Dilma Rousseff atrapada en el laberinto del Ornitorrinco
La decisión de apertura del juicio de impedimento contra Dilma Rousseff tomada por el Senado por mayoría de más dos tercios, el 12 de mayo de 2016, muestra el aislamiento político en que se sumió la presidenta de Brasil en su segundo mandato, en especial desde que se consumó la ruptura del PT con su principal socio de coalición, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). A partir de este momento, Rousseff ha quedado apartada de sus funciones hasta que se decida su destitución o no tras un proceso contradictorio que se resolverá en el Senado bajo la conducción del presidente del Tribunal Supremo Federal y que puede extenderse a un máximo de 180 días. Aunque, en teoría, Dilma podría recuperar la presidencia si un tercio de los senadores se pronuncia a su favor en la votación definitiva, en la práctica el final de su mandato parece lo más probable. No obstante, en su discurso de salida del palacio presidencial de Planalto, con voz quebrada pero firme, la presidenta se declaró dispuesta a seguir en la lucha para defender su inocencia y la democracia como hizo en sus tiempos de oposición a la dictadura.
El puesto de Rousseff lo ocupará interinamente el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB, el partido con más escaños en el Congreso. Éste ha pasado de ser su aliado durante más de cinco años a ser tildado de traidor por sumarse al proceso de impeachment. El PT acusa a Temer y a los demás partidos que han abandonado la coalición de golpistas por tratar de arrebatar mediante un procedimiento ilegítimo lo que Rousseff consiguió con los votos de 54 millones de brasileños. Pero el trasfondo del proceso es más complejo y tiene su origen, en primer lugar, en los escándalos de la trama de corrupción y sobornos procedentes de Petrobras, destapados por la operación judicial conocida como Lava Jato, que salpica a casi todo el espectro de la clase política brasileña y gran parte de las élites económicas del país. En segundo lugar, están las consecuencias de la grave crisis que atraviesa el país tras dos años consecutivos de recesión económica, que en el ejercicio pasado llegó al -3,8% del PIB, y que parece proyectarse al presente ejercicio. Ello se une a un creciente déficit fiscal que ronda el 10% y que tiene que financiarse a tasas de interés astronómicas por causa de la caída de la confianza en la economía nacional. La débil actividad económica ha hecho aumentar el desempleo en 1,8 millones de parados más, golpeando el consumo de las clases medias que además sufren la bajada de su poder adquisitivo debido a una inflación anual que se sitúa en torno al 10%.
Crisis y corrupción han hecho mella en la popularidad de Dilma, que vive sus peores momentos con apenas un 8% de apoyo. Sin ese cuadro, probablemente no se hubiese llegado al proceso de impeachment, a pesar de las irregularidades en la ampliación de créditos presupuestarios y las “pedaladas” fiscales para maquillar el déficit fiscal que fueron destapadas por el Tribunal de Cuentas. El artículo 85 de la Constitución brasileña establece que la única forma de destituir un presidente es a causa de haber cometido un delito de responsabilidad que, entre otras cosas, atente contra la probidad en la administración o viole la ley presupuestaria. Los contrarios al proceso abierto contra Rousseff afirman que las operaciones realizadas no revisten una gravedad ni causaron un daño al Estado que justifique el derrocamiento de un mandatario elegido democráticamente.
Los partidarios del derrocamiento han reconocido en sus intervenciones en el Senado que las verdaderas razones del proceso son más políticas que jurídicas y acusan a Rousseff de haber perdido su legitimidad por la desastrosa gestión que ha agravado la crisis, su incapacidad de negociar, que minó su capital político, y su programa errático que, ni contenta a la clase empresarial por su intervencionismo, ni a las clases populares por los recortes. Entre la espada y la pared, Dilma se ha quedado aislada en medio de un clima político y social polarizado tras la áspera campaña electoral de 2014 que acabó con una victoria muy ajustada y en la que se vio una gran fragmentación política y social. En favor de la legalidad del impeachment, aducen que se ha respetado todo el procedimiento y garantizado el derecho de defensa de la presidenta Rousseff y su legalidad ha sido ratificada por la Suprema Corte Federal, dónde ocho de sus once miembros fueron nombrados por Lula o Dilma.
El gobierno saliente tenía una popularidad de apenas el 18%, pero Michel Temer es un ilustre desconocido para buena parte de la población brasileña y goza de una popularidad aún más baja (solo 16% de la población tiene expectativas de que hará un buen gobierno). Más del 60% de la población preferiría que el impeachment sirviera para revocar a ambos y celebrar nuevas elecciones directas. Éstas solo serían posibles si ambos mandatarios renunciaran. Algo a lo que ninguno de los dos está dispuesto. Sin embargo, sobre ellos pende una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral en la que se les acusa de financiación ilegal de la campaña presidencial en la que fueron elegidos y que, de probarse, anularía las elecciones y permitiría una nueva elección presidencial. No obstante, eso solo ocurriría si el contencioso se resuelve antes de enero de 2017. A partir de iniciada la segunda mitad del mandato de 4 años, si son apartados presidente y vicepresidente se procede a una elección indirecta entre los miembros del Congreso (más de la mitad investigados por corrupción).
El nuevo gobierno que presentó Temer, apenas unas horas después de la salida de Dilma por la puerta del palacio de Planalto, está integrado por 10 partidos muy heterogéneos que deberán afrontar una situación económica y social crítica. Temer pretende reducir el tamaño de la máquina pública recortando de 32 a 24 ministerios, aunque promete mantener los programas sociales implementados, que han sido la bandera de la administración petista. De momento, el gobierno entrante tendría mayoría simple en el parlamento para aprobar proyectos de ley, pero no los tres quintos necesarios para hacer reformas constitucionales. La interinidad y fragilidad no es una buena aliada para recuperar la credibilidad del país y además se da por sentada la oposición frontal del PT y la resistencia de los movimientos de izquierda a las medidas de ajuste y liberalización que quieren implementar. El PT, herido por la corrupción, sigue teniendo en Lula su mayor baza, aunque algunos cuestionan que deba ser el candidato para la próxima elección y llaman a una renovación. En los países del entorno, el proceso de destitución de Rousseff es visto mayormente con preocupación por sus efectos desestabilizadores para la democracia en la región.
El actual proceso político que se vive en Brasil es de una complejidad tal que bien vale la pena rescatar la alegoría de ese extraño espécimen denominado ornitorrinco, que Francisco de Oliveira utilizó para describir el conglomerado de modernidad y arcaísmo que preña de contradicciones el modelo de desarrollo económico, político y social de Brasil. Este antiguo fundador del PT, hoy disidente y crítico de la deriva de los últimos gobiernos, llegó a la conclusión que solo un animal como ese mamífero acuático con pico de pato y características de reptil podía compararse a la heterogeneidad y mezcolanza de las instituciones y la sociedad brasileñas. Hay un clamor por la necesidad de una reforma política e institucional que acabe con las prerrogativas y prácticas clientelares de la clase política, pero se pierde en el laberinto de intereses cruzados y privilegios de larga data que han atrapado a Dilma Rousseff, e hicieron descarrilar el proyecto otrora renovador del PT.
D.L.: B-8439-2012