinard, 2020; Stavridis e Irrela, 2015).   

Al respecto, aunque desde 2007 el PE ha aprobado varias resoluciones sobre Venezuela¹, no fue hasta 2014 que este empezó a prestar mayor atención a la realidad venezolana, cuando la represión del régimen chavista había aumentado exponencialmente. En 2017, por ejemplo, el PE otorgó su Premio Sájarov a la libertad de concencia a la «oposición democrática de Venezuela» (Noticias Parlamento Europeo, 2017c). Asimismo, en enero de 2019, fue la primera institución de la UE en reconocer como presidente interino al opositor Juan Guaidó²; aunque, tras la constitución de la nueva Asamblea Parlamentaria en Venezuela, resultado de las elecciones celebradas por el chavismo en diciembre de 2020, la UE decidió dejar de utilizar esta terminología con Guaidó (según su alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell) (Romero, 2021; Abril y Singer, 2021). No obstante, en enero de 2021, el PE reiteraba su reconocimiento a Guaidó como presidente interino.

Así, para analizar el creciente papel desempeñado por el PE en el caso venezolano  desde 2014 como reacción a la escalada del enfrentamiento político en Venezuela, este artículo se divide en seis apartados: el primero analiza las reacciones de la UE a la crisis venezolana; el segundo presta particular atención al papel jugado por el PE en dicha crisis; el tercero examina la imposición de sanciones por parte de la UE al régimen de Maduro y la influencia del PE en dicha decisión; el cuarto destaca que el PE fue la primera institución de la UE en reconocer al opositor Guaidó como presidente interino; el quinto enfatiza la determinación del PE en animar a la Corte Penal Internacional (CPI) a analizar los posibles crímenes contra la humanidad que el régimen de Maduro pueda haber cometido; y, el último, concluye que el PE es un actor muy activo y destacado en la crisis venezolana, al desarrollar una critica sistemática al régimen chavista, consolidar en su seno un bloque anti-Maduro y erigirse como un claro actor diplomático prodemocrático. 

La crisis venezolana y las reacciones de la UE y sus estados miembros

Entre las décadas de 1970 y 1990, la relación entre la Comunidad Europea/CE (desde 1993: UE) y América Latina se vehiculizó a través de diferentes acuerdos de asociación, con avances significativos a partir de la segunda mitad de los años noventa (Freres y Sanahuja, 2006: 26-29).

Concretamente, las relaciones entre la UE y Venezuela habían sido, hasta principios de los años 2000, fundamentalmente económicas, a través de la cooperación UE-Pacto Andino³; una colaboración que, desde 1977, se había centrado específicamente en la cooperación financiera y técnica. A partir de la Declaración de Roma de 1990, dichas relaciones se institucionalizaron a través del Grupo de Río⁴. Paralelamente a la reunión ministerial entre la UE y el Grupo de Río, celebrada en Copenhague en 2003, se llegó a un nuevo Acuerdo de Cooperación UE-Pacto Andino que dio un salto cualitativo en las relaciones UE-Venezuela. Por medio de este nuevo pacto, se hizo particular hincapié en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, subrayando que estos constituyen una parte fundamental de las relaciones (Comisión Europea, 2016). Durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se habían producido tensiones debido a que el mandatario puso en marcha políticas que perjudicaban los intereses de algunas empresas europeas –por ejemplo, un nuevo impuesto a la explotación petrolera (Malamud, 2006).

Desde el triunfo de Chávez por segunda vez en las elecciones presidenciales de 2006, la deriva autoritaria en Venezuela no ha cesado (López Maya, 2008 y 2011; Sánchez Urribarrí, 2016); es más, con la llegada de Maduro al poder en 2013, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho se han ido deteriorando. La población venezolana lleva protestando por la gestión ineficiente de Maduro desde 2014, a lo que las autoridades han respondido de forma violenta (Legler et al., 2018). El régimen de Maduro se caracteriza por su autoritarismo⁵, cuyo punto más álgido se produjo en 2018, cuando se proclamó ganador de las elecciones presidenciales a pesar de que estas habían sido calificadas como injustas e ilegítimas tanto por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Ccoto Curi, 2019: 42; Krzywicka, 2019: 391-395) como por Estados Unidos y la UE (Ekin Karel, 2019: 37).

En este sentido, ya desde 2002, se ha ido materializando una polarización constante entre prochavistas y antichavistas (Romero, 2002; Méndez la Fuente, 2007; Sánchez Urribarrí, 2016; Krzywicka, 2019: 385-388; Ccoto Curi, 2019: 39-41) que ha conducido a que, actualmente, Venezuela cuente con dos presidentes y dos asambleas parlamentarias que compiten por su legitimidad tanto interna como internacionalmente. A todo ello se debe sumar la gran crisis económica que asola al país y el hecho de que Maduro no deja que entre ayuda humanitaria del extranjero, lo que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias de la región (FAO, 2018; Human Rights Watch, 2019; Espacio Público, 2019; UNHR, 2020; Koenig, 2019; Rapier, 2019): la mayor crisis de refugiados en el continente americano y la segunda⁶ del mundo después de Siria (Arnson, 2019), todo ello agravado por los efectos derivados de la COVID-19.

Esta dramática situación ha llevado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a señalar que el Gobierno venezolano está cometiendo graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales de su población (Ayuso, 2020: 2-5). El informe del año 2020 de la Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (Consejo de Derechos Humanos, 2020) confirma que la grave crisis en el país continúa y responsabiliza al régimen de Maduro. Como dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión: «La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planeado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, incluidos los asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, constituyen delitos contra la humanidad» (ibídem).

Todo lo anterior ha contribuído a convertir la crisis venezolana en una crisis aún más regional e internacional que en el pasado (Arnson, 2019). El apoyo externo a Maduro proviene principalmente de Rusia, Cuba, Irán y China⁷, así como de otros estados bolivarianos latinoamericanos: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador o El Salvador (BBC Mundo, 2017). Sin embargo, debido a un reciente giro político hacia la derecha en la mayoría de estos últimos, incluso su apoyo está disminuyendo. El respaldo latinoamericano (que también aparece en organismos regionales internacionales como la OEA⁸ y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC], entre otros) varía según qué partido político esté en el poder. En el lado opuesto, Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales apoyan a la oposición venezolana.

Referente a Europa, el conflicto venezolano ha impactado directamente en las relaciones UE-América Latina: «las cumbres entre la CELAC y la UE (…) desde 2015 no se celebran por diferencias sobre el conflicto venezolano»; pero también en sus relaciones intralatinoamericanas con la expulsión de Venezuela del Mercosur en 2016 (Gratius y Rodríguez Pinzón, 2021: 137)⁹. Asimismo, se han producido varios intentos fallidos de mediación, como el liderado por Noruega con reuniones en Costa Rica, con la participación de países latinoamericanos y europeos, o el Grupo de Lima (Chaves García, 2019) con membresía similar. Los europeos piden una solución pacífica al conflicto actual (Ayuso, 2020); sin embargo, debido al rápido deterioro social, económico y político en el país, la UE ha endurecido sus críticas y condenas al régimen de Maduro. Las sanciones por parte de la UE consisten en restricciones financieras y de entrada al espacio Schengen para los miembros del Gobierno de Maduro, así como en un embargo de armas.  La UE decidió renovar y ampliar estas medidas en 2018 y 2019. «A diferencia de Estados Unidos, la UE no ha impuesto restricciones comerciales o limitaciones al sector petrolero» (Gratius y Rodríguez Pinzón, 2021: 137; véanse también Gratius y Ayuso [2020: 32; 43-44] y Ayuso [2020]). Por su parte, Maduro ha rechazado la ayuda humanitaria ofrecida por la UE y Estados Unidos.

Desde 2019, la UE ha puesto en marcha una iniciativa diplomática, conocida como Grupo Internacional de Contacto (GIC), para explorar formas de encontrar una solución negociada a la crisis (Smilde y Ramsey, 2019). En julio de 2020, se produjeron más sanciones que llevaron a otra disputa diplomática entre Bruselas y Caracas; Maduro incluso amenazó con expulsar al embajador de la UE (Stroobants y Delcas, 2020), lo que finamente hizo en 2021 (Arcienegas, 2021; Delcas, 2021a). En 2019, la UE, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) organizaron una Conferencia Internacional de Donantes en apoyo de los más de cuatro millones de venezolanos que se habían trasladado a países vecinos. Otra conferencia en la que participaron más de 40 países y organismos internacionales fue organizada en mayo de 2020 (Ayuso, 2020: 10).

En cuanto al reconocimiento del opositor Juan Guaidó, varios países de UE lo anunciaron en enero de 2019 como respuesta a que el régimen de Maduro no hubiese atendido sus demandas para la celebración de nuevas elecciones; ya que consideraban fraudulentas las celebradas a finales de 2018. Pero hubo algunas reticiencias por parte de varios miembros: Italia, Grecia y Chipre. Roma se mantuvo neutral y no reconoció al presidente interino por opiniones diversas en el seno de la coalicón governante de La Liga y el Movimiento 5 estrellas (Bilotta, 2019). El caso de Atenas se explica por la retórica izquierdista del entonces primer ministro, Alexis Tsipras. Pero cuando el Gobierno griego cambió con las elecciones de julio de 2019, el nuevo primer ministro Kyriakos Mitsotakis reconoció inmediatamente a Guaidó y se reunió con él en persona en la cumbre de Davos en 2020 para enfatizar este cambio (Newmoney, 2020). Por su parte, Chipre no quiere entrar en un debate sobre legitimad de representación debido a su situación resultante de la invasión turca en 1974. Otorgar cualquier tipo de legitimad a una autoridad alternativa cuando Chávez sigue siendo el representante de Venezuela en Naciones Unidas podía haber sido interpretado como una violación del derecho internacional. Un arma para Chipre en su conflicto con Turquía que Nicosia no puede descuidar. Finalmente, a principios de 2021, la UE decidió teniendo en cuenta, entre otras cosas, las elecciones celebradas en diciembre de 2020, dejar de utilizar el término de presidente interino para Guaidó, aunque sigue considerándolo un interlocutor privilegiado (Reuters, 2021).   

El papel del Parlamento Europeo en la crisis venezolana

El PE ha desarrollado sus relaciones internacionales de manera significativa desde hace muchos años, especialmente a partir del Tratado de Lisboa (en vigor desde 2009), el cual le ha otorgado más competencias en política exterior (Stavridis e Irrera, 2015; Immenkamp y Bentzen, 2019). En las relaciones UE-América Latina, el PE ha jugado un papel destacado (Fernández Fernández, 2011), incluso ha sido calificado de «pionero» (Dri, 2015: 162-166). Inicialmente promovió políticas y acciones dirigidas a facilitar el regreso de la democracia en muchos países de América Central y del Sur en los años noventa del siglo pasado. Desde entonces, la UE y el PE han podido centrarse en fortalecer los numerosos esfuerzos por poner en marcha procesos de integración regional en América Latina, así como en estrechar los vínculos interregionales –incluyendo en muchos de ellos una dimensión parlamentaria–. Al respecto, el PE hace hincapié en que la asociación con América Latina no se centre únicamente en el ámbito del comercio, sino que también promueva la defensa de valores y principios comunes; en concreto, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de derecho o el multilateralismo. Cuando se producen abusos de los derechos humanos, la UE en su conjunto condena dichas prácticas y actúa en favor de la democracia emitiendo declaraciones o emprendiendo otras acciones como la imposición de sanciones financieras o económicas. 

En el ejercicio de su papel de tribuna moral internacional, el PE ha venido observando los acontecimientos en Venezuela desde el inicio del mandato de Chávez (1999-2013), aprobando sus primeras resoluciones sobre la situación en el país. Particularmente desde 2007, como reacción a la deriva autoritaria de Chávez (Alfaro Pareja, 2020), el PE no ha cesado en su labor de velar por el cumplimiento del Estado de derecho y del respeto de los derechos humanos en este país a través de la aprobación de sucesivas resoluciones. La atención a la realidad venezolana aumentó a partir de 2014, cuando creció la represión por parte del régimen chavista. Durante el período 2014-2019, en su octava legislatura, el PE aprobó 10 resoluciones que criticaban el deterioro de la protección de los derechos humanos en Venezuela (Gratius y Ayuso, 2020: 44). En el noveno período, iniciado en julio de 2019, y hasta 2021, se presentaron cuatro resoluciones sobre Venezuela. De entre ellas, Gratius y Ayuso (2020: 45) mencionan el destacado papel jugado por el PE en la crisis de Venezuela, especialmente a raíz de que este haya reconocido a Guaidó como presidente interino.

Entrando en detalle, la primera resolución se aprobó en 2007, por medio de la cual el PE llamaba la atención del Gobierno venezolano para que respetase la libertad de prensa e información, al mismo tiempo que asegurase la existencia de medios de comunicación públicos y privados (Parlamento Europeo, 2007). La siguiente resolución, presentada por el Partido Popular Europeo (PPE), apoyado por los liberales y los soberanistas de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), se aprobó el23 de octubre de 2008 por 51 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención (menos del 10% de un total de 785 eurodiputados) y condenaba las inhabilitaciones a politicos venezolanos decretadas por el Gobierno de Chávez, además de la expulsión del país de miembros de asociaciones defensoras de los derechos humanos. El Gobierno venezolano rechazó esta resolución, calificándola como una injerencia inaceptable(PE, 2008).

Cabe señalar la expulsión del país del eurodiputado del Partido Popular, Luis Herrero, el 14 de febrero de 2009, cuando iba a participar como observador internacional del referéndum que permitiría la reelección indefinida de Chávez: las autoridades venezolanas le acusaron de haber llamado a Chávez dictador (Ordaz, 2009), comportamiento bastante común en países poco democráticos¹⁰. La última resolución aprobada por el PE durante el mandato de Chávez fue el 7 de julio de 2009 y en ella se declaraba una profunda preocupación por el deterioro de la calidad de la democracia en Venezuela debido a la manifiesta concentración de poder en manos del Estado y el autoritarismo de su presidente. Esta resolución reconocía que se estaban produciendo persecuciones políticas en Venezuela y expresaba su solidaridad con las víctimas, condenando la amenaza del uso de violencia y el abuso de poder en contra de la oposición (PE, 2009).

Tras el acceso al poder de Maduro en 2013, la situación no ha dejado de empeorar.Como se ha apuntado antes, el PE (2014) prestó todavía más atención a la situación en Venezuela a partir de 2014, en particular por lo que respecta a la protección de los derechos humanos y a las reglas democráticas, aprobando 10 resoluciones durante el período legislativo 2014-2019, y cuatro más desde julio de 2019¹¹.

Las mayorías desde entonces son claras, consistentes y duraderas. Es indiscutible que Venezuela permanecerá en la agenda del PE mientras continúe esta crisis. Esto se evidencia mediante la siguiente figura (véase figura 3).

Además, el PE otorgó el Premio Sájarov¹² a la oposición venezolana en 2017, en base a lo siguiente: «Oposición democrática en Venezuela: Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos políticos enumerados por el Foro Penal Venezolano representado por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González. La situación en Venezuela se ha deteriorado seriamente en lo que respecta a la democracia, los derechos humanos y la socioeconomía, en un clima de creciente inestabilidad política y social. Nominados por el Partido Popular Europeo y por la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. (…). Los prisioneros políticos en Venezuela, así como la oposición democrática en Venezuela también fueron preseleccionados para el premio Sájarov en 2015» (Noticias Parlamento Europeo, 2017a y b).

Las resoluciones del PE se centran fundamentalmente en condenar la violenta respuesta del Gobierno venezolano a las numerosas protestas ciudadanas en la calle a propósito de la mala gestión gubernamental y destacan su solidaridad con el pueblo venezolano. Además, también expresan su preocupación por la situación humanitaria sobre el terreno y alientan a las autoridades venezolanas a encontrar una solución a la actual crisis política. En este sentido, como ya se ha subrayado, el PE pide elecciones libres y justas, e insta a la comunidad internacional a desplegar ayuda humanitaria en Venezuela y en aquellos otros estados de la región que se enfrentan a un flujo masivo de refugiados provenientes de este país (PE, 2018c). En cuanto a la necesidad de un mayor apoyo internacional para el pueblo venezolano, el PE acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los países del Grupo de Lima para tratar de encontrar una solución democrática al conflicto venezolano bajo el liderazgo de Guaidó. Los eurodiputados destacan el importante trabajo de otros países de la región en el apoyo a los venezolanos y alientan a la Comisión Europea a ayudarlos y a seguir trabajando con ellos (PE, 2018a).

Por otro lado, el PE envió una misión a las fronteras terrestres de Venezuela con Colombia y Brasil en junio de 2018 y, en las conclusiones de su resolución sobre el tema, pidió que se enviase una delegación ad hoc a Perú para evaluar la situación sobre el terreno de la crisis de refugiados. Posteriormente, aprobó otra resolución en octubre de 2018 por medio de la cual reiteraba la preocupante situación en Venezuela comprobada in situ mediante su visita a las fronteras de Colombia y Brasil, e insistía en la necesidad de enviar una misión ad hoc a la frontera con Perú. Además, «pide una vez más a las autoridades venezolanas que, con carácter de urgencia, permitan la llegada sin trabas de ayuda humanitaria al país» (PE, 2018d). En marzo de 2019, el PE envió una delegación ad hoc a la frontera de Perú con Venezuela, compuesta por 10 eurodiputados de cinco partidos políticos diferentes liderada por el europarlamentario popular Luis de Grandes. 

Las sanciones de la UE a Venezuela

Teniendo en cuenta el claro agravamiento de la situación en Venezuela, el PE aprobó en marzo de 2015 una resolución donde subrayaba la intimidación y maltrato que sufrían tanto la oposición política como los medios de comunicación. En particular, «[i]nsta a la UE, sus estados miembros y a la comunidad internacional a que hagan declaraciones y tomen medidas para mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil período» (PE, 2015a). En junio de 2016, el PE aprobó otra resolución relativa al agravamiento en la desprotección del Estado de derecho y vulneración de los derechos humanos mediante la cual destacaba la clara influencia del Gobierno venezolano sobre el poder legislativo y el Consejo Nacional Electoral. Además, enfatizaba el claro empeoramiento en el ámbito de la salud y el hecho de que el Gobierno de Maduro siguiera impidiendo la entrada de ayuda humanitaria al país, teniendo en cuenta que no había medicamentos ni equipos médicos y que los ciudadanos no podían acceder a alimentos básicos. Ante esta situación, pedía al Consejo que hiciera una declaración y al alto representante de la UE un plan de asistencia que exhortara al presidente de Venezuela que dejara entrar la ayuda humanitaria y colaborara con las organizaciones regionales e internacionales en América Latina (PE, 2016).

En 2017, una nueva resolución sobre la situación en Venezuela condenaba «la continua e inconstitucional violación del orden democrático en Venezuela, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo venezolano con el fin de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, así como la falta de la separación de poderes y de independencia de los poderes del Estado» (PE, 2017). Así mismo, declaraba el firme rechazo de las sentencias de dicho Tribunal por medio de las cuales se suspendían las competencias de la Asamblea Nacional debido a que las consideraba antidemocráticas, vulnerando la Consitución venezolana, y subrayaba la necesidad de que el Gobierno venezolano garantizara la plena restauración de la democracia (ibídem).

El PE reiteró su pleno apoyo a la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015, en tanto en cuanto único parlamento legalmente constituído y reconocido de Venezuela, al mismo tiempo que pedía al Gobierno venezolano que reestableciera su plena autoridad constitucional. El PE rechazaba así, de forma clara y absoluta, cualquier decisión tomada por la«ilegítima» Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el régimen chavista y, particularmente, su decisión unilateral de «convocar elecciones presidenciales anticipadas para finales de abril de 2018; lamenta profundamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por la que se prohíbe la participación de los candidatos de la MUD [Mesa de Unidad Democrática] en las próximas elecciones; señala que son muchos los posibles candidatos que no podrán presentarse a las elecciones por estar en el exilio, en situación de inhabilitación administrativa, en arresto domiciliario o presos; insiste en que no deben imponerse condiciones ni levantarse obstáculos en lo que respecta a la participación de partidos políticos y pide a las autoridades venezolanas que restablezcan plenamente su derecho a ser elegidos» (PE, 2018a). Finalmente, habiéndose convocado por el Consejo Nacional Electoral venezolano las elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018, el PE pedía su suspensión inmediata hasta que se cumplieran las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, transparentes e inclusivas (PE, 2018b).

Los eurodiputados responsabilizaban al régimen de Maduro por la dramática situación en el país y solicitaban la apertura de una investigación nacional interna. El PE también reclamaba la accesibilidad a alimentos, medicamentos, servicios de salud y el despliegue de ayuda humanitaria independientemente de la afiliación política, y pedía la imposición de sanciones adicionales contra las autoridades gubernamentales de Venezuela, que los eurodiputados consideraban como las únicas responsables de las violaciones de derechos humanos en el país (PE, 2019a). El PE proponía en estas resoluciones que, en caso de seguir agravándose la situación de los derechos humanos, se pusieran sobre la mesa más medidas diplomáticas y económicas, en particular, en relación con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PE, 2018a). En su resolución de 28 de marzo de 2019, pedía que se impusieran más sanciones sobre los activos de las autoridades estatales ilegítimas que se encontraban en el extranjero y las responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión. Entendía que las autoridades de la UE debían restringir los movimientos de esas personas, de sus parientes más cercanos e inmovilizar sus activos y sus visados (PE, 2019b).

En su resolución del 16 de enero de 2020, el PE volvía a condenar la grave y continua vulneración de los derechos humanos en Venezuela y pedía al alto representante de la UE que priorizase el reestablecimiento de la democracia también a través de la ampliación de sanciones específicas contra las personas directamente implicadas en violaciones de los derechos humanos, extendiéndolas asimismo a sus familiares. Volvió a pedir a todos los estados miembros que no habían reconocido todavía a Guaidó que lo hicieran (véase la siguiente sección). Además, solicitaba el envío a Venezuela de una misión de investigación para evaluar la situación (PE, 2020a). Finalmente, el PE celebraba la decisión del Consejo de 29 de junio de 2020 por medio de la cual decidía añadir 11 nuevos altos cargos venezolanos a la lista de personas sujeto de sanciones individuales, y le pedía que se siguiera ampiando la lista en caso de que la situación en el país continuase empeorando (PE, 2020b).

Vistas las resoluciones descritas, corroboramos la importancia del papel jugado por el PE en el hecho de que la UE aprobara la imposición de sanciones al regimen de Maduro. A continuación, se añadirán más ejemplos de la influencia diplomática del PE sobre la respuesta de la UE en los acontecimientos en Venezuela. 

El reconocimiento del Parlamento Europeo al opositor Juan Guaidó

Después de que Maduro hubiese «rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales en respuesta a la solicitud realizada por la alta representante de la UE [por aquel entonces, Federica Mogherini] en nombre de la Unión de que se organicen urgentemente unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles» (PE, 2019a), el 31 de enero de 2019 el PE decidió aprobar una resolución por medio de la cual reconocía a Guaidó como presidente interino. La votación de dicha resolución fue aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones; un resultado que mostraba un apoyo claramente mayoritario a Guaidó: una mayoría del 70%, mientras que el 16% se opuso y el 14% se abstuvo (Koenig, 2019: 3). Además, el PE pidió tanto a la alta representante de la UE como a los estados miembros que reconocieran a Guaidó hasta que se pudieran convocar nuevamente unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles y, así, reestablecer la democracia. Reiteraba su apoyo a la Asamblea Nacional considerada por el PE como el único órgano democrático legítimo de Venezuela, al mismo tiempo que enfatizaba que debían restablecerse y respetarse sus competencias junto con las prerrogativas y seguridad de sus miembros.  

El PE pidió la alta representante de la UE que trabajase junto a los países de la región y otros actores clave para poner en marcha un grupo de contacto, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de octubre de 2015, con el ánimo de que se llegue a un acuerdo sobre la convocatoria de elecciones democráticas, sobre un calendario definido de común acuerdo en el que todos los actores estuvieran en igualdad de condiciones y bajo observación internacional (PE, 2019a). En su resolución de 28 de marzo de 2019, el PE celebraba los esfuerzos realizados por los países del Grupo de Lima, como el mecanismo regional decisivo con el que se aguardaba una solución democrática para Venezuela, contando con el liderazgo de Guaidó (PE, 2019b).

El PE considera el régimen de Maduro como ilegal porque orquestó un golpe de Estado parlamentario con el objetivo de boicotear la elección prevista del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela el 5 de enero de 2020. Las Fuerzas Armadas impidieron de forma agresiva presidir la sesión al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al mismo tiempo que se les impidía la entrada a varios miembros de la oposición e incluso se le bloqueó el acceso al edifio a la prensa (PE, 2020a).

Como reacción a las elecciones  celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020, consideradas como ilegales por el PE,  este aprobó el 21 de enero de 2021una resolución donde se volvía a subrayar que, hasta que no se celebrasen unas elecciones verdaderamente libres, inclusivas y plenamente democráticas, se reafirmaba su reconocimiento tanto de la Asamblea Nacional elegida en 2015 como a su presidente Juan Guaidó y a su Comisión delegada, también presidida por Guaidó, ya que representaban la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral. Se insistía, además, al Consejo Europeo y a todos los estados miembros de la UE para que también reconocieran la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y a Guaidó como presidente interino. Con el fin de que se puedieran celebrar elecciones democráticas cuanto antes en Venezuela, el PE pedía la creación de un grupo de contacto entre eurodiputados y los representantes democráticamente elegidos de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que facilitase la comunicación y el diálogo con las fuerzas democráticas legítimas del país (PE, 2021). 

Más presión del Parlamento Europeo sobre Maduro a través de la Corte Penal Internacional   

Teniendo en cuenta los posibles crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro, en septiembre de 2018, un grupo de seis estados parte del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú), apoyados por Francia y Costa Rica, solicitaron al fiscal de la CPI que abriese una investigación. El PE ya había hecho esa misma petición a la CPI en sus resoluciones de 13 de septiembre de 2017 sobre las relaciones políticas con América Latina y en su resolución del 8 de febrero de 2018 sobre la situación en Venezuela (PE, 2018d).

La resolución de 5 de julio de 2018 del PE sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil volvía a enfatizar su apoyo a las investigaciones sobre los múltiples crímenes y actos de represión ejercidos por el régimen de Maduro y pedía a la UE que jugase un papel activo en este sentido (PE, 2018c). En su resolución de 25 de octubre de 2018, el PE reiteraba a la UE «y a todos los estados miembros a que se adhieran a la iniciativa de los estados parte de la CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano en el territorio de Venezuela y hacer que los responsables rindan cuentas; recuerda el compromiso de la Unión con el multilateralismo, en el marco de la doctrina de la ONU, y el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad por los crímenes graves contra la humanidad y a la hora de llevar a sus autores ante la justicia» (PE, 2018d). Por su parte, la resolución del 28 de marzo de 2019 subrayaba su apoyo a la CPI; en concreto, respaldaba la petición del secretario general de Naciones Unidas para que realizase una investigación «independiente y exhaustiva sobre las víctimas constatadas». Seguía apoyando las investigaciones de la CPI en su lucha por el procesamiento de los autores de actos de violencia y de violaciones de los derechos humanos, así como a la apertura de investigaciones sobre los posibles delitos cometidos por el régimen de Maduro, incluídos los que constituyan crímenes graves contra la humanidad (PE, 2019a).

En su resolución de 18 de julio de 2019, teniendo en cuenta que la situación política, económica, institucional, social y humanitaria de Venezuela había empeorado considerablemente entre los años 2018 y 2019, y que, tras una visita a Venezuela, Michelle Bachelet (alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) urgió al Gobierno de Venezuela a tomar medidas concretas e inminentes para paliar las graves violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo en el país, el PE apoyó la iniciativa de abrir una comisión de investigación con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se determinasen las responsabilidades individuales por haber cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela (PE, 2019c). Finalmente, en su resolución del 10 de julio de 2020, el PE solicitaba el envío de una misión de investigación al país para evaluar la situación y, además, al igual que en su resolución de 21 de enero de 2021, volvía a avalar las investigaciones de la CPI (PE, 2020b y 2021). Esta dimensión ha ganado importancia después de la publicación del primer informe en septiembre de 2020 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, mandatada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2020 (OHCHR, 2020; Delcas, 2020). 

Conclusiones

Si bien inicialmente hubo poco interés por parte del PE por lo que estaba sucediendo en Venezuela (además de la oposición ideológica del PPE al régimen chavista), en los últimos años la situación ha cambiado radicalmente debido, principalmente, al rápido deterioro y a un incremento en la conflictividad en ese país. Este estudio parte de resoluciones que, si bien a finales de la década de los años 2000 únicamente atraían el voto de menos del 10% del total de eurodiputados, desde la llegada al poder de Maduro las cifras han rondado el 80%-90% (véase la tabla 1). Desde entonces las abrumadoras mayorías del Parlamento Europeo sobre Venezuela confirman un interés inquebrantable en favor de la defensa de la democracia y de los derechos humanos.

Destacamos que, a pesar de que existe un sesgo ideológico en los debates del PE, el bloque antichavista ahora incluye una aplastante mayoría, aunque hay pequeñas diferencias (como sobre opiniones pro- o antiestadounidenses, o sobre el principio de no interferencia, o el uso de la fuerza; véase Koenig, 2019: 7). Sin embargo, al final se puede señalar una clara división entre la extrema izquierda (claramente minoritarios en términos de representación electoral) y otros partidos. Ello, sin duda, responde a la alta carga ideológica del régimen de Maduro. Los principales grupos del PE (derecha, centro, izquierda) están a favor de una democratización de Venezuela, a menudo vista como «la Cuba sudamericana»,en palabras del historiador venezolano Nahem Reyes (Pintos, 2019).

Esta dimension partidista requiere más investigación, en general y desde una comparativa nacional (partidos políticos en los estados miembros). Desde aquí sugerimos profundizar en la siguiente cuestión: ¿existe congruencia entre los eurodiputados de un país y la posición de su Gobierno, por ejemplo, sobre el reconocimiento de Guaidó? De los países que inicialmente no reconocieron a Guaidó solo mantienen su posición Italia y Chipre (a pesar de que, en 2021, como se ha destacado, se le ha retirado el título de presidente interino por parte de la UE, pero no del PE). En este sentido, recientemente ha habido algún movimiento –limitado– en Venezuela. Aunque las elecciones venezolanas a finales de 2021 no están cubiertas en este estudio, destacamos que durante el verano de ese año se produjeron en México negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición. Como resultado, la oposición decidió dejar de boicotear las elecciones y participar en las locales y regionales celebradas el 21 de noviembre de 2021. Además, por primera vez después de 15 años, la UE con el PE a la cabeza envió una misión de observación electoral –aunque el grupo Popular Europeo decidió boicotearla y no enviar a ningún representante (Wilson, 2021)–. Al final de la misión, el PE subrayó que «[e]l contexto en Venezuela no es democrático, es de una profunda degradación del Estado de derecho» (de Filippis y Buil, 2021). Ello llevó a unos comentarios poco diplomáticos por parte de Maduro acusando a los eurodiputados de ser «traidores» y a «expusarlos» recortando el tiempo de su presencia en el país (Mundo Diario, 2021; Maupas, 2021; Delcas, 2021b).

En resumen, este estudio ha presentado evidencia del papel internacional del PE como actor diplomático a través del analisis del conflicto venezolano haciendo particular hincapié en la falta de protección de los derechos humanos y en el debilitamiento del Estado de derecho en el país latinoamericano. Además, el PE se ha mantenido firme en su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino hasta que no se celebren unas elecciones democráticas. Por último, destacamos el apoyo que el PE está brindando a la CPI para que este tribunal investigue posibles crímenes contra la humanidad por parte del régimen de Maduro. Con este caso concreto se confirma, de nuevo, el papel del PE como tribuna moral internacional. Aportando evidencia empírica a la creciente literatura científica sobre diplomacia parlamentaria. 

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UNHR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. «Venezuela must offer concrete steps to end humanitarian crisis, say UN experts». UNHR, (6 de mayo de 2020) (en línea) www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25867&LangID=E

Wilson, James. «EPP Boycotts EP Election Mission to Venezuela». EU Political Report, (2021) (en línea) https://www.eupoliticalreport.eu/epp-boycotts-ep-election-mission-to-venezuela/

Notas:

1- Como hay otros temas –por ejemplo, derechos humanos o temas más específicos, como la pesca (sobre este último, véase PE, 2015b)– que pueden referirse a Venezuela en otros documentos, declaraciones o resoluciones del PE, nos centramos solo en aquellas resoluciones que específica y directamente se refieren a Venezuela.

2- Para más detalles sobre la complejidad política en Venezuela, véase Gratius (2020).

3- El Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se firmó en Cartagena (Colombia) en 1969.

4- El Grupo de Río (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) se creó en Río de Janeiro en 1986.

5- Sobre la completa interconexión entre el régimen de Maduro y las Fuerzas Armadas, véase Ramos Pismataro (2018).

6- No incluimos Ucrania desde 2022 porque nuestro estudio finaliza en 2021.

7- Para vínculos con otros países con tendencias similares autoritarias –por ejemplo, Turquía–, véanse Ekin Karel (2019) y Oner (2020).

8- Sobre la OEA, véase Ccoto Curi (2019: 41-44).

9- Venezuela también se había unido al Mercosur en 2012, de la cual fue suspendida en 2016; véase Arredondo y Godio (2017).

10- Para más ejemplos, véase Stavridis (2021: 232-233).

11- Las legislaturas del PE acaban en marzo antes de las elecciones en mayo, cada 5 años, y empiezan en julio del mismo año.

12- Creado en 1988, el Premio Sájarov recompensa «a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales».

Palabras clave: Parlamento Europeo, Venezuela, Maduro, sanciones, Guaidó, Corte Penal Internacional, diplomacia parlamentaria

Cómo citar este artículo: Lamoso González, Paula y Stavridis, Stelios. «El Parlamento Europeo como tribuna moral internacional: el caso de Venezuela (2014-2021)». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 131 (septiembre de 2022), p. 185-210. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.2.185

Una versión preliminar de este artículo fue presentada como ponencia en el XV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, en el marco del GT 6.3 Diplomacia(s) Plural(es) patrocinado por el Grupo Permanente de AECPA “Diplomacia(s) Plural(es)” (AECPA, 7-9 de julio de 2021, virtual). Los autores agradecen a la Universidad Loyola (Campus Sevilla) la financiación de un mes de acceso a VoteWatch Europe.

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 131, p. 185-210
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.2.185

Fecha de recepción: 14.10.21 ;  Fecha de aceptación: 01.04.22