Ciudades diligentes con el clima: establecimiento de un estándar urbano de mitigación
El 15 de diciembre de 2023, representantes y expertos de redes de ciudades, gobiernos municipales, el mundo académico y socios especializados se reunieron en Barcelona en un seminario internacional sobre la diligencia climática urbana. En el evento, organizado por el Programa Ciudades Globales de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) —en colaboración con C40 Cities y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona—, se debatió cómo la noción de diligencia climática podría impulsar los esfuerzos de mitigación y adaptación de las ciudades, explorando ideas para desarrollar instrumentos de evaluación estatales para los gobiernos municipales y alinear los planes de estos últimos con el Acuerdo de París.
Con las políticas actualmente en curso, la temperatura media global en superficie (TMG) aumentará 3,2 ºC de aquí a finales de siglo. Sin embargo, 300 años después de que la máquina de vapor optimizara la quema de combustibles fósiles, las consecuencias del calentamiento global ya resultan evidentes. Entre marzo y septiembre de 2023, por ejemplo, Canadá vivió una temporada de incendios forestales sin precedentes: los fuegos incontrolados quemaron más de 17 millones de hectáreas, potenciados por las sequías y las altas temperaturas. Al mismo tiempo, en Libia, la tormenta Daniel se cobró la vida de más de 9.000 personas, y 25.000 ciudadanos siguen desaparecidos. Aunque los científicos coinciden en que el calentamiento global exacerbó estos fenómenos extremos (Zachariah et al., 2023: 2), es importante señalar que los impactos actuales no son más que el resultado de una anomalía climática de 1,07 ºC. A medida que sigan aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y se incremente la TMG, se espera que las consecuencias graduales del calentamiento global sean aún más extremas.
Estas proyecciones nos llevan a una pregunta crítica: ¿cuánto podemos emitir para mantenernos por debajo del umbral de seguridad? Es decir, ¿cuál es el presupuesto de carbono restante? Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), para evitar los escenarios climáticos más críticos, a partir de 2020 la humanidad sólo podrá emitir 500 Gt de emisiones netas de CO2. Para poner cierta perspectiva en una cantidad tan gigantesca, en 2019 el mundo emitió 56 Gt de CO2 equivalente. Por tanto, al nivel actual, habremos agotado todo el presupuesto para 2030.
Aunque la ciencia ha logrado establecer un presupuesto global de carbono, la forma de distribuir este presupuesto es más controvertida. Es un hecho ampliamente reconocido que las emisiones históricas y actuales están desigualmente distribuidas entre los países y dentro de ellos. Por un lado, la gran diferencia entre las emisiones del Norte y las del Sur ha sido el fundamento del régimen climático internacional. Las emisiones acumuladas del Norte han sido tan significativas que los tratados internacionales ya las han reconocido jurídicamente. Sin embargo, este informe de la serie CIDOB Briefings se centra en la intersección entre la brecha Norte-Sur y una segunda división digna de mención: las diferencias entre zonas rurales y urbanas. Según el IPCC, las ciudades son responsables de entre el 67% y el 72% de las emisiones globales. Además, durante la última década, la participación urbana en el reparto de las emisiones globales no ha dejado de crecer. Así pues, los gobiernos de las ciudades también pueden estar defraudando a las generaciones futuras.
De ciudades sensibles al clima a ciudades diligentes con el clima
En consonancia con esta evidencia, varias ciudades han reorientado sus estrategias a largo plazo para incorporar políticas que tengan en cuenta el clima. La aparición de redes de ciudades centradas principalmente en la acción climática y la gobernanza medioambiental es el ejemplo más claro de esta tendencia (Leffel et al., 2023: 2). A través de estas organizaciones en red formales, los gobiernos municipales potencian su contribución a la gobernanza de retos transnacionales que, como en el caso del cambio climático, han superado la capacidad de los Estados-nación individuales (Martinez, 2023: 38). A través de la cooperación, los gobiernos locales amplifican sus iniciativas climáticas e intentan alinear sus estrategias con los objetivos globales del régimen climático internacional. Ejemplo de ello es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM, por sus siglas en inglés), la mayor alianza mundial con más de 12.000 miembros. El GCoM calcula que los objetivos de mitigación climática a los que se han comprometido sus firmantes conducirán a una reducción de las emisiones de 4,1 GtCO2eq para 2050 en comparación con un escenario sin cambios (“business-as-usual”, BAU). Por consiguiente, los miembros de esta red ya se han comprometido a ir más lejos y más rápido que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN, que son los compromisos asumidos por los países en virtud del Acuerdo de París) de sus gobiernos nacionales. Los firmantes del GCoM no son una simple excepción, ya que los gobiernos municipales suelen ser más ambiciosos que sus homólogos nacionales a la hora de definir sus objetivos de reducción de emisiones (Martinez, 2022: 2).
Dado que los países, tanto individual como colectivamente, son incapaces de hacer frente al desafío climático, los compromisos locales de mitigación desempeñarán un papel fundamental en la tan necesaria respuesta global a la emergencia climática. Por ejemplo, Manchester se ha comprometido a limitar su presupuesto de carbono para el periodo comprendido entre 2023 y 2027 a 3,6 millones de toneladas. Del mismo modo, Johannesburgo se ha comprometido a reducir sus emisiones BAU en un 43% para 2030. Es indudable que estos compromisos tienen el potencial de fomentar la acción climática local. Sin embargo, ¿son suficientes para alinear los planes climáticos de las ciudades con el objetivo internacional fijado en 1,5 ºC? ¿Está asumiendo Manchester la responsabilidad que le corresponde al emitir 3,6 millones de toneladas? ¿Es una reducción del 43% demasiado ambiciosa para Johannesburgo?
De hecho, hoy en día es difícil responder a estas preguntas. Disponemos de varias herramientas para determinar la cuota justa de un Estado y supervisar sus estrategias de mitigación y adaptación. El Climate Action Tracker (CAT), por ejemplo, analiza los compromisos de 41 Estados y de la Unión Europea (UE), para determinar si se atienen a sus cuotas justas. Sin embargo, cuando se trata del ámbito local, carecemos de los datos y metodologías necesarios para evaluar si una ciudad está asumiendo su parte de responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. De hecho, aunque muchas ciudades se comprometen a adoptar medidas climáticas, la mayoría ni siquiera dispone de inventarios actualizados de GEI. En el contexto de un problema sumamente complejo, esta carencia de datos y recursos obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos democráticos y exigir responsabilidades a sus gobiernos. Además, puesto que la rendición de cuentas y la participación pública han demostrado ser clave para garantizar la protección del medio ambiente (Tu et al., 2019: 113), el establecimiento de estas variables debería ser una prioridad para hacer cumplir el régimen climático internacional.
En este contexto, abogamos por la noción de ciudades diligentes con el clima. Según este concepto, una ciudad diligente despliega los medios adecuados y realiza los mejores esfuerzos viables para mitigar el calentamiento global y adaptarse a sus consecuencias (Amat y Martinez 2023: 2). Por tanto, un gobierno local que aspire a cumplir tal estándar no se limita a diseñar y aplicar políticas para reducir sus emisiones. Según las expectativas que el Acuerdo de París deposita en los países, las ciudades diligentes son aquellas cuyas reducciones netas de emisiones reflejan su mayor ambición posible y su contribución justa al objetivo de 1,5 ºC. Ésta es la lógica en la que se basa la decisión de C40 Cities de responsabilizar a sus miembros mediante criterios obligatorios de adhesión orientados a aumentar la ambición climática. Esto encaja con el trabajo de la red de ciudades para apoyar a sus miembros en el desarrollo de planes de acción climática compatibles con el Acuerdo de París y la adhesión a las diez recomendaciones del informe de la ONU La integridad importa. Este informe establece criterios claros para los gobiernos subnacionales, las empresas y las instituciones financieras, definiendo lo que significa tener cero emisiones netas y cómo garantizar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de este compromiso.
En defensa de la diligencia climática urbana
La diligencia climática tiene cuatro características definitorias. En primer lugar, en línea con el trabajo del C40 sobre la planificación de acciones urbanas compatibles con el objetivo de 1,5 ºC, la diligencia climática urbana establece un marco para facilitar la rendición de cuentas. Actualmente, en muchas partes del mundo disponemos de datos suficientes para determinar cuándo una ciudad está contribuyendo de forma justa a la mitigación del cambio climático. Así pues, al fijar un estándar de diligencia, estamos creando un criterio con el que podemos comparar y evaluar las estrategias climáticas de las ciudades. En consecuencia, la diligencia proporciona a los responsables políticos, los investigadores, las entidades privadas y los ciudadanos una herramienta para supervisar, evaluar y ajustar sus esfuerzos climáticos.
En segundo lugar, la diligencia climática urbana parte del supuesto de la necesaria interdependencia que caracteriza a la acción climática. Como dice Mayer (2022: 185), un ejemplo clásico de cómo funciona la diligencia es la obligación médica de curar a un paciente. Por lo general, las sociedades modernas no evalúan a los profesionales sanitarios en función de si el paciente sobrevive o no. Por el contrario, asumimos que la participación del médico desempeña un papel fundamental, pero no es el único componente. Si los pacientes finalmente fallecen, también hay que tener en cuenta su peso, su edad o si presentan otras patologías. Muchos factores, algunos fuera del control del médico, determinarán sus posibilidades de supervivencia. Así pues, normalmente analizamos si el médico ha hecho todo lo posible prescribiendo los medios adecuados a cada caso concreto, independientemente del resultado del paciente.
La diligencia climática urbana funciona de manera similar. La mitigación del calentamiento global dependerá de varios factores. Muchos de estos factores están fuera de la esfera de control de un gobierno local. De hecho, es evidente que ninguna ciudad, por grande y desarrollada que sea, puede paliar eficazmente el cambio climático. En consecuencia, la diligencia climática no evalúa si una ciudad ha alcanzado el objetivo del Acuerdo de París, sino si, dentro de sus competencias, un gobierno local ha hecho todo lo posible para contribuir equitativamente a ese objetivo.
En tercer lugar, como explicaremos más adelante, la diligencia también abarca el dinamismo inherente a las sociedades urbanas. Cuando se aplica una estrategia climática urbana, varios factores pueden alterar la posición relativa de una ciudad en términos de esfuerzos de mitigación y adaptación. Una pandemia, una catástrofe natural o una disrupción tecnológica inesperada pueden repercutir en la capacidad de un gobierno local para emprender acciones ambiciosas. En este contexto, las nociones de diligencia y de mejor esfuerzo posible se adaptan perfectamente a estos cambios. Si la posición relativa de una ciudad mejora o empeora, también lo harán sus esfuerzos potenciales y su ambición.
Por último, la noción de diligencia engloba las múltiples variables que han ocupado un lugar central en los debates internacionales sobre gobernanza climática. Como se ha dicho anteriormente, las ciudades deben desplegar los medios adecuados. Así pues, las estrategias de diligencia climática no deben basarse en cualquier medio, sino en aquellos adecuados para alcanzar el objetivo de mitigación de 1,5 ºC. Del mismo modo, la diligencia climática gira en torno a la noción del mejor esfuerzo posible. En consecuencia, las ciudades no necesitan reducir las emisiones sin tener en cuenta el coste social, económico y político. Lo único que tienen que hacer es esforzarse al máximo dentro de sus capacidades.
En consecuencia, aunque el presupuesto global de carbono desempeñará un papel importante en la definición del estándar urbano de diligencia, no será el único factor. La diligencia climática da cabida a diversas variables promovidas por distintos actores. Por ejemplo, el estándar también puede tener en cuenta el Índice de Desarrollo Humano, las emisiones per cápita acumuladas o el PIB. De esta forma, la diligencia climática permite disponer de indicadores mucho más completos para evaluar el plan climático de una ciudad, incorporando la gran pluralidad inherente a los debates sobre el clima (Amat y Bargués, 2022: 2).
Sin embargo, definir qué variables componen el indicador y el peso atribuido a cada una exigirá una estrecha colaboración entre las ciudades. Una vez más, las colaboraciones en red pueden desempeñar un papel fundamental en este proceso. El actual ritmo de urbanización a nivel global ofrece una oportunidad para reducir radicalmente las emisiones urbanas pasando a una producción y consumo netos de carbono cero (Seto et al., 2021: 379). La campaña Cities Race to Zero —respaldada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a través de la cual más de 1.100 gobiernos municipales de todo el mundo se han comprometido a alcanzar la neutralidad climática para mediados de siglo a más tardar, en consonancia con el objetivo de 1,5 ºC— es un ejemplo del entorno de colaboración en red en el que los indicadores pueden desplegar todo su potencial.
De hecho, los indicadores son cruciales para que la diligencia proporcione todos sus beneficios potenciales. Sin ellos, no podemos determinar una metodología común para establecer el estándar urbano de diligencia climática. Sin embargo, hasta la fecha, la comunidad internacional no ha llegado a un acuerdo sobre los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la ambición climática de un actor (Amat y Bargués, 2022: 7). Así pues, en la siguiente sección, expondremos un marco conceptual como primer paso de un esfuerzo más amplio hacia la definición de dicho estándar. En primer lugar, analizaremos qué principios deberían inspirar la selección de variables. En segundo lugar, exploraremos los indicadores utilizados para establecer los estándares estatales de diligencia climática y examinaremos si podemos aplicarlos en el contexto urbano.
Del ámbito estatal al local: los principios que inspiran la diligencia climática
En los últimos 30 años, la mayoría de los debates sobre la gobernanza climática global se han centrado en los Estados. La dinámica del derecho internacional, la categorización del cambio climático como una preocupación común de la humanidad y las dificultades a la hora de abordar un problema interdependiente obligaron a dar prioridad a la cooperación entre Estados en lugar de entre ciudades. Sin embargo, tres décadas de debate pueden aportar información valiosa sobre los principios que deben inspirar la asignación del presupuesto urbano de carbono.
De hecho, la forma de asignar las emisiones ha estado en el centro de los debates sobre mitigación desde la adopción de la CMNUCC en 1992. Al principio, la comunidad internacional adoptó un enfoque binario basado en la responsabilidad histórica de los países desarrollados. En consecuencia, el primer modelo de asignación imponía todas las reducciones de emisiones a los Estados del Norte. Sin embargo, el fracaso del Protocolo de Kioto provocó una crisis del modelo. A partir de 2009, el régimen climático internacional pasó gradualmente a una perspectiva más global en la que todas las partes, independientemente de su situación socioeconómica, debían autodeterminar sus compromisos de emisión (Bodansky et al., 2017). En el contexto de este nuevo modelo, los principios del régimen climático internacional desempeñan un papel fundamental a la hora de inspirar los compromisos autodeterminados de los Estados, formalmente conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
El régimen climático internacional tiene varios principios. Es cierto que, en sentido estricto, ninguno de ellos tendrá efectos jurídicos directos sobre las estrategias climáticas locales. Sin embargo, dos de estos principios pueden resultar particularmente inspiradores a la hora de explorar el estándar urbano de diligencia climática. En primer lugar, tenemos el principio de prevención. En segundo lugar, debemos explorar el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas (CBDR-RC, por sus siglas en inglés) a la luz de las circunstancias nacionales.
En primer lugar, el principio de prevención exige gestionar por adelantado los riesgos medioambientales transnacionales. Este principio, fundamentado en la ciencia, reconoce que las amenazas medioambientales pueden provocar daños irreversibles. En algunas circunstancias, pueden incluso implicar la ruptura de los equilibrios ecológicos. En consecuencia, un Estado diligente en materia climática debe desplegar mecanismos de vigilancia y prevención basados en los conocimientos científicos más recientes. En las últimas décadas, los sistemas jurídicos y políticos de todo el mundo han incorporado esta perspectiva. De hecho, está tan ampliamente aceptada que la Corte Internacional de Justicia ya ha reconocido su carácter consuetudinario.
Ahora bien, ¿cómo puede este principio inspirar el estándar urbano de diligencia climática? Como es sabido, el IPCC ha advertido en repetidas ocasiones de las consecuencias irreversibles de sobrepasar el presupuesto de carbono restante. Como se ha comentado anteriormente, el organismo también ha reconocido la participación decisiva de las ciudades en las emisiones globales. Así pues, para evitar consecuencias irreversibles, el diseño del estándar urbano de diligencia urbana debe garantizar que, en conjunto, los compromisos combinados de todas las ciudades no superen las 500 Gt de CO2.
El segundo principio que merece la pena mencionar es el CBDR-RC. Tanto la CMNUCC como el Acuerdo de París hacen hincapié en que los Estados deben abordar el cambio climático teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Históricamente, este principio justificaba el enfoque binario antes mencionado. Mientras los actores del Norte representaran la mayor parte de las emisiones históricas y dispusieran de más recursos, debían asumir los costes de la mitigación inicial.
Sin embargo, en los últimos años el CBDR-RC ha abarcado más elementos. De hecho, hoy en día, el principio se basa en tres elementos clave. En primer lugar, la respuesta al cambio climático es una responsabilidad compartida. Por tanto, aunque los factores contextuales modulen la contribución individual de cada ciudad, todos los gobiernos locales deben desplegar los medios de mitigación adecuados y realizar sus esfuerzos más ambiciosos. Así pues, el estándar urbano de diligencia climática debe expresar este esfuerzo colectivo.
En segundo lugar, el principio CBDR-RC modula esta responsabilidad compartida introduciendo factores históricos. Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la mayoría de las emisiones históricas proceden de las ciudades del Norte. Por tanto, estas ciudades deberían seguir desempeñando un papel destacado, y su ambición climática debería ser mayor. En consecuencia, la humanidad debería invertir la mayor parte del presupuesto de carbono urbano restante en las ciudades del Sur. Esta premisa nos lleva a una segunda conclusión: el estándar urbano debería incorporar las emisiones acumuladas de las ciudades.
Por último, la tercera propuesta vincula el nivel de ambición de cada ciudad a sus recursos, capacidades y circunstancias. Aunque las emisiones históricas nos sirven de referencia principal, es esencial ajustar el nivel de diligencia en función de las capacidades actuales y únicas de cada ciudad. Al hacerlo, el CBDR-RC no sólo distribuye el presupuesto urbano de carbono entre las ciudades del Norte y del Sur, sino que también determina diferentes niveles de ambición climática dentro de cada uno de estos grupos. En consecuencia, el estándar urbano de diligencia climática también debería incorporar variables que expresen estas diferencias. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano, el PIB per cápita o algunas variables utilizadas para medir los Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían desempeñar esta función.
Como se ha comentado anteriormente, la flexibilidad y el dinamismo son factores decisivos a la hora de definir el nivel de diligencia climática de una ciudad. Así como los recursos, las capacidades y las circunstancias de cada ciudad son únicos y dinámicos, también lo son sus niveles de ambición climática. Por tanto, hay que tener en cuenta los elementos que pueden modificar rápidamente tales recursos, capacidades y circunstancias. El principal ejemplo de estas circunstancias cambiantes son las transferencias internacionales. Gracias a ellas, las ciudades sin recursos pueden reforzar sus compromisos de mitigación. Por ejemplo, la promesa de C40 Cities de destinar dos tercios de su presupuesto a apoyar la acción climática en las ciudades del Sur Global permite a los gobiernos locales de esta región adoptar reducciones más ambiciosas. En consecuencia, el estándar urbano de diligencia podría incorporarlas como variable.
De los principios a los indicadores
Hasta aquí hemos examinado el concepto de diligencia climática urbana y los principios rectores para establecer sus estándares. Sin embargo, incluso a nivel estatal, la comunidad global ha encontrado dificultades a la hora de alcanzar un consenso sobre las variables específicas que deben componer este estándar. En este contexto, diversas partes interesadas, tales como el IPCC, los académicos y la doctrina jurisprudencial, se han esforzado por proponer distintos indicadores. Por ejemplo, Rajamani et al. (2021: 996) elaboran dicho estándar teniendo en cuenta indicadores tales como las emisiones per cápita, las emisiones acumuladas o el Índice de Desarrollo Humano. De forma similar, Holz et al. (2017: 121-123) desarrollaron un indicador de responsabilidad-capacidad basado en las emisiones acumuladas y que depende del PIB de cada país. En el terreno práctico, la aparición de litigios climáticos también ha permitido analizar qué indicadores considerar. Por ejemplo, en el caso Urgenda, que sentó precedente, el Tribunal Supremo de los Países Bajos consideró que, en función de su PIB, el compromiso del país de reducir sus emisiones en un 20% para 2020 no cumplía con su contribución justa.
De acuerdo con estas perspectivas, el Climate Action Tracker es quizá la mejor herramienta para inspirar el indicador de diligencia climática urbana. Este rastreador, que recopiló más de 40 estudios publicados para desarrollar su propio estándar, tiene en cuenta siete variables para determinar la cuota justa de cada país: (1) responsabilidad (medida en emisiones históricas), (2) capacidad (PIB o Índice de Desarrollo Humano), (3) igualdad (convergencia de emisiones per cápita), (4) igualdad de emisiones acumuladas per cápita, (5) responsabilidad/capacidad, (6) capacidad/coste (igualdad de costes o pérdida de bienestar por PIB), y (7) diferenciación por etapas. Una vez recogidos todos los datos, se da a cada categoría el mismo peso, y el rango que le corresponde al país es el espacio entre los intervalos 5 y 95 de la distribución.
De lo anterior se desprende que la metodología del CAT sirve como herramienta de rendición de cuentas con dos ventajas. En primer lugar, integra diversas perspectivas presentes en la comunidad internacional. En segundo lugar, engloba muchos de los requisitos esbozados por los dos principios comentados anteriormente: se basa en objetivos científicos, reconoce la presencia de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y reconoce las diversas capacidades de los distintos actores. Por otra parte, consciente de la disparidad de opiniones dentro de la comunidad internacional, el rastreador también ofrece otras metodologías para calcular los componentes del reparto del esfuerzo. En consecuencia, a medida que las redes de ciudades y sus socios exploran la idea seminal de un estándar para la acción climática urbana y sus posibles vías de actuación, el CAT puede ser idóneo para desempeñar esta función.
Para concluir, en 2023 las consecuencias del cambio climático son innegables. Es igualmente irrefutable que la mayor parte de las emisiones globales actuales proceden de las zonas urbanas. Por consiguiente, las ciudades son fundamentales para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. En este contexto, pensar en ciudades sensibles al clima ya no es suficiente. Únicamente las ciudades diligentes con el clima, aquellas que despliegan los medios adecuados y realizan sus mejores esfuerzos posibles al tiempo que reflejan su mayor ambición, formarán parte de la solución. Ha llegado el momento de establecer un estándar urbano de diligencia climática.
Referencias
Amat, Didac y Bargués, Pol. “From Glasgow to Sharm El-Sheikh (COP27): How to raise climate ambition”. Notes internacionals CIDOB, no. 267 (2022).
Amat, Didac y Martinez, Ricardo. “Climate-diligent cities: Aligning mitigation ambitions with the Paris Agreement”. CIDOB Opinion, no. 769 (2023).
Bodansky, Daniel; Brunnée, Jutta y Rajamani, Lavanya. International Climate Change Law. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Holz, Christian; Kartha, Sivan y Athanasiou, Tom. “Fairly sharing 1.5: national fair shares of a 1.5 C-compliant global mitigation effort”. International environmental agreements: politics, law and economics, vol. 18, no. 1 (2018), pp. 117-134
Leffel, Benjamin; Derudder, Ben; Acuto, Michele y van der Heijden, Jeroen. “Not so polycentric: The Stratified structure & national drivers of transnational municipal networks”. Cities, vol. 143 (2023): 104597.
Mayer, Benoit. International Law obligations on Climate Change Mitigation. Oxford: Oxford University Press, 2022.
Martinez, Ricardo. “COP 27: The Commitment of Cities and the Limits of Nation-States”. CIDOB Opinion, no. 745 (2022).
Martinez, Ricardo. “City Governments as Political Actors of Global Governance: The (Winding) Road of UCLG Toward Multilateral Recognition”. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, vol. 29, no. 1 (2023), pp. 37-60.
Rajamani, Lavanya; Jeffery, Louise; Höhne, Niklas; Hans, Frederic; Glass, Alyssa; Gaurav, Ganti y Geiges, Andreas. “National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law”. Climate Policy, vol. 21, no. 8 (2021), pp. 983-1004.
Seto, Karen C.; Churkina, Galina; Hsu, Angel; Keller, Meredith; Newman, Peter W. G.; Qin, Bo y Ramaswami, Anu. “From low-to net-zero carbon cities: The next global agenda”. Annual Review of Environment and Resources, vol. 46 (2021), pp. 377-415.
Tu, Zhengge; Hu, Tianyang y Shen, Renjun. “Evaluating public participation impact on environmental protection and ecological efficiency in China: Evidence from PITI disclosure”. China Economic Review, no. 55 (2019), pp. 111–123.
Zachariah et al. Interplay of climate change-exacerbated rainfall, exposure and vulnerability led to widespread impacts in the Mediterranean region. Londres: Imperial College of London, 2023.
Destacado: Cuando se trata del ámbito local, carecemos de los datos y metodologías necesarios para evaluar si una ciudad está asumiendo su parte de responsabilidad en la lucha contra el cambio climático.
Destacado: Una ciudad diligente despliega los medios adecuados y realiza los mejores esfuerzos viables para mitigar el calentamiento global y adaptarse a sus consecuencias.
Destacado: Para evitar consecuencias irreversibles, el diseño de la norma de diligencia urbana debe garantizar que, en conjunto, los compromisos combinados de todas las ciudades no superen las 500 Gt de CO2.
Destacado: Así como los recursos, las capacidades y las circunstancias de cada ciudad son únicos y dinámicos, también lo son sus niveles de ambición climática.