El estatuto avanzado de Marruecos: No perdamos la oportunidad

22 de octubre de 2008 / Opinión CIDOB, n.º 16

El lunes 13 de octubre se anunciaba el lanzamiento del estatuto avanzado de Marruecos. En otras palabras, la UE hizo público una “hoja de ruta” que ha de permitir que, en los próximos años, este país pueda profundizar sus relaciones con la UE alcanzando altos niveles de integración con la UE sin convertirse en miembro de la misma. Ello ha de concretarse, por ejemplo, en un nuevo acuerdo de libre cambio que, a diferencia del actual, haga posible la libre circulación de servicios, capitales y personas físicas con fines profesionales. La flexibilidad de la que la UE ha hecho gala en los últimos años ha de facilitar que en el futuro Marruecos esté tan integrado con la UE como lo está actualmente Noruega e incluso que, como afirmaba el ministro español de Asuntos Exteriores, Marruecos también pueda llegar a beneficiarse de la política de cohesión de la UE.

Este anuncio responde a una demanda histórica de trato diferenciado. Cabe recordar que Marruecos había solicitado la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea en la década de los ochenta aunque sólo fuera para dejar patente la voluntad de elevar sus relaciones con sus socios europeos. En los noventa, Marruecos aceptó implicarse en el Proceso de Barcelona pero priorizando su dimensión bilateral y centrando sus esfuerzos en la conclusión de un nuevo acuerdo de asociación. Entrado el siglo XXI, Rabat se mostró favorable a la puesta en marcha de la Política Europea de Vecindad, que introducía un tratamiento diferenciado para cada uno de los vecinos de la Unión. El anuncio del séptimo Consejo de Asociación del mes de octubre significa un claro reconocimiento de la “vocación europea” de Marruecos y de su voluntad de obtener un estatuto distinto al resto de socios mediterráneos. Asimismo, la UE demuestra que ha tomado en cuenta las reformas políticas y económicas que Marruecos ha puesto en marcha en las últimas décadas.

A pesar de que la inmensa mayoría de la prensa internacional apenas ha prestado atención a esta noticia, entendemos que es necesario detenerse a reflexionar sobre el proceso que ha hecho posible este avance en las relaciones euro-marroquíes y sobre las repercusiones que dicho avance puede tener en el futuro. En concreto nos permite extraer conclusiones en tres planos bien distintos: sobre el papel de España como actor promotor de esta iniciativa en el seno de la UE, sobre el impacto que puede tener para la vida política y económica de Marruecos y sobre las repercusiones que puede generar en otros países del sur y del este del Mediterráneo.

En relación al primer punto cabe recordar que fue en 2003 cuando el Rey Mohamed VI lanzó la propuesta de afianzar las relaciones euro-marroquíes a través de un estatuto avanzado. Si bien Marruecos prefirió primero explicar esta iniciativa a Francia, fue España el primer país europeo que expresó públicamente su apoyo, en un momento tan simbólico como la primera visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Rabat en abril de 2004. El interés del gobierno por dicha iniciativa marroquí era doble: por un lado, mejorar las relaciones bilaterales después del deterioro que habían sufrido durante el mandato de José María Aznar y que tuvieron como momento más crítico el incidente de Perejil; y, por el otro, apoyar las reformas políticas y económicas del país y así conseguir una seguridad mayor en su frontera meridional. De este modo, España se hizo suya la propuesta y buscó otros aliados europeos para elevar la cuestión a la agenda comunitaria. Primero Francia y después Portugal se integraron en una célula de reflexión impulsada por España que debía precisar un poco más el contenido del estatuto avanzado. Una vez el Consejo de Asociación UE-Marruecos decidió, en julio de 2007, iniciar las negociaciones para el estatuto avanzado, España cedió el liderazgo a la Comisión Europea. En definitiva, éste es un ejemplo más de las capacidades de España de promover un tema concreto en la agenda comunitaria, siempre y cuando encuentre a los aliados necesarios para legitimar su propuesta. Esperemos que España sepa aprovechar esta ocasión para, por un lado, consolidar el buen clima en las relaciones hispano-marroquíes y, por otro lado, conseguir que el desarrollo de este estatuto avanzado esté en consonancia con los intereses de España en este país.

Si centramos la atención en el impacto que puede tener este estatuto en Marruecos, lo primero que hay que señalar es que su puesta en marcha evidenciará un acercamiento político entre Rabat y Bruselas. Las cumbres regulares que se prevén, la asociación de Marruecos a discusiones que le pueden afectar o la previsión de una mayor participación de este país en la política exterior y de defensa europea supondrán un reconocimiento explícito de Marruecos como aliado primordial de Europa en el Magreb. Ello tiene una clara importancia a la luz de los delicados equilibrios de poder en esta región. En cuanto al impacto sobre la economía y la sociedad de Marruecos persisten muchas dudas sobre si se acompañarán las buenas palabras con recursos suficientes. La situación económica global no es favorable a una respuesta ambiciosa pero de no hacerlo la UE puede caer en una nueva crisis de legitimidad.

El éxito o fracaso de este estatuto se dejará sentir entre los vecinos de Marruecos. En este momento Israel está en un proceso parecido de negociaciones con la UE y otros países del sur y del este del Mediterráneo están a la expectativa de ver cómo se desarrolla esta iniciativa para, eventualmente, solicitar el mismo tratamiento. Si los resultados, en los planos políticos y económicos se hacen visibles es muy probable que el gobierno tunecino, argelino o egipcio empiecen a valorar esta opción. Si ello se produce, será el momento adecuado para que la UE exija a estos gobernantes que lleven a cabo reformas, especialmente en el campo político, parecidas a las desarrolladas por Marruecos en las dos últimas décadas. Es decir, si el estatuto avanzado da frutos visibles, se convertirá en un incentivo decisivo en manos europeas y la UE habrá encontrado una vía para llevar a cabo lo que se conoce como “condicionalidad positiva”.

De estas reflexiones se pueden extraer tres recomendaciones. En primer lugar, España debe consolidar ante Marruecos el papel de puente con la UE y rentabilizar esta posición para sus intereses nacionales. En segundo lugar, se corre el riesgo de perder esta oportunidad si por razones de contexto económico no se acompaña este estatuto avanzado de los recursos financieros necesarios. Finalmente, debe aprovecharse esta oportunidad para conseguir que otros estados del Mediterráneo lleven a cabo reformas más ambiciosas y por eso creemos que sólo debería empezarse a contemplar un estatuto avanzado para aquellos países que introduzcan un sistema político pluralista y se produzcan avances en el respeto de los derechos humanos.