Asia Central y Meridional: la paradójica convivencia del statu quo y el cambio

Las regiones de Asia Central y Meridional no escapan a las tendencias generalizadas que, a nivel mundial, están marcando el rumbo de las relaciones internacionales. Bajo la inexorable presencia de China, el creciente protagonismo de Rusia y la menguante presencia de Estados Unidos en la región, las alianzas siguen mostrando las mismas dinámicas, aunque con una nueva interpretación. En particular, Asia Central, cada vez más expuesta al poder económico de China y desde la anexión rusa de Crimea, ha entendido que es necesario adoptar otra posición en el escenario internacional. Habida cuenta de que no puede competir con los “grandes”, el desempeño de las cinco repúblicas ha sido más pragmático, casi de supervivencia.

El cambio de gobierno en Uzbekistán ha sido el catalizador para que la región actúe con más coordinación. Si bien no se comporta como una entidad unitaria, el empeño está en construir una identidad centroasiática, que se manifiesta en alianzas bilaterales.

Este año, el deshielo entre Uzbekistán y Tayikistán se evidenció con la primera visita en 17 años del presidente Rahmon a su homólogo uzbeko, Mirziyóyev. Ambos gobiernos retomaron los vuelos entre Bujara y Tashkent con Dushanbé tras 25 años de interrupción, y además iniciaron el desminado de la frontera común. Por su parte, Kirguistán y Uzbekistán, se reunían por primera vez tras la independencia (1991) para incrementar la cooperación bilateral y dirimir enclaves fronterizos en disputa. Asimismo, los ministros de Exteriores de las cinco repúblicas exsoviéticas se reunían en Bishkek para tratar la cooperación fronteriza y de seguridad, encuentro que incluyó la primera visita de un ministro de Defensa kazajo a Kirguistán desde 1991.

Las elecciones siguen sin ser síntoma de una mayor democratización

En 2018 hubo convocatorias electorales estatales en Afganistán (legislativas, 20 de octubre), Bangladesh (legislativas, 30 de diciembre), Pakistán (legislativas: a la asamblea nacional y provinciales, 25 de julio), Turkmenistán (parciales parlamentarias, 25 de marzo) y Maldivas (presidenciales, 23 de septiembre), además de regionales en los estados indios de Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram y Telangana (asambleas estatales, mayo y noviembre). Sin embargo, la calidad de los procesos ha empeorado con relación a comicios previos. Meses antes del inicio de las campañas electorales, los diferentes gobiernos adoptaron medidas para dificultar o menguar el espacio político otorgado a los partidos de oposición. En ocasiones, se tomaron medidas como la detención arbitraria de opositores, se aprobaron leyes a última hora, o se jugó la siempre peligrosa baza de la identidad (nacional o religiosa) para movilizar unas comunidades contra otras.

Las elecciones en Pakistán han sido calificadas como las peores de toda su historia. El fraude, de hecho, se ha retransmitido en directo sin que la Comisión Electoral de Pakistán (CEP) hiciera nada por remediarlo. La manipulación pre-electoral es el tipo de comportamiento más habitual del establishment pakistaní (militares y servicios de inteligencia), ducho hacedor y deshacedor del panorama político. Imran Khan, líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehrik-e Insaaf, PTI) ha sido el candidato favorecido. Por el contrario, Nawaz Sharif, considerado en el pasado una creación del citado establishment, fue condenado por corrupción (en un proceso tan corrupto como la acusación misma) a diez años de prisión; y su heredera política, su hija Maryam, condenada a siete años. Del despliegue de más de 370.000 soldados (cinco veces más que en las elecciones de 2013) para “velar por la seguridad” del proceso dentro y fuera de los colegios electorales, se puede deducir la magnitud del control. La expulsión de los agentes electorales de todos los partidos menos del PTI antes del recuento de los votos, junto a la tardanza en la publicación de los resultados (por un supuesto problema técnico del envío electrónico a la central de la CEP), restó aún más credibilidad al proceso. El triunfo de Imran Khan, quien sin duda goza de popularidad, solo significa que en la política pakistaní habrá más de lo mismo, a pesar del lema Naya (nuevo) Pakistán del PTI. Khan es un político cuyo carácter veleidoso es bien conocido, y a pesar de ser favorecido por el establishment, no resultó ser tanto una predilección como la opción menos mala entre los candidatos.

En India, las últimas elecciones estatales han conseguido añadir competitividad a un panorama que sigue siendo favorable al partido del gobierno, el Bharatiya Janata Party (BJP) liderado por el primer ministro Narendra Modi. En las elecciones estatales de 2017, el BJP se hizo con siete estados. En cambio, en 2018, el partido del Congreso Nacional Indio, liderado por Rahul Gandhi, salió victorioso en Madhya Pradesh, Rajastán y Chhattisgarh. En Telangana y Mizoram ganaron otros partidos, aunque el resultado del Congreso fue mucho mejor que el del BJP. La preocupación principal es que, ante las elecciones generales de abril y mayo de 2019, el discurso del BJP gire exponencialmente hacia temas que dificulten más la convivencia entre las dos principales comunidades religiosas.

Las medidas anticonstitucionales son ya características de la deriva del gobierno de Sheikh Hasina. Tras retrasar la fecha de las elecciones legislativas de Bangladesh al 30 de diciembre, Hasina obvió la formación de un gobierno interino que dirigiese de formal neutral el proceso, desde la finalización de la legislatura hasta el traspaso de poder. Al igual que sucedió en Pakistán, el gobierno ordenó el encarcelamiento de miles de miembros del partido de la oposición con el pretexto de la seguridad y la corrupción. Hasina lleva años utilizando a los cuerpos de seguridad para debilitar al Partido Nacional de Bangladesh liderado por Khaleda Zia, que cumple una condena de prisión de cinco años, a la que suma, de momento y mientras afronta otros cargos, otra de siete por un caso de corrupción. Su hijo Tarique Rahman, frustrado heredero político, está autoexiliado en Londres para evitar la cadena perpetua a la que fue condenado en ausencia. La campaña electoral se caracterizó por la ya tristemente habitual violencia política, con una oposición temerosa (que afronta 300.000 procesos judiciales) y con 600.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados. Hasina será primer ministro por tercera vez consecutiva, pero las cifras indican fraude: consiguió el 96% del voto (288 de los 298 escaños), con una participación del 80%. El visto bueno de la Comisión Electoral solo atestigua el nivel de corrupción.

Afganistán contó con 54.000 policías y soldados para velar por la seguridad de las elecciones parlamentarias. La violencia ha sido muy elevada, con diez candidatos muertos y ataques brutales contra civiles. La inseguridad es precisamente uno de los principales problemas, teniendo en cuenta la oposición de los talibanes (reivindicaron más de 400 ataques el día de las elecciones) y del autoproclamado Estado Islámico del Khorasan (IE-K). Esta convocatoria electoral se produce en el año con mayor número de víctimas desde la expulsión del gobierno talibán en 2001 y con tres años de retraso sobre la fecha prevista. En Ghazni, las elecciones se cancelaron por la inseguridad y en Kandahar se aplazaron una semana tras el asesinato de, entre otros, el conocido jefe de policía Abdul Raziq.

Desde el estreno de la nueva estrategia de Donald Trump para Asia Meridional –su “lucha para ganar”–, la escala de los ataques estadounidenses ha aumentado, así como la naturaleza sus los objetivos. El mayor número de bombardeos ha provocado un incremento de las bajas civiles, aunque también añade presión a los talibanes, que se estima que controlan la mitad del territorio. El objetivo final es obligarles a sentarse en la mesa de negociación y proceder luego a la retirada total de las tropas de EEUU. Las prisas con las negociaciones de paz, que parecen avanzar, no contribuyen a que la insurgencia reconozca al gobierno en Kabul, que continúa siendo apartado del proceso. Con este panorama, no se sabe bien qué relevancia tendrán las elecciones presidenciales previstas para abril de 2019, a las que se vuelven a presentar Ashraf Ghani y Abdulah.

En las islas Maldivas, las elecciones presidenciales fueron precedidas de medidas como la imposición del estado de emergencia y el arresto de opositores políticos al presidente Abdulah Yameen. El gobierno declaró el estado de excepción tras una sentencia del Tribunal Supremo que liberaba a nueve miembros de la oposición, al considerar que su juicio estuvo políticamente motivado. Entre ellos estaba Mohamed Nasheed, primer presidente electo del país y posible rival de Yameen. Como consecuencia, la oposición salió a la calle en Malé. Yameen ordenó la detención de dos jueces, la ocupación del tribunal por la policía y el ejército, además de la detención de manifestantes y de Nasheed, acusado de instigar las protestas. Pero Yameen perdió las elecciones (41,7% del voto, Partido Progresista) ante Ibrahim Mohamed Solih (58,3%, Partido Democrático de las Maldivas) y, si bien se negó inicialmente al traspaso de poder, finalmente cedió.

La importancia geoestratégica de las elecciones maldivas atañe a la esfera de competición entre China e India. No es extraño que Narendra Modi acudiera a la ceremonia de investidura de Solih, dado que Yameen es considerado pro-China por sus opositores. Yameen firmó un acuerdo de libre comercio y la construcción de varios proyectos de infraestructuras, como el puente Sinamale, que conecta Malé con la isla Hulhule (donde hay un aeropuerto internacional). Además, existe otro acuerdo para construir una estación de observación oceánica que, según la oposición, puede servir de base militar china.

En octubre estalló la crisis constitucional en Sri Lanka. El presidente Sirisena anunció la destitución del primer ministro Wickremesinghe y su sustitución por el presidente precedente, Rajapaksa, que gobernó durante diez años marcados por el autoritarismo y las acusaciones de desapariciones forzosas. Sirisena (Partido de la Libertad de Sri Lanka) y Wickremesinghe (Partido Nacional Unido) compartían el poder desde 2015, cuando formaron una coalición con el objetivo de echar del poder a Rajapaksa. Sirisena disolvió el Parlamento y anunció elecciones para enero 2019. En noviembre, el Tribunal Supremo bloqueó la convocatoria y finalmente, en diciembre, declaró inconstitucional la medida. Rajapaksa, tras perder dos mociones de confianza, presentó su carta de dimisión. Sirisena tuvo que aceptar en una tensa ceremonia que Wickremesinghe fuera nombrado de nuevo primer ministro.

Las elecciones parlamentarias en Turkmenistán fueron un paso más hacia la sucesión dinástica de los Berdymujammedov: de Gurbanbuly (padre) a Serdar (hijo). Según datos oficiales, la cifra de participación del 91,7% sigue siendo muy del estilo turkmeno, con 97% de media de participación y 97 a 98% de voto para Gurbanbuly.

¿#MeToo o #YoTampoco? Un paso adelante, dos atrás 

Si bien hay que celebrar avances sociales, como la despenalización de la homosexualidad y del adulterio en la India, o la posibilidad de identificarse como transexual en los documentos oficiales en Pakistán, la condición de la mujer no avanza. El #MeToo llegó con fuerza a las mecas del cine asiático meridional, Bollywood y Lollywood, con una serie de escándalos de abusos sexuales denunciados por actrices conocidas. La región es especialmente complicada: según el ranking de la Fundación Thomson Reuters, India, Afganistán y Pakistán están en los puestos primero, segundo y sexto respectivamente de los diez países del mundo en los que es más peligroso ser mujer.

No es sorprendente el primer puesto de la India. La violencia estructural y cultural contra las mujeres se refleja no solo en los abortos selectivos (se interrumpe el embarazo si el feto es femenino), sino también en la prioridad a los hijos varones sobre las hijas en decisiones referentes a quién estudia, o quién recibe la mejor alimentación y atención médica. La práctica de los abortos selectivos provoca que haya una ratio de 943 mujeres por cada 1.000 hombres (censo de 2011). Según el International Institute for Applied Systems Analysis, la discriminación que prioriza la vida de niños ante niñas mata cada año a unas 230.000 niñas indias menores de cinco años.

Pero sin duda, el elefante en la enorme habitación que es India, es el elevadísimo grado de violencia machista. El escándalo de 2012 de una estudiante violada y asesina da brutalmente cuando regresaba a casa con un amigo en un autobús en Nueva Delhi despertó al país de un letargo en el que la negación era la norma. Aunque es cierto que la presión social ha ido en aumento, los cambios son demasiado lentos. En abril, en Jammu y Cachemira una niña de ocho años, Asifa Bano, fue violada y torturada durante tres días por un grupo de ocho hombres, entre los que se encontraban un funcionario y cuatro policías. Los hombres la drogaron y retuvieron en un templo hindú, con la connivencia del sacerdote, hasta que fue asesinada. Mehbooba Mufti, ministra de ese Estado, ordenó la investigación a una unidad especial de la policía, pero a su llegada, un grupo de cuarenta abogados (hindúes) intentaron impedir que se pusiera la denuncia. La niña pertenecía a una tribu de pastores nómada y musulmana, discriminada por esos motivos. El caso se enmarañó más cuando dos ministros del gobierno de Jammu y Cachemira, pertenecientes al BJP, participaron en la manifestación a favor de la liberación de los detenidos. Este caso, conocido como caso Kathua, ha provocado dimisiones, fundamentalmente por la atención mediática que recibió. Lo más terrorífico es no saber cuántos casos similares ocurren en la sombra.

El gobierno de Narendra Modi respondió aprobando una ley que aplica la pena de muerte a quienes sean acusados de violar a niños menores de ocho años, lo que no parece una medida efectiva. Las denuncias por violaciones y acoso no han cesado. Estos casos suelen implicar a personas con poder, como refleja también el caso Unnao, en el que los acusados son del BJP. Mientras tanto, el sistema sigue empeñado en proteger a los agresores. En un colegio en el estado de Bihar, 36 niñas fueron hospitalizadas tras ser atacadas por un grupo de adolescentes y sus padres por haberse atrevido a denunciar el acoso al que eran sometidas a diario por esos chicos. El colegio no tuvo otra respuesta que prometer construir una valla más alta para proteger a sus alumnas. Igualmente, en Bihar, una auditoría reveló la prevalencia de los abusos en 110 residencias de mujeres. En el distrito de Muzaffarpur, 30 mujeres acusaron a los guardas de violarlas y de dirigir una red de proxenetismo.

Otra práctica que apenas se menciona en India es la mutilación genital femenina entre los dawoodi bohoras, una comunidad musulmana chií ismailí de unos dos millones de personas que vive repartida entre Mumbai, Gujarat, Madhya Pradesh, Kerala y Maharashtra. La khatna, como la llaman los bohoras, no está ilegalizada, dado que las autoridades indias niegan su existencia. Son mujeres bohoras quienes lo están denunciando y abogando para que se erradique. En cambio, en Sri Lanka, el gobierno ilegalizó la khatna, dado que se practica entre varias comunidades musulmanas, entre las que también hay bohoras.

En Pakistán, el impacto del #MeToo se vio reflejado en un aumento de las denuncias por acoso sexual presentadas ante la oficina del Defensor del Pueblo para la Prevención del Acoso (FOSPAH, en sus siglas en inglés) que pasó de 8 a 40 al mes. La ventaja de FOSPAH es que quien denuncia no tiene que pagar el proceso judicial. Las denuncias de mujeres con un perfil público (actrices, cantantes, diseñadoras, modelos) contribuyeron a que otras mujeres también se atrevieran a romper con un gran tabú. La acusación de la cantante Meesha Shafi contra el también cantante Ali Zafar tuvo gran repercusión, aunque aún resuena la denuncia de Ayesha Gulalai, del PTI, que culpó al mismísimo Imran Khan, su poderoso compañero de partido.

Al igual que en la India, los casos mediáticos contribuyeron a que las mujeres rompieran otro tabú y salieran a la calle a manifestarse en contra de la violencia que sufren. La indignación ante la violación y asesinato de Zainab, una niña de siete años, fue una de esas ocasiones. Zainab era la duodécima víctima infantil en ser asesinada y violada en Kasur, una ciudad marcada por un escándalo de pedofilia. El grado de violencia de las protestas fue tan elevado que el Ejército tuvo que intervenir. El acusado del asesinato de Zainab, quien forma parte de una red ligada a una familia local influyente, fue condenado a muerte, tras hallarse que podría estar detrás del asesinato de otras siete niñas de la localidad.

Otro tabú en la India es la menstruación, considerada síntoma de impureza. La entrada de mujeres a templos religiosos, en concreto, a la zona del sanctum sanctorum, está vetada durante la menstruación. En septiembre, un dictamen del Tribunal Supremo de la India revocó la prohibición. La decisión ha polarizado a la comunidad hindú entre quienes apoyan y quienes se oponen a romper con dicha tradición. En diciembre, se permitió a dos mujeres entrar al templo de Sabarimala (Kerala), que hasta ahora, prohibía la entrada a mujeres en edad fértil (10 a 50 años). Las protestas han sido violentas, con ataques a aquellas que intentan entrar en un templo. Sabarimala es el tercer templo en permitir la entrada a mujeres tras dos dictámenes en 2016: de la Corte Superior de Mumbai, que permitió la entrada al templo de Shani Shingnapur (Maharashtra); y del Supremo, que revocó un veto impuesto en 2011-2012 a la tumba del santo sufí Haji Alí (en Mumbai).

Nepal, el único país en el que el hinduismo es la religión del estado, las tradiciones siguen reflejando prácticas discriminatorias, a pesar de que la legislación las prohíbe. Una encuesta a nivel nacional reflejaba que las violaciones habían aumentado un 256% en la última década. Una de esas costumbres es la de aislar a las mujeres durante los días que dura la menstruación en una choza alejada de la residencia principal (conocida como chhaupadi). Cada año, varias mujeres mueren de frío, asfixiadas por el humo de hogueras o por ataques de animales salvajes. En Sri Lanka, el ministro de Finanzas suprimió una ley de 1979 que prohibía a las mujeres comprar y beber alcohol, además de trabajar en bares o en la industria de las bebidas alcohólicas. El presidente Sirisena anuló la decisión tres días después, ante el temor a las protestas de los radicales budistas, que son en buena parte su base electoral. Las empresas de empleo doméstico en el Golfo Pérsico y Oriente Medio obligan a las mujeres contratadas tomar anticonceptivos. Estas agencias presentaban como valor añadido la garantía de que no se quedarían embarazadas durante los tres primeros meses de contrato. Es doblemente perverso, ya que responsabiliza a las asistentas de las consecuencias del abuso que van a cometer sus empleadores, abusos que además se aceptan como parte del contrato.

Protestas civiles y ataques a la libertad de expresión

En Bangladesh las manifestaciones estudiantiles fueron duramente reprimidas. Al principio pedían la abolición de la cuota (30%) de plazas públicas de la administración reservadas a familiares de quienes lucharon en la guerra de la Independencia (1971). En julio, el atropello de dos estudiantes volvió a sacar a miles de estudiantes a la calle durante más de una semana. Dhaka se paralizó, al politizarse las protestas por el gobierno y la oposición, con contra manifestaciones de sus respectivas ramas estudiantiles.

En septiembre, se aprobó la Ley de Seguridad Digital, que otorga a la policía libertad para detener a todo aquel que sea acusado de herir, por vía online, sentimientos religiosos o incitar a la violencia. Además, se abrió un centro de monitorización de las redes sociales para identificar webs que “difundan rumores”. La medida parece estar motivada para acallar voces críticas, como la del periodista Shahidul Alam, detenido por unos comentarios en Facebook y presuntamente torturado. Alam denunció el uso de gases lacrimógenos y disparos de bolas de goma contra los estudiantes.

Los periodistas y académicos en Pakistán están acostumbrados a recibir llamadas y visitas de los servicios de inteligencia si son críticos con el establishment. En abril, la editora de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán fue interrogada e intimidada por “hombres armados” en su domicilio, tras la publicación del informe anual en el que se reflejaba, entre otros, el aumento de desapariciones forzosas, de ataques contra las minorías relacionados con casos de blasfemia y atentados contra la libertad de expresión y reunión. Estos desconocidos se llevaron su ordenador portátil, discos duros y teléfonos. Ataques similares se repitieron en junio, poco antes de las elecciones, contra las periodistas Gul Bukhari y Marvi Sirmed. Bukhari fue raptada durante varias horas en Lahore, camino del programa de televisión en el que trabajaba. Sirmed encontró su hogar saqueado, y los ordenadores, teléfonos y otros dispositivos desaparecidos. Taha Siddiqui, otra voz crítica, escapó de un intento de secuestro cuando se dirigía al aeropuerto de Islamabad en un taxi. El periodista Ahmad Noorani recibió una paliza tras publicar un artículo en el que ligaba a los militares con la descalificación de Nawaz Sharif por el escándalo de los papeles de Panamá. Cyril Almeida fue juzgado por traición al publicar una entrevista a Nawaz Sharif en la que el ya ex primer ministro insinuaba la implicación de los militares en el atentado de Mumbai (2008). El periódico en la que se publicó vio interrumpida su circulación, al igual que la también popular cadena de televisión Geo, que fue retirada de antena hasta que aceptó cambiar su línea editorial.

La cobertura mediática que ocupó el grupo radical Tehrik-e Labaik Pakistan, convertido en partido político, no fue coaccionada, ni cuando sus miembros amenazaban con asesinar a líderes del gobierno, provocaban disturbios en áreas de Lahore e Islamabad, cortaban el tráfico o llamaban a la rebelión del Ejército. Hafiz Saeed, líder de la Yama’at-ud Dawa, fachada del grupo terrorista Lashkar-e Taiba, hizo campaña electoral sin cortapisas. En cambio, las manifestaciones pacíficas del Movimiento para la Protección Pashtún (Pashtun Tahaffuz Movement, PTM), grupo que reclama derechos para los pashtunes, fueron ignoradas por los medios a golpe de amenaza, al igual que las protestas de ciudadanos baluchíes, que denunciaron centenares de desapariciones de familiares. El PTM es muy crítico con los militares, a los que acusan de desapariciones forzosas, asesinatos selectivos y discriminación. En India, Lal Singh, uno de los ministros del BJP en Jammu y Cachemira dimitió tras manifestarse a favor de los acusados en el caso Kathua, acusar a los periodistas de ser responsables del mal “ambiente” y amenazarles con que les pasaría lo mismo que a Shujaat Bukhari, editor del periódico local Rising Kashmir, asesinado de un disparo.

Ha sido un año nefasto para Afganistán. El único momento de respiro fue el primer alto el fuego multilateral de tres días en junio, en el que los afganos, incluidos los talibanes, experimentaron cómo sería la vida sin violencia tras cuarenta años de guerra. Según la ONG afgana Civilian Protection Advocacy Group, en 2018 hubo unas 2.615 personas muertas y 4.072 heridas, y las bajas se atribuyen en un 33% a los talibanes, 27% a las Fuerzas Armadas afganas, 16% al EI, 6% a los ataques aéreos estadounidenses y 22% sin autoría definida.También aumentaron los ataques contra medios de comunicación. El 30 de abril fue un día trágico para el periodismo afgano, al ser objetivo de un ataque suicida reivindicado por EI en el que murieron nueve periodistas en Kabul y uno en Khost.

En mayo, un grupo de ciudadanos protagonizó una marcha por la paz en pleno verano y durante el ramadán. Lo que empezó siendo un pequeño grupo que partió desde Lashkar Gah (Helmand), acabó siendo una multitud, a la que se iban uniendo manifestantes a lo largo de los 600 km de recorrido, hasta llegar a Kabul 38 días después. Reclamaban un alto el fuego permanente, negociaciones que incluyeran al gobierno, y un calendario de retirada de las tropas internacionales. Recibieron menos atención que cualquier atentado de los talibanes, y ninguno fue invitado a las negociaciones de paz en calidad de representantes de la sociedad civil.

En Nepal, una nueva ley específica en qué lugares se pueden organizar manifestaciones, circusncritas en unas cuantas áreas en todo el país. En Sri Lanka ha aumentado el extremismo antimusulmán por parte de budistas radicales: incendios de negocios de musulmanes y ataques a mezquitas. En Tayikistán, el gobierno bloqueó varios medios de comunicación y blogs. Kazajstán aprobó a finales de 2017 una nueva ley que restringe seriamente la libertad de expresión.

No hay conflicto armado que supere los efectos del cambio climático

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ya es posible observar el impacto de los cambios en el clima en forma de eventos extremos: aumento de las olas de calor, lluvias torrenciales o inundaciones de las riberas fluviales y marítimas. El Climate Risk Index (CRI, 2016) sitúa a Sri Lanka (4º) y la India (6º) entre los diez países del mundo más afectados por los efectos del cambio climático, mientras que entre los diez países que más afectados a largo plazo (1997-2016), Bangladesh estaba en el sexto puesto y Pakistán en el séptimo. Afganistán también es otro de los más afectados, seguido de Nepal, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. El problema se agrava al ser países que además, carecen de medios para hacer frente a los efectos del cambio.

Los veranos cada vez más extremos, las fluctuaciones climáticas entre el extremo calor y sequedad del verano (abril-mayo) y las lluvias torrenciales del monzón (junio-julio), originan sequías, inundaciones, ciclones, corrimientos de tierra y la destrucción de infraestructuras. Según el CRI, solo en India, el valor anual de pérdidas puede superar los 21.000 millones de dólares. Las sequías provocan conflictos por el agua, protestas y suicidios de agricultores, cuya subsistencia depende de la lluvia; las inundaciones, además de cobrarse vidas, elevan las cifras de desplazados.

Igualmente preocupante es la contaminación. De las 20 ciudades más contaminadas del mundo, 14 son indias: Kanpur, Faridabad,Varanasi, Gaya, Patna, Delhi, Lucknow, Agra y Muzaffarpur; le siguen de cerca Kabul (Afganistán); Katmandú (Nepal); Karachi, Lahore, Rawalpindi (Pakistán); y Dhaka (Bangladesh). La contaminación provoca el 12,5% de las muertes al año en India. En los picos de contaminación, se calcula que respirar el aire en Delhi equivale a fumar de 20 a 44 cigarros diarios.

Bangladesh, conocido por el efecto devastador de las inundaciones y los ciclones periódicos, ha comprobado que el número de enfermedades aumenta durante los meses de clima extremo. En verano, los trabajadores de las fábricas textiles pierden el conocimiento por el calor durante las intensas jornadas laborales. Las bajas que afectan a la producción no son un problema baladí: el 80% de las exportaciones bangladeshíes dependen del sector textil. Este año, además, las lluvias del monzón convirtieron los campos de refugiados rohingyas en barrizales inhabitables. Las más de 700.000 personas hacinadas en campos improvisados en la frontera y Cox’s Bazar aún esperan que Bangladesh y Myanmar cambien el acuerdo de repatriación que pretende devolverles a un país al que se acusa de genocidio de esta comunidad.

Pakistán está experimentando cambios extremos. Este verano (abril-mayo) volvió a registrar temperaturas superiores a los 40 ºC. Los habitantes de las poblaciones más castigadas emigran o se plantean emigrar a otras zonas menos calurosas, pero son pocos los que tienen medios. Las olas de calor empeoran las condiciones por los cortes de electricidad y este año también coincidieron con el Ramadán. Solo en Karachi, murieron 65 personas.

India emite más CO2 que toda África y América Latina juntas. La principal preocupación del gobierno ha sido el crecimiento económico y la creación de empleo. La provisión de energía es otro quebradero de cabeza, así como el fomento de las renovables. India ha conseguido frenar las muertes por olas de calor e incluso disminuirlas. Gracias a una cuidadosa campaña se pasó de 2.040 fallecidos en 2015 por dolencias relacionadas con el calor extremo, a 222 en 2017 y a 13 en 2018. Pero la ausencia de trabajadores durante estas olas de calor afecta la producción, que es superior en el sector agrícola, del que todavía depende el 18% del PIB del país.

Además de la contaminación, el aumento de las temperaturas provoca que las tormentas de arena sean más intensas. En mayo, provocaron la muerte a 125 personas en el noroeste, la destrucción de infraestructuras, viviendas, la muerte de ganado e incendios por los cables eléctricos desprendidos. En el sur, las inundaciones de Kerala se saldaron con más de 480 personas muertas y más de un millón desplazados internos.

El futuro de las islas de la región tampoco es halagüeño. Sri Lanka se enfrenta al aumento de ciclones y el futuro de las Maldivas, un archipiélago de casi 1.200 islas, pende de un hilo.

Asia Central se está coordinando para frenar el deterioro medioambiental, donde el agua sigue siendo fuente de conflicto. A Kazajstán y Uzbekistán les sobra la electricidad pero les falta agua, lo que les ha enfrentado a Tayikistán y Kirguistán, sobrados de agua pero faltos de electricidad. En marzo, los líderes de los cuatro países se reunieron en Astaná para debatir cómo acabar con años de conflicto. El presidente uzbeko Mirziyóyev visitó Tayikistán, donde anunció su aceptación de la construcción de la presa de Rogún. Posteriormente, en agosto, los cinco presidentes se reunieron en Turkmenistán para llegar a un acuerdo que salve el mar de Aral, que ha perdido el 90% del agua desde los años sesenta del siglo XX, lo que constituye uno de los mayores desastres medioambientales del planeta. Pero el cambio a energías renovables puede llevar tiempo. Solo en Kazajstán, el carbón aún provee el 80% de la electricidad y es el 40% del total de consumo energético. Una aparente paradoja en unos países ricos en hidrocarburos. Hay un largo camino por delante, pero el clima no espera.