El pasado 9 de marzo el presidente de Túnez, Kais Saïed, anunciaba con toda solemnidad la disolución de los consejos municipales del país. Daba, de esta manera, un paso más hacia la concentración de poder y el debilitamiento de la oposición desdibujando una de las piedras angulares de la Constitución de 2014, el proceso de descentralización, y una de las principales reivindicaciones surgidas de la Revolución de los Jazmines. A 9.943 Km. de distancia, en El Salvador, Nayib Bukele ha entrado en una dinámica similar e impulsa a golpe de tweet un plan para eliminar el 80% de los municipios del país. Si lo logra prácticamente no quedará espacio institucional para la oposición. Tampoco lo tienen fácil los alcaldes y alcaldesas en Hungría, Turquía o Nicaragua. Los regímenes autoritarios de corte populista parecen haber puesto la democracia local en el punto de mira.
A pesar de que se trata de países muy distantes, no solo en lo físico, lo que está sucediendo en Túnez y en El Salvador, la manera en que sus presidentes han puesto en la diana política a las y los electos locales, presenta similitudes de las que se pueden extraer conclusiones preocupantes. En ambos casos se alega la incapacidad de los gobiernos locales democráticos de dar soluciones efectivas a los problemas que tiene la sociedad. En ambos casos el presidente se arroga el poder de ofrecer dichas soluciones desde un liderazgo fuerte, un pragmatismo carente de ideología y libre de las cargas que arrastran los partidos políticos, en especial, claro, los de la oposición.
En el caso de Túnez la excepcionalidad del momento y el "estancamiento político y económico que vive el país" han llevado a Kais Saïed a usar sus poderes plenipotenciarios para suprimir los consejos municipales y confiar la gestión del día a día a los gerentes municipales, que operaran bajo la tutela de los gobernadores de las wylayat designados por el propio presidente. Los consejos municipales serán substituidos por delegaciones especiales cuyo régimen de funcionamiento y elección está todavía por definir. Lo que parece claro es que no se celebrarán las elecciones municipales previstas para el mes de mayo y que el presidente, con esta maniobra, desactiva el poder municipal de Ennahda (partido islamista moderado) y del partido liberal Nidaa Tounes, los principales baluartes de la oposición.
En El Salvador el presidente Bukele publicó un tweet en la noche del 30 de diciembre de 2022 en el que aseguraba que "El Salvador debería dividirse en 50 municipios, máximo. Es absurdo que 21.000 km2 estén divididos en 262 alcaldías". Desde entonces la maquinaria gubernamental se ha puesto en marcha y el proceso parece imparable. Aunque los cimientos de la estrategia destinada a reducir el poder municipal se habían puesto mucho antes con la reforma del sistema de financiación municipal impulsada en noviembre de 2021, que redujo las transferencias a los municipios del 8,5% del presupuesto general del Estado al 1,5%. Algo que no solo atenta contra la autonomía financiera municipal recogida en la Constitución del país, sino que condena a los gobiernos municipales a la bancarrota y a la imposibilidad de dar respuesta a sus obligaciones mínimas en los ámbitos en que son competentes, quedando, los alcaldes y alcaldesas señalados ante la población como incapaces de resolver sus problemas.
Tanto Saïed como Bukele avanzan en una reforma de calado estructural que revisa el modelo de estado, el equilibrio entre las esferas de poder público y los mecanismos de control. Una reforma que supuestamente debería estar en manos del órgano legislativo y no en las del ejecutivo. En Túnez el presidente disolvió el Parlamento en marzo de 2022 y gobierna por decreto. En El Salvador, Nuevas Ideas, la fuerza política que fundó Bukele, controla 56 de los 84 escaños de la Asamblea. Ejecutivo y legislativo forman parte de un todo unidos bajo una misma dirección.
La estrategia de ambos presidentes se dirige no solo a desactivar a la oposición sino también los focos de resistencia local ya sean presentes o futuros. En Túnez Ennahda gobernaba en las principales ciudades del país, incluidas Túnez, la capital, y Sfax, segunda ciudad y polo económico. A pesar de que desde las elecciones de 2018 ningún partido ha sido capaz de capitalizar el poder municipal, todo indica que, de haberse celebrado, las elecciones municipales hubieran deparado un escenario incierto para el presidente. El contexto es distinto en El Salvador donde la gestión de Bukele cuenta con una enorme aceptación popular (85%) y su partido gobierna en más de la mitad de las alcaldías, incluyendo la capital. Pero con esta reforma el presidente se hará con el control absoluto del tablero político del país y erigirá un muro de contención profiláctico por si en el futuro cercano empieza a ser contestado. Algo que, en un país extremadamente complejo, es muy probable.
Las reformas que avanzan en Túnez y en El Salvador son una muestra de la involución que sufre la agenda de la descentralización en muchos lugares del mundo, en especial en los países de corte autoritario. Muestras de ello las tenemos también en la judicialización con la que Erdogan confronta a los alcaldes de las principales ciudades turcas; en la asfixia económica con la que Orban castiga al opositor del gobierno de la ciudad de Budapest; o en el masivo fraude electoral que sirvió para que Ortega controle el mapa municipal en Nicaragua.
Debilitar la capacidad que tienen los gobiernos locales de dar respuesta desde la proximidad a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía va en detrimento del bienestar y la prosperidad y pone en riesgo el contrato social. Pero también ahonda en la desconfianza en lo público, en la democracia como sistema para la acción colectiva. Contrarrestar esta dinámica requiere volver a situar la agenda de la descentralización y de la democracia local en el centro de las prioridades internacionales, nacionales y locales. La comunidad internacional no puede ignorar lo que está pasando en países como Túnez o El Salvador si no quiere ver como el autoritarismo se consolida a escala global.